La volatilidad del dólar «que flota» hizo ruido a nivel político, pero no parece haber hecho mella en el «festival de importaciones», que incluye la fiebre por la ropa barata china de Shein, hasta autos eléctricos y compras de tecnología vía Amazon. 

Al menos, eso es lo que se desprende de la última encuesta REM, en la que bancos y consultoras, que respondieron justo en plena corrida cambiaria, mantuvieron sus proyecciones sobre un flaco saldo comercial para el año.

Los expertos previeron, en promedio, que las compras desde el exterior terminarán el año en u$s75.115 millones, lo que implica una pequeña baja de 0,3% respecto de la cifra que se había previsto el mes anterior. Esto implicaría que, hasta fin de año, habrá un promedio mensual de importaciones por u$s6.360 millones. Es una cifra que supera en 25% el promedio mensual del año pasado.

Del otro lado del mostrador, se espera que las exportaciones apenas mejoren un 2,4% respecto de 2024.

El hecho de que la variación en las proyecciones de los economistas haya sido tan pequeña en el último REM llama la atención, dado que se realizó con un dólar mayorista de $1.307, mientras a fines de junio las proyecciones se habían hecho con un tipo de cambio de $1.205.

Es decir, una corrección devaluatoria de 8,4% en un mes no logró alterar la perspectiva sobre la competitividad de la economía argentina.

Y es un dato que no sólo contradice los intentos de Toto Caputo por llevar tranquilidad al mercado -con el argumento de que se mejoró en términos relativos porque los países vecinos revaluaron sus monedas mientras el peso se devaluó- sino que, además, mantiene la preocupación sobre el déficit de cuenta corriente que será necesario financiar.

Un superávit que adelgaza

Puesto en números, el deterioro de las expectativas es elocuente: a inicios de año, la expectativa del mercado era que la balanza comercial dejara un saldo positivo de u$s12.144 millones. Pero, mes a mes, los expertos fueron retocando a la baja su previsión de exportación, y al alza la de importación, en el marco de una política de revaluación del peso.

En definitiva, en un semestre la previsión de saldo comercial se redujo a la mitad: u$s6.507 millones, producto de ventas por u$s81.662 millones e importaciones por u$s75.115 millones.

Y, si bien ya no es sorpresa la velocidad que están tomando las importaciones -que, además del tipo de cambio, tienen el incentivo de bajas arancelarias y desregulaciones-, lo que sí llama la atención es el pobre desempeño exportador. Si no fuera por el rubro petrolero, que crece a una impactante tasa de 74% interanual, las exportaciones habrían caído respecto del año pasado.

Para peor, la situación se complica todavía más si se considera que la gran esperanza del gobierno para el segundo semestre era que el rubro petrolero viviera un boom de ventas que compensara por el bajón estacional de exportaciones del campo. Sin embargo, las últimas noticias que llegaron desde Vaca Muerta han traído preocupación: la caída de los precios del mercado global ha impactado sobre el principal yacimiento argentino, de manera que se están desinflando las expectativas originales.

Hablando en plata, se esperaba que la balanza neta del rubro energético dejara un saldo de u$s8.000 millones en todo el año. Pero la merma en la producción de las últimas semanas, admitida por los principales ejecutivos del sector, ha hecho que se tema por un recorte de hasta u$s2.000 millones en esas ventas.

¿Se puede pagar la cuenta?

¿Está mal que, mientras las exportaciones se estancan, las importaciones argentinas vayan en este segundo semestre a un nivel promedio de u$s6.360 millones por mes? Es una pregunta que genera respuestas dispares en el mercado, porque lo que se discute no es sólo si el monto es pagable, sino en qué se gastan las divisas escasas.

Los economistas coinciden en la regla del «tres a uno», según la cual, por cada punto del PBI que crece la economía, las importaciones deben subir tres puntos. Ante una expectativa de que la variación del PBI este año sea de 5,5%, entonces se consideraría normal una suba de hasta 17% en las importaciones, para asegurarle a la industria los insumos necesarios para incrementar su producción.

Pero la realidad es que la relación pasó a ser de «cinco a uno» y, sin embargo, no hay industriales que se muestren contentos. Más bien al contrario, se quejan de que los rubros que están liderando las importaciones no son los que hacen crecer a la producción nacional, sino que se concentra en productos finales para consumo.

Es así que la Unión Industrial Argentina denunció que ese sector pierde empleos a un ritmo de más de 1.500 puestos por mes.

Hubo casos puntuales de alto impacto, como la suspensión del 80% de la producción en la planta de Villa Constitución de Acindar, por la caída de las ventas en el mercado interno. Pero el sindicato denunció que, además, había otro factor preocupante: la producción local está siendo desplazada por la importación desde China, que es realizada incluso por la propia Acindar.

