Al parecer, por la suba que mostraron las cotizaciones del dólar oficial mayorista, que llegó a los 1.360 pesos frente a los 1.340 del viernes pasado, y el resto de los dólares en todas sus versiones, además del riesgo país que superó ayer los 1.100 puntos, la mejora de confianza de los inversores que había logrado el equipo económico la semana pasada habría comenzado a perder fuerza. Por ese motivo, el equipo económico liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tendría preparadas una serie de medidas para evitar que el valor del dólar oficial mayorista perfore la banda superior, cuyo valor actual es de 1.480 pesos.

El inédito apoyo de la administración de Donald Trump al Gobierno del presidente Javier Milei muestra que, si bien la Argentina tendría la posibilidad de obtener un megapréstamo financiero por unos 20.000 millones de dólares del Tesoro estadounidense, por ahora no está confirmado si parte de esos dólares llegarán antes o después de las elecciones, lo que genera incertidumbre en los inversores locales y del exterior.

La mitad de ese monto serviría para refinanciar los vencimientos de deuda pública del año próximo, que ascienden a unos 8.500 millones de dólares.

El objetivo central del actual programa económico es mantener la estabilidad del valor del dólar oficial hasta las próximas elecciones nacionales, previstas para el 26 de octubre.

El rol del Tesoro de EE.UU. y el impacto en el dólar mayorista

Desde el anuncio del lunes pasado sobre la posibilidad de una ayuda financiera del Tesoro de EE.UU., hecho por el secretario del Tesoro, Scot Bessent, el valor del dólar oficial mayorista se alejó del techo de la banda superior de 1.478 pesos. Sin embargo, todavía hay dudas entre los operadores financieros acerca de si el BCRA logrará evitar que vuelva a tocar el techo de la banda cambiaria en esta etapa preelectoral. Es probable que la fuerte volatilidad que se observa desde principios de julio se mantenga.

Algunos datos que generaron preocupación ayer entre los operadores financieros y en Wall Street fueron la suba de las cotizaciones de todas las versiones del dólar, que aumentaron en promedio un 2%; el incremento del riesgo país del 3,6 %, que lo llevó a superar los 1.100 puntos básicos; y, sobre todo, la caída de las reservas internacionales brutas del BCRA. Tras tres días de subas, las reservas descendieron de 41.238 millones a 41.122 millones de dólares. El Tesoro habría comprado unos 500 millones de dólares, pero al mismo tiempo se habrían pagado unos 500 millones de dólares en compromisos con organismos internacionales.

La mayoría de los operadores consultados por iProfesional coincide en señalar que la caída de las reservas internacionales resulta preocupante, ya que ocurre en un momento en que el BCRA y el Tesoro deberían estar comprando parte de los 7.000 millones de dólares que las empresas cerealeras están liquidando por la baja temporaria de retenciones, medida que finalizó el 27 de septiembre tras completarse el cupo autorizado por el Gobierno.

De acuerdo con lo que pudo saber iProfesional a través de varios operadores financieros de bancos y ALyC que mantienen contacto con el equipo económico, no habría que descartar que el BCRA imponga nuevas restricciones a las compras de dólares si la situación se complica.

Restricciones cruzadas y nuevas medidas del BCRA

En ese sentido, se destacan dos medidas adoptadas en las últimas dos semanas.

La primera fue una restricción de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para directores de bancos y ALyC, que les impide comprar dólares en el mercado oficial único y libre de cambios.

La segunda se conoció el viernes pasado, luego de la apertura del mercado, mediante una comunicación del BCRA.

Se trata de lo que los expertos llaman una restricción cruzada para eliminar el denominado «rulo» entre ambos mercados, que consiste en comprar barato en el mercado oficial y vender más caro en el mercado del dólar CCL o del dólar MEP.

La Comunicación «A» 8336 y el freno al «rulo» financiero

A partir de la Comunicación «A» 8336 del BCRA, se establece que, desde el 26 de septiembre, los ahorristas que compren dólares en el mercado oficial no podrán, durante los siguientes 90 días, operar bonos bajo la operatoria D (en dólares, en el mercado local) ni en la operatoria C (en dólares bajo la modalidad de contado con liquidación o CCL). De esta manera, se busca bloquear el «rulo» financiero que se realizaba a partir de la brecha entre el dólar oficial y el MEP o CCL.

La otra parte de las restricciones está vinculada al rol del Tesoro y del BCRA en la compra de los dólares que ingresan al mercado interno, especialmente aquellos provenientes del sector agroexportador. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, tras la aplicación del nuevo régimen, el Tesoro compró 1.345 millones de dólares de un total de 1.745 millones que liquidó el agro entre el viernes pasado y este lunes. Ese día, sin embargo, no habría comprado nada, según los datos del BCRA.

