ECONOMIA
Adorni y Bullrich anunciaron plan de emergencia por 5 millones de hectáreas inundadas en Provincia

Después de más de nueve meses de lluvias, anegamientos y caminos rurales intransitables, el Gobierno nacional anunció finalmente un operativo de emergencia para asistir a los bonaerenses afectados por las inundaciones. El anuncio, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promete el despliegue de recursos nacionales y la creación de un centro de operaciones en la ciudad de 9 de julio, en el corazón de la zona afectada.
Se estima que hay más de cinco millones de hectáreas afectadas y que quedarán fuera del circuito productivo por varios meses.
«El equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses«, aseguró Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según explicó Bullrich, el operativo se implementará a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinará tareas con intendentes y productores. «Hemos decidido realizar un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas», dijo la ministra.
Las medidas incluyen el envío de maquinaria de Vialidad Nacional para limpiar alcantarillas y drenajes, equipos del Ministerio de Defensa para instalar puentes provisorios y la presencia de fuerzas federales para asistir a la población. Bullrich confirmó además que este sábado los ministros viajarán a 9 de Julio «para ponerse al frente del Comité de Emergencia«.
Un operativo esperado demasiado tarde
El anuncio fue recibido con una mezcla de alivio y fastidio por los productores y habitantes rurales que, desde comienzos del año, vienen denunciando la falta de respuestas oficiales en los pueblos del interior bonaerense, donde las lluvias acumuladas superan ampliamente los promedios históricos y miles de hectáreas permanecen bajo agua.
En muchos partidos del noroeste y centro de la provincia —9 de julio, General Viamonte, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen y Pehuajó— la situación se volvió crítica desde el otoño. En esas zonas, productores y municipios debieron abrir canales por su cuenta o improvisar pasos para garantizar la llegada de alimentos, combustible o atención médica. Las entidades rurales y los consorcios camineros venían reclamando la presencia del Estado nacional desde hace meses.
El Gobierno bonaerense, por su parte, desplegó equipos propios para atender la emergencia, pero el nivel de saturación de los suelos y la extensión de las áreas afectadas desbordaron las capacidades provinciales. En ese contexto, la intervención nacional llega cuando buena parte de la cosecha fina ya se perdió y miles de caminos quedaron destruidos, imposibilitando también la siembra gruesa.
Fondos inmovilizados y prioridades cambiarias
La demora en la reacción oficial no fue solo logística. El Fondo de Infraestructura Hídrica —creado para financiar obras de drenaje y mitigación de inundaciones— tuvo más de $155.000 millones invertidos en plazos fijos y letras del Tesoro, en lugar de ser destinados a las zonas críticas. Esa situación se explica, en parte, por la decisión del Gobierno de priorizar la acumulación de reservas y la contención del tipo de cambio, lo que llevó a inmovilizar fondos que podrían haber financiado obras urgentes.
La falta de ejecución del presupuesto en obras hídricas fue uno de los puntos señalados por intendentes y dirigentes rurales, que aseguran que la emergencia actual no es solo consecuencia de las lluvias, sino de años de subinversión en canales, reservorios y mantenimiento de caminos rurales.
Una reacción política bajo presión
El desembarco del Gobierno en territorio bonaerense también tiene lectura política. La presencia de Bullrich y la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias responden al creciente malestar en distritos que, en muchos casos, fueron claves en el voto al oficialismo. «El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente«, insistió la ministra, al anunciar su viaje a 9 de Julio junto a otros funcionarios. Sin embargo, en el interior productivo la percepción es que el operativo llega tarde, y más como gesto político que como respuesta estructural.
La falta de caminos transitables no solo complica la producción, sino que también afecta la llegada de insumos, asistencia sanitaria y la escolaridad en zonas rurales. De ahí que el anuncio de un «plan de emergencia» sea recibido con escepticismo. «La emergencia ya lleva meses», repiten los intendentes.
Con el operativo anunciado, el Gobierno busca mostrar acción frente a una crisis que se hizo visible incluso en imágenes satelitales, con extensas áreas anegadas en el centro y oeste bonaerense. Sin embargo, el desafío será sostener esa asistencia en el tiempo y avanzar en obras que eviten nuevas catástrofes. La reactivación del Fondo de Infraestructura Hídrica y una mayor coordinación entre Nación, provincia y municipios aparecen como condiciones básicas para evitar que el problema vuelva a repetirse.
