El debate sobre las metas de acumulación de reservas internacionales netas se intensificó durante la última revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a nivel técnico culminó la semana pasada.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió -y reveló que planteó- la conveniencia de adoptar un enfoque anual para el cumplimiento de los objetivos de reservas, en lugar de la tradicional supervisión trimestral. Lo que despertó el análisis de economistas y consultores, quienes evaluaron el impacto de la volatilidad cambiaria y la estructura de las exportaciones sobre la viabilidad de las metas.

Como reveló Infobae, con el viaje del viceministro de Economía, José Luis Daza, a los Estados Unidos finalizó la revisión a nivel técnico y ahora se espera por la aprobación a nivel del directorio, lo que va a destrabar el desembolso de USD 1.000 millones. Momento en que se conocerán también el staff report y con ello las nuevas metas de acumulación de reservas internacionales netas que debe cumplir la Argentina durante el 2026 y si Caputo logró convencer de cambiar la metodología. Estas metas funcionaban, hasta ahora, bajo un esquema de control trimestral, sujeto a revisiones periódicas por parte de las autoridades del Fondo.

El ministro de Economía explicó el razonamiento detrás de la propuesta de que la meta sea anual. “Para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”.

El ministro sostuvo que la dinámica de las exportaciones y el comportamiento de los actores del sector externo imposibilitan una proyección precisa de corto plazo. Bajo ese argumento, la administración económica propuso ante el FMI que la meta de reservas se mida en función del desempeño anual.

En el actual programa, la acumulación de dólares depende en gran parte de factores externos y de la estacionalidad de los ingresos por exportaciones, lo que complica el cumplimiento de objetivos trimestrales rígidos.

El presidente de Analytica, Ricardo Delgado, analizó las implicancias que tendría este cambio en la modalidad de evaluación. “Eso le da más margen al equipo económico para no tener que estar atado a cuatro cumplimientos anuales, que son las metas trimestrales, y te da más flexibilidad”, sostuvo.

Aunque remarcó que las metas trimestrales son parte habitual de todos los programas históricos del Fondo, que tienen un manual y siguen un procedimiento. “Para una economía como la de Argentina, que tiene alta volatilidad cambiaria y en la capacidad de oferta y compra de reservas por parte del Banco Central, una meta anual te da mayor flexibilidad. No estás todo el tiempo dando examen y eso mejora las expectativas porque sacas de la cancha el cumplimiento o no. Obviamente, cuando te acerques a fin de año, donde tienes que mostrar si cumpliste la meta, esas expectativas van a empezar a mirar el número”, aseguró Delgado.

Con la presentación de la “Fase 4″ del programa económico, el Banco Central se autoimpuso el desafío de sumar USD 10.000 millones a sus reservas a lo largo de 2026, un objetivo que, según comentó el presidente de la entidad, Santiago Bausili, contó con el aval del organismo internacional. Y hasta el momento, lo viene haciendo a un ritmo mayor al que se consensuó: en lugar de un 5% del volumen total de las operaciones, lo hace a un 30% sin generar fuertes saltos en el dólar.

El último jueves, la entidad aceleró la adquisición al sumar USD 124 millones, la cifra más alta desde mediados de febrero. Desde el inicio de la “Fase 4″ del programa monetario en enero, el BCRA sumó más de USD 3.000 millones, lo que representa más del 30% de la meta establecida de compra de divisas para todo el año.

La directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, consideró acertada la revisión de los plazos de cumplimiento. “Me parece muy lógico porque uno puede anticipar cierta estacionalidad en el comercio exterior ex ante en Argentina. Pero la estacionalidad está cambiando porque hay otros factores que van creciendo en términos de las exportaciones, como la energía, además de tener un mundo cada vez más volátil y eso impacta en Argentina”, comentó.

Castiglioni agregó: “Planificar la política de comprar reservas condicionada a una meta trimestral puede afectar la política monetaria. Cuando es más sensato plantear una meta anual y que después, en la planificación, el Banco Central vaya a mirar cuánto va comprando, pero con una perspectiva que no condicione“.

