ECONOMIA
Arranca nuevo límite para dolarizar y en el mercado se preguntan si hacen falta más restricciones

Este lunes, en el inicio de las operaciones cambiarias, también empezó a regir el nuevo límite a la dolarización por parte de las Alycs. Una medida tomada por la Comisión Nacional de Valores a última hora del último viernes, y que generó revuelo en la City ante la nueva restricción en el mercado.
La medida en cuestión -identificada como Criterio Interpretativo número 98- impone restricciones a los inversores que hayan operado con cauciones y, con esos pesos, vayan a dolarizarse en el mercado alternativo del dólar. Ya sea MEP o CCL. Esa medida fue aclarada por el propio organismo horas más tarde, pero lo cierto es que las nuevas limitaciones empezarán a funcionar este mismo lunes.
Para algunos economistas y operadores, esta decisión significa ni más ni menos que «la vuelta del cepo». En concreto, las Alycs no podrán comprar dólar MEP o CCL si lo hace con pesos tomados a través de cauciones.
El Gobierno identificó que, tras la baja de la tasa de interés, al 35% anual, hubo operadores que se apalancaron en pesos con cauciones y después compraron dólares en el MEP y en el CCL presionando las cotizaciones.
El viernes fue una jornada difícil en el mercado cambiario: el dólar contado con liquidación subió 2,2% y terminó en $1.478, arriba del techo de la banda cambiaria ($1.470). En lo que va del mes ya acumuló un incremento del 9 por ciento.
En la primera rueda de la semana, el dólar oficial del Banco Nación sube quince pesos, en $1480. En el mercado mayorista, la divisa avanza hasta los $1470. En el segmento bursátil, el contado con liquidación sube 0,1% y alcanza los $1480, mientras que el MEP trepa 0,3% hasta los $1473. En el circuito informal, el dólar blue gana veinte pesos, $1445 y continúa siendo la cotización más baja de toda la plaza cambiaria. Mientras tanto, el dólar mayorista cotiza a $1.468 y se acerca al techo de la banda cambiaria de $1.473.
¿Nuevo cepo?
La iniciativa alteró a la City tras el cierre de las operaciones, en un viernes de por sí caliente. Para algunos inversores, la interpretación lineal fue que esta medida suponía una parte del «cepo».
El economista Gabriel Caamaño, experto en finanzas, también alertó sobre esta medida: «No creo que mostrar la puntita de más cepo vaya ayudar a la no tan larga, más bien veo lo contrario. Pero bueno», puso en su cuenta de X
El economista y ex diputado del PRO Luciano Laspina también alertó a través de su cuenta de «X»: «Lo dicho. Una tragedia argentina…seguir con cepo, pedir más cepo, resignarse al cepo, morir con cepo….»
«Ayer uno peleaba con que el esquema no cambió nunca y TMAP. A la tarde metieron aclaratoria y a la noche aclaratoria de la aclaratoria reponiendo un parte del CEPO. Y eso que hace más de un mes venimos con integración de encajes diarios y hace nada tuvimos cambios sobre la hora en la operatoria de futuros de los bancos.
La obsecuencia es mala, para el obsecuente y también para el funcionario. Les saca panorama a ambos. EMHO», agregó Caamaño.
Intervenir: si o no
Hola Aldo, ¿Por qué deberíamos anunciar que hay u$s6.000 millones, si ya anunciamos que en el techo de la banda hay u$s22.000M? Que algunos no lo crean no es algo que dependa de nosotros. Solo lo comprobarán si lo testean».
El posteo de Federico Furiase, director del BCRA y uno de los principales voceros del equipo económico, intentó zanjar —al cierre de los mercados, el último viernes—, una de las polémicas en el mercado financiero.
¿Qué debería hacer el Banco Central ante la ola dolarizadora y la presión sobre el tipo de cambio?
Detrás de ese posteo, de hecho, hubo uno anterior del economista Aldo Abram sugiriendo en forma «urgente» que el BCRA «debe anunciar que tiene unos u$S6.000 millones propios para defender el valor del $ en el techo de la banda. Es más, ofertarlos en la «pantalla» a ese precio y el tipo de cambio bajará sin que venda un solo dólar».
