ECONOMIA
Cambios en las patentes de medicamentos: cómo sigue la tensión entre los laboratorios y qué pasará con los precios

La decisión tomada esta semana por el Gobierno para reformular el patentamiento de medicamentos podría, al menos por el momento, poner un freno a la histórica disputa entre los laboratorios extranjeros y sus pares nacionales. Bajo el paraguas del acuerdo comercial con EEUU, el Gobierno avanzó en un nuevo esquema que permite que ambos sectores sostengan su negocio. Al mismo tiempo, y considerando la impronta aperturista del Gobierno, los medicamentos se distinguen de otros sectoresen lo referente a los precios. No hay expectativas de que el nuevo escenario permita que los consumidores argentinos paguen menos por los medicamentos en virtud de una mayor competencia, al menos por el momento.
Distintas fuentes de los sectores involucrados y expertos en propiedad intelectual coincidieron ante la consulta de Infobae en que el Gobierno encontró una solución salomónica. En el futuro, los comercializadores locales de los nuevos productos farmacéuticos que sean patentados en el país deberán pagarle a los dueños de esas patentes, lo que claramente favorece a los laboratorios extranjeros. A la vez, la decisión oficial incluyó un punto clave: quienes hoy producen localmente medicamentos sin retribuir al dueño de la patente podrán seguir haciéndolo sin pagar nada, lo que claramente favorece a los laboratorios nacionales.
La frase se repite entre quienes conocen el tema: “Era esto o nada”. El acuerdo intermedio permitió salir de un escenario difícil de sostener. Las restricciones al otorgamiento de nuevas patentes eran casi totales y limitaban la inversión. En el gobierno destacan que con la decisión se revertirá esa situación, ya que existirá la seguridad jurídica necesaria para la investigación y el desarrollo.

En esa línea, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a los laboratorios extranjeros, elogió la medida y pidió “previsibilidad en materia de propiedad intelectual, ya que se trata de crear las condiciones necesarias para promover la innovación y favorecer la llegada de nuevas terapias a nuestro país. La actualización del marco normativo es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación, el desarrollo y la incorporación de avances en salud”.
La medida también dejará a muchas empresas locales que fabrican copias o genéricos con la potestad de seguir haciéndolo sin limitaciones. Ese negocio no sufrirá modificaciones, ya que el nuevo esquema solo se aplica hacia el futuro. Y los laboratorios extranjeros, que en teoría podrían reclamar por las patentes de los productos que ya están hoy en las farmacias, prefieren mirar hacia adelante y enfocarse en el negocio que viene.
De esa forma, ambos sectores avalaron un desenlace regulatorio que parece cerrado. Desde ambos sectores entienden que para que el nuevo sistema empiece a andar no se requiere ninguna reglamentación adicional. Aunque, claro está, siempre puede haber alguna letra chica, como en toda regulación.
La resolución conjunta dictada esta semana lleva la firma de Mario Lugones, ministro de Salud, Luis Caputo, ministro de Economía, y Carlos María Gallo, titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), un organismo que pasa a ser clave. Anuló otra similar de 2012 que fijaba “pautas de patentabilidad”, una serie de restricciones que “no existen en ninguna parte del mundo” según el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger, uno de los defensores de la medida. A partir de ahora, el INPI analizará caso por caso si el producto tiene la suficiente innovación y escala industrial para merecer la patente. Ya sin la traba de las “pautas” preestablecidas, el INPI se manejará con la ley de Patentes sancionada en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem.
Un interrogante sobre el nuevo esquema que abren algunos expertos tiene que ver con la capacidad operativa y técnica que tiene el INPI para llevar adelante su nuevo rol. En el mercado destacan que, más allá de lo que digan las regulaciones, el organismo sufrió en los últimos dos años el desfinanciamiento de la mayoría del sector público, con personal técnico que a menudo busca trabajo en empresas privadas para escapar de los salarios congelados.

Esa situación abre dudas sobre si el Instituto va a contar con los recursos para manejar la cantidad de “examinadores” necesaria para agilizar los procedimientos, ya que el farmacéutico no es el único sector que quiere patentar sus invenciones. Un dato reciente grafica el escenario y llamó la atención de quienes conocen su funcionamiento: el INPI acaba de duplicar todos los aranceles que cobra para sus trámites, que también estaban congelados, tal vez en busca de mayores fondos para sostener a su estructura técnica.