“Es una buena decisión plantear una meta anual y no trimestral, esas metas trimestrales estaban ligadas a que había revisiones trimestrales, que en los acuerdos estándar están ligadas a la cuestión fiscal. Como Argentina ya tiene equilibrio fiscal desde el momento cero, lo que está ayudando el FMI son fuentes hasta que Argentina puede tener un índice de riesgo país más bajo y no necesitar de la ayuda del Fondo primero para capitalizar el Banco Central y después para tener cierto fondeo”, dijo Castiglioni a Infobae.

Es que el esquema tradicional de revisiones trimestrales del FMI respondía a la lógica de los programas fiscales estándar, donde el cumplimiento de metas periódicas condicionaba el acceso a nuevos desembolsos. En el actual acuerdo, la situación fiscal de Argentina presenta una dinámica diferente, con equilibrio de las finanzas públicas desde el inicio del programa. El monitoreo del cumplimiento de las metas de reservas, entonces, se adapta a la nueva realidad del país y a su capacidad para captar dólares en el mercado internacional, coincidieron los economistas consultados.

El nordeste argentino podría sumar en los próximos años una inversión industrial relevante vinculada a un negocio forestal que vuelve a despertar interés en el mercado internacional: la resina de pino.

Un grupo empresario de origen chino proyecta invertir unos 30 millones de dólares en la instalación de una planta para procesar resina en la localidad correntina de Santo Tomé, en una iniciativa que busca aprovechar el creciente desarrollo de esta actividad en la región.

El proyecto corresponde a la firma Resina Rubbers, vinculada a la empresa International Resin and Rubbers Ltd., que ya tiene presencia en la zona a través de un centro de acopio de resina donde se concentra la producción regional antes de su envío a otros destinos.

La iniciativa contempla la construcción de una planta industrial dentro del Parque Industrial de Santo Tomé, en un predio de aproximadamente 12 hectáreas, y se ejecutaría en tres etapas de desarrollo. Según informaron autoridades locales, la primera fase podría comenzar a operar hacia agosto de este año, mientras que el proyecto completo se terminaría de desplegar hacia 2028.

Actualmente la empresa ya emplea a unas 50 personas en su instalación de acopio, donde se realizan tareas de recepción, clasificación y almacenamiento de la resina recolectada en los pinares del nordeste argentino.

China apuesta por un negocio forestal que vuelve a crecer

La eventual instalación de una planta en Corrientes se inscribe en un contexto de renovado interés por la actividad resinera, que en los últimos años comenzó a expandirse nuevamente en el nordeste argentino.

La resina de pino es una sustancia natural que se obtiene mediante la llamada «sangría» del árbol, una técnica que consiste en realizar incisiones controladas en el tronco para estimular el flujo de resina. Ese material se recolecta en pequeños recipientes colocados en la base del corte y luego se traslada para su procesamiento industrial.

Una de las principales características de esta actividad es que permite generar ingresos adicionales sin talar los árboles, ya que la extracción puede realizarse durante varios años mientras el monte continúa creciendo hasta su turno de cosecha forestal.

Por ese motivo, en regiones con fuerte presencia de plantaciones de pino, la resinación suele considerarse una forma de aprovechamiento complementario del bosque, que agrega valor al recurso forestal y genera empleo rural intensivo.

En Argentina, el desarrollo de esta actividad se concentra principalmente en Corrientes y Misiones, provincias que reúnen la mayor superficie de forestaciones de pino del país.

Qué productos se obtienen de la resina

La resina natural no se utiliza de manera directa, sino que debe ser sometida a un proceso industrial de destilación y separación de componentes.

A partir de ese proceso se obtienen principalmente colofonia y trementina, dos insumos básicos utilizados por numerosas industrias.

La colofonia es una resina sólida que se utiliza en la fabricación de adhesivos, tintas de impresión, barnices, pinturas, cauchos sintéticos y productos químicos, entre otros usos.

La trementina, por su parte, es un solvente natural empleado en pinturas, productos farmacéuticos, cosméticos, fragancias y algunos procesos industriales.

Debido a esa diversidad de aplicaciones, la demanda de derivados de la resina está estrechamente vinculada con el desempeño de múltiples sectores industriales, desde la química fina hasta la industria del packaging o la construcción.

