El aumento de la canasta básica mostró señales de desaceleración en marzo, pero en la última semana cuatro rubros acentuaron la preocupación

03/04/2026 – 11:10hs

La inflación en alimentos y bebidas cerró marzo con un aumento promedio de 2,3%. El dato surge de un relevamiento de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) que detectó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de las cuatro semanas previas.

La tendencia a la baja viene desde el pico registrado a fines de febrero. Sin embargo, la intensidad de esa moderación perdió fuerza.

La medición se realiza a partir de un relevamiento semanal de aproximadamente 8.000 productos en cinco supermercados, utilizando técnicas de web scraping que permiten capturar movimientos en tiempo real.

La última semana de marzo rompió la racha de caídas

En la última semana del mes, los precios del rubro treparon un 1,5%. Ese salto interrumpió dos semanas consecutivas de bajas que habían mostrado caídas del -0,2% y -0,6%.

Fue el tercer registro semanal de marzo con subas superiores al 1%. Una dinámica que no se había observado en lo que va de 2026.

El incremento marcó un quiebre en la tendencia descendente y reflejó presiones puntuales en categorías específicas que compensaron el comportamiento moderado de otras.

Qué productos impulsaron los aumentos en supermercados

Entre las categorías con mayores incrementos en la última semana de marzo se destacaron varios rubros clave de la canasta. Los productos de panificación, cereales y pastas lideraron las subas.

El ranking completo quedó así:

• Productos de panificación, cereales y pastas: +4,4%
• Lácteos y huevos: +2,6%
• Frutas: +1,9%
• Bebidas e infusiones para el hogar: +1,7%
• Azúcar, miel, dulces y cacao: +0,8%
• Aceites: +0,8%
• Carnes: +0,8%
• Condimentos y otros alimentos: +0,5%
• Comidas para llevar: +0,1%

El único rubro que mostró una baja semanal fue verduras, con una caída del 1,4%.

El informe de LCG señaló que la mayor parte de los aumentos recientes se explicó por la evolución de tres categorías. Carnes, lácteos y bebidas concentraron alrededor del 80% de las subas en las últimas cuatro semanas.

Diferencias entre consultoras sobre la inflación alimentaria

Por su parte, la consultora EcoGo estimó una suba mensual del 1,9% en alimentos y bebidas durante marzo. Esa cifra implica una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales frente a febrero.

La diferencia con LCG (2,3%) se explica por variaciones metodológicas y en la cobertura de productos relevados.

De acuerdo con el relevamiento de EcoGo, la dinámica estuvo influida por una moderación en el aumento de la carne. Ese rubro pasó de 5,2% en febrero a 4% en marzo.

También pesó el comportamiento de las verduras. Registraron una baja cercana al 1% tras haber subido en el mes previo.

En el desglose por tipo de consumo, los alimentos dentro del hogar aumentaron 2,1% en marzo. Los consumidos fuera del hogar subieron 0,8%.

Mayor dispersión de precios y qué esperar para abril

El informe de LCG detectó cambios en la dispersión de precios dentro de la canasta. Durante marzo, el 27% de los productos relevados registró variaciones.

Un 22% mostró subas y un 5% registró bajas. Eso representa un aumento respecto del mes anterior, cuando la cantidad de productos con movimientos había sido menor.

El comportamiento del mes dejó un arrastre estadístico de 0,4 puntos porcentuales para abril en el rubro alimentos y bebidas, lo que sugiere que la inflación del cuarto mes del año podría arrancar con esa base técnica.

La evolución de las próximas semanas será clave para confirmar si la desaceleración se sostiene o si los aumentos de fin de marzo anticipan un repunte en la inflación alimentaria.

Luego del anuncio de cierre e incertidumbre de sus 450 trabajadores y usuarios, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Grupo Zbikoski para operar la línea 148, previamente administrada por la empresa “El Halcón” que conectaba la Estación Constitución con Florencio Varela, en el sur del Conurbano bonaerense.

Así quedó establecido a través de la firma de un “acta de entendimiento” entre la Secretaría de Transporte, la empresa La Central de Vicente López (que opera como Misión Buenos Aires) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en representación de los trabajadores.