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ECONOMIA
Vuelos en alerta máxima: termina la conciliación de los controladores aéreos y se reaviva el riesgo de paros en vacaciones

Mañana viernes 16 de enero vence la conciliación obligatoria que frenó las asambleas impulsadas por Atepsa, el gremio de los controladores aéreos, en la previa de las Fiestas. En medio de la temporada alta y con un conflicto paritario sin resolución a la vista, el sindicato podría retomar los reclamos y, así, afectar nuevamente a la actividad aeronáutica.
A pesar de que la tregua obligatoria que dictaminó el Gobierno el 23 de diciembre rige hasta el viernes, esta seguramente se prorrogará por otros cinco días hábiles más pedido de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Una vez que finalice ese período, las posibilidades de que se reavive el fuego del conflicto son altas, según alertaron fuentes del sector a Infobae.
Si bien el reclamo principal es salarial, el conflicto también incluye denuncias penales, investigaciones judiciales por presuntas maniobras fraudulentas y la situación de dos funcionarias bajo la lupa de la Justicia.
El trabajo de los controladores aéreos es indispensable para la actividad aeronáutica. Ubicados en las Torres de Control o los Centros de Control de Área (ACC), son los encargados de gestionar el tránsito aéreo, separar y guiar a los aviones durante sus vuelos, despegues y aterrizajes en todos los aeropuertos del país.
EANA es la prestadora de este tipo de servicios en el país, mientras que su personal se encuentra nucleado en la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa).
Dado que EANA es una compañía estatal, al igual que sucede en el resto de las negociaciones salariales del sector público, la pauta no se define de manera individual por cada empresa.
Por el contrario, la Oficina Nacional de Empleo Público es el área que establece el marco de referencia que el Gobierno está dispuesto a ofrecer a los gremios. Si bien depende de la Jefatura de Gabinete, su accionar también se enmarca en la estrategia de ordenamiento fiscal y reforma del Estado que impulsa en general el núcleo económico del Gobierno y en particular el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

(Maximiliano Luna)
Una vez que ese esquema queda cerrado en la paritaria con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN, el gremio mayoritario del sector público), suele trasladarse al resto de los organismos y empresas del Estado, aun cuando las conversaciones con otros sindicatos todavía no estén formalmente abiertas. Hasta el momento, no hay un porcentaje paritario definido.
La disputa entre EANA y Atepsa tiene larga data. Solo en 2025, el conflicto tuvo varios capítulos y se mantuvo latente a lo largo de casi todo el año, con medidas de fuerza que, aun cuando eran informadas con antelación, terminaron afectando la actividad aerocomercial.
El primer pico de tensión se dio en julio, en la previa de las vacaciones de invierno. En ese momento, Atpsa había anunciado un esquema de medidas de fuerza que amenazaba con impactar en plena temporada alta. Frente a ese escenario, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que permitió desactivar las protestas y evitar una afectación directa sobre los vuelos durante el receso invernal.
Sin embargo, la tensión volvió a escalar en agosto, cuando el gremio llevó adelante medidas de fuerza durante tres jornadas distintas, que afectaron los despegues de toda la aviación en los aeropuertos del país. Tras esas acciones, Atepsa y EANA alcanzaron un acuerdo paritario, que contempló una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos para todo 2025, lo que derivó en el levantamiento de las protestas.
Pese a la vigencia de ese acuerdo, en noviembre el gremio retomó las medidas de fuerza. En ese mes, ATEPSA realizó nueve jornadas de paro, focalizadas exclusivamente en los vuelos de carga en todo el país. Además, paralizó la totalidad de las capacitaciones del personal y las tareas de mantenimiento de la infraestructura tecnológica.
El conflicto tuvo un nuevo y fuerte capítulo en diciembre, cuando el sindicato anunció un cronograma de medidas a partir del 17 de diciembre, que incluía restricciones a los despegues durante cinco jornadas en plena temporada alta y en el marco de las Fiestas de fin de año. A diferencia de las acciones previas, el plan de lucha apuntaba a afectar vuelos de pasajeros, tanto de cabotaje como internacionales.
De ese esquema, se llegaron a concretar dos jornadas de paro. Ante el riesgo de una afectación mayor del tráfico aéreo en un período de alta demanda, el 23 de diciembre la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con vigencia hasta el viernes 16 de enero a las 8 de la mañana, con la posibilidad de una prórroga por cinco días hábiles.