El economista Amilcar Collante se metió en el intercambio: «Si querés testear el techo. Testealo Campeón».
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ECONOMIA
UATRE cerró un aumento salarial hasta febrero: cómo quedó el salario básico de un peón rural

La CNTA avaló las suba de los básicos para el personal agrario. El gremio y las cámaras volverán a reunirse en febrero para actualizar los ingresos.
28/11/2025 – 09:46hs
En un nuevo encuentro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) junto con directivos de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) y Federación Agraria Argentina (FAA) acordaron un aumento salarial.
La suba fija los salarios mínimos para el Personal Permanente de Prestación Continua del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727) según la Resolución CNTA 174/2025, con vigencia a partir del 1° de noviembre hasta el 1° de febrero del año próximo.
Sueldos y adicionales de noviembre a febrero
Según informaron las partes, a partir del 1° de noviembre los salarios básicos quedaron de la siguiente manera:
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Peones Generales: $702.180,75 mensuales o $30.891,04 por jornal.
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Especializados (ejemplo, albañiles, mecánicos): Desde $722.280,33 a $822.504,72 mensuales según categoría.
A partir del 1° de diciembre:
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Peones Generales: $726.510,41 mensuales o $31.961,37 por jornal.
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Especializados: Desde $747.306,40 a $851.003,44 mensuales según categoría.
A partir del 1° de enero:
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Peones Generales: $749.488,41 mensuales o $32.972,24 por jornal.
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Especializados: Desde $770.942,14 a $877.918,90 mensuales según categoría.
A partir del 1° de febrero:
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Peones Generales: $768.411,47 mensuales o $33.804,73 por jornal.
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Especializados: Desde $790.406,87 a $900.084,57 mensuales según categoría.
En cuanto a los adicionales:
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Antigüedad: 1% del básico por año trabajado hasta 10 años y 1,5% a partir de los 10 años.
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Zona Desfavorable: 20% adicional para trabajadores en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Antártida.
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La vivienda proporcionada por el empleador debe cumplir con los requisitos del Título IV de la Ley 26.727 y no puede ser descontada del salario.
Si bien en el acta figura que el acuerdo salarial es hasta julio del año próximo, se descuenta que los dirigentes de UATRE y las cámaras patronales volverán a reunirse en febrero para actualizar el último tramo de la paritaria 2025-2026.
Trabajadores temporarios con planes de asistencia social
Por otro lado, la UATRE celebró la decisión del gobierno de prorrogar por un año la medida que permite a los trabajadores rurales temporarios acceder a empleos formales sin perder sus planes de asistencia social. La extensión de la compatibilidad, por disposición del Decreto 777/2025, responde a un pedido que el gremio había presentado ante el ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello.
El secretario del sindicato, José Voytenco, destacó que se trata de «un avance para los trabajadores rurales, sus familias y las economías regionales», aunque advirtió que esta solución no puede ser transitoria y reclamó una ley que consolide estos derechos de forma permanente.
Explicó que «el trabajador va a poder ingresar a la finca, registrarse como corresponde, cobrar el salario según la resolución correspondiente y al mismo tiempo percibir la asistencia social del estado. De esta manera los planes sociales dejan de ser un impedimento para que el trabajador esté registrado».
Remarcó que la norma prorrogada es esencial para la formalización del empleo en el campo. El Decreto 514/2021 funcionó durante los últimos cuatro años como una herramienta fundamental para combatir la informalidad, al garantizar que miles de trabajadores rurales puedan acceder a un empleo formal sin el riesgo de perder automáticamente los programas de asistencia social. La prórroga protege a más de 200.000 familias rurales y fortalece la producción agropecuaria, asegurando la recolección de cosechas y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) rurales.
