ECONOMIA
Ajuste fiscal: el gasto público crece menos que la economía y se profundizan los recortes en subsidios y empleo estatal
En los primeros nueve meses de 2025, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional mostró una caída real del gasto total del 31% respecto de 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El impacto abarcó a casi todos los sectores del Estado, con recortes profundos en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.
Entre los organismos más afectados figuran la Superintendencia de Servicios de Salud, con una reducción del 70% de su presupuesto, y varios hospitales nacionales con bajas que van del 30% al 38%. El Instituto Malbrán perdió el 22% de su ejecución, y la Anmat, encargada de fiscalizar medicamentos y alimentos, un 28%. El Incucai fue una de las pocas excepciones, con un incremento del 42% en sus partidas.
En el área científica, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación tuvo una baja de 83%, mientras el Conicet, la Conace, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Geológico Minero Argentino registraron caídas de entre 19% y 35%. En el ámbito educativo: programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente directamente no tuvieron ejecución, y los fondos para becas, formación docente y fortalecimiento edilicio cayeron hasta un 89 por ciento.
Los organismos de desarrollo productivo tampoco escaparon al ajuste. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto 78%, el INTA 38% y el INTI 45%, lo que afectó directamente la investigación aplicada, la innovación tecnológica y la asistencia técnica al sector industrial y agropecuario. La Comisión Nacional de Energía Atómica retrocedió un 44%, el ENRE un 22% y el Enargas un 28%, mientrasa persiste la discusión sobre la política energética y tarifaria nacional.
El área social también sufrió recortes de magnitud. La Anses redujo su ejecución en 7%, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en 72%. Los fondos destinados al Inaes se contrajeron 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia directamente dejaron de ejecutarse o registraron caídas del 100% al 88%, según el estudio privado. Los comedores comunitarios y merenderos tuvieron un ajuste del 63 por ciento.
El Ministerio de Capital Humano, que concentró buena parte de las áreas sociales y educativas, fue el más afectado dentro de la estructura estatal. La caída del gasto en Educación fue del 49%, mientras que en Niñez y Familia alcanzó el 72%. Los recortes también alcanzaron al Ministerio de Economía (51%), las Obligaciones a Cargo del Tesoro (53%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (21 por ciento).
Por el contrario, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto de 2023.
El proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA proyecta la continuidad del ajuste con un nuevo marco normativo que consolida el “blindaje fiscal”.
El texto establece que si la recaudación supera lo previsto, el Gobierno reducirá impuestos; pero si los ingresos caen, deberá recortar el gasto discrecional, es decir, el destinado a áreas como salud, educación y desarrollo social.
El Presupuesto mantiene la meta de equilibrio financiero, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0,3% del PBI. La proyección de crecimiento económico con 5% se ubica moderadamente por encima del consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, del 4,4 por ciento.
Del lado del gasto se consolida una política de recorte estructural en áreas sensibles. En educación, las partidas aumentan 4% nominal respecto de 2025. Las universidades nacionales siguen con recursos limitados, mientras los programas de becas estudiantiles muestran una caída acumulada del 76% desde 2023. En el Conicet, el recorte interanual será del 5,4%, acumulando una reducción de casi el 40% en tres años.
La Conae tendrá una partida 34% menor a la de 2025, mientras el INTA y el INTI registran caídas acumuladas del 44% y 49%, respectivamente. La Comisión Nacional de Energía Atómica perderá otro 13% interanual.
En el área social, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrirá un nuevo recorte del 7,3%, mientras la Prestación Alimentar y los fondos para comedores comunitarios retrocederán 2% y 17%, respectivamente, ante la baja observada en los índices de pobreza e indigencia.
El CEPA advierte que el Presupuesto 2026 no solo mantiene el sesgo contractivo del gasto público, sino que incorpora medidas estructurales que agravan la situación de los organismos. Entre ellas, la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, la eliminación del 6% del PBI garantizado para educación, del 1% para ciencia y tecnología y del Fondef (Fondo de Defensa Nacional).
