La política tarifaria bonaerense hizo crecer la tensión entre las filas del gobernador Axel Kicillof y el kirchnerismo duro, que conduce Máximo Kirchner. La decisión de avanzar con los aumentos de electricidad abrió un contrapunto con La Cámpora, que respaldó el reclamo del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en la Justicia. Con cautelares y apelaciones de por medio, la disputa expone las diferencias entre ambas tribus en pugna para confrontar con el modelo libertario.

El conflicto gira en torno de la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó nuevos cuadros tarifarios, según la categoría de consumo y la distribuidora. La actualización se tradujo en aumentos del 1,5% al 3,5% en las facturas finales.

La medida incorpora una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente de la tarifa que remunera los costos propios de las empresas del servicio: gastos operativos, mantenimiento, salarios e inversiones. El recálculo técnico aplicado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires contempla también modificaciones en otros componentes, como el sobrecosto por generación local, el agregado tarifario y el cargo de transición tarifaria.

“Depende de los consumos por usuario, pero pagar la factura en invierno y en verano representa más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios”, señalaron a en la Defensoría bonaerense. Agregaron que “el problema es mayor para los “hogares electrointensivos”, que dependen exclusivamente de la electricidad para servicios básicos; y mencionaron casos extremos en hogares medios, con $600.000 a $800.000 mensuales.

La decisión involucra a las cuatro compañías que prestan el servicio fuera del área de concesión de Edenor y Edesur. Se trata de EDEN, que opera en el norte y centro bonaerense; EDES (en el sur), EDELAP (en La Plata y alrededores) y EDEA (en la costa atlántica y centro de la provincia). Todas pertenecen al Grupo DESA, del empresario Rogelio Pagano, que desembarcó y amplió su injerencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Tarifa social

La medida cautelar presentada por Lorenzino advierte que los retoques tarifarios del gobierno bonaerense se hicieron sin convocar audiencias públicas.

“Desde 2021 se aplican incrementos sin participación adecuada de los usuarios”, explicaron en el equipo de Lorenzino. Subrayaron que la falta de audiencias públicas trasciende a la actual gestión bonaerense.

Otra objeción apunta a “una pérdida de eficacia” de la Tarifa Social Provincial (TSP), en la cual “las bonificaciones destinadas a los sectores vulnerables no acompañaron la evolución de los distintos componentes tarifarios y fueron perdiendo capacidad real de cobertura”.

Esos reclamos fueron admitidos en septiembre por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola. La resolución suspendió las actualizaciones tarifarias y ordenó a las empresas devolver los importes cobrados por los aumentos. También extendió la medida a las cooperativas eléctricas bajo jurisdicción provincial y municipal, que son alrededor de 200 fuera del AMBA, en el Interior provincial.

El gobierno bonaerense apeló el fallo a finales de octubre, junto con las distribuidoras. Argumentaron que en el procedimiento técnico de base ya se había cumplido con la instancia de participación ciudadana requerida. Y adelantaron que la suspensión de los aumentos podía comprometer la sostenibilidad financiera del servicio y el capital de trabajo de las compañías.

Finalmente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, defendió la postura de la Provincia y afirmó que “se limitó a explicar técnicamente por qué no correspondía convocar a nuevas audiencias públicas”, dado que ya se habían realizado bajo el régimen vigente, establecido antes de la llegada de Kicillof.

En la Defensoría del Pueblo bonaerense, sin embargo, especificaron que “la cautelar no fue revocada, pero actualmente no se está ejecutando mientras la Cámara analiza las apelaciones” de la provincia y las distribuidoras.

De tarifas a endeudados

La discusión judicial tuvo una inmediata derivación política. El camporista Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente de la mesa chica de Máximo Kirchner, respaldó el reclamo de la Defensoría del Pueblo y salió en rechazo de la disposición provincial. En esa línea cruzó al implicado ministro Gabriel Katopodis, uno de los aspirantes del kicillofismo para competir por la gobernación en 2027.

