POLITICA
Dólar blue: un financista le apuntó a exfuncionarios de Alberto Fernández y se presenta en la Justicia
Francisco Hauque, uno de los financistas investigados en las causas sobre el rulo financiero y el SIRA, está convencido que debe colaborar con la Justicia antes que se complique su situación judicial. En dos apariciones televisivas recientes, avisó que quiere declarar como “arrepentido” y lanzó algunos nombres de exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Sus dichos pusieron en alerta a todos los involucrados. En Tribunales advierten que no puede ser imputado colaborador hasta que no sea llamado a indagatoria. Su defensa, sin embargo, pedirá en las próximas horas varias medidas de prueba, en línea con sus últimas declaraciones públicas.
El nombre de Hauque trascendió el año pasado cuando fue detenido en las inmediaciones del Palacio Duhau junto a su pareja. En el interior de su camioneta había más de 1 kilo de cocaína y un arma. La Justicia comprobó que ese operativo fue una emboscada ordenada por Elías Piccirillo, a través de un expolicía de la Federal, Carlos “El Lobo” Smith.
Las cámaras de la autopista Panamericana y los registros de los peajes demostraron que después del episodio, Smith se fue a Nordelta y se reunió con Piccirillo en la casa que le alquilaba a Martín Migueles, en el lote 192 de “El Yacht”.
La semana pasada, la Justicia ordenó una reconstrucción del hecho, en los mismos lugares y a la misma hora que aquel episodio. El resultado de esa pericia, según distintos abogados que estuvieron presentes, no mejoró la situación de Piccirillo. Todo lo contrario. Casi a la misa hora que se hacía la reconstrucción, Hauque comenzó a recibir amenazas vía telefónica.
En ese contexto, decidió romper el silencio y dio dos entrevistas con TN y La Cornisa. Las declaraciones del financista también ocurrieron en la previa de una decisión clave: la Cámara Federal debe definir si se unifican dos de las causas sobre el rulo financiero, que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo.
Se trata de los expedientes que investigan los jueces Ariel Lijo y María Servini. En la primera, delegada en el fiscal Franco Picardi, también está bajo la lupa el “circuito paralelo” para autorizar importaciones mediante el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Los chats y audios que surgieron del teléfono de Migueles, exsocio de Piccirillo, reflejan una supuesta intermediación con “la gente de adentro” para obtener un rédito de entre el 10 y el 15% de las importaciones.
¿Los dichos de Hauque están vinculados a esa decisión? En su entorno lo desmienten. “Lo que motivó sus declaraciones fueron las amenazas que recibió, antes y después de la reconstrucción. Él está decidido a explicar todo porque estaba abajo en la pirámide”, dijo un allegado consultado por .
En las dos entrevistas que dio, Hauque apuntó a exfuncionarios cercanos a Alberto Fernández. Mencionó al extitular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y a otros tres funcionarios de esa entidad: Gastón Hourcade (exgerente de Supervisión de Entidades no Financieras), Rosalina Diaz (exgerenta Principal de Supervisión Especializada), y Diego “El Gordo” Volcic, uno de los allanados.
Hourcade fue trasladado a otra área luego del escándalo. Era jefe directo de Romina García, que aparece en un audio grabado por Piccirillo hablando de funcionarios “entongados”. Diaz también tenía un cargo jerárquico en la época del cepo cambiario. Hoy ya está jubilada. Algunos arriesgan que podría ser la “vieja del Central”, un término que se repite en los chats de Migueles. “Iban a las reuniones en el Palacio Duhau”, dijo Hauque en la entrevista con LN+.
Alberto sí, Massa no
El financista también apuntó directamente al expresidente Alberto Fernández. Dijo que conocía las maniobras. En su entorno desmienten cada una de las acusaciones. “Es un disparate”, responden sus allegados.
Llamativamente, los nombres que aportó Hauque coinciden, en gran parte, con los que había mencionado Piccirillo en una entrevista, grabada en enero y filtrada hace pocas semanas. En ambos casos, omitieron mencionar a exfuncionarios vinculados a Sergio Massa, que manejaba por ese entonces el Ministerio de Economía. ¿Fue una casualidad?. “No hay tregua ni acercamiento entre ellos”, aseguran en ambos bandos. De hecho, Hauque pedirá en las próximas horas que se revoque la prisión domiciliaria de Piccirillo, algo que se había negado hace poco tiempo.