Según Hernán Letcher, director del CEPA, “La lógica del desfinanciamiento no se limita a la reducción del gasto, sino que afecta las capacidades institucionales del Estado: Cuando el Estado deja de invertir en innovación, en control o en salud, no solo achica su estructura, también pierde soberanía técnica y científica”.
Desde una óptica más fiscal, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que el proceso actual combina dos dinámicas: “El gasto total crece, pero por debajo del PBI, por lo que el Estado va perdiendo peso relativo en la economía”. En los primeros nueve meses del año, el gasto indexado -incluye jubilaciones y pensiones- aumentó 18% en términos reales, mientras el gasto no indexado, donde se concentran salarios, obra pública y subsidios, cayó 10% real.
“Lo que más está cayendo son los subsidios a la energía, la obra pública, los salarios públicos y los subsidios al transporte”, detalló Argañaraz, quien advirtió que esa combinación genera un efecto multiplicador negativo: “El menor poder adquisitivo de los empleados públicos se traduce en menor consumo, y la caída de la obra pública implica menos actividad económica en ese sector y en las cadenas que dependen de él”.
Según los cálculos del Iaraf, el gasto total crecería este año un 2,1% real, por debajo del ritmo de expansión de la economía. Eso implica que el gasto público pierde incidencia en el PBI y, al mismo tiempo, que el superávit fiscal se sostiene a costa de un ajuste cada vez más profundo.
Para alcanzar la meta del 1,6% del PBI acordada con el FMI, el Gobierno debería intensificar los recortes: “Debería bajar un 16% real el gasto no indexado en el último trimestre, cuando ya venía cayendo 10%”, apuntó.
Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina (Argañaraz)
Argañaraz aclaró, sin embargo, que el desafío de fondo no es solo cuantitativo sino cualitativo: “Después de un ajuste grueso, tiene que venir una sintonía fina. Si la reducción de gastos provoca una caída directa en los servicios que presta el Estado y la demanda social se mantiene, aparecen los cuellos de botella”. En ese punto, advirtió que la eficiencia no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad de mantener los servicios públicos funcionando con menor presupuesto.
Daniel Garro, director de Value International Group, interpretó el desfinanciamiento como parte de una estrategia deliberada del Gobierno para “cerrar o debilitar organismos considerados ineficientes o redundantes”. Según explicó, “cuando la Ley Bases salió recortada y el Congreso o la Justicia impidieron avanzar con el cierre de ciertas dependencias, el Ejecutivo optó por desfinanciarlas”.
“El mensaje es claro -sostuvo Garro-: si no me permiten avanzar con la reestructuración, les saco la comida, la luz y el gas. Es una forma indirecta de cerrar los organismos. Se trata de una decisión política y fiscal: no hay plata, y si no se puede achicar por decreto, se achica por asfixia presupuestaria”.
En su análisis, el recorte no generará grandes disfunciones: “Muchos de esos organismos cumplen tareas que pueden hacer los privados, o son cajas políticas. Por eso, no habrá un impacto relevante en la actividad económica. Lo que el Gobierno busca es obligarlos a ajustarse, auditar sus gastos y eliminar ineficiencias”, conluyó Daniel Garro.
ECONOMIA
Los 10 CEDEAR que recomienda una reconocida sociedad de bolsa para invertir en el arranque del 2026
Con el calendario «en cero» y mercados atravesando una nueva etapa de definiciones, una de las principales discusiones entre inversores locales vuelve a girar en torno a cómo arrancar el 2026 posicionados en activos en dólares, sin resignar liquidez ni asumir riesgos de más.
En ese contexto, el último informe de Allaria puso el foco en una selección puntual de CEDEARs que, según su equipo de Research, combinan solidez estructural, diversificación entre sectores y señales técnicas favorables para el inicio de 2026.
El informe de la sociedad de bolsa no solo enumera los papeles sugeridos, sino que también deja entrever la lógica detrás del armado de cartera. Tras un año atravesado por cambios en la política monetaria y expectativas cruzadas sobre tasas de interés de la Fed, la estrategia para 2026 apunta a equilibrar crecimiento y defensa, con empresas líderes a nivel mundial y presencia en sectores clave de la economía internacional.