Industrializar la producción en origen

En la actualidad, buena parte de la resina que se produce en el nordeste argentino se exporta como materia prima o se envía a otros países para su procesamiento, lo que limita el agregado de valor dentro del propio territorio.

La instalación de una planta en Santo Tomé buscaría justamente industrializar esa producción en origen, permitiendo transformar localmente la resina recolectada en los pinares de la región.

Ese proceso podría generar una nueva etapa de desarrollo para la cadena foresto-industrial del NEA, ya que la resinación requiere mano de obra intensiva para las tareas de extracción y logística.

Además, al tratarse de una actividad compatible con el manejo forestal tradicional, el negocio de la resina suele integrarse con otras etapas del ciclo productivo de las plantaciones, como la producción de madera para aserraderos o la industria del papel.

Una oportunidad para diversificar la forestoindustria

El interés de capitales extranjeros por este negocio también refleja el potencial productivo del nordeste argentino, donde existe una amplia base de plantaciones de pino que podrían destinarse parcialmente a la resinación.

Durante décadas, la actividad tuvo un desarrollo limitado en el país y perdió peso frente a otros destinos de la producción forestal. Sin embargo, el crecimiento de la demanda internacional por derivados naturales y el interés por modelos de aprovechamiento más sustentables del bosque volvieron a colocar a la resina en el radar de inversores y productores.

En ese escenario, la posible inversión en Santo Tomé aparece como un paso hacia la consolidación de una nueva cadena de valor dentro del sector forestal argentino, con capacidad para generar empleo rural, actividad industrial y oportunidades de exportación a partir de un recurso que ya existe en los montes de la región.

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaron que la inflación perforará el 1% mensual en agosto próximo o en los meses subsiguientes.

Con los precios corriendo a una velocidad más cercana al 3% que al 2%, los analistas observan ciertos desafíos en la ambiciosa meta que se fijó el Gobierno para este año, entre los que se cuentan el reacomodamiento de precios relativos y regulados, como las tarifas de servicios públicos, así como la pérdida de dos anclas que se utilizaron en los primeros dos años de gestión para el proceso de desinflación.

En línea con las proyecciones presidenciales, en declaraciones recientes, Caputo vaticinó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) quebrará el 1% durante el octavo mes de 2026. A la vez, el funcionario reconoció que intentar llevar la medición anual a una dígito anual requiere un “programa mucho más agresivo” que el que aplicaron países que lograron domar el flagelo inflacionario en poco tiempo.

En concreto, Economía busca retornar al sendero de desinflación con un esquema basado en el mantenimiento y profundización del superávit fiscal, que implica que no se imprimen más pesos para costear los desequilibrios de las finanzas públicas, y una política monetaria restrictiva.

A pesar de los vaticinios oficiales, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejó que, al menos hasta agosto, el IPC no empezará con 0. El sondeo, del que participan las principales consultoras, bancos y entidades financieras del país, traza un camino descendente desde el 2,7% de febrero hasta el 1,5% de agosto.

Diversos procesos de estabilización de precios en países como Israel, Perú y Chile muestran que la reducción de inflaciones muy elevadas, superiores al 100% anual, hacia niveles en torno al 30% suele lograrse en plazos relativamente cortos. Sin embargo, el descenso posterior, desde ese 30% anual hasta tasas de un dígito porcentual anual, demanda más tiempo y enfrenta mayores desafíos. Esta dificultad adicional se explica en parte por los ajustes en los precios relativos, que resultan más complejos cuando la inflación ya no es tan alta y las distorsiones se vuelven menos evidentes.

La clave radica en cómo impactan los cambios de precios relativos en el promedio del índice. Cuando productos puntuales, como la carne o ciertos alimentos, suben mucho más que otros, el IPC puede mostrar un aumento aunque la mayoría de los valores permanezcan estables o incluso bajen. Esto no implica necesariamente una inflación generalizada, sino una variación puntual en algunos rubros.

Según la visión oficial, si se descuentan los efectos de la devaluación y la inflación internacional, el indicador podría ubicarse por debajo del 1%, reflejando una mayor estabilidad en el resto de los precios.