Tignanelli viene de articular con Lorenzino en la Legislatura bonaerense un proyecto con el sello de La Cámpora sobre los endeudados. Según un relevamiento impulsado por el defensor adjunto Walter Matertello (Frente Renovador), el total de las deudas impagas de los bonaerenses asciende a $6,49 billones y más de 1,8 millones están en mora.

La iniciativa parlamentaria propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores en la provincia de Buenos Aires, una instancia prejudicial obligatoria en la que la Defensoría del Pueblo de PBA pueda mediar entre deudores y acreedores (bancos y billeteras virtuales) para acordar la reestructuración de los atrasos de pagos antes de llegar a la Justicia. El texto logró media sanción a finales de septiembre en la Cámara de Diputados provincial, aunque mostró discrepancias por parte de pares de bancada enrolados en el MDF.

El Palacio de Buckingham anunció hoy oficialmente que la hermana del rey Carlos III de Inglaterra, la princesa Ana, y su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, visitarán las islas Malvinas, a partir de este lunes . El viaje, que durará 11 días extendiéndose hasta el día 20, se produce en vísperas de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebre en Hamburgo la audiencia sobre la demanda argentina contra el proyecto petrolero Sea Lion los días 11 y 12 de este mes.

La agenda oficial señala que la visita a las islas de la princesa está enmarcada en su rol de “Patrona del South Georgia Heritage Trust”, una organización que trabaja en la protección del patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur, donde participará de una serie de actos en las islas donde se se reunirá con miembros de la comunidad, visitará el faro de Cabo Pembroke, Tussac House y el recién inaugurado Complejo Deportivo Nacional, y asistirá a una recepción en la Government House de Stanley (Casa del Gobernador representante del Rey Carlos en el archipiélago) donde será recibida por el gobernador Colin Martin-Reynolds Alison Blake y miembros de la Asamblea Legislativa -el gobierno autónomo isleño-.

También visitará el complejo de la Real Fuerza Aérea Británica conocido como RAF Mount Pleasant instalado a 60 kilómetros de Puerto Argentino y participará de un homenaje en el monumento a los caídos británicos en la guerra del Atlántico Sur, como lo hizo la última vez que visitó Malvinas en 2022.

Con mucho cuidado, Buckingham presentó el viaje de la hermana del Rey Carlos III como una visita de honor, como suelen realizar miembros de la realeza a los países de la Mancomunidad de las Naciones o bien a los Territorios Británicos de Ultramar, pero no parece una casualidad que su calendario coincida con una semana clave en la disputa por las islas.

Esa semana, el tribunal de Hamburgo escuchará a la Argentina y al Reino Unido, el 10 y 11 de noviembre, mientras que la Cámara de Diputados argentina planea debatir el jueves 12 la dilatada ley de defensa de la soberanía, que endurece las sanciones a las empresas vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago, pero que no cuenta con el apoyo, de parte de bloques opositores en lo que se refiere en los capítulos destinados a la creación de un polémico Consejo de Seguridad.

Más allá de lo que oficialmente se desprende de la agenda oficial de las actividades en las islas de la princesa Ana, para la comunidad isleña es una muestra de apoyo del Reino Unido a su “derecho de autodeterminación” y como una manera de manifestar de parte de la corona británica su voluntad para que el proyecto petrolero no se interrumpa.

Justamente, la semana pasada, tal como lo adelantó en su momento , la Asamblea Legislativa de las Malvinas hizo público un ambicioso plan de infraestructura, enmarcado bajo la figura de “Fondo soberano de inversión”, que prevé utilizar los ingresos del sector energético, léase regalías e impuestos por el desarrollo petrolero offshore en Sea Lion, por unas 300 millones de libras.

El plan incluye varias reformas que van desde mejorar la conectividad de las islas y mejoras en el puerto, hasta un nuevo sistema de abastecimiento de energía eléctrica, un parque eólico y un plan de viviendas pensado para inmigrantes arribados por el desarrollo petrolero, entre otros planes.

Al compás de las disputas diplomáticas, apelaciones y reclamos argentinos, en Malvinas, los locales dan señales de estar seguros de que el proyecto petrolero Sea Lion no se detendrá.