Según el acuerdo, reportó enelSubte, se implementará un “esquema de transición operativa” para asegurar tanto la prestación del servicio como la estabilidad laboral del personal.

La resolución es de carácter “excepcional” y tiene como único objetivo restablecer el funcionamiento de la línea, que dejó de operar por completo en enero. La cartera de Transporte, de todos modos, mantiene abierta la posibilidad de adoptar medidas regulatorias definitivas, incluida una eventual relicitación de la concesión.

Conocida la noticia del cierre, y a fin de asegurar la continuidad y regularidad del servicio, la Subsecretaría de Transporte Automotor había notificado a las 5 cámaras empresariales que licitaría los recorridos de la línea.

“Las propuestas deberán contemplar, entre otros aspectos, la capacidad operativa disponible, el parque móvil y el esquema de prestación previsto, debiendo asimismo prever mecanismos que permitan garantizar la absorción del personal actualmente vinculado a la operación de la línea y asegurar la adecuada cobertura de la demanda existente, de modo tal de resguardar la continuidad, regularidad y calidad en la prestación del servicio público”, había señalado la comunicación oficial.

De momento, únicamente estarán en funcionamiento los ramales “C” Cementerio, “C” La Capilla, “E” Solano por 844, “F” Solano por Monteverde, “H” Villa del Plata por Mosconi e “I” Solano por Pasco. Los ramales restantes (B por Acceso, B – El Jalón, C por Senzabello y G por San Martín) permanecerán sin operar.

El cese de actividades se había dado en un marco de falta de servicio y reiterados incumplimientos. Fuentes del sector afirman que el cierre surge a raíz de “una administración complicada” y problemas con los subsidios, que fueron generando atrasos en los pagos.

Explicaron que llegó un punto en el que la compañía dejó de renovar su flota y comenzó a deteriorar su patrimonio. La falta de inversiones para actualizar los vehículos y el consecuente aumento de costos —con repuestos cada vez más caros— deterioraron progresivamente la situación financiera, que terminó desembocando en el desenlace conocido.

Otras fuentes destacaron la falta de renovación de los colectivos: “La última unidad que renovaron fue en 2017. Lo habitual es renovar al menos el 10% de la flota por año. En una empresa con unos 200 colectivos, eso implicaría reemplazar cerca de 20 unidades anuales”.

También advirtieron que la demanda de la línea se concentraba en franjas muy acotadas del día. Aunque en determinados momentos los colectivos circulaba completos, esa situación solía limitarse a apenas dos o tres horas, lo que derivaba en una incapacidad para cubrir costos.

“La empresa tendría que haber tenido una reestructuración hace 15 años”, opinan y agregan que una opción sería conservar los ramales que resultan sostenibles desde el punto de vista operativo y transferir aquellos deficitarios a servicios de carácter local, comunal o provincial, de modo de redistribuir la cobertura sin comprometer la viabilidad del sistema.

Los empleados relataron que en los últimos meses la falta de recursos dificultó el sostenimiento de la empresa, provocando la reducción paulatina de los recorridos y, finalmente, la interrupción total del servicio.

La empresa de transporte tiene un arraigo importante en la zona sur. Un ejemplo de ello es el club Defensa y Justicia, de Florencio Varela, que milita en la máxima división del fútbol argentino. En los años 80, la institución adoptó los colores verde y amarillo, los mismo que identifican a los colectivos de la línea 148. Y también recibió el apodo vinculado a la empresa, que mantiene hasta hoy: “el halcón de Varela”.

Mientras busca captar más obras y empleos en los sectores de minería y energía con la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027; la administración de Javier Milei mantiene vigente una medida que les impide a varias empresas inversoras poder actualizar por inflación los saldos del impuesto a las Ganancias que tienen a favor por quebrantos impositivos registrados en los últimos años.

Tras un dictamen emitido a fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desconoce los ajustes de los quebrantos impositivos por las variaciones inflacionarias que han realizado las empresas y considera que las diferencias surgidas hasta ese año entran en la categoría de «deudas tributarias» que se deben afrontar.

