La pelea licitatoria por el manejo de la Hidrovía quedó planteada entre dos empresas belgas y una brasileña que se han presentado como oferentes en la licitación que lleva adelante la administración de Javier Milei.

Hidrovía: las 3 empresas que compiten por el manejo

La lista de las competidoras que buscan quedarse con la concesión del dragado y balizamiento bajo el régimen de peaje está integrada por:

• Jan de Nul, la compañía belga que viene dragando la vía navegable troncal (VNT) desde mediados de la década del 90.
• La empresa DEME (Dredging, Environmental & Marine Engineering NV), que también tiene su casa matriz en Bélgica y apunta a quitarle el negocio a Jan de Nul.
• La compañía brasileña DTA Engenharia LTDA, que concentra la mayor parte de los proyectos de modernización de canales y puertos en su país y que ahora quiere extender su accionar al principal corredor navegable de Argentina.

La evaluación de las ofertas se realizará por medio de un atípico y complejo mecanismo que contiene tres filtros de análisis y valoraciones.

El exhaustivo método que aplicará el Gobierno

Según la reglas de juego fijadas en la licitación que lleva adelante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), lo que está en juego es una «concesión de obra pública con cobro de peaje, sin aval del Estado, a riesgo empresario y por un período de 25 años, prorrogable por hasta cinco años más de la vía navegable troncal (VNT) que se extiende desde el km 1.238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior, en el km 239,1 del canal Punta Indio».

Las tres compañías oferentes deberán acreditar un patrimonio neto superior a u$s 300 millones, una facturación anual de al menos u$s 450 millones y un promedio de obras de dragado por encima de u$s 300 millones en los últimos tres ejercicios. Por el lado técnico, tendrán que demostrar la disponibilidad de seis dragas de succión, un volumen de obra no menor a 15 millones de m³ en puertos y canales, y un nivel mensual mínimo de 500.000 m³ de dragado.

Al igual que en la anterior licitación fallida de principios de 2025, la administración libertaria prohibió que participen las empresas dragadoras «controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales». Tampoco han podido ofertar las «empresas que se encuentren incluidas en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU.»

Las restricciones también alcanzaron a las empresas que «hayan cesado como concesionarios de cualquier otro ente estatal por una causa que le sean imputables y que tengan sanciones judiciales o administrativas por abuso de posición dominante, dumping y competencia desleal». A ellas se agregaron las empresas condenadas en el extranjero por prácticas de soborno o cohecho transnacional y las incluidas en las listas de inhabilitadas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En materia de avales y respaldos económicos, las empresas competidoras deben presentar una garantía de u$s 20 millones por el mantenimiento de la oferta y otra por una suma de u$s 40 millones por el cumplimiento de contrato. Además, deberán incluir un compromiso firme de financiamiento que cubra por lo menos el 50% de las inversiones iniciales.

Las ofertas, segmentadas en tres sobres

Las ofertas para quedarse con el negocio de «las obras de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del dragado y señalamiento de la hidrovía bajo el régimen de peaje» se presentaron segmentadas en tres sobres: antecedentes legales, financieros y técnicos (1), plan de trabajo (2) y propuesta económica (3).

El primer filtro –que demandará entre dos y tres semanas de análisis- tomará en cuenta la «salud» económica y financiera de las empresas y los «fierros» en materia dragas y equipos que tengan disponibles para la realización de las obras de dragado y balizamiento. En este caso, la comisión evaluadora deberá definir quienes resultan «aptas» para seguir y que competidoras quedan al margen de la licitación.

En la segunda instancia de análisis, los funcionarios de la ANPYN tendrán que evaluar y calificar los trabajos previos de las empresas, los planes de trabajos que diseñaron para cumplir con las exigencias de los pliegos y las capacidades técnicas y operativas del personal y los profesionales que estarán a cargo de las obras.

Para el análisis técnico se utilizará una escala valorativa de cinco calificaciones: regular, básica, buena, muy buena y excelente. La puntuación máxima a otorgar en este segmento será de 80 puntos y para pasar a la tercera ronda las empresas deberán alcanzar un piso mínimo de 40 puntos.

En función de la valoración y los puntos que obtengan las oferentes, la comisión evaluadora establecerá un orden de mérito que ampliará las chances de ganar de aquellas empresas que ocupen los primeros lugares.

En la última instancia, los funcionarios procederán a abrir los sobres que contienen las tarifas de peaje que quieren cobrar las empresas para poder cumplir con las obras contractuales y obtener ganancias. Los peajes solicitados deberán estar encuadrados dentro de los valores mínimos y máximos fijados para cada etapa de obra.