No obstante, en función de la información publicada en su cuenta de X por el asesor económico del Mecon y director del Banco BICE, Felipe Núñez, el Tesoro habría adquirido 500 millones de dólares. Lo que Núñez no menciona es que el BCRA perdió reservas por unos 800 millones. Núñez conduce el programa Tres Anclas en el canal de streaming Carajo, junto al director del BCRA, Federico Furiase, y el director del BICE, Martín Vauthier.

Según lo que pudo saber iProfesional, en caso de registrarse una nueva corrida cambiaria similar a la ocurrida tras las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, Caputo y Bausili estarían dispuestos a volver al esquema de cupo de 200 dólares por mes para personas físicas, con el fin de reducir la salida de divisas de las reservas internacionales brutas del BCRA, que ayer cerraron en 41.100 millones de dólares.

Retenciones a la soja y acumulación de reservas

La cuestionada baja a cero de las retenciones a la soja mejoró la posibilidad de que tanto el BCRA como el Tesoro puedan acumular en los próximos días gran parte de los 7.000 millones de dólares que las principales multinacionales cerealeras liquidaron en solo tres días desde la apertura del cupo para registrar las DJVE, del que muchos pequeños productores quedaron afuera.

En una entrevista televisiva el viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó los principales detalles del apoyo financiero por 20.000 millones de dólares comprometido por el Tesoro de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei.

Caputo señaló que el acuerdo llevó «más de dos meses de negociaciones» y volvió a llamar «comunista» al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

«Siempre estuvimos tranquilos. Es verdad que la gente no, pero nosotros sabíamos en qué estábamos trabajando», dijo sobre la corrida cambiaria de hace dos semanas, cuando el dólar oficial mayorista tocó el techo de la banda de 1.474 pesos, el minorista superó los 1.500 pesos y se desplomaron los precios de acciones y bonos, con un riesgo país que alcanzó los 1.500 puntos básicos frente a los 1.000 del viernes previo.

El acuerdo con EE.UU. y las dudas sobre los desembolsos

En relación con el acuerdo, Caputo afirmó: «Hace más de dos meses que veníamos trabajando con Werthein en esta alternativa. El domingo llegué a las 9 al ministerio, después se sumaron Bausili y Daza y el resto del equipo. Nos fuimos a la 1 y media de la mañana, pero no teníamos certeza de que se iba a confirmar al día siguiente».

Además, destacó que la baja de retenciones y, sobre todo, el acuerdo con EE.UU. fueron factores que incidieron en la baja del dólar esta semana. «El mercado veía con preocupación que había un ataque político que por primera vez rendía frutos en lo financiero».

Lo que no aclaró Caputo es cuándo el BCRA recibirá los dólares, bajo qué modalidad y cuáles serían las condiciones que impondría el Gobierno de Trump a la Argentina.

El martes pasado, el sector de empresas cerealeras exportadoras nucleadas en CIARA-CEC liquidó 287 millones de dólares; el miércoles, 537 millones; el jueves, 1.050 millones; y el viernes se alcanzó el récord histórico de 1.745 millones, lo que llevó a una liquidación semanal de 3.619 millones de dólares. Se espera que la semana próxima se complete el cupo de 7.000 millones.

Expectativa del mercado y definición política

«Ayer el Tesoro, de lo que liquidó el campo, pudo comprar el 25% y hoy, con esta medida, compró el 77%. Es decir, compramos 1.345 millones solamente hoy, de un total que liquidó el agro de 1.745 millones. Es decir, los argentinos están mejor con esto», explicó en esa entrevista.

Sin embargo, habrá que esperar al próximo miércoles, cuando finalicen las ventas de las cerealeras, para conocer cuántos dólares de los 7.000 millones declarados habrán comprado el BCRA y el Tesoro Nacional. Este será un dato clave que los inversores esperan para tomar decisiones en los próximos días, de cara a una elección que será trascendental para el Gobierno.

Las jubilaciones y pensiones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentarán a partir de octubre, impulsadas por la actualización mensual que fija la ley de movilidad y la inflación del trimestre anterior. Con la suba confirmada y la posible continuidad del bono mensual, millones de beneficiarios verán modificados sus ingresos.

A partir de octubre, el haber mínimo para jubilados y pensionados se actualizará a $326.298,38, según informó ANSES. El valor máximo para jubilaciones se ubicará en $2.195.679,22, en línea con la reciente publicación de las resoluciones oficiales. Si se ratifica el pago del bono mensual de $70.000, el ingreso mínimo total podría alcanzar $396.298,38, lo que representa un respiro financiero para los sectores más vulnerables.

El bono funciona como un complemento, de modo que quienes no lleguen a este monto recibirán un suplemento por la diferencia. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto será de $331.039, mientras que la pensión por invalidez laboral ascenderá a $228.409. La Prestación Básica Universal (PBU) se incrementará a $149.266,62. Los valores se mantendrán sujetos a ajustes según la evolución de la inflación y eventuales bonos extraordinarios.

