El presidente Javier Milei anunció formalmente este jueves a través de una cadena nacional que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central para dotarlo de mayor autonomía. El Presidente también anunció otra iniciativa, denominada “Grillete Fiscal”, que “apagará” (shutdown) parte del Estado si el resultado fiscal es deficitario durante varios meses consecutivos, y adelantó reformas estructurales en el mercado de capitales y el régimen de seguros.

Según señalaron fuentes de La Libertad Avanza a Infobae, todas estas iniciativas ingresarán al Congreso por la Cámara de Diputados. El oficialismo ya planea una o dos sesiones durante el mes de agosto en las que se tratarán la ampliación de la Inocencia Fiscal, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que enfrenta un futuro incierto en el Senado por las dudas de bloques y gobernadores aliados a apoyar la ley que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros.

En tanto que el flamante proyecto de Grillete Fiscal y las reformas del mercado de capitales y los seguros quedarán para “más adelante”. “Estos proyectos tienen una secuencia, pero están todos interconectadas”, explicó Milei durante la cadena nacional.

“Pueden ser dos sesiones, el 19 y el 26 de agosto, o una mega sesión, pero todo va a depender de lo que pase la semana que viene en el Senado (el jueves se debatirá la Inviolabilidad de la Propiedad Privada)”, explicaron desde bloque oficialista en Diputados. De hecho, este martes el titular de la Cámara baja, Martín Menem, se reunirá con jefes de bloques dialoguistas para negociar el cronograma legislativo y también para abrir el juego a que los aliados incluyan proyectos propios en las próximas sesiones.

“La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política. La inflación acumulada desde 1935, cuando se creó el BCRA, es una cifra de 20 dígitos. Más de 12 trillones por ciento de inflación”, dijo Milei para defender su proyecto.

En principio, la idea de dotar al Banco Central de una mayor autonomía goza de cierto consenso entre los bloques aliados, lo que facilitará la negociación para el Gobierno. Tanto el PRO, como la UCR y la Coalición Cívica han presentado proyectos en el pasado, durante gobiernos peronistas, para ponerle un límite a la financiación del Tesoro vía emisión monetaria (algunos todavía tienen estado parlamentario).

“Celebro el anuncio del Presidente sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Desde 2022 vengo insistiendo en este camino y presenté un proyecto que aborda exactamente estos puntos. Hoy el Gobierno avanza en la dirección correcta: fortalecer reglas para dar previsibilidad”, publicó el radical Lisandro Nieri, cercano al gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Sin embargo, todos los consultados por este medio aclararon que primero debían leer la letra chica del proyecto y hasta adelantaron algunas críticas en base al discurso de Milei. “Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación”, el diputado Maximiliano Ferraro, de la CC. Según explicó el propio Milei, se necesitarán dos tercios del Senado y de Diputados para el desplazamiento del presidente de la entidad y de los miembros del directorio, lo cual tornará extremadamente difícil su remoción tras un cambio de gobierno. No obstante, el Gobierno actual no tuvo que reunir ese amplio consenso político para designar a Santiago Bausili.

“Lo que quiere es dejar a sus funcionarios amigos más allá de su mandato, sin el mínimo intento de construir los consensos necesarios para eso”, argumentó el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional. Por otro lado, propuso completar la reforma de Milei con otras iniciativas: “No alcanza solo con reformar la Carta Orgánica si no se le ponen límites a los DNU y se modifica la Ley 26.122. De lo contrario, cualquier gobierno, actual o futuro, podrá revertir estos cambios con la sola firma del Presidente y sus ministros, tal como se ha hecho antes para intervenir el Banco Central o disponer de sus reservas. Si realmente quieren blindar la independencia del BCRA, hay que limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo y fortalecer la capacidad del Congreso para declarar la invalidez y/o nulidad de los DNU”.

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque Provincias Unidas señalaron que es probable que la iniciativa del Gobierno tenga un apoyo mayoritario. Aunque en el ecléctico bloque donde pisan fuertes los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) también aclararon que esperarán a conocer la letra chica del borrador.