Con este esquema podrá darse el caso de que gane la concesión una empresa que tenga un peaje más elevado que otra, pero con una mejor calificación técnica.

Obras y peajes, entre las obligaciones de las empresas

En los primeros meses de la concesión denominada «Etapa 0», el nuevo operador privado deberá poner al día las tareas de mantenimiento y mejoras esenciales de la VNT. Para este período, tendrá que cotizar un peaje que ronde entre un mínimo de u$s 3,80 por Tonelada de Registro Neto (TRN) y un máximo de u$s 4,20, que se encuentra por debajo de la tarifa actual de u$s 4,30.

En la siguiente «Etapa 1», deberá asegurar un dragado de 36 pies en el tramo principal con una tarifa encuadrada entre un mínimo de u$s 4,65 y un máximo de u$s 5,05 por TRN. Este último valor peaje es un 17% más alto que el actual.

En la «Etapa 2», la profundidad de la VNT tiene que llegar a 40 pies con una tarifa mínima de u$s 5,78 y un techo de u$s 6,18 que representa un 44% más que el peaje actual de u$s 4,30 por TRN.

Con los estudios de ampliación del dragado a 42 y 44 pies que deberá presentar en el quinto año del contrato, el futuro concesionario tendrá que definir el nuevo valor del peaje que pretende cobrar. De acuerdo con las proyecciones del sector, esa tarifa podría ser entre un 100% y 150% más elevada que la actual.

Además, la empresa que se adjudique la concesión tendrá que hacer frente a un pago inicial de u$s 35 millones que se usará para cancelar las deudas pendientes de la ANPYN con los actuales subcontratistas de los trabajos de dragado y balizamiento.

A su vez, cuando empiece a cobrar peaje deberá depositar el 2% de sus ingresos para tareas de «fiscalización y control»; otro 2,5% a un fondo destinado a «obras de seguridad» que administrará la ANPYN y 1,5% a otro fondo para mejoras adicionales en la VNT no previstas en la concesión.

La empresa Rizobacter, una de las firmas del grupo de biotecnología agrícola Bioceres, dio un paso clave en el proceso de mejora de su perfil financiero, al alcanzar las mayorías necesarias para aprobar la reestructuración de Obligaciones Negociables (ONs) por USD 3,8 millones recientemente anunciada, cuyo vencimiento estaba previsto para el 10 de febrero.

Según informó la compañía en una presentación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), las adhesiones de los tenedores superaron el 76% del capital emitido, lo que habilita la implementación del nuevo esquema.

En esa nota, Rizobacter informó que “ha obtenido el consentimiento de Tenedores de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B que representan el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B en circulación, superando de esta forma el 70% requerido en el Suplemento de Prospecto a los efectos de aprobar la reestructuración».

Tras el acuerdo, fuentes de Bioceres señalaron que con el mismo ”se reordena el perfil de vencimientos y se gana previsibilidad” en el marco de un proceso más amplio. En ese sentido, señalaron que en lo que hay “conversaciones muy avanzadas” con bancos, inversores y otros tenedores de la deuda de la empresa. “En un contexto desafiante para el sector agropecuario, la readecuación apunta a extender plazos y ajustar condiciones para ordenar compromisos de corto y mediano plazo”, agregaron.

El acuerdo alcanzado contempla el pago del 20% del capital residual el próximo 3 de marzo de 2026, junto con los intereses devengados, y un cronograma de amortizaciones escalonadas hasta septiembre de 2028. El cronograma de pagos a los tenedores para 2026 también contempla un vencimiento por más de USD 16 millones en junio.

Fuentes del mercado al tanto de la negociación explicaron que en los últimos meses, compañías agroindustriales como San Miguel, la firma citrícola que también optó por reestructurar su deuda mediante el canje de ONs, avanzó en procesos de extensión y reordenamiento de vencimientos, “en busca de mayor previsibilidad financiera en un escenario de tasas altas y menor liquidez”.

Otro caso similar se observó en Los Grobo y Agrofina, que están vinculadas societariamente y tienen gran peso en el sector agroindustrial. Debieron afrontar procesos de reetructuración, dado que a finales de 2024 e inicios de 2025, informaron impagos por un total de unos USD 21,4 millones y casi $9.400 millones, respectivamente.

Asimismo, Red Surcos, especializada en fitosanitarios, declaró un default en diciembre de 2024 y anunció una reestructuración de deuda tras incumplir pagos por aproximadamente USD 3,5 millones y $9.364 millones en pagarés bursátiles.

