El Ministerio de Economía de Argentina ha dado inicio formal al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal responsable de la operación de las centrales nucleares del país. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema que contempla la venta de una parte significativa del capital accionario de la compañía, manteniendo el control mayoritario en manos del Estado Nacional.

La decisión se fundamenta en el artículo 8° de la ley 27.742, que declaró a NASA “sujeta a privatización” bajo los términos de la ley 23.696 y sus modificatorias. El marco legal exige que el Estado conserve la mayoría accionaria y el control efectivo de la sociedad, además de reservarse el voto afirmativo para decisiones estratégicas como la ampliación de capacidad, la construcción de nuevas centrales, la salida de servicio por motivos no técnicos y la incorporación de accionistas que puedan asumir el control societario.

En el artículo 1 de la resolución se establece: “Iníciase el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) en los términos del artículo 8° de la ley 27.742 y del decreto 695 del 29 de septiembre de 2025”. Además, el procedimiento aprobado prevé la venta del 44% de las acciones de NASA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, conforme a los lineamientos de la ley 23.696.

Paralelamente, se implementará un Programa de Propiedad Participada que destinará el 5% del capital accionario a este fin, otorgando preferencias a los empleados de la empresa. El 51% restante del paquete accionario permanecerá bajo control del Estado Nacional, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica, garantizando así la participación mayoritaria estatal.

El Ministerio de Economía, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, ha sido instruido para adoptar todas las medidas necesarias que permitan concretar la privatización. Entre las acciones inmediatas se encuentra la organización del Programa de Propiedad Participada y la preparación de la venta en bloque del 44% de las acciones, proceso que deberá realizarse a través de una licitación pública y en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigencia de la resolución.

Por su parte, la Secretaría de Energía tendrá a su cargo la elaboración del inventario de bienes tangibles e intangibles que inciden en la valuación de las acciones de NASA, así como la gestión de la documentación licitatoria, técnica, societaria y contractual. Esta documentación deberá contar con la intervención previa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, que también coordinará las acciones necesarias para la privatización y solicitará a una entidad bancaria del sector público nacional la tasación del paquete accionario.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación ha manifestado que actualmente solo puede valuar activos físicos, por lo que la tasación de los activos financieros o intangibles de NASA será encomendada a una entidad bancaria pública, cuya evaluación tendrá carácter de presupuesto oficial. En caso de imposibilidad, la normativa autoriza la contratación de organismos internacionales o entidades privadas, siempre que no participen en el proceso de selección de compradores.

La venta parcial del paquete accionario se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, en cumplimiento del decreto 416 del 17 de junio de 2025. Además, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial coordinará la instrumentación y administración del Programa de Propiedad Participada, con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, conforme a la reglamentación vigente.

La incorporación de capital privado y la implementación del Programa de Propiedad Participada requerirán la revisión y adecuación del estatuto social de NASA. La Secretaría de Energía será responsable de elaborar y gestionar la documentación necesaria, contando con la asistencia técnica y operativa de la empresa y la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

La resolución, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo, establece que la medida entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Con este paso, el Gobierno argentino avanza en la reconfiguración del sector nuclear, abriendo la participación al capital privado bajo un esquema que preserva el control estatal y establece mecanismos de protección para las decisiones estratégicas de la empresa.

La Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualiza cada 6 meses los topes a partir de los cuales se monitorean las operaciones

05/11/2025 – 18:16hs

En un contexto donde las transferencias y las billeteras virtuales ganan terreno día a día, muchos usuarios se preguntan qué sucede si reciben una suma importante de dinero en su cuenta bancaria. La respuesta está en los límites y controles que establece la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cuando los fondos provienen de una fuente comprobable -como la venta de un vehículo o una propiedad, o el pago de un trabajo debidamente facturado-, no deberían presentarse mayores inconvenientes. Aun así, los bancos pueden aplicar retenciones preventivas hasta verificar la operación. En esos casos, basta con presentar la documentación que acredite el origen del dinero para destrabar la acreditación.

El panorama cambia cuando se trata de transferencias de alto monto sin justificación clara. En esas situaciones, el organismo recaudador puede observar la operación y requerir pruebas sobre el origen de los fondos para descartar movimientos irregulares, especialmente si se trata de cantidades significativas.

ARCA controla tus transferencias: a partir de qué monto vigila tu cuenta en noviembre 2025

En julio, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó los topes a partir de los cuales se monitorean automáticamente las operaciones bancarias y virtuales. Esta revisión se realiza cada seis meses, en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según explicó el organismo, se trata de una «actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024».

Superar esos montos puede activar alertas y dar lugar a controles más exhaustivos. Por eso, conocer los límites vigentes es fundamental para operar con seguridad, dentro del marco legal y sin demoras ni inconvenientes innecesarios.