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ECONOMIA
Jubilaciones: quiénes recuperaron poder adquisitivo y cuánta brecha queda tras dos años de presidencia de Milei

Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei y una inflación de 25,5% en ese mes (que no descendió de los dos dígitos mensuales hasta abril de 2024), la política monetaria contractiva del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la recuperación del superávit fiscal se consolidaron como ejes para intentar no seguir deteriorando el poder de compra de jubilados y pensionados, y fortalecer las partidas para asignaciones familiares.
Al cabo de dos años de Gobierno, aumentó el ingreso real de casi un tercio de los jubilados y pensionados que ingresaron al sistema tras cumplir los años de aportes y la edad mínima. El alza fue aún mayor para los perceptores de asignaciones familiares, especialmente quienes reciben la Asignación Universal por Hijo. En cambio, quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, los titulares de la jubilación mínima recibieron incrementos superiores al resto gracias a un bono complementario otorgado en marzo de 2020 para contener los efectos de la crisis de Covid-19 y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Ese bono, equivalente al 9,4% del haber base al inicio, se fue actualizando periódicamente y llegó a representar 52% al finalizar el mandato.
Quienes ingresaron mediante moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral sufrieron un deterioro en sus ingresos
Con la llegada de Javier Milei, ese suplemento se actualizó en marzo de 2024, pasando de $55.000 a $70.000, manteniendo la relación del 52%, pero al quedar congelado hasta el presente fue perdiendo relevancia, hasta alcanzar solo 21 por ciento.
Hasta el primer trimestre de 2024, la partida previsional experimentó una caída en términos reales, ante la aceleración de la alta inflación y los ajustes pautados por la anterior Ley de Movilidad.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción, tras la suspensión de la Ley de Movilidad a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 e implementar aumentos mensuales basados en la variación del IPC de dos meses antes que en general fue más alta.
Desde abril de 2024, las actualizaciones comenzaron a ubicarse por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec en el período de percepción
El Gobierno también apuntó a reducir la diferencia con quienes perciben haberes superiores a la mínima, grupo integrado por beneficiarios que cumplieron con los 30 años de aportes y la edad reglamentaria (60 para mujeres, 65 para varones), que equivale al 32% del total.
Por un lado, en abril de 2024 dispuso un aumento diferenciado de 27,4%, mientras que para el resto fue de 18%, al quedar fijo el monto del bono.
En los primeros 24 meses de gobierno de Milei, hasta noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima más el suplemento de $70.000 recibieron un aumento nominal de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que significó una pérdida de 6,9% en su poder de compra. En contraste, aquellos con haberes superiores al mínimo recuperaron 9,5% de poder adquisitivo acumular ajustes del 281,7%. El incremento promedio ponderado para el total de jubilados y pensionados fue de 1,3% en el último bienio.
Durante la última administración de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, los haberes previsionales sufrieron una reducción real: 6,6% para quienes recibieron el haber mínimo más bono y 34,4% para quienes percibieron el resto de las escalas, con una pérdida promedio ponderada del 22,9% entre extremos.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento.
Para igualar el nivel del poder de compra que tenían en noviembre de 2019, el haber mínimo debería subir 15,4% en términos reales y los tramos superiores un 39 por ciento
El Gobierno sostiene que ese desfase solo podrá cerrarse mediante una reforma previsional y laboral que fomente la contratación de trabajadores registrados en relación de dependencia en el sector privado y revierta el déficit estructural del sistema, profundizado durante las gestiones kirchneristas (2003-2015 y 2019-2023).
Las moratorias implementadas en estos períodos elevaron el número de jubilados y pensionados de 3,3 millones a 6,9 millones, mientras que la cantidad de aportantes pasó de 8,7 millones a 12,7 millones de trabajadores.
De esta manera, la relación de aportantes por beneficiario cayó de 2,6 en 2006 (antes de la primera moratoria) a algo más de 1,7 en la actualidad, en un sistema que requiere un mínimo de tres trabajadores activos por cada beneficiario para ser sustentable y honrar un haber equivalente al 82% del ingreso promedio de los trabajadores.
En materia presupuestaria, los informes de la Secretaría de Hacienda revelan que tras la crisis de 2020, la aceleración inflacionaria y la vigencia de la vieja Ley de Movilidad hasta marzo de 2024, el gasto previsional real cayó 30% en un trimestre.