La recomendación de Allaria parte de un escenario donde la volatilidad se mantiene elevada y el ciclo económico internacional aún no termina de definirse, la calidad de los activos pasa a ser central. Por eso, la selección de CEDEAR prioriza compañías con modelos de negocio probados, balances robustos y capacidad para sostener márgenes aún en contextos menos favorables.
La cartera sugerida distribuye exposición entre consumo discrecional, tecnología, energía, salud, materiales y consumo básico, reflejando una visión pragmática sobre el comportamiento esperado de los distintos segmentos en los próximos meses.
El Top 10 de CEDEAR recomendados
Dentro de ese marco, Allaria definió un Top 10 de CEDEAR que considera atractivos para arrancar el 2026. La lista incluye los siguientes nombres:
Medtronic (MDT) – Salud
El gigante de dispositivos médicos aparece como una de las apuestas más conservadoras de la cartera. En un contexto de desaceleración económica, el sector health care suele funcionar como refugio relativo, y Medtronic destaca por su escala, diversificación geográfica y fuerte inversión en innovación médica.
Globant (GLOB) – Tecnología de alto riesgo
La empresa nacida en Argentina mantiene un lugar destacado dentro del segmento tecnológico. Allaria valora su exposición a servicios de alto valor agregado, vinculados a transformación digital, software e inteligencia artificial.
Aun con la volatilidad propia del sector, Globant conserva atractivo por su posicionamiento estructural.
Adobe (ADBE) – Liderazgo en software
Adobe representa una apuesta a tecnología madura y dominante. Su ecosistema de soluciones creativas y digitales le permite sostener ingresos recurrentes y márgenes elevados, incluso en ciclos económicos más exigentes.
En la cartera, cumple el rol de estabilizar la pata tecnológica.
Vale (VALE) – Materiales y commodities
La minera brasileña suma exposición a commodities industriales, un segmento que suele beneficiarse en escenarios de recuperación internacional.
Allaria destaca que, tras las correcciones recientes, las valuaciones siguen siendo competitivas, especialmente para inversores con horizonte de mediano plazo.
Tesla (TSLA) – Innovación
Tesla continúa siendo una de las acciones más seguidas del mercado.
Si bien su cotización muestra gran volatilidad, el informe resalta que sigue siendo una apuesta estratégica a largo plazo, vinculada a movilidad eléctrica, tecnología y transición energética.
MercadoLibre (MELI) – El favorito del mercado local
MercadoLibre es uno de los CEDEARs más operados en BYMA y una presencia casi obligada en carteras dolarizadas. Su liderazgo en e-commerce y fintech en América Latina, junto con su capacidad de crecimiento, la consolidan como pieza central dentro del consumo discrecional.
Trip.com (TCOM) – Turismo en recuperación
La compañía asiática aporta exposición directa al sector turismo, que continúa normalizándose tras la pandemia.
El informe subraya que el repunte del tráfico aéreo y la mayor movilidad internacional sostienen un escenario favorable para plataformas de viajes online.
Petrobras (PBR) – Energía y dividendos
Dentro del segmento energético, Petrobras se destaca por su capacidad de generación de caja y su política de dividendos. En un portafolio, aporta flujo en dólares y exposición a energía tradicional.
Chevron (CVX) – Energía con perfil defensivo
Chevron complementa la apuesta energética con un perfil más conservador. Su escala global, diversificación de operaciones y fortaleza financiera la convierten en un nombre defensivo dentro del sector oil & gas.
Target (TGT) – Consumo básico para equilibrar
El retailer estadounidense completa el Top 10 aportando consumo básico. En momentos de mayor incertidumbre, este tipo de compañías suele mostrar menor volatilidad relativa, funcionando como contrapeso dentro de la cartera.
Cómo se distribuye la cartera por sectores
Uno de los puntos centrales del informe es la segmentación sectorial. Según el relevamiento de Allaria, la mayor ponderación se concentra en consumo discrecional, que explica cerca del 30% de las recomendaciones. Le siguen tecnología y energía, con participaciones en torno al 20% cada una. Salud, materiales y consumo básico completan el esquema, cada uno con un peso más acotado pero estratégico.