La base imponible para aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será de $109.897,23 como mínimo y $3.571.608,54 como máximo.

La actualización de las jubilaciones y otras asignaciones responde a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el cálculo de octubre se tomó el dato oficial de agosto, que registró una inflación del 1,88%. Esta cifra determina la magnitud del aumento, replicando el criterio de movilidad vigente a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

Este esquema de actualización busca evitar rezagos extremos frente al avance de los precios, aunque su impacto en el poder adquisitivo resulta insuficiente para recuperar la pérdida acumulada en años previos. El ingreso mínimo más bono continúa lejos de los picos históricos, mostrando una brecha relevante frente al valor de referencia de dieciséis años atrás.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también aumentará en octubre, con un nuevo valor de $117.252 por cada menor de 18 años. La asignación por hijo con discapacidad subirá a $381.790. De estos montos, el 80% se paga mensualmente y el 20% se liquida al completar la documentación anual, de acuerdo con ANSES.

Para trabajadores registrados, monotributistas y quienes perciben asignaciones familiares, el monto varía según el tramo salarial y la zona. En la zona general, la asignación por hijo parte de $58.631, mientras que en regiones diferenciales como la Patagonia puede ascender hasta $ 126.425. La asignación por hijo con discapacidad para familias de menores ingresos se ubicará en $190.902.

La prestación por desempleo y la ayuda escolar anual también verán incrementados sus valores, con nuevos topes de $58.631 y $42.039, respectivamente, y montos mayores para las zonas diferenciales.

El límite de ingresos para acceder a las asignaciones familiares quedó fijado en $2.403.613 mensuales por integrante del grupo familiar. Si algún miembro supera este tope, el grupo entero pierde el beneficio.

Finalmente, el Gobierno avanzó con el decreto que establece la privatización parcial de la empresa estatal que opera a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). Así lo habían anticipado 15 días atrás, fuentes oficiales, cuando también brindaron detalles de cómo iba a ser el proceso de venta del 49% de las acciones.

Los detalles quedaron establecidos a través del Decreto 695/24, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. De acuerdo con el texto, habilita la implementación de la venta de acciones bajo los términos que establece la Ley de Bases 27.742. Las condiciones habían sido adelantadas a Infobae.

Bajo este marco jurídico, el Estado puede avanzar en la privatización parcial de algunas empresas estatales, aunque debe mantener el control o la participación mayoritaria del capital social. Asimismo, la regulación establece que el Ejecutivo deberá aprobar toda decisión estratégica, incluyendo proyectos de expansión de capacidad, la edificación de nuevas instalaciones nucleares o el retiro de alguna central del servicio por causas ajenas a cuestiones técnicas.

Es decir, el 44% de las acciones de la compañía serán ofrecidas “en bloque” mediante un procedimiento de licitación pública, que tendrá alcance tanto nacional como internacional. Esta operación estará a cargo de la cartera económica actuando con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria denominada “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

A su vez se pone en marcha el Programa de Propiedad Participada (PPP), contemplado por la normativa vigente, que otorga a los trabajadores de la empresa la posibilidad de acceder al 5% del capital accionario. En este sentido, el texto establece: “Corresponde autorizar su privatización parcial mediante un Programa de Propiedad Participada y la venta de acciones en el marco de la Ley N° 23.696, a fin de ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y fortalecer su gestión bajo control estatal“.

En tanto, el 51% de las acciones permanecerán bajo control del Estado, a través de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), respetando la legislación vigente. Por otra parte, el decreto establece que la empresa encargada de la generación de energía nuclear en el país, “requiere financiamiento complementario para proyectos estratégicos como la Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I -cuyo reingreso al mercado eléctrico se prevé para el año 2027- y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II) -el que permitirá continuar con la operación de la Central Nuclear Atucha II-“.

Por otra parte, deberá transferir en el plazo de 60 días el 0,01% de las acciones del capital accionario de Energía Argentina S.A. al Estado nacional, representado por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Y esta a su vez, deberá transferir el 1% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. al mismo organismo estatal antes de que se concrete la licitación pública de las acciones, en línea con el esquema fijado por la nueva normativa.

El Ejecutivo facultó al área que dirige Caputo como autoridad de aplicación para dictar todas las normas operativas y complementarias necesarias para la ejecución del proceso. En la instrumentación también participarán la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano y la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial.

En la actualidad, la distribución accionaria de NA SA incluye al Ministerio de Economía, que controla el 79%, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con un 20%, y Energía Argentina S.A. (Enarsa) con el 1%. Estas últimas deberán cumplir con la operación de venta de acciones, transfiriendo sus participaciones a la Secretaría de Energía, para continuar con el proceso de licitación.