Un punto crítico de la letra chica que viene, aún cuando no haya ninguna reglamentación adicional, es que aún está pendiente la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo técnico y autárquico que dependerá del Ministerio de Salud. Anunciado por el Gobierno en marzo del año pasado, está agencia analizará medicamentos y tecnologías médicas antes de autorizar su compra con fondos estatales.
La Anefits, orientada a racionalizar el gasto público en salud, otorgará una habilitación previa a la validación técnica de la Anmat que requiere cualquier medicamento. Así, podría establecerse una evaluación económica en forma previa a la sanitaria. Un productos que no tenga el OK de la Anefits, no podrá ser comprado en el sistema público de salud. Por lo tanto, en su creación reside también un capítulo central de la aplicación del nuevo sistema.
En muchos mercados, el Gobierno de Javier Milei abrió la importación y quitó muchas regulaciones con el objetivo de tener una vía más para reducir la inflación. Los medicamentos no parecen ser el caso. Nada indica, según las fuentes consultadas por Infobae, que el nuevo sistema impacte sobre los precios que paga el consumidor en las farmacias.
En su defensa de la medida, Sturzenegger dijo que con ella “la Argentina vuelve al mundo”, que termina con restricciones que no existen en ningún lado y que “representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Habló de “mayor competencia en el largo plazo”. Pero en ningún caso mencionó la perspectiva de remedios más baratos.
Un elogio impensado llegó por el lado de Elisa Carrió. La líder de la Coalicion Cívica consideró la medida como “lo más importante que se hizo en la Argentina en los últimos años” porque apunta a “cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía ‘en desarrollo’”. Carrió cerró su mensaje en X con un deseo: “Espero que esto abarate los precios”.

Por el momento, nada indica que ese deseo vaya a cumplirse. Así como la resolución conjunta generó una primera reacción de positiva, sin peleas legales a la vista, la cuestión de los precios enciende al rojo vivo la disputa entre ambos sectores del negocio farmacéutico.
Las voces de los laboratorios del exterior aseguran que no es posible que la Argentina tenga medicamentos más caros que el resto de la región si desde hace tanto tiempo los productores locales pueden vender sin retribuir por las patentes y que eso se debe a un contexto de escasa competencia, que esperan esta medida empiece a modificar. Juzgan que los precios, en muchos casos, tienen un nivel injustificado.
Al mismo tiempo, desde los productores locales la réplica es clara. En el documento que publicó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) se asocia a las patentes con un monopolio para sus dueños, lo que naturalmente sube los precios en lugar de bajarlos. También destacaron un estudio de FIEL de 2024 que indica que gracias a los medicamentos genéricos y biosimilares se ahorraron más de USD 2.200 millones anuales.
CILFA adivirtió sobre las solicitudes de patentes “evergreening”, las que cubren innovaciones menores en medicamentos ya instalados en el mercado, que “no aportan efectos terapéuticos ni ningún otro valor, salvo preservar monopolios y obstaculizar durante años el lanzamiento de medicamentos competidores”. En la vereda de enfrente rechazan esas acusaciones, mucho más a partir de ahora: voces afines a CAEME explican que si no hay “actividad inventiva”, uno de los requisitos centrales para otorgar una patente según la ley de 1996 que vuelve a tener vigencia plena, el INPI la negará.
En los laboratorios locales, la postura es diferente. “Con más patentes habrá menos competencia y más privilegios monopólicos”, explican. Y aseguran que los precios seguirán ajustados a la dinámica actual del mercado. Y advierten que si en el futuro aparecen “patentes indebidas sobre desarrollos menores vinculados a medicamentos, habrá menos competencia y eso impactará en mayores precios”.
ECONOMIA
Jubilaciones y AUH en abril: el cronograma completo de pagos de ANSES con el aumento del 2,9%

El calendario de pagos de ANSES para abril de 2026 ya está oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el cronograma completo para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
Todas las prestaciones se actualizan este mes con un incremento del 2,9%. El porcentaje replica el índice de inflación de febrero informado por el INDEC.
El aumento del 2,9% se aplica a todas las prestaciones previsionales y sociales administradas por ANSES, incluyendo jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, AUH y AUE, siguiendo la fórmula de movilidad que ajusta los haberes con un desfase de dos meses.