Esta distribución busca capturar crecimiento en sectores dinámicos, sin resignar cobertura frente a eventuales shocks macroeconómicos.
Más allá del análisis fundamental, el informe incorpora referencias técnicas, como la relación entre precios actuales y medias móviles de 50 y 200 ruedas. En varios de los papeles seleccionados, los precios se mantienen por encima de estos promedios, una señal que el mercado suele interpretar como tendencia favorable.
Este enfoque refuerza la idea de que la recomendación no es meramente conceptual, sino que también responde a momentos de mercado concretos, pensados para el corto y mediano plazo.
CEDEAR como vehículo de dolarización
Para el inversor argentino, los CEDEAR siguen siendo una de las principales vías de dolarización dentro del mercado local. Permiten acceder a acciones internacionales, cubrirse frente al riesgo cambiario y diversificar sin necesidad de operar en el exterior.
En ese sentido, la selección presentada por Allaria funciona como una hoja de ruta para quienes buscan mayor exposición internacional, apostando a empresas líderes y sectores con perspectivas sólidas.
Más allá de esto, tal como aclara el propio informe, estas recomendaciones tienen carácter informativo y no constituyen una invitación directa a comprar o vender activos. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros, y cada decisión debe evaluarse según el perfil de riesgo de cada inversor.
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ECONOMIA
Por baja de retenciones y de impuestos, la recaudación tributaria cayó en diciembre por quinto mes consecutivo
Diciembre cerró con un nuevo aumento nominal de la recaudación tributaria del 27%, donde la baja de las retenciones sobre las exportaciones de la economía pampeana y la eliminación para las producciones regionales, junto al impulso de las importaciones -en un contexto de crecimiento del PBI cercano al 5% en 2025- determinaron caídas nominales en los ingresos por Ganancias e IVA de Aduana.
A pesar de la debilidad persistente en el consumo masivo de bienes perecederos, como los alimentos, se mantuvo el crecimiento en la producción y venta de bienes durables, sobre todo automotores, viviendas y motos, lo que contribuyó a sostener la recaudación de IVA-DGI cercana al ritmo de la inflación.
La Administración de la Seguridad Social también reflejó el impacto del aumento nominal y real de los salarios en el sector registrado, así como la regularización de pagos por parte de quienes adhirieron a planes de facilidades, aumentó 29,5 por ciento.
ARCA informó que en diciembre las tres fuentes de ingresos tributarios –DGI, Aduana y Anses– recaudaron en conjunto $16,5 billones, lo que implica una suba del 27% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los precios aumentaron 31,4% en el mismo período.
El análisis de los técnicos de ARCA destaca que “la variación interanual del último mes continuó viéndose afectada por la suspensión de derechos de exportación y reducción de aranceles”.
Se redujeron las alícuotas de derechos mediante Decreto 877/2025, a partir del 12 de diciembre. Las modificaciones principales sucedieron en:
- porotos de soja de 26% a 24%
- aceite y pellets de soja de 24,5% a 22,5%
- trigo y cebada de 9,5% a 7,5%
- maíz y sorgo de 9,5% a 8,5%
- girasol de 5,5% a 4,5%
“En el IVA Aduanero incidió positivamente incremento del tipo de cambio, en tanto atenuó la variación interanual la derogación a partir de marzo 2025 de la suspensión de los certificados de exclusión. En el año anterior los mismos se encontraban suspendidos por lo que la recaudación de las percepciones aduaneras se veía incrementada”, informó ARCA.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante diciembre las empresas del sector liquidaron operaciones por USD 1.015 millones, lo que representa un aumento del 33% respecto a noviembre de 2025, y acumuló un incremento del 25% en comparación con el año previo, totalizando USD 6.250 millones.
Ciara-CEC destacó en el informe de cierre de 2025: “Diciembre se caracterizó por el inicio de los embarques de trigo y cebada, así como por la continuidad de las exportaciones de soja y productos industrializados de la soja derivados del régimen especial del Decreto 682/2025 (suspensión temporal de derechos de exportación). El ingreso de divisas del mes es el resultado del anticipo de las mismas en septiembre”.