Hauque también mencionó a la contadora Valeria Fernández y a Juan Manuel Agra, investigados en la causa que lleva adelante el fiscal Picardi.
La contadora, tal como había adelantado , aparece en los audios entre Piccirillo y Hauque que dieron inicio a la causa. «Ninguno todavía pagó los platos rotos por todo lo que se robaron, ni Valeria Fernández ni nadie. Entonces, esa situación se va a dar”, se queja Hauque en esa conversación. Fernández también fue mencionada en una conversación de WhatsApp entre Hauque y Martín Migueles, ex socio de Piccirillo. “Hay que prender el ventilador”, lanzó Hauque refiriéndose a la contadora luego de su detención, en enero de 2025.
Fernández tenía llegada directa a funcionarios de primera línea del Banco Central en pleno cepo cambiario. Además, era parte del Registro de Auditores Externos del BCRA, al menos hasta marzo de este año. Agra, en cambio, tenía contacto con todos los financistas investigados por el rulo financiero y era una suerte de nexo con la política, o al menos eso trasmitía.
En su alocución, Hauque también habló del rol de Ariel Vallejo, el financista vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, y pidió que se investigue el rol de las sociedades de bolsa en la maniobra del rulo. Pero omitió otros muchos nombres. “Tiene más de 100 nombres para aportar”, prometen en su entorno. Para eso falta. Hauque todavía no puede convertirse en imputado colaborador porque no hay una imputación formal ni un llamado a indagatoria.
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CÓRDOBA.- Pasadas las 18 de este martes, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Valverde, recibieron los seis aviones cazas F16 Fighting Falcon que conforman el segundo lote de las 24 aeronaves que el gobierno de Javier Milei compró a Dinamarca. Las unidades llegaron al Área Material Río Cuarto en Las Higueras. Con este arribo ya hay una docena del conjunto de aviones de cuarta generación en la aeroestación.
Este segundo lote -el primero arribó en diciembre pasado- está integrado por cuatro F-16AM monoplazas y dos F-16BM biplazas. Una de las aeronaves fue conducida por un piloto argentino, mientras que las otras cinco fueron comandadas por aviadores extranjeros.
Antes de llegar a Río Cuarto, los F16 hicieron escalas en Gran Canaria, en España, y en Natal, en el norte de Brasil. Entre esos dos puntos tuvieron el apoyo de aviones cisterna KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que los reabastecieron de combustible en pleno vuelo
El arribo de los aviones se mezcló con la protesta del personal de las Fuerzas Armadas por la crisis de la obra social de los militares, que arrastra una millonaria deuda y cortes de prestaciones.
En diciembre de 2025, cuando llegaron los primeros seis aviones, el presidente Javier Milei encabezó la recepción y sostuvo que los F-16 son un “símbolo” de la construcción del país. Los calificó como “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino. A partir de hoy todos y cada uno de nosotros estará un poco más seguros”. Esa ceremonia coincidió con la designación de Presti como ministro de Defensa.
Las aeronaves operan en las instalaciones del Área Material Río Cuarto pero serán trasladadas más adelante a la VI Brigada Aérea, con sede en Tandil, una base que se encuentra en plenas tareas de remodelación. La incorporación de los aviones F-16 se completará en 2028.
El Gobierno sostiene que el programa permitirá recuperar capacidades que la Argentina perdió con el retiro de los aviones Mirage en 2015 y que los F-16 tendrán por delante al menos 25 años de vida útil.
El precio de adquisición de los 24 aviones fue de aproximadamente US$301 millones. El Gobierno ya abonó tres de las cinco cuotas previstas, por unos US$180 millones; la entrega también es “en cuotas”.
A esto se le agregan otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. Con todo, el costo inicial del programa fue estimado en alrededor de US$650 millones. En paralelo, solo el programa de instrucción de pilotos puede alcanzar los US$33 millones, mientras que el acuerdo de modernización y armamento tiene un techo de US$900 millones.
Sin embargo, la compra de las unidades registra algunas objeciones. Por ejemplo, se cuestionó el monto total del contrato y los gastos ocultos o de cielo abierto (con un techo presupuestario estimado en contratos de modernización, armamento avanzado como misiles AMRAAM y costos por hora de vuelo).
primero arribó en diciembre pasado,se cuestionó el monto total del contrato y los gastos ocultos o de cielo abierto,Gabriela Origlia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
La CGT descartó un paro general, pero hará una movilización el 8 de octubre en defensa de la industria
Finalmente, ganaron los sindicalistas moderados: la CGT decidió esta tarde que su próxima medida de fuerza será una movilización callejera en defensa de la industria nacional, el 8 de octubre, y desechó por ahora realizar el quinto paro general contra Javier Milei.