El haber mínimo jubilatorio quedó fijado en $380.319,31. A ese valor se suma un bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de ingresos más bajos.
Con el refuerzo, el total asciende a $450.319,31 para quienes cobran el mínimo. El haber máximo, en tanto, alcanza los $2.559.188,81.
Cuándo cobra cada jubilado según su DNI en abril
Los primeros en cobrar son los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). Los pagos arrancan el 10 de abril para DNI terminados en 0 y 1.
Le siguen las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo. Esos depósitos empiezan también el 10 de abril, pero se extienden hasta el 23.
Los haberes más altos cierran el mes. Quienes cobran por encima del mínimo reciben sus pagos entre el 24 y el 30 de abril.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Cuándo se depositan AUH y Tarjeta Alimentar en abril
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar arrancan sus pagos el mismo día que las jubilaciones mínimas. El calendario corre desde el 10 hasta el 23 de abril.
La Asignación Universal por Embarazo (AUE) replica exactamente las mismas fechas. Ambas prestaciones se depositan según el último número del DNI del titular.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
Cuánto cobra cada jubilado con el aumento del 2,9%
El haber mínimo jubilatorio alcanza los $380.319,31 con la actualización de abril. Pero ese no es el monto final que verán los beneficiarios en sus cuentas.
A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben ingresos más bajos, lo que lleva el total a $450.319,31 para los jubilados con haber mínimo.
El tope máximo quedó establecido en $2.559.188,81. Ese es el límite que pueden cobrar los jubilados con aportes más altos durante su vida laboral.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegó a $304.255,44. Con el bono de $70.000, el total asciende a $374.255,44.
Las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ubican en $266.223,52. Sumando el refuerzo, llegan a $336.223,52.
Las pensiones para madres de siete hijos equivalen al haber mínimo. Con el bono incluido, el total es de $450.319,31.
Cuánto se cobra por AUH con el nuevo aumento
La Asignación Universal por Hijo también se actualizó con el 2,9%. Los montos quedaron fijados en $136.666 por un hijo, $273.332 por dos hijos y $318.753 por tres hijos.
ANSES deposita el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante, que se abona una vez presentada la libreta de controles de salud y educación al finalizar el ciclo lectivo.
Esa retención funciona como un incentivo para que las familias cumplan con los controles médicos obligatorios y la escolaridad de los menores. El 20% retenido se acumula y se paga en un solo depósito.
Para acceder a ese saldo acumulado, los titulares deben presentar la documentación correspondiente en las oficinas de ANSES. Sin ese trámite, el 20% queda congelado hasta que se regularice la situación.
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ECONOMIA
Cuánto paga de impuestos un automovilista cada vez que carga un litro de nafta en el surtidor

Cada vez que un consumidor carga un litro de nafta en la Argentina, afronta una estructura de costos que incluye una importante proporción destinada a impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esta dinámica suma presión en el actual contexto internacional de conflicto en Oriente Medio, que llevó a disparar más de un 15% los precios en surtidores, según diferentes relevamientos.
Según datos de la Cámara de Combustible de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en el supuesto de que un litro de nafta super se venda al público a $ 1.921, el precio neto —sin impuestos— es de $1.231,71, cifra que equivale al 64,12% del precio final. La diferencia hasta completar el monto que abona el consumidor corresponde a distintos tributos que se distribuyen entre la Nación, la provincia y los municipios.
El desglose de la Cámara de Combustible de Mar del Plata informa que la carga tributaria total sobre el litro de nafta super asciende a $689,29, lo que representa el 35,88% del precio pagado en el surtidor. Este porcentaje resulta de la suma de gravámenes de diferente naturaleza y jurisdicción.
A nivel nacional, los impuestos constituyen el principal factor de recaudación sobre el combustible. El Impuesto a los Combustibles Líquidos suma $304,08, equivalente al 15,83% del valor final. A este gravamen se le adiciona el Impuesto a las Emisiones de CO₂, que implica $18,63 o el 0,97% del precio total.

Este primer impuesto se aplica de manera fija sobre el litro de combustible y es motivo de controversias. Durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, se tomó la decisión de no aplicar las actualizaciones del impuesto en el último año de mandato, a los fines de que no impacte en la inflación. En tanto, durante la administración libertaria se ajustó en varias oportunidades por debajo de lo que correspondía y los gobernadores reclaman al gobierno central que no se distribuyeron esos recursos.
La recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos se debería distribuir por ley: 10,40% al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); 10,40% a las Provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. Algunos de estos fondos y fideicomisos fueron eliminados por el Gobierno.
La recaudación nacional se completa con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en este caso representa $270,68 del valor de venta, es decir, el 14,09% del precio final. Estos tres conceptos suman la mayor parte de la carga impositiva sobre el litro de nafta súper, consolidando el predominio de la recaudación nacional en la estructura tributaria del combustible.
A nivel provincial, el impuesto más relevante es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que se traduce en $54,80 por litro, lo que equivale al 2,85% del precio al público. En el ámbito municipal, existen dos tasas que afectan el precio del combustible: la Tasa por Seguridad e Higiene y la Tasa Vial. La primera suma $2,45 por litro, lo que representa el 0,13% del precio final, mientras que la segunda alcanza los $38,67 y equivale al 2,01% del valor pagado en el surtidor.
La sumatoria de estos tributos determina el monto total de impuestos que se abona por cada litro de nafta super, según la Cámara de Combustibles de Mar del Plata. El peso de cada nivel de gobierno sobre el precio final varía según la jurisdicción y el tipo de tasa o impuesto aplicado.

En la provincia de Buenos Aires, el municipio de Colón, General Pueyrredon y Pinamar cobra una tasa del 3% sobre el precio de venta, que es la mayor en términos porcentuales. Luego le siguen Pilar, Moreno y Azul, en donde se abona una alícuota levemente inferior al 2,5 por ciento. Estas cifras, aunque menores a lo que se aplica en algunas provincias del sur del país, representan una suma considerable en un país afectado por la inflación y por las oscilaciones del mercado internacional de hidrocarburos.
Entre los ejemplos más extremos de tasa vial aparece la provincia de Neuquén, en donde ocho municipios cobran un recargo del 4,5% sobre el precio de cada litro de combustible. Entre los que se destacan Centenario, Cutral Co, Junín de los Andes, Neuquén, Plaza Huincul, Plottier, San Martín de los Andes y Senillosa. Pero no se trata de la única provincia, sino que se aplica la misma alícuota en Cipoletti, Río Negro. En un rango menor, se ubican diferentes municipios de Jujuy, como San Pedro, San Salvador de Jujuy y Yala, en donde se cobra una tasa vial del 1,8 por ciento.
El análisis de la apertura impositiva revela que el componente nacional concentra la mayor proporción de la carga fiscal, seguido por la provincia y, en menor medida, los municipios. La presencia de la Tasa Vial en la estructura municipal responde a la decisión de algunas jurisdicciones de aplicar incrementos adicionales sobre los combustibles para financiar obras y servicios vinculados al tránsito o la infraestructura urbana. Aunque muchas veces esto no sucede en la práctica y la tasa se convierte en un impuesto ante la falta de contraprestación.
El precio neto del litro de nafta, es decir, el valor libre de impuestos, representa poco menos de dos tercios del precio pagado por el consumidor. Este dato ilustra el peso que tienen los tributos en la formación del precio final y la relevancia de la política fiscal sobre los combustibles. La distribución de la recaudación entre Nación, provincia y municipios evidencia la multiplicidad de actores involucrados en la definición del costo del combustible.
En la práctica, el consumidor afronta el peso combinado de los impuestos nacionales, provinciales y municipales cada vez que carga nafta super en su vehículo. La suma de gravámenes eleva el valor final y determina una recaudación significativa para el Estado en sus diferentes niveles.
En el contexto actual, la carga tributaria sobre los combustibles resulta especialmente relevante ante los aumentos recientes en los precios internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. El incremento del valor de los combustibles impactó de manera directa en el bolsillo de los consumidores argentinos, como se registró en los últimos días.
Hasta el momento, la guerra en el Medio Oriente motivó un ajuste del 15% en el precio de los combustibles en Argentina. Aunque recientemente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció detalles sobre las conversaciones con un alto líder iraní, en busca de un acuerdo que pudiera influir en la estabilidad de la región y, en consecuencia, en el precio de los hidrocarburos.