A partir del reperfilamiento de los vencimientos, Bioceres Crop Solutions (BIOX), la acción de la filial que opera en el Nasdaq, sufrió una depreciación superior al 90% anual, luego de haber tocado máximos en febrero de 2025. Esta caída la posiciona como una penny stock, categoría reservada para compañías cuyas acciones valen menos de USD 1, y la deja expuesta a una posible exclusión del mercado estadounidense.

Al mismo tiempo, la estructura local del holding presentó dificultades financieras. Bioceres S.A., la empresa argentina con sede en Rosario que fue el origen de BIOX, comenzó un proceso de convocatoria de acreedores debido a una deuda impaga cercana a los 39 millones de dólares.

Esta medida se tomó después de que la compañía incumpliera el pago de pagarés bursátiles por más de 5 millones de dólares, en un escenario de fuerte disminución en los ingresos y activos financieros. Aunque Biox y Bioceres S.A. ya no mantienen relación operativa directa, la segunda fue la principal accionista de la primera hasta la reestructuración del grupo, concretada a mediados del año pasado.

La crisis afectó también a la filial tecnológica del grupo en Estados Unidos. Recientemente se conoció que el control de ProFarm Group, parte de Bioceres Crop Solutions, quedó en manos de un consorcio de acreedores tras la ejecución de garantías por 55 millones de dólares.

La compañía comunicó que el proceso judicial sigue abierto y en etapa de apelación, y remarcó la diferencia entre el valor de ejecución (15 millones de dólares) y los 243 millones que BIOX había pagado por la adquisición de esa firma en 2022, cuando el sector agrícola atravesaba un momento favorable.

El Senado se encamina a aprobar la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y darle sanción definitiva a una ley que realiza numerosos cambios para empresas y empleados en materia de salarios, indemnizaciones y vacaciones, tras una dura negociación con los gobernadores que finalmente le permitió a la Casa Rosada realizar un trámite exprés en las últimas tres semanas.

La sesión convocada para las 11:00 dará lugar a la tercera y última votación del proyecto de «modernización laboral», que tuvo media sanción del Senado en la madrugada del 12 de febrero pero, cuando pasó a Diputados, el oficialismo se vio forzado a eliminar un polémico artículo que fijaba recortes salariales en casos de licencia por enfermedad, modificación que obligó a devolverlo tras la aprobación de la Cámara baja el 19 de febrero.

Para el día de hoy, se prevé una jornada extensa. El Gobierno montó un fuerte operativo en las inmediaciones del Congreso y hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda. 

La jornada legislativa contempla también el tratamiento de la reforma del Régimen Penal Juvenil, mediante la cual se busca bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

En la primera votación del Senado, incluso con ese controvertido artículo, el proyecto había cosechado 42 votos a favor y 30 en contra, una abultada mayoría que La Libertad Avanza (LLA) consiguió con la ayuda de la UCR, el PRO y principalmente de los bloques provinciales que responden a gobernadores, y que a su vez anticipa una votación favorable para la ley.

El otro aspecto que casi le asegura al oficialismo la sanción de la ley es que en el debate de la Cámara de Diputados logró aprobar la iniciativa tal cual había salido del Senado, donde la jefa del bloque LLA, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, negociaron una batería de más de 50 modificaciones sobre el texto para asegurarse la mayoría, que se mantuvieron en reserva hasta poco antes de la votación.

La reforma laboral se encamina a ser ley, pero la pulseada con los gremios sigue en la Justicia 

La Cámara baja no hizo un solo retoque, a pesar de que por momentos hubo temor en el oficialismo por la posibilidad de perder la votación sobre el capítulo del proyecto que crea el nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones. Éste era uno de los puntos más cuestionados porque el fondo se financia con los aportes que hasta ahora iban a la ANSES. No obstante, LLA y sus aliados pudieron blindarlo con 130 votos, 13 más que el rechazo de la oposición.

En este marco, de cara al debate final de este viernes el oficialismo del Senado estima que los 42 votos que consiguieron en el tratamiento anterior son ahora el piso para la sanción de la ley y no descartan sumar alguno más. «Puede salir igual o incluso con un poco más de apoyo», deslizaron fuentes de LLA a iProfesional en las horas previas a la sesión.

Sin embargo, aunque el gobierno de Milei se lleve su esperado triunfo del Congreso con la sanción de la ley, le espera una nueva pelea para poder mantenerla en pie y se dará en la Justicia. La CGT y otras organizaciones gremiales definieron que el próximo lunes se movilizarán a los tribunales de la calle Talcahuano (sede de la Corte Suprema) y presentarán un planteo de inconstitucionalidad.