Así se decidió en la reunión ampliada de la mesa chica cegetista, que delibera en la sede de la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800, y de esa forma se diferenció de las dos CTA, que ya anunciaron una serie de marchas que terminarán a fines de octubre con un paro general.
La movilización de la CGT -anticipada por Infobae- se hará a las 15.30 ante la Secretaría de Industria de la Nación, en la avenida Julio Roca 651, en esta capital, y la propuesta fue aprobada por la treintena de dirigentes que se reunieron en la UOCRA, donde también se decidió un “acompañamiento” a la Marcha Federal Universitaria, que tendrá lugar el 15 de octubre, a la que irán también las dos CTA.
Del encuentro participan Gerardo Martínez, el anfitrión; Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Octavio Argüello (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (Vidrio), Jorge Sola (Seguros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Julio Piumato (judiciales), Mario Lavia (petroleros), José Minaberrigaray (empleados textiles), Horacio Arreceygor (televisión), Omar Plaini (canillitas) y Hugo Benítez (textiles) entre otros, además de Alejandro Gramajo (UTEP) como invitado.
Hasta ahora, las 3 centrales obreras llevaron adelante un plan de lucha conjunto desde el 22 de julio y que consistió en movilizaciones y que por el momento no incluye otro paro general contra el Gobierno porque la CGT considera que no están dadas las condiciones para que la paralización de actividades sea importante.
Sin embargo, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma decidieron no esperar y ya anunciaron la continuidad de las protestas con otra serie de movilizaciones hasta llegar al paro general, que está previsto para fines de octubre.
Estas centrales obreras, de impronta dura, se sumarán el 3 de octubre con una importante participación de jóvenes a la peregrinación a Luján; el martes 6, la FENAT (Federación Nacional Territorial), enrolada en la CTA Autónoma, formará parte de las actividades de los distintos movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que alcanzaba a cerca de un millón de personas.
Además, se sumarán el 15 de octubre a la nueva marcha convocada por el Frente Universitario y apoyarán las acciones de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FTERA), que se movilizará el 26 de octubre frente a la central nuclear de Atucha “en defensa de la soberanía energética”.
Las CTA también participarán del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizará del 10 al 12 de octubre en la ciudad de Córdoba.
En la reunión de la CGT que se desarrolla en la UOCRA, luego de que Gerardo Martínez abrió el debate, la propuesta de la movilización en defensa de la industria fue hecha por Jorge Sola, uno de los cotitulares cegetistas, y fue apoyada de inmediato por sus pares del triunvirato, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
Las tres centrales obreras habían anunciado protestas “a la francesa”, con paros sectoriales y alternados para aumentar su efecto frente a medidas de fuerza esporádicas. Sin embargo, las movilizaciones posteriores tuvieron una presencia limitada de la CGT.
La dirigencia cegetista tuvo una participación casi testimonial en las marchas al Congreso contra el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el 6 de agosto; en la movilización por San Cayetano, el 7 de agosto, e incluso en la protesta por las familias y las pymes endeudadas, el 20 de agosto.
La marcha prevista para el 28 de agosto, cuando se reunió el Consejo del Salario Mínimo, fue suspendida porque el encuentro se hizo de forma virtual. Las dos CTA querían concentrarse de todos modos frente a la Secretaría de Trabajo, pero la CGT impuso su negativa con el argumento de que la deliberación sería por Zoom.
La CGT tampoco marchó el 2 de septiembre por el Día de la Industria, aunque esa posibilidad había sido discutida entre las 3 centrales. En cambio, en la sede de Azopardo 802 se realizó un acto para debatir “el futuro estratégico de nuestra industria nacional”, con la participación de dirigentes de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), presidida por Ricardo Pignanelli (SMATA).
Las dos fracciones de la CTA privilegiaron la unidad con la central cegetista y desistieron de salir a la calle hasta ahora, a la espera de que los líderes de la CGT endurecieran su postura, pero su decisión de hacer un paro general vuelve a abrir una grieta sindical.
POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner hicieron una nueva presentación ante la ONU para que se revise la condena de la expresidenta
Los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner hicieron este martes una nueva presentación formal ante la ONU para que se revise la condena de 6 años de prisión contra la exmandataria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en medio del operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo.
Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego introdujeron una adenda del caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir la suspensión de la pena de inhabilitación para ejecer cargos.
También denunciaron actos de “intimidación”, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de Fernández de Kirchner, en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del comité, según indicaron a desde en el entorno de la expresidenta.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del Comité”, dijo Valim en diálogo con la agencia Reuters.
Para el letrado, “eso daría condiciones para que aun este año el Poder Judicial de Argentina tuviera que examinar esa decisión del comité”.
Valim apostó además que el comité “va a reconocer las violaciones de derechos”. “Aquí la duda es cuándo”, se preguntó.
La presentación
La adenda introducida este martes, y a la que tuvo acceso , busca “poner en conocimiento del Comité tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación individual presentada por Fernández de Kirchner”.
En primer lugar, denunció una “serie de actos de intimidación contra la exmandataria posteriores a que se hiciera pública su presentación ante el Comité. Entre ellos se mencionan declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones del presidente Javier Milei contra la expresidenta”.
La adenda sostiene que “estas actuaciones son incompatibles con la obligación asumida por Argentina, al ratificar el Protocolo Facultativo, de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de presentar comunicaciones individuales ante el Comité”.
En segundo lugar, se presentó un nuevo elemento probatorio que se considera “decisivo” para la causa Vialidad. “La condena sostuvo que el Decreto 54/2009 había permitido utilizar recursos del fideicomiso vial SISVIAL (Fuente 14) para favorecer al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez. La defensa había solicitado durante el proceso prueba sobre el destino efectivo de esos recursos, pero su producción fue rechazada por las distintas instancias judiciales” indicaron los letrados.
Pero agregaron que “en agosto de 2026, sin embargo, en la causa Cuadernos, un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía aportó planillas oficiales sobre los pagos realizados con recursos de la Fuente 14. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría”.
Según la Adenda, esos resultados “contradicen de manera sustancial la premisa utilizada en la condena: de las 51 obras de la causa Vialidad, solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14; de los 3.855 certificados pagados con esos recursos, únicamente 36 correspondieron a esas obras; y, de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados, el Grupo Austral recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total”.
“Además, Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14, mientras que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., empresa vinculada a la familia Macri”, añadieron.
En tercer lugar, la adenda denunció “más intimidación después de conocerse estos nuevos elementos”. En particular, cuestionó la difusión pública de un video de 2018 correspondiente al allanamiento de su departamento de Recoleta, en el que “aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales”.
La presentación consideró que esa difusión “constituye una grave vulneración del derecho a la vida privada protegido por el artículo 17 del Pacto y recuerda que precisamente frente a ese domicilio Fernández de Kirchner sufrió el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022”.
El caso
Fernández de Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último para denunciar que durante el proceso judicial por el que terminó condenada se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.
Valim explicó en aquella oportunidad que la comunicación enviada a Naciones Unidas no fue “un acto de agresión” al sistema judicial argentino, sino un “derecho constitucional” y un “mecanismo previsto por las normas del orden”.
El letrado, de ciudadanía brasileña, también participó en la defensa del presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa por corrupción Lava Jato.
Lugar: NH Hotel. Bolivar 160.
Soledad AznarezLa defensa de la exmandataria busca la “suspensión de la inhabilitación perpetua” para frenar la restricción de los derechos políticos de la expresidenta mientras se resuelve la condena, y la “modificación del régimen de prisión domiciliaria”, que incluiría el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de la restricción de visitas, el acceso al aire libre y un “tratamiento igualitario respecto a otros detenidos en idéntica condición”.
Y también una “integración legal de la Corte Suprema” con una “normalización” de la composición del máximo tribunal para “garantizar el Estado de Derecho y el derecho a un recurso judicial efectivo”.
La condena de la exmandataria data de junio de 2025, cuando fue sentenciada a 6 años de prisión -que cumple de forma domiciliaria- e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa por una maniobra de corrupción en torno a la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante su presidencia y la de Néstor Kirchner.
operativo clamor de parte del peronismo para que la exjefa de Estado sea candidata el año próximo,había llevado su caso a la ONU el 29 de julio último,Cristina Kirchner,Conforme a
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