En paralelo al conflicto salarial, en los tribunales de Comodoro Py avanza una investigación judicial que involucra a la conducción de Atepsa y a la ex presidenta de EANA durante el gobierno anterior. La causa apunta a una presunta maniobra fraudulenta vinculada a un supuesto acuerdo paritario firmado a fines de 2023 entre el gremio y la entonces conducción de la empresa estatal, cuya existencia no pudo ser acreditada en los registros oficiales.
El expediente se originó a partir de una presentación judicial del sindicato, que reclamó el cumplimiento de un acta que habría establecido aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024.

Según la denuncia, el documento no figura en los circuitos administrativos, legales ni de liquidación de haberes de EANA, ni habría sido aplicado mientras la ex presidenta de la compañía, Gabriela Logatto, permanecía en funciones. En ese marco, la Justicia investiga el rol tanto de Logatto como de Paola Barritta –hija de José “El Abuelo” Barritta, histórico jefe de la barra brava de Boca– y secretaria general de Atepsa.
Además, EANA presentó una denuncia penal contra Atepsa al considerar que algunas de las protestas gremiales pusieron en riesgo la seguridad operacional y la integridad de pasajeros y trabajadores. La causa incluye material probatorio como imágenes de una bandera sindical colocada en el exterior de una torre de control, que —según la empresa— podría haber interferido con la operación y generado riesgos para terceros.
ECONOMIA
La UOCRA acordó aumento salarial: cuánto cobrará un obrero de la construcción en enero y febrero

El gremio que lidera Gerardo Martínez y las cámaras pactaron porcentajes y el pago de sumas fijas mensuales. Cuándo retomarán las negociaciones.
15/01/2026 – 07:58hs
La conducción de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informó que acordó con las cámaras del sector un aumento salarial para enero y febrero más el pago de sumas fijas mensuales. La mejora se aplica a todas las categorías del convenio colectivo de trabajo 76/75 y, por extensión, al 577/10 para actividades específicas como canalización, líneas e instalaciones.
Las negociaciones se llevaron a cabo entre los paritarios del gremio, encabezados por Gerardo Martínez y los representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Asimismo, ratificaron que se mantiene activa una comisión especial para monitorear las variables económicas y fijaron fecha para el 19 de febrero próximo, donde se definirán los ajustes salariales que regirán a partir de marzo.
Porcentajes mensuales y suma fija
Las partes establecieron que las subas son acumulativas y se calculan sobre los salarios básicos vigentes en cada período:
- Enero: 2% sobre los salarios al 31 de diciembre.
- Febrero: 1,8% sobre los salarios al 31 de enero.
Estos porcentajes impactan directamente en los haberes básicos de todas las categorías del sector de la construcción.
Además de los aumentos porcentuales, se agregó el pago de sumas mensuales no remunerativas para enero y febrero, que se deben liquidar de forma quincenal.
Como ejemplo, tomaremos los salarios correspondientes a la Zona «A» (CABA y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis:
- Sereno y Ayudante: $96.800
- Medio Oficial: $102.800
- Oficial: $112.200
- Oficial Especializado: $121.800
Estos valores se ajustan al alza según la zona geográfica (B, C, C-Austral) y los adicionales convencionales que correspondan a cada trabajador y trabajadora.
Para el personal bajo el convenio 577/10 (canalización, líneas e instalación, empalme, entre otras), los jornales básicos diarios son los siguientes:
Enero:
- Oficial especializado: $5.373
- Oficial: $4.596
- Medio oficial: $4.248
- Ayudante: $3.910
- Sereno: $710.248
Febrero:
- Oficial especializado: $5.470
- Oficial: $4.679
- Medio oficial: $4.324
- Ayudante: $3.980
- Sereno: $723.032
Rechazo a la reforma laboral y críticas a Sturzenegger
Como uno de los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) Martínez reiteró su rechazo al actual proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Congreso el 10 de febrero. Al respecto, sostuvo que «en una manifiesta quita de derechos que no va a generar empleo y profundizará la precarización». Sobre la intención del gobierno de abrirse al diálogo, apuntó: «Estamos dispuestos al debate, no a la imposición».