Al igual que el Gobierno la central gremial también da ya por aprobada la ley, pero descartaron llamar a un nuevo paro general -como el que activaron durante el debate de Diputados- y en su lugar decidió tomar el camino de la judicialización, con la expectativa de trabar la puesta en marcha de los 217 artículos que contiene la nueva norma.

Senadores definen la baja de la edad de imputabilidad

Los cambios en indemnizaciones, salarios y vacaciones que vienen con la reforma laboral

Pese a ello, se prevé que el Presidente promulgue la ley rápidamente y se publique en el Boletín Oficial el mismo lunes, dado que la reforma laboral es uno de los pilares centrales de su plan de gobierno. De hecho, Milei hará gala de este triunfo político -impensable hace pocos meses atrás- en el discurso que dará el domingo por la noche en el Congreso para inaugurar el nuevo período de sesiones ordinarias.

De esta forma, el Gobierno tiene previsto poner en vigor inmediatamente los cambios que establece la nueva ley, cuyos puntos principales son:

• Fin de la llamada «industria del juicio»: la nueva norma redefine la «mejor remuneración» para el cálculo de las indemnizaciones al tomar solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios. Con esto, el Gobierno pretende eliminar la discrecionalidad de las sentencias y alentar el empleo registrado.
• Indemnizaciones: Se mantiene el pago de un mes de sueldo por año trabajado como base, con un tope de tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable. Además de dejar de considerar para el cálculo los conceptos de pago no mensuales, las indemnizaciones se actualizarán por IPC más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonarlas en 6 cuotas y las pymes en 12.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Los empleadores podrán constituir este fondo para el pago de indemnizaciones futuras. Serán administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se financiarán con una parte de los aportes del salario que hoy van a la ANSES. Ese aporte será de 1% mensual en el caso de las grandes empresas y de 2,5% mensual para las MiPyMEs.
• Prelación de los convenios colectivos: se establece que un convenio interno de empresa una provincia prevalece por sobre un convenio general del sector en ámbito nacional.
• Salarios «dinámicos»: Si bien el concepto no está expresado de esa forma, el texto de la nueva ley establece que se podrán atar sueldos y aumentos a la productividad personal, un esquema que podrá adoptarse mediante acuerdos paritarios regionales, por actividad o por empresa.
• Jornada laboral y banco de horas: La Ley de Contrato de Trabajo establecía que la jornada máxima en 8 horas diarias, mientras que con la nueva normativa el límite se extiende a 12 horas, con 12 de descanso. A la vez, en lugar del pago de horas extraordinarias los empleadores podrán disponer de un banco de horas para compensarlas con períodos de descanso (francos o jornadas reducidas). No obstante, la posibilidad de pago tradicional no se elimina.
• Vacaciones: Se tomará el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y se habilita acordar el período vacacional fuera de la temporada de verano, así como el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.
• Contribuciones patronales: En línea con la meta de promover el empleo registrado, la ley ofrece descuentos en las contribuciones patronales por hasta 4 años para nuevas contrataciones, condonación de multas y pagos en cuotas, como parte del Régimen de Incentivo para Formalización Laboral.
• Registración laboral simplificada y digital (ARCA): El registro ante ARCA será suficiente para la contratación formal de un empleado. No podrán exigirse requisitos extra por otras autoridades.
• Derecho a huelga: La reforma fijó porcentajes mínimos de prestación de tareas durante las huelgas para mantener el funcionamiento, según el tipo de actividad. En servicios «esenciales» (salud, educación, transporte y telecomunicaciones) deberán asegurar una cobertura del 75%. En los servicios «trascendentales» (Producción industrial, logística, finanzas, energía) será del 50%.
• Cuota sindical: Los gremios consiguieron que el Gobierno mantenga el pago compulsivo en lugar de que sea opcional, como establecía el proyecto original, pero con un tope del 2% del salario mensual y por dos años.
• Aportes solidarios: Los aportes de los empleadores no socios de las cámaras empresarias, así como los de los empleados no afiliados a los sindicatos seguirán siendo obligatorios por un plazo de dos años.

Con todos estos cambios centrales para empresas y empleados, el Senado se encamina a sancionar la ley de reforma laboral, con la cual el gobierno de Javier Milei habrá coronado uno de los avances más importantes de su plan de gestión. El Ejecutivo no demorará la puesta en vigor de la nueva legislación, aunque la disputa continuará en los tribunales a partir de la judicialización que impulsa la CGT.