Impuesto a las Ganancias: una medida de ARCA preocupa a empresas con RIGI

En tanto, para los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2025,el artículo 190 de la ley de modernización laboral que aprobada por el Congreso en febrero dejó establecido que «los quebrantos generados desde esa fecha en adelante se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el INDEC».

Si bien el organismo recaudador, que conduce Andrés Vázquez, tiene abiertos distintos planes de pago para regularizar la situación de los años anteriores, los abogados de las medianas y grandes empresas afectadas resisten la interpretación oficial y advierten que el total de lo reclamado estaría en torno de u$s 5.000 millones que de pagarse dejarían de ir a las obras e inversiones comprometidas.

Según la normativa vigente, si una empresa cierra un ejercicio anual con pérdidas puede trasladarlas a los siguientes balances para que sean compensadas con las ganancias que se obtengan en esos períodos.

Al momento de liquidar los pagos de Ganancias, la mayoría de las empresas que habían acumulado resultados en los últimos años procedieron a actualizar sus quebrantos con los registros inflacionarios del 211% de 2023 y del 118% de 2024.

Tras no convalidar esas actualizaciones que presentaron compañías de distintos sectores que van desde productoras de alimentos hasta operadoras de servicios públicos; el titular de la ARCA avanzó con inspecciones integrales a todas las empresas que habían tomado la inflación como parámetro de ajuste a contramano del planteo oficial que establece que los montos de los quebrantos debían permanecer sin cambios.

La no actualización de los quebrantos impositivos anteriores a los balances de 2025 forma parte de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le viene planteando al Gobierno desde hace varios meses.

A fines del año pasado, por medio de una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida «genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo».

Ante las intimaciones lanzadas por ARCA para cancelar las «deudas tributarias» generadas en las presentaciones de Ganancias, solo la petrolera YPF y Pampa Energía decidieron aceptar el criterio oficial y saldar lo reclamo mediante planes de pago.

Empresas recurren a la Justicia para modificar medida de ARCA 

La mayoría de las empresas decidió resistir la movida de ARCA con reclamos administrativos y judiciales. Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), la empresa controlada por las familias Cavallo y Brandi que tiene negocios en petróleo, gas y energía renovables.

Su reclamo contra la posición de ARCA se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, el organismo administrativo que depende de la subsecretaría de Ingresos Públicos y que ahora tiene que resolver esta cuestión clave que es seguida de cerca por otras empresas energéticas que están en la misma situación y con proyectos de inversión encuadrados dentro del RIGI.

PCR es la segunda empresa generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos que tienen una capacidad de generación total de 530 MW y tiene en camino dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos localizados en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis.

A mediados de marzo, la empresa consiguió de la IFC –la pata financiera del Banco Mundial—y otras entidades comerciales un crédito por u$s110 millones para la construcción del «Parque Eólico Olavarría» que demandará una inversión total de u$s 257 millones.

El parque -que alimentará de energía renovable a la siderúrgica ArcelorMittal Acindar- integra la lista de los proyectos del RIGI que ya cuentan con la aprobación de las autoridades económicas, mientras la empresa inversora sigue jaqueada por el reclamo que llevan adelante los funcionarios del ente recaudador.

RIGI: los proyectos aprobados hasta el momento 

En lo que respecta al RIGI, hasta ahora se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados que se desarrollarán básicamente en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.

Los proyectos con visto bueno oficial se concentran principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% del total las inversiones proyectadas que llegan a casi u$s 30.000 millones.

Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.

A mediados de febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI por un año más y permitió que se sumen proyectos vinculados a la exploración y producción de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de u$s 600 millones.

Entre los principales incentivos que ofrece el RIGI a las empresas inversoras sobresalen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales.

Más allá de los anuncios oficiales sobre las bondades del RIGI, el economista Santiago Polo advirtió que «tras la extensión por un año y la ampliación del listado de proyectos aprobados, ahora el régimen le plantea desafíos al Gobierno en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados».

En un análisis publicado en el sitio «ElAuditor», el economista alertó que «el principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas».

«En ese proceso—destacó Polo– también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país».