Y en la industria textil, uno de los más impactados por la apertura arancelaria, se denunciaron casos de «dumping» que llevaron la participación de productos importados a 67% del mercado, cuando el promedio de la última década fue de 55%.

Manija importadora

No es fácil la disyuntiva para Toto Caputo. Por un lado, es consciente de que con el escenario actual se promueve la importación mientras se ralentiza la producción local. Y, además, cuenta con la presión del propio Fondo Monetario Internacional, que está insinuando la conveniencia de un tipo de cambio más alto.

En uno de sus últimos reportes, contrariando el discurso del gobierno -que afirmaba que el déficit de la cuenta corriente era un síntoma positivo porque implicaba que la economía en crecimiento requería muchas importaciones- había sugerido que, considerando su débil cobertura de reservas y sus dificultades de acceso al mercado financiero internacional, Argentina debería contar con un superávit de cuenta corriente de 1,4% del PBI, como forma de evitar eventuales turbulencias.

Hablando en plata, el superávit de cuenta corriente que sugiere el FMI se ubicaría en torno de u$s10.000 millones, mientras que las proyecciones de los economistas hablan de un déficit en torno de u$s14.000 millones.

Sin embargo, las perspectivas de que la situación cambie son bajas: por un lado, el gobierno no sólo no reniega de la apertura comercial sino que la defiende, tanto por motivos ideológicos como prácticos: el ingreso masivo de productos importados a bajo precio ayuda a mantener a raya la inflación.

Por otra parte, las señales del mercado en los últimos días, con subas de tasas de interés y con intervención oficial en el mercado de futuros del dólar refuerza la visión de que el gobierno, por más que predique la libre flotación de la moneda, no quiere que antes de las elecciones se repitan episodios como el de fin de julio.

Es decir, no habrá una suba del dólar que desincentive las importaciones. Más bien al contrario, es probable que se replique el escenario de los momentos de atraso cambiario, cuando muchos importadores adelantan compras para acumular stock, ante la previsión de que dentro de unos meses los precios podrían encarecerse.

Otra apuesta a la soja

Con estos datos a la vista, no resulta extraño que el gobierno haya ratificado la baja de retenciones a la exportación agrícola. En el balance, se trata de un sacrificio fiscal de 0,1% del PBI, pero que se vería compensado por una aceleración en las ventas del campo para el segundo semestre.

Después de todo, los expertos calculan que todavía queda más del 40% de la cosecha sin vender. Y, aunque los precios del mercado global son poco estimulantes, los productores han recibido una mejora en el precio doméstico, en parte por el «efecto retenciones» y en parte también por la propia devaluación.

Es así que la soja, que hasta junio promediaba los $325.000 por tonelada, llegó en los últimos días a tocar un pico de $395.000. En el caso de que esta situación fuera lo suficientemente estimulantes como para que los silobolsas se vaciaran, esto implicaría un aporte, sólo por la soja, de unos u$s8.200 millones, correspondientes a 23 millones de toneladas todavía sin vender.

Pero claro, se trata de un cálculo hipotético, que dependerá de la expectativa de los productores: si creen que luego de las elecciones habrá otro ajuste cambiario -como están insinuando los economistas más críticos-, entonces es posible que el ritmo exportador se ralentice.

Y el comportamiento del mercado cambiario de la última semana -el dólar retrocedió un 3,5%, perdiendo casi la mitad del recorrido que había hecho en junio- podría abonar esa postura tradicionalmente conservadora de los productores agrícolas.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte alcanzaron un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El entendimiento contempla una suba del 11,5% que se aplicará en forma escalonada entre julio y noviembre de 2025, en el marco del convenio colectivo de trabajo 460/73.

La negociación estuvo atravesada por múltiples factores. Entre ellos, el esquema de subsidios estatales que condiciona la estructura de costos del sector y una interna sindical que históricamente genera tensiones dentro de la UTA. Sin embargo, la firma del acuerdo entre la conducción gremial y las cinco cámaras empresarias del transporte permitió desactivar, al menos por el momento, la posibilidad de medidas de fuerza.

Como ocurre en otras ramas sensibles al impacto social, el proceso de negociación salarial contó con la intermediación del Gobierno nacional. La audiencia clave fue convocada por el Ministerio de Capital Humano y se llevó a cabo de forma virtual. Participaron funcionarios del área, encabezados por el secretario de Conciliación, Guido Arocco.