El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible (Ciara-Cec)
Las entidades agregaron: “El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial. La mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días en el de los aceites y harinas proteicas”.
En el año los recursos tributarios totalizaron $183,1 billones, con un aumento nominal de 39,4%, por debajo de la inflación promedio de 2025 que se ubicó en torno de 46,8%: cayó 5% en valores reales.
ARCA estimó: “Sin los cambios tributarios dispuestos en 2024 y 2025 la variación interanual habría sido cercana al 50%”, equivalente a un crecimiento ajustado por inflación de 2,2 por ciento.
“Las transferencias automáticas a provincias y CABA cerraron 2025 con una suba real interanual del 2,6% en diciembre”, estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
En diciembre de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5,6 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,6%. Por su parte, la coparticipación -es decir, las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones- habría sido prácticamente igual en términos reales a la de diciembre de 2024.
“Considerando la evolución individual de los envíos totales a las jurisdicciones, se observa que en algunos casos la variación real fue positiva y en otros negativa, con una amplitud de 10,4 puntos porcentuales, entre Santa Cruz (-1,6%) que fue la jurisdicción con mayor caída y Salta (+8,8%), la de mayor suba”, resaltó Iaraf.
Según el informe de la entidad que dirige Nadín Argañaraz, con datos de la Dirección Nacional de Administraciones Provinciales (DNAP), “el principal factor explicativo de este comportamiento diferencial se debe a que las compensaciones por el Consenso Fiscal tuvieron un fuerte incremento en diciembre para 12 de las 24 jurisdicciones. Las jurisdicciones con mayor suba en el mes fueron Salta, Misiones, Mendoza, Neuquén y Corrientes. Mientras que las de mayor baja fueron Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y San Luis”.
En el acumulado de 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones sumaron $59,9 billones y registraron un aumento del 43%, que se traduciría en una suba real del 1,6% al descontar la inflación del período.
Al analizar el desempeño entre jurisdicciones, se observa que Salta, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Neuquén y Corrientes tuvieron un incremento real interanual superior al promedio de las 24 jurisdicciones. El principal elemento que impulsó este diferencial respecto a las demás jurisdicciones se debe al significativo incremento real interanual de los envíos por compensaciones del 80% y a la elevada participación de estas provincias en dichos envíos. Por otro lado, entre las jurisdicciones con variaciones por debajo del promedio, las de menor desempeño fueron La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Santa Cruz.
ECONOMIA
Reforma laboral: salario, indemnización, jornada de 12 horas y más cambios clave para el trabajador
El proyecto de reforma laboral que el presidente Javier Milei quiere aprobar en febrero en el Senado establece cambios importantes en indemnizaciones, salarios, vacaciones y horas extras, entre otras modificaciones.
El texto presentado al Senado incorpora el concepto de «salario dinámico«, un sistema que permitiría a cada empresa negociar directamente con su representación sindical interna. También se incluye flexibilizar las condiciones de contratación y despido, redefinir derechos individuales y colectivos, y avanzar en una reducción permanente de las contribuciones patronales.
Salario dinámico: un cambio clave en la Reforma Laboral 2026
En la reforma laboral, el salario dinámico es un nuevo esquema de remuneración flexible, que se ajusta de manera más directa a la productividad, el desempeño individual o los resultados de la empresa, en lugar de estar atado exclusivamente a aumentos automáticos por inflación o negociaciones colectivas fijas.
También el proyecto suma nuevas reglas respecto a la forma en que el empleador puede abonar el salario, las compensaciones que se permiten y cómo se calcula la remuneración en función del tiempo trabajado o el rendimiento.
Su objetivo es modernizar los convenios colectivos, adaptándolos a la realidad de cada empresa y región, y establecer salarios que premien el desempeño.
La iniciativa pretende que los convenios fijen una exigencia mínima basada en «la empresa más desfavorecida en la zona más desfavorecida del país». En la práctica, esto podría implicar reducir los pisos salariales convencionales, permitiendo que cada firma ajuste los sueldos de acuerdo con sus resultados.