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ECONOMIA
Cuota alimentaria: INDEC reveló cuánto sale mantener un hijo en Argentina y el número «asusta»

La canasta de crianza alcanzó nuevos máximos en febrero de 2026. El INDEC difundió los valores mensuales que reflejan cuánto cuesta criar a niñas, niños y adolescentes hasta los 12 años en Argentina.
El informe oficial contempla dos componentes clave: los gastos en bienes y servicios esenciales, y el valor económico del tiempo destinado al cuidado. El objetivo es dimensionar de manera integral los recursos que las familias necesitan para sostener la crianza, incluyendo tanto desembolsos directos como el costo del trabajo de cuidado no remunerado.
Según los datos del organismo, el costo total mensual osciló entre $480.463 y $616.484 durante febrero. La cifra varía según cuatro tramos etarios definidos por niveles de escolarización y necesidades específicas de cada etapa.
Este número impacta en la cuota alimentaria que se suele fijar en los casos de niños que tienen a sus padres separados porque su resultado es consecuencia de parámetros objetivos, por lo que muchos juzgados toman como referencia la canasta de crianza. Con los últimos datos difundidos, correspondientes a la inflación de febrero de 2026, los nuevos valores impactaron directamente en las cuotas que se discuten y actualizan durante marzo y abril.
¿Qué es la cuota alimentaria y quién debe pagarla?
La cuota alimentaria es la obligación legal de los progenitores de contribuir a la manutención de sus hijos cuando estos no pueden sostenerse por sí mismos. La responsabilidad no se extingue por separación o divorcio ni depende de la convivencia.
Incluye alimentación, vivienda, vestimenta, transporte, salud, educación, actividades recreativas y todo lo necesario para el desarrollo integral del menor. El progenitor no conviviente debe realizar un aporte acorde a su capacidad económica y al nivel de vida previo a la separación.
Cuánto sale criar un hijo según la edad en Argentina en abril 2026
La canasta de crianza mostró diferencias marcadas entre los distintos grupos. Los valores oficiales para febrero fueron:
- Menores de 1 año: $480.463
- De 1 a 3 años: $572.590
- De 4 a 5 años: $490.459
- De 6 a 12 años: $616.484
El mayor costo se registró en el grupo de 6 a 12 años, con $616.484 mensuales. Este tramo concentra gastos más elevados en rubros como educación, vestimenta y alimentación.
En el extremo opuesto, los menores de un año presentaron el valor más bajo. Sin embargo, el componente de cuidado en esta etapa es proporcionalmente más alto que en otras edades.
El grupo de 1 a 3 años quedó en segundo lugar con $572.590. La diferencia respecto al tramo de 4 a 5 años se explica por las mayores necesidades de cuidado intensivo en la primera infancia.
Qué incluye la canasta de crianza del INDEC
El indicador se compone de dos rubros principales que reflejan el costo integral de la crianza. Cada uno aporta información sobre aspectos diferentes pero complementarios del desarrollo infantil.
Bienes y servicios es el primer componente. Incluye gastos vinculados al consumo cotidiano: alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.
Los valores estimados en febrero para este rubro fueron:
- Menor de 1 año: $158.312
- 1 a 3 años: $204.418
- 4 a 5 años: $260.351
- 6 a 12 años: $322.967
Estos montos se calculan a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires. El INDEC aplica coeficientes específicos según la edad para ajustar el consumo de cada tramo etario.
El segundo componente es el costo del cuidado. Representa la valorización económica del tiempo destinado a atender las necesidades de niñas y niños.
Para calcularlo, el organismo toma como referencia la remuneración del personal de casas particulares. Los valores de febrero fueron:
- Menor de 1 año: $322.151
- 1 a 3 años: $368.172
- 4 a 5 años: $230.108
- 6 a 12 años: $293.517
Este componente representa una proporción significativa del total, especialmente en las primeras etapas de vida, cuando las necesidades de atención son más intensas y frecuentes.
Cuántas horas de cuidado requiere cada edad
El informe del INDEC también detalla la cantidad de horas mensuales de cuidado necesarias. Este dato es clave para entender por qué varían tanto los costos entre edades.
Los requerimientos estimados en febrero fueron:
- Menores de 1 año: 147 horas mensuales
- 1 a 3 años: 168 horas mensuales
- 4 a 5 años: 105 horas mensuales
- 6 a 12 años: 84 horas mensuales
La reducción en las horas responde a varios factores. El principal es la incorporación progresiva al sistema educativo, que cubre parte del tiempo de cuidado que antes recaía exclusivamente en las familias.