El líder de la UOCRA apuntó contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien señaló como el ideólogo de la reforma que busca tergiversar los debates en materia laboral. Recalcó que «hay una actitud de mala fariña, de golpe bajo por parte del gobierno» y catalogó al funcionario de «mal intencionado» y de «perverso».
El también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) era el representante del movimiento obrero en el Consejo de Mayo impulsado por el Ejecutivo, pero se retiró, explicando que «el acuerdo era que todo lo que no tuviera consenso no formaba parte de ningún pronunciamiento del Consejo de Mayo. Y no logramos consenso ninguno por lo tanto se tendría que decir que: ‘se hicieron reuniones, pero no hubo consenso para ninguna propuesta para que el gobierno pudiera presentar como proyecto de Ley», y cerró: «Teníamos capacidad en muchos temas a tener un reconocimiento, pero en el capítulo laboral no».
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ECONOMIA
Celulares con aranceles cero: cuánto cuesta el iPhone 17 Pro Max a partir de hoy

Desde este jueves, los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. La medida completa el esquema dispuesto por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y estableció su eliminación total para el 15 de enero. Esta decisión impactará de manera directa en el precio de los iPhone, cuya demanda entre los consumidores argentinos es significativa.
La eliminación del arancel apunta a facilitar las importaciones y a intensificar la competencia en el mercado local, con el objetivo de bajar los precios tanto de los dispositivos adquiridos en el exterior como de los fabricados en el país.
Actualmente, el iPhone 17 Pro Max, el último modelo lanzado por Apple, se consigue en MacStation a $2.999.990, con una capacidad de 256 GB. Para tener como referencia la carga impositiva que incluye ese precio, sin impuestos nacionales, el mismo celular costaría $2.281.361.
Por su parte, el iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el 17, $1.999.990, todos con capacidad de 256 GB. La versión de 512 GB tiene un costo adicional de $500.000, mientras que optar por el modelo de 1 TB implica sumar $900.000.
Un modelo menos reciente pero similar es el iPhone 16 Pro Max (256 GB) que vale $3.199.990 y se puede pagar en 12 cuotas sin interés. Le sigue el iPhone 16 Pro, con un precio de $2.809.989 y la posibilidad de abonarlo en 3 cuotas sin interés. El iPhone 16 tiene un costo de $1.699.990 y 12 cuotas sin interés.
En Mercado Libre, un iPhone 17 Pro Max (256 GB) vale $3.399.999, mientras que un 17 Pro, $2.899.999. El iPhone 17 ronda los $2.000.000. El iPhone 16 Pro Max tiene un precio de $3.811.999.
En tanto, MacStation informó que la reducción del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en la política de precios aplicada al lanzamiento del iPhone 17 y para toda la línea de iPhones disponibles, anticipándose a la entrada en vigencia plena de la normativa.
Desde la empresa aseguraron que esa decisión fue adoptada desde el inicio de la comercialización del producto, con el fin de alinear los precios locales con la experiencia del consumidor y reflejar de manera anticipada el impacto de las medidas anunciadas.
“Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado al presentar el iPhone 17 y se aplicó en ese momento a toda la línea de iPhones”, dijeron.
“Esta política ayuda a que los consumidores accedan al nuevo iPhone 17 a valores más competitivos desde su llegada al mercado”, añadieron.
Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, destacó: “El hecho que el arancel de importación sobre el iPhone se elimine es algo sumamente positivo para que el consumidor argentino pueda comprar tecnología en el país y por canales oficiales, como ocurre en la mayor parte del mundo. La Argentina es un país que tiene como ADN ser un comprador de tecnología, de los principales de América latina”.
“La demanda para el lanzamiento de iPhone ha sido muy fuerte. Es difícil estimar cuántos clientes particulares o de empresas estaban esperando la baja de aranceles. Hubo también a nivel mundial poca oferta de iPhone 17, y obviamente repercutió en la Argentina. En Uruguay sí tenemos stock de iPhone 17”, explicó.
Con respecto a cuotas y financiación, Goldín contó que hubo una baja de tasas en los últimos meses que incentivó la demanda, y por eso se hacen muchas promociones que dinamizan las ventas.
“El impacto en precios es bastante directo. Los 8 puntos de aranceles son 8 puntos de costos, así que el traslado a precios es bastante directo. En algunas categorías nos adelantamos a las bajas (porque sabemos que el costo de reposición va a ser menor). A futuro somos muy optimistas en la categoría iPhone”, proyectó.
Asia / Pacific
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