A continuación, te damos a conocer los importes:

• Transferencias o acreditaciones: el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.
• Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.
• Saldos bancarios a último día del mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000
• Plazos fijos: se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.
• Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.
• Tenencias en sociedades de bolsa: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.
• Compras de consumidor final: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.
• Pagos: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

Recomendaciones prácticas al realizar transferencias

• Conservá los comprobantes: facturas, contratos, recibos o cualquier documento que respalde la operación.
• Chequeá los límites vigentes: antes de enviar o recibir montos elevados, consultá los topes que ARCA monitorea.
• Informá a tu banco si es necesario: en algunos casos, avisar previamente puede agilizar la acreditación de fondos.
• Mantené coherencia con tus ingresos: las transferencias deben reflejar la actividad económica habitual del titular para evitar alertas innecesarias.
• Usá canales oficiales: realizá transferencias mediante bancos o billeteras registradas para garantizar trazabilidad y seguridad.

Con estas precauciones, se reduce el riesgo de demoras o retenciones y se facilita el cumplimiento con la normativa vigente, asegurando que las operaciones se realicen sin inconvenientes.

Qué información puede solicitar ARCA ante una transferencia dudosa

Cuando el organismo detecta una transferencia significativa cuyo origen no está del todo claro, puede iniciar un pedido de información adicional. Entre los documentos más comunes se encuentran facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos declarados o certificaciones contables.

El objetivo de ARCA es asegurarse de que los fondos tengan un origen lícito y que el contribuyente se encuentre al día con sus obligaciones fiscales. En caso de no poder justificar el dinero recibido, la operación podría quedar retenida o derivar en sanciones. Por eso, la recomendación de los especialistas es mantener en orden toda la documentación vinculada a movimientos de dinero de cierto volumen.

Casi la mitad de los hogares urbanos del país presenta dificultades para acceder a servicios públicos esenciales. La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al primer semestre de 2025 señala que el 46,2% de los hogares no accede al menos a uno de estos servicios básicos: agua corriente, gas de red o desagües cloacales. Esto representa alrededor de 4,7 millones de hogares y más de 15,4 millones de personas.

El informe destaca que, si bien se han realizado ampliaciones de redes en distintas regiones durante los últimos años, el acceso efectivo sigue siendo desigual y depende tanto de la disponibilidad de infraestructura como de las posibilidades económicas de los hogares para conectarse.

En contraste, el 53,8% de los hogares sí cuenta con los tres servicios al mismo tiempo. Este grupo se concentra, principalmente, en los núcleos urbanos con mayor densidad de infraestructura consolidada, mientras que las carencias se observan con mayor frecuencia en periferias metropolitanas, ciudades medianas y pequeñas, y áreas de expansión urbana reciente.

El estudio detalla que el 90,6% de los hogares dispone de agua corriente mediante conexión a la red pública. Sin embargo, el 9,4% aún debe recurrir a otras fuentes de provisión. En algunas zonas, la alternativa es la perforación con bomba, mientras que en otras se depende de la recolección o abastecimiento a través de tanques comunitarios.

La situación del gas natural también muestra diferencias: el 65,7% de los hogares está conectado a la red domiciliaria, mientras que el 34,3% no cuenta con ese servicio y utiliza garrafas u otras fuentes, lo que implica costos más altos y menor estabilidad de suministro. En cuanto a los desagües cloacales, el 73,1% de los hogares cuenta con conexión a la red, mientras que el 26,9% utiliza cámaras sépticas, pozos ciegos o métodos alternativos.

Estas brechas en el acceso a servicios básicos se relacionan con el grado de consolidación urbana. En zonas de urbanización reciente, donde los barrios han crecido más rápido que las obras de infraestructura, la red puede estar disponible en la vía pública, pero las conexiones domiciliarias quedan pendientes. También influyen los costos asociados a la mano de obra y materiales, así como la regularidad o no de los terrenos, que puede impedir la tramitación de conexiones formales.

Respecto de la calidad de la vivienda, el 81,5% de los hogares reside en viviendas con materiales considerados de calidad suficiente. No obstante, el 12,8% habita en viviendas con calidad parcialmente insuficiente y el 5,7% en viviendas con materiales insuficientes. Este indicador evalúa principalmente los materiales utilizados en pisos, paredes y techos, así como la capacidad de estos elementos para proteger adecuadamente a los habitantes frente a condiciones climáticas y ambientales.

El informe también analiza la situación del hacinamiento. La mayoría de los hogares no presenta problemas graves de espacio, pero el 1,8% se encuentra en condiciones de hacinamiento crítico, definido como más de tres personas por cuarto. Más de un millón de personas viven en esta situación, que afecta la privacidad, el descanso y las posibilidades de estudio, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

En materia de saneamiento, el 87,9% de los hogares presenta condiciones consideradas adecuadas, mientras que el 12,1% no cuenta con baño en condiciones apropiadas de higiene. Además, el 6,1% de los hogares no posee baño con descarga de agua, lo que compromete el desarrollo de prácticas básicas de cuidado y prevención de enfermedades. La disponibilidad de agua dentro de la vivienda es casi universal, con un 98% de hogares que acceden a ella en el interior, aunque no siempre mediante la red pública.

El entorno urbano también influye en la calidad de vida cotidiana. El 5,1% de los hogares se ubica a menos de tres cuadras de basurales, lo que puede generar problemas de contaminación, olores y presencia de insectos o roedores. Además, el 9% de los hogares está situado en zonas inundables y ha experimentado al menos un episodio de inundación en los últimos doce meses, lo que afecta tanto la habitabilidad como la seguridad de las viviendas.