En el tramo de 1 a 3 años se registra el pico máximo de horas. Esta etapa coincide con las necesidades de atención constante, antes del ingreso al jardín de infantes.
A partir de los 4 años, las horas de cuidado bajan significativamente. La escolarización formal reduce la demanda de tiempo, aunque no la elimina por completo.
Cómo evolucionó el costo de criar en el último año
La canasta de crianza registró aumentos en todos los tramos de edad durante el último año. La comparación interanual muestra una tendencia ascendente sostenida en los 12 meses.
Los incrementos fueron:
- Menores de 1 año: de $404.618 en febrero de 2025 a $480.463 en febrero de 2026
- De 1 a 3 años: de $470.824 a $572.590 en el mismo período
- De 4 a 5 años: de $402.150 a $490.459
- De 6 a 12 años: de $503.935 a $616.484
El mayor incremento nominal se dio en el grupo de 6 a 12 años, con un salto de más de $112.000 en 12 meses. Este tramo concentra gastos más sensibles a la inflación, como educación y alimentación.
El tramo de menores de 1 año también mostró un aumento significativo, cercano a los $76.000 mensuales. La suba refleja el impacto del ajuste en productos de primera necesidad y servicios de salud.
La serie histórica evidencia que el costo de crianza creció por encima de otros indicadores. Los rubros de educación y cuidado fueron los que más presionaron sobre el índice.
Cómo calcula el INDEC la canasta de crianza
La metodología oficial combina dos enfoques complementarios. El primero se basa en el consumo de bienes y servicios esenciales.
Para estimar los gastos en bienes, el INDEC parte de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires y aplica coeficientes que reflejan el patrón de consumo específico de cada grupo etario.
El segundo enfoque valora el tiempo de cuidado. El organismo estima las horas mensuales requeridas según la edad y las multiplica por el salario del régimen de trabajo en casas particulares.
La estimación se realiza en cuatro tramos etarios. Estos fueron definidos considerando los niveles de escolarización: menores de 1 año, de 1 a 3, de 4 a 5 y de 6 a 12 años.
El indicador abarca a la población de hasta 12 años inclusive. Busca reflejar el costo económico integral del desarrollo infantil, incluyendo tanto los gastos directos como el valor del tiempo dedicado al cuidado.
Según el INDEC, este indicador permite dimensionar de manera más completa los recursos necesarios para la crianza. También aporta información para el análisis de las condiciones de vida y el diseño de políticas públicas orientadas a la infancia.
Cómo se calcula la cuota alimentaria en marzo 2026
En la práctica judicial, la cuota suele fijarse como un porcentaje del ingreso neto del progenitor obligado, generalmente entre el 20% y el 30% por hijo, aunque no existe un tope máximo legal.
Los jueces evalúan:
Al fijarse como porcentaje, la cuota puede actualizarse automáticamente ante aumentos salariales.
Hasta qué edad corresponde pagarla
Hasta los 21 años, en todos los casos
Hasta los 25 años, si el hijo estudia y no tiene ingresos propios
Sin límite de edad, en casos de discapacidad que impida la autosuficiencia
Qué pasa si no se paga la cuota
El incumplimiento puede derivar en distintas medidas judiciales:
Embargo de sueldo o cuentas
Retención automática de haberes
Prohibición de salida del país
Suspensión de licencia de conducir
Inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios
Arresto domiciliario en casos graves
Qué ocurre si el progenitor no tiene empleo registrado
La obligación subsiste. En esos casos, los jueces pueden:
Fijar la cuota como porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil
Admitir pagos en especie complementados con dinero
Extender la obligación a los abuelos en situaciones excepcionales
La obligación de los abuelos
El artículo 668 del Código Civil y Comercial permite reclamar alimentos a los abuelos en el mismo proceso iniciado contra los progenitores, cuando se acredita dificultad o incumplimiento del obligado principal.
La responsabilidad es subsidiaria y más acotada: cubre lo necesario para subsistencia, vivienda, vestuario, asistencia médica y educación del menor, según la capacidad económica del abuelo obligado.
Con los valores de enero de 2026, la canasta de crianza continúa funcionando como una referencia técnica central en los tribunales para dimensionar el costo mensual de mantener a un hijo en Argentina.
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