El entendimiento, una vez cerrado entre las partes, quedó supeditado a la homologación por parte del Ministerio de Economía. Si bien el titular de esa cartera, Luis Caputo, está enfocado en temas cambiarios y financieros, su equipo técnico interviene en la validación de los acuerdos sectoriales, en línea con los lineamientos del plan económico del Gobierno.

Una de las variables de control del programa económico es la evolución del salario. Según fuentes oficiales, se estableció un techo de incrementos del 1% mensual, aunque con excepciones. En algunos casos, las negociaciones incluyen sumas no remunerativas que luego se integran al salario básico. También hay sectores, como el bancario, donde los haberes se ajustan mensualmente por el índice de inflación. En otros casos, como el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Poder Ejecutivo decidió no homologar lo acordado entre el gremio y las empresas.

Sueldo de choferes de colectivos: participación de las cámaras y el sindicato

En representación del sector empresarial participaron las principales cámaras del transporte automotor urbano: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Por parte del sindicato, asistieron el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, y el secretario Adjunto, Jorge Kiener. Según voceros gremiales, el acuerdo alcanzado permite «sostener el poder adquisitivo de los salarios» y, al mismo tiempo, «otorga previsibilidad a los empresarios del sector».

Escala salarial: cómo evolucionarán los sueldos los choferes de colectivos

El incremento pactado se implementará en tramos mensuales, lo que implica una progresión en los haberes básicos sin contemplar adicionales como presentismo o antigüedad. Las cifras fijadas para el salario básico de los choferes entre julio y noviembre de 2025 son las siguientes:

• Julio: $1.588.000
• Agosto: $1.600.000
• Octubre: $1.612.000
• Noviembre: $1.682.000

Este esquema se da en un contexto de alta volatilidad económica y busca establecer un sendero previsible tanto para los trabajadores como para las empresas del sector. Las cámaras empresarias valoraron que el acuerdo se haya alcanzado en un marco institucional y con participación del Estado como garante de cumplimiento.

Condiciones del acuerdo y perspectivas

El convenio tiene validez únicamente para los choferes que prestan servicios en el AMBA, donde rige un esquema de subsidios que difiere del aplicado en otras regiones del país. Esta diferencia suele generar tensiones en el sector, especialmente cuando se negocian aumentos en jurisdicciones con menor financiamiento estatal.

Desde el gremio indicaron que el nuevo entendimiento no solo contempla una mejora nominal de los salarios, sino que permite anticipar posibles discusiones futuras, al establecer un esquema de actualización por varios meses. Además, señalaron que el acuerdo quedó sujeto a que las empresas abonen los aumentos en tiempo y forma, condición considerada clave para evitar eventuales medidas de fuerza.

Repercusiones en el sector y rol del Estado

El acuerdo alcanzado con la UTA se enmarca dentro de una serie de negociaciones que el Gobierno nacional sigue con atención. La participación estatal busca evitar interrupciones en un servicio esencial como el transporte urbano de pasajeros, que tiene un impacto directo sobre la movilidad diaria de millones de personas en el AMBA.

El papel del Estado como mediador en las paritarias del sector transporte se ha intensificado en el actual escenario económico. Si bien se promueve una política de moderación salarial en línea con los objetivos del programa económico, en sectores sensibles como el transporte público se habilitan excepciones para asegurar la prestación del servicio.

En este contexto, la homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Economía aparece como un paso formal necesario para su aplicación efectiva. Una vez ratificado, el aumento será de cumplimiento obligatorio para las empresas incluidas en el convenio colectivo correspondiente.

El «efecto motosierra» se hizo sentir en julio, cuando el gobierno logró revertir el deterioro fiscal que había sufrido el mes previo. Así lo señala el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), donde se registra un superávit primario de $3 billones y también un superávit financiero -es decir, contando el pago de intereses de la deuda- por $2,8 billones.

En cambio, en junio había dado un saldo en rojo, por el efecto de una caída en los ingresos que superó a la de los gastos. Como aplican diferentes metodologías de medición y, además, la OPC sólo mide las cuentas de la administración central, hubo en junio una divergencia con el resultado que informó la secretaría de Hacienda, que arrojó un superávit.

Esto llevó a que se generase una polémica respecto de cómo deben contabilizarse los intereses que se van acumulando pero que no se pagan mes a mes sino que se capitalizan hasta pagarse al momento del vencimiento de las nuevas letras del Tesoro.

Como el reporte aplica el criterio «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, puede haber divergencias con el informe oficial del gobierno, que se dará a conocer en dos semanas. De todas formas, los datos de la OPC suelen considerarse un predictor sobre cambios de tendencia en materia fiscal.