Posteriormente, la recuperación de la actividad económica y la desinflación permitieron que en octubre de 2025 (último dato) el pago de jubilaciones y pensiones superara en 9,5% el de noviembre de 2023 y en más de ocho puntos porcentuales al promedio de las subas de haberes, debido principalmente a la aceleración en el pago de sentencias judiciales por parte de la Anses y en menor medida, por el crecimiento vegetativo de los beneficiarios con haberes superiores al promedio.
La evolución de los haberes previsionales y el desafío de recomponer el poder adquisitivo real que tenían antes del último gobierno populista siguen generando tensión social y política, con ajustes que no logran revertir por completo la pérdida acumulada y reformas que postergan una solución estructural.
La brecha vigente en el poder de compra refuerza el reclamo de una actualización integral del sistema previsional, en busca de una solución de largo plazo que aún no se vislumbra.
ECONOMIA
Aumento de tarifas de colectivo en el conurbano, AMBA y Ciudad: cuánto cuesta en diciembre

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, autorizó el incremento para el transporte público de pasajeros que circula exclusivamente dentro de la Provincia
28/11/2025 – 11:15hs
El Gobierno bonaerense dispuso una nueva actualización en las tarifas del transporte público. A partir del lunes 1° de diciembre, el boleto mínimo de colectivo en el conurbano pasará a costar $658, tras una suba total que asciende al 14,8%.
La medida fue oficializada este viernes mediante la resolución 342, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, luego de una consulta ciudadana realizada entre el 19 y 20 de noviembre.
Cómo se compone el aumento
Según la Secretaría de Transporte bonaerense, la suba incluye:
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Un ajuste extraordinario del 10%,
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Más la actualización automática que sigue la inflación + 2 puntos porcentuales, vigente desde marzo.
De esta manera, se aplicará un incremento acumulado del 14,8% sobre las tarifas actuales.
Por qué se actualizan los boletos
La administración de Axel Kicillof explicó que el esquema vigente «no logró equilibrar los costos operativos del sector», afectados por:
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La evolución del tipo de cambio,
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Los aumentos en combustibles,
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Los mayores costos de mantenimiento de las unidades del sistema.
Tarifas de colectivos en PBA desde el 1° de diciembre
La suba alcanza a las líneas numeradas del 200 en adelante que prestan servicio en el corredor bonaerense.
Para usuarios que utilicen la SUBE sin nominalizar, los valores se ubicarán entre $1046,92 y $1435,34.
Colectivos de CABA (recorridos íntegros dentro de la Ciudad)
Con SUBE registrada:
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0-3 km: $568,82
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3-6 km: $633,67
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6-12 km: $682,49
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12-27 km: $731,34
Colectivos nacionales (AMBA)
Con SUBE registrada:
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0-3 km: $494,83
-
3-6 km: $551,24
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6-12 km: $593,70
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12-27 km: $636,21
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Más de 27 km: $678,42
Tensión en el sector: la UTA advierte sobre un posible paro
En paralelo al aumento, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a poner presión ante la posibilidad de demoras en el pago de salarios y del medio aguinaldo de diciembre.
El gremio, encabezado por Roberto Fernández, anticipó que podría convocar a medidas de fuerza si:
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Los choferes no reciben el sueldo completo,
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O si el Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en cuotas o con atrasos.
La UTA responsabilizó al Gobierno nacional y a las cámaras empresarias del AMBA, que ya adelantaron que:
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Los salarios de noviembre se pagarán en dos tramos,
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Y el aguinaldo, en seis cuotas.
«El Gobierno será responsable si los trabajadores deben realizar un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que constituyen el sustento de sus familias», advirtió el sindicato en un comunicado.
Diferencias con el interior del país
El Observatorio del IIEP remarcó que, pese a los aumentos, el AMBA continúa teniendo los boletos más bajos del país. En muchas ciudades del interior el costo supera los $1.500 por viaje:
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Bariloche: $1895
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Córdoba: $1720
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Rosario: $1580
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