Con esta base de apoyos, si el oficialismo logra sostener su alianza estratégica con los gobernadores de Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz y Neuquén, o con al menos la mitad de ellos, tendrá el camino despejado para la media sanción en Diputados.

La cordobesa Natalia de la Sota se está moviendo en clave electoral y nacional. Sus apariciones, cada vez más frecuentes, con dirigentes de renombre de la oposición, están asociadas a su voluntad de acercarse a la estructura nacional del peronismo. Un armado que hoy se identifica con el sello de Fuerza Patria, aunque la marca, después de tantas internas, ya haya quedado un poco obsoleta.

Ayer a la mañana la legisladora nacional sumó un nuevo encuentro que visibiliza sus intenciones y su voluntad de cara al 2027. Se reunió con el intendente de La Plata y hombre importante en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Julio Alak. La conversación se dio en el municipio y sirvió para que ambos adviertan que el camino político que quieren seguir está emparentado. Un futuro juntos. Ese es el anhelo.

De la Sota quiere ser parte de un proyecto nacional del peronismo el año que viene. Por eso se lanzó a recorrer distintas provincias del país y trabaja para acercar posiciones con dirigentes del mismo campo político. La idea de jugar por la gobernación de Córdoba está latente, pero es un plan B dentro de su hoja de ruta. Trabaja para jugar en la liga mayor y en consonancia con la mayoría de las vertientes del peronismo.

Pocas semanas atrás se reunió en Córdoba con Juan Manuel Olmos, que forma parte de la mesa chica PJ Federal, y en la Ciudad de Buenos Aires con Leandro Santoro, que fue el último candidato de peronismo en territorio porteño y que está asociado al esquema del titular de la Auditoria General de la Nación (AGN) en el mismo lugar.

Alak está al lado de Axel Kicillof y promociona su candidatura a presidente. Y, además, es uno de los precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un hombre con historia en el peronismo y con buena relación con las distintas terminales del espacio. Incluso con las que están enfrentadas, como es el caso del kicillofismo y el cristinismo.

La llegada de De la Sota a esos dirigentes tiene que ver con su voluntad de pensar en un 2027 en unidad con la mayor parte de las vertientes justicialistas. La legisladora entiende que debe haber una “nueva síntesis” en el espacio y que la dirigencia tiene que dar la discusión para modernizar las propuestas políticas, económicas y sociales del PJ. Ese es un trabajo que se va haciendo en el camino hasta la elección, motivo por el que los márgenes se acortan.

Además, considera que la interna bonaerense está limitando el accionar y el crecimiento del peronismo en todo el país. Es decir, que funciona como una suerte de dique para un armado federal. Los temas que impulsan dirigentes de las provincias como Sergio Uñac o los que integran el PJ Federal se chocan con una pared cuando la agenda nacional es invadida por la guerrilla del kirchnerismo en el conurbano.

Para los meses que vienen la diputada cordobesa tiene en agenda dos visitas. Una es al interior de Santa Fe y la otra es a una provincia de la Patagonia. Pueden incorporarse más paradas porque la vocación es subir el perfil, consolidar un discurso y mostrarse como una opción hacia adentro y hacia afuera del esquema justicialista. Tiene que ser una cara conocida para el votante.

La cordobesa va a todos lados va acompañada de dos laderos: el legislador provincial y pareja De la Sota, Bernardo Knipscheer y el ex diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez. Son los nombres que expanden las gestiones políticas y aceitan el trabajo de relaciones diario.

En el 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández era un hervidero y se definían las listas para la elección, Sergio Massa propuso que De la Sota sea su candidata a vicepresidenta. No tuvo consenso interno y su intención se diluyó cuando el entonces presidente pidió por Agustín Rossi, que ocupaba la Jefatura de Gabinete. A partir de ahí su nombre se asoció y se empezó a acercar a la estructura del peronismo nacional.

De la Sota va a poner sobre la mesa los casi nueve puntos que sacó en Córdoba en la elección legislativa del año pasado como un capital importante para la propuesta justicialista del 2027. La provincia que conduce Martín Llaryora ha sido esquiva para el peronismo nacional en los últimos comicios. Y cualquier opción que quiera ser competiviva el año que viene tiene que tener un anclaje legítimo y medianamente voluminoso en el segundo distitro electoral más importante del país.