Los economistas consultados por Infobae coincidieron, en mayor o menor medida, que el objetivo fijado desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo luce, al menos, desafiante. Los principales factores que limitarían una baja tan contundente de la inflación son el reordenamiento de los precios relativos, así como el abandono del ancla cambiaria y salarial para frenar el proceso inflacionario.

El director de la consultora C&T, Camilo Tiscornia, argumentó que “el Gobierno va haciendo cosas para que eso ocurra: ha corregido la situación fiscal, es prudente y bastante duro monetariamente, con lo cual podría bajar en algún momento fuertemente la inflación”.

Tiscornia explicó: “Parados con los ojos de hoy y con lo que ha pasado en los últimos meses parece difícil, pero lo cierto es que también en ese período hubo factores puntuales, como la suba de los servicios públicos, la carne, el turismo y ahora en marzo la educación. Entonces, es difícil animarse a decir que va a arrancar con cero”.

Desde la perspectiva de C&T, el camino actual para reducir el ritmo de la suba de precios es “correcto” aunque el proceso para alcanzar una cifra alineada con el resto del mundo “es cambiar comportamientos que están muy arraigados en Argentina”, en referencia a decisiones de los consumidores y las empresas que pueden potenciar la inercia inflacionaria.

Por su parte, la economista de LCG, Florencia Iragui, sostuvo que en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, “resulta difícil pensar en poder reducir el porcentaje de inflación mensual con rapidez y en una magnitud bastante elevada; no quiero decir imposible, pero sin ir más lejos, resulta difícil recortar 2 puntos porcentuales del IPC cuando el gas en febrero presentó subas cercanas al 17% mensual”.

Iragui remarcó que la persistencia de la inercia inflacionaria es un desafío. Frente a la percepción de que la inflación podría acelerarse o, en el mejor de los casos, mantenerse en niveles actuales, la dinámica resulta difícil de modificar y permitir que caiga por debajo del 1% mensual.

A su juicio, el descenso del indicador de variación de los precios al consumidor dependerá de la evolución de la actividad económica, las importaciones que actúan como un ancla frente a los valores de los precios locales y las medidas que aplique el equipo económico en los próximos meses.

Para el director de Economía de Fundar, Guido Zack, es complicado que se materialice el escenario que vislumbra el oficialismo. En tan sentido, subrayó que el principal objetivo debería ser que la inflación se reduzca de manera estable por debajo del 2% mensual.

Zack explicó que “hay movimientos de precios relativos que impiden que la desinflación del 30% al 10% sea rápida. En particular, destacó que las tarifas están rezagadas, lo que impacta en prácticamente todos los precios de la economía, y que dicho rezago se mantiene a través de subsidios. En consecuencia, si el Gobierno quiere reducir el gasto público por ese lado, eso tiene un impacto inflacionario”.

Martín Kalos, director ejecutivo de Epyca Consultores, coincidió en que el Gobierno precisa de “tiempo y paciencia” para bajar la inflación a niveles internacionales. Además, subrayó que se agotaron las dos anclas que se utilizaron en la primera parte del plan de estabilización: los salarios y el tipo de cambio.

“Cuando esas dos anclas se agotaron, a mitad de 2025, la inflación dejó de desacelerarse. Si bien hoy hay un leve proceso de apreciación, no hay espacio para que el dólar corra muy detrás del resto de los precios. Y tampoco, en principio, uno querría creer que tampoco van a volver a generar una caída de los salarios. Los salarios están en los niveles de hace dos años, a excepción de los del sector público nacional. Eso tampoco puede volver a ser usado de ancla. A eso se suma las tarifas de servicios públicos, que fueron un poco atrasadas antes de las elecciones”, describió.

Kalos concluyó: “Si todo le sale muy bien al Gobierno, puede pasar que la inflación empiece con 1%, pero la verdad es que no es el escenario más probable. Lo sano sería que del casi 3% actual vaya bajando y si para fin de año estamos en uno y pico, es un buen dato. El problema ahí es discursivo porque el Gobierno se pone una meta demasiado exigente y que incluso puede ser contraproducente”.