Y es por eso que, justo en un momento en el que el Javier Milei denuncia una serie de amenazas contra su objetivo de superávit fiscal, por el impulso opositor a leyes que incrementan el gasto, los datos de julio ofrecen un respiro.

Los números son contundentes sobre el efecto de la «motosierra» sobre el gasto público: en la comparación interanual, hubo una caída de 10,1%. Los ingresos tributarios, en tanto, ya empiezan a convertirse oficialmente en un motivo de preocupación, con una caída real de 1,5% respecto de hace un año.

Resulta particularmente preocupante la variación negativa del IVA, el impuesto vinculado de manera más directa al nivel de actividad comercial e industrial: tuvo una variación negativa real de 7,5% en el ingreso de la administración.

La motosierra, más afilada

En cambio, el recorte del gasto contrasta con lo que había ocurrido en junio, cuando la variación interanual mostraba una suba de 8,9%. No había sido del todo una sorpresa dado que, por el efecto aguinaldo, suele ser un mes estacionalmente complicado para las arcas públicas.

Pero en julio el panorama cambió, sobre todo por el recorte en los subsidios, un rubro que representa un 10% del presupuesto total. Se hizo sentir en particular el aumento tarifario de la energía, lo cual se reflejó en una caída interanual de 26,5% en el gasto para ese renglón.

Otro descenso marcado fue el de gasto del personal -que también representa un 10% del presupuesto-, donde se verificó una caída de las erogaciones por 9,6%. Es uno de los rubros de mayor sensibilidad política, sobre todo en un contexto electoral, en el que los gremios de empleados públicos exacerban su reclamo por recomposición salarial.

De hecho se acaba de firmar un acuerdo paritario con los sindicatos estatales que implica ajustes salariales que arrancan en un 1,3% retroactivo a junio, hasta llegar a un 1,1% en noviembre. Estos porcentajes serán complementados con el pago de una suma fija hasta fin de año. En todo caso, parece difícil que un recorte de magnitud grande se continúe verificando en este rubro.

También en el centro de la polémica política, las transferencias a universidades explican parte del ahorro en el gasto: el recorte de julio fue de un 7,9% interanual, aunque si se toma el acumulado de siete meses del año, la variación sigue dando positiva en 1,5%.

Siguiendo la tónica de la gestión Milei, una vez más se registró un desplome en el gasto de capital -principalmente la obra pública- que tuvo una variación interanual negativa por 48,9%. Señales políticas como la eliminación por decreto de la Dirección Nacional de Vialidad dan la pauta de que se profundizará en esa línea aunque, claro, esto quedará supeditado a la capacidad de Milei para sostener el veto en el Congreso.

Jubilaciones y AUH, empujando al alza

Y, como ya viene ocurriendo desde hace tiempo, el rubro de jubilaciones y pensiones -por lejos el rubro de mayor incidencia del presupuesto, con un 47% del total- es el que más empuja el gasto. Esto ocurre por efecto de la nueva fórmula de indexación que toma como referencia la inflación pasada.

Es decir, ocurre la situación inversa a la del año pasado, cuando la «licuación» inflacionaria del gasto jubilatorio permitió obtener un rápido superávit fiscal. Aquella situación resultaba insostenible políticamente -hubo meses en que la masa destinada al pago de haberes jubilatorios registró una impactante caída de 38% real interanual-, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional presionó para una recuperación de los haberes.

Ahora está ocurriendo el efecto inverso: en julio, el gasto jubilatorio tuvo un aumento interanual de 12,8%, y si se considera el acumulado de siete meses del año, la suba fue de un 16,2% real.

Con estos números sobre la mesa, queda en claro por qué Milei se fijó como objetivo prioritario impedir que entre en vigencia la reforma previsional que se votó en el Congreso. Este paquete de medidas -que incluye una compensación de 7,2% para todos los haberes, más un incremento del bono extraordinario para la franja mínima y su indexación por el IPC- implicaría, según las estimaciones, un costo fiscal anual de 0,7% del PBI.

Y, una vez más, destaca la excepción de un rubro que nunca ha sufrido recortes: la Asignación Universal por Hijo, que en julio subió un 5,6% y que en el año acumula una mejora de 25,9%, un gasto equivalente a $3,1 billones.

De todas maneras, se trata de un rubro en el que la oposición está denunciando una voluntad de restringir beneficios, dado que en el reciente informe del Fondo Monetario Internacional se sugirió al gobierno hacer una depuración de la lista de beneficiarios para asegurarse de que la asistencia estatal se aplique de manera eficiente y que no vaya a personas que no cumplan con los requerimientos. En definitiva, se espera que para el año próximo comience también un recorte real del gasto en ese rubro.