El gobernador cordobés muy probablemente desdoble la elección provincial y ponga el foco exclusivamente en esos comicios. Llaryora busca su reelección y, por ahora, se muestra ajeno a cualquier armado nacional. Incluso, tiene diálogos abiertos con la Casa Rosada que le ponen un signo de interrogación a su jugada política electoral del año que viene.

En ese campo minado, De la Sota tiene capacidad de construir su perfil, con las limitaciones que le impone el poder del peronismo cordobés en una provincia donde ese espacio tiene una gran legitimidad. También tiene el margen de aglutinar una parte importante del voto kirchnerista, que siempre ronda los cinco puntos, y de absorber, por el costado ciego, a los desencantados de un proceso político que lleva más de dos décadas al frente a la provincia y casi el mismo tiempo distanciado del peronismo nacional.

natalia de la sota,julio alak,la plata,argentina

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Provincia contra la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que había demandado la inconstitucionalidad de la Ley 5755 y su decreto reglamentario, la norma que regula el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

La sentencia, rubricada esta semana, fue firmada sin disidencias por los jueces María Cecilia Criado, Sergio Ceci, Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian.

El fallo no analizó si la ley es o no constitucional. El Tribunal resolvió exclusivamente que la organización demandante no estaba habilitada para litigar por esta vía, al no haber acreditado un perjuicio concreto derivado de la norma.

La causa se había iniciado el 26 de diciembre de 2025, cuando Carlos Hugo Aranea y Mirta Graciela Ñancunao, en su carácter de werken (voceros) de la Coordinadora, presentaron la acción contra el Gobierno de Río Negro. Sostuvieron que la Ley 5755 y el Decreto 226/25 habían sido dictados sin la participación adecuada de las comunidades indígenas, en contradicción con el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y la Constitución provincial.

La Fiscalía de Estado, representada por Luciano Minetti Kern e Ignacio Racca, contestó la demanda en mayo y opuso la excepción de falta de legitimación activa: argumentó que no existía “caso, controversia ni derecho concreto” afectado por la sola sanción de la ley, ya que no se había identificado ningún proyecto o medida estatal puntual que impactara sobre alguna comunidad.

Un dato que agrega tensión al desenlace: la Procuración General había dictaminado en sentido contrario. Su titular subrogante, Fabricio Brogna López, había opinado que correspondía rechazar la excepción provincial y dejar que el proceso avanzara. El STJ no siguió ese criterio.

El argumento

El fallo se apoya en dos argumentos centrales. El primero es la falta de un “caso concreto”: según la doctrina que el propio STJ una acción de inconstitucionalidad no puede plantearse en abstracto. Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Los jueces remarcaron que la Ley 5755 es una norma de carácter instrumental: no dispone nada por sí misma sobre territorios o recursos naturales, sino que fija un procedimiento que recién se activa cuando el Estado impulsa una medida concreta que pueda afectar a una comunidad. Mientras no exista esa medida puntual, sostuvo el Tribunal, cualquier cuestionamiento a la ley es prematuro.

El segundo argumento, más específico, tiene que ver con el tipo de acción elegido. La Coordinadora había invocado el precedente «Halabi» de la Corte Suprema —que amplió la legitimación para reclamar por derechos de incidencia colectiva— para sostener que estaba habilitada a actuar en representación de las comunidades. El STJ rechazó esa lectura: explicó que, al haberse planteado una acción de inconstitucionalidad y no un proceso colectivo, no corresponde aplicar el criterio amplio de legitimación propio de las causas colectivas.

El Tribunal ya había aplicado el mismo criterio meses antes en esta causa, cuando excluyó por el mismo motivo a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que litigaba junto a la Coordinadora.

Los jueces añadieron que la personería de la Coordinadora como organización representativa del pueblo mapuche-tehuelche no está en discusión, pero que esa representativida

Civil Conflict,Lifestyle,Natural World,Art,Wider Image,Riots,Domestic Politics,Culture,Environment,Demonstrations,Environment,South America / Central America,Living / Lifestyle,Government / Politics,Civil Unrest,Wider Image