Desde el Gobierno aseguran que el nuevo sistema de salarios dinámicos ayudará a reducir los costos laborales y a fomentar el empleo formal, bajo la premisa de que el salario «no necesariamente debe estar atado a la inflación, sino al rendimiento del trabajador».
Reforma laboral: cambios clave con las horas extras y la jornada laboral
Además de las cuestiones del salario, otro tema clave es el de las horas extras y la jornada laboral. El empleador y el trabajador podrán acordar en forma voluntaria un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, formalizado por escrito. Esto incluye Institutos como banco de horas o francos compensatorios. Dicho régimen debe respetar los descansos mínimos legales y asegurar la protección del trabajador.
Los Convenios Colectivos de Trabajo u otros acuerdos colectivos podrán establecer métodos de cálculo de la jornada máxima que respete los descansos mínimos de 12 horas entre jornada y 35 horas de descanso semanal.
Esto significa que queda habilitado un sistema de banco de horas, en donde se deberán incluir controles verificables que permitan contabilizar horas trabajadas y horas disponibles para compensación. Los convenios colectivos podrán establecer parámetros propios para el cálculo promedio de la jornada.
Los descansos mínimos obligatorios se mantienen en doce horas entre jornadas y treinta y cinco horas semanales. El banco de horas permitirá que jornadas extensas se compensen con períodos más breves dentro del límite semanal legal vigente. La documentación generada por el registro horario deberá conservarse en formato digital o papel, con equivalencia jurídica.
Los parámetros de registro, control y compensación serán supervisados por los organismos laborales, que podrán requerir documentación adicional en situaciones de conflicto. Los empleadores deberán habilitar mecanismos de consulta para que los trabajadores accedan al detalle de las horas acumuladas.
Indemnizaciones por despido: las modificaciones
El proyecto introduce una nueva redacción del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y redefine el mecanismo para calcular la indemnización en los casos de despido sin causa. Se conserva el criterio general de un mes de sueldo por cada año trabajado, pero se incorporan modificaciones relevantes.
Por ejemplo, la base de cálculo pasa a ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, sujeta a topes determinados por el convenio colectivo aplicable.
La indemnización tendrá un límite máximo equivalente a tres veces el salario promedio del convenio correspondiente y, en ningún caso, podrá ser inferior a un salario mensual completo.
Además, el proyecto habilita a los empleadores a constituir fondos de cese laboral destinados a afrontar estas compensaciones y reafirma que la indemnización por despido constituye la única reparación posible, excluyendo la posibilidad de reclamos civiles paralelos.
Reforma laboral y vacaciones: qué cambia para el trabajador
La iniciativa establece que el período anual de vacaciones deberá otorgarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque permite que empleador y trabajador acuerden fechas fuera de ese lapso. En todos los casos, el empleador deberá comunicar el período con 30 días de anticipación.
Asimismo, se incorpora la opción de fraccionar las vacaciones por un mínimo de siete días, una práctica que ya se aplica en determinadas actividades. El texto también dispone que cada trabajador deberá gozar de vacaciones durante la temporada estival al menos una vez cada tres años.
Por otra parte, se regula el procedimiento ante la interrupción por enfermedad, estableciendo la obligación de reprogramar los días pendientes.
Promoción del trabajo formal y blanqueo laboral
El proyecto de ley oficial crea un régimen de incentivos para quienes contraten a trabajadores en blanco. La medida tendrá un año de vigencia, y establece que aquellas empresas que contraten a personas desempleadas, monotributistas o ex empleados públicos y aumenten la nómina de empleados, tendrán durante los primeros 4 años descuentos en el pago de las contribuciones patronales.
Por otro lado, se establece un régimen de blanqueo para los empleadores que cuenten con trabajadores no registrados. El mismo contempla, por un plazo de 6 meses, la extinción de la acción penal por evasión; la condonación de multas y un porcentaje de la deuda por aportes; y el pago de deuda hasta en 72 cuotas.
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