ECONOMIA
Caputo libra la batalla por el salario y presiona para alinear los sueldos con el objetivo de inflación

Otro 1° de Mayo en el que el salario vuelve a estar en el epicentro de la discusión. Pero, a diferencia de lo que ocurría durante la gestión de Alberto Fernández, ahora la CGT no convoca a marchas hacia las sedes empresariales para culparlos de la inflación, sino que responsabiliza al plan económico de Javier Milei por las dificultades de los trabajadores para llegar a fin de mes.
Inevitablemente, el salario y las negociaciones paritarias vuelven a ser un tema político, porque más allá de las cifras, cada sector hace sus interpretaciones sobre lo que vendrá en el futuro en materia de inflación.
Nada ilustra mejor esa situación que la falta de acuerdo sobre el salario mínimo en la reunión trimestral del Consejo del Salario, donde participan los sindicatos, las cámaras empresariales y el gobierno. Se daba por descontado que habría desacuerdo, pero aun así llama la atención la distancia entre las pretensiones de cada parte: lo ofrecido por el sector empresarial es menos de la mitad de lo que plantearon las centrales CGT y CTA.
El gobierno defiende la tesis de que los salarios terminaron el año pasado con una recuperación y que ahora, en el marco de una economía que se recupera -según Milei está ya en una velocidad de crecimiento de 10% interanual- el crecimiento del poder adquisitivo será más acelerado.
Del otro lado, el argumento es, obviamente, el riesgo inflacionario, luego del inesperado 3,7% de marzo y de la incertidumbre cambiaria por el levantamiento del cepo.
Lo cierto es que, aunque en el discurso oficial solamente se hable de «las tres anclas» -fiscal, monetaria y cambiaria-, en el gobierno también consideran que el salario debe mantenerse bajo control, sin que algún «desborde» en las paritarias incida negativamente sobre las expectativas inflacionarias. Una especie de «cuarta ancla» para bajar la nominalidad de la economía.
En este mismo momento hay negociaciones abiertas en algunos de los gremios más grandes y de mayor visibilidad, como el camionero, el de comercio y el de los estatales. Todos habían llegado a acuerdos y pidieron revisión ante lo que consideran como un empeoramiento del contexto macroeconómico.
La pulseada por la expectativa inflacionaria
Es por ese motivo que Toto Caputo ha centrado sus esfuerzos de comunicación en la «marcha atrás» que dieron las grandes empresas alimenticias y las cadenas supermercadistas, que habían remarcado precios tras el levantamiento del cepo.
Y no fue casual tampoco el «timing» del anuncio de YPF sobre la rebaja promedio de 4% en los precios de los combustibles. Se trata de un rubro que no solamente afecta a los automovilistas sino que incide sobre toda la cadena logística.
Pero, sobre todo, el mayor esfuerzo argumental que ha dejado el gobierno en estos días es que lo ocurrido en marzo fue más un accidente que un cambio de tendencia. En otras palabras, que el IPC de abril no solamente será inferior sino que se mostrará más cercano al 2,4% que se había registrado en febrero.
No es un tema que al gobierno le resulte fácil de instalar. De hecho, en la encuesta que realiza mensualmente la Universidad Di Tella sobre expectativas inflacionarias, se registró un cambio de tendencia: en abril empeoró la previsión de los consumidores, que esperan un 41,% de aumentos para los próximos 12 meses.
Por otra parte, ni bien se produjo el levantamiento del cepo, hubo consultoras que al ver las remarcaciones de precios se aventuraron a pronosticar inflaciones en torno de 4% hasta junio inclusive.
Con ese marco de escepticismo, para el gobierno fue un logro el hecho de que el convenio más numeroso, el del comercio -que aglutina a más de un millón de asalariados- haya acordado cifras relativamente alineadas con el plan de inflación diseñado oficialmente.
El acuerdo implica que para el trimestre abril-junio habrá una suba de 5,4%, en tres tramos no acumulativos: 1,9% en abril, un 1,8% en mayo y un 1,7% en junio.
El Indec marca una recuperación
A inicios de año, las paritarias habían comenzado con una llamativa tranquilidad, en la que el sendero descendente del IPC hacía que los dirigentes sindicales mostraran una buena disposición a converger hacia las cifras que pretendía el gobierno.
El caso más emblemático, como es habitual, fue el de los camioneros de Hugo Moyano, que el gobierno sigue con particular interés porque suele ser tomado como referencia por el resto del mercado. Era un momento de optimismo, en el que Toto Caputo anunciaba el crawling peg al 1% mensual y pedía que los salarios no pasaran del promedio del 1,5% mensual -que era la inflación objetivo marcada por el plan «de las tres anclas».
Y el gobierno consideró uno de sus mayores logros políticos que Moyano haya accedido a suavizar su propuesta original, que era de un 8% para el trimestre diciembre-febrero: quedó en tres subas mensuales que acumulaban un 5,5% -a lo que, como es tradicional, se agregaba una suma «no remunerativa»-.
En todo caso, el mensaje era claro, los salarios debían seguir la línea marcada por el gobierno, dado que la inflación iba en descenso y, para mejor, la canasta básica -es decir, la que marca el consumo mínimo para estar sobre la línea de pobreza- mostraba un freno mayor que el promedio de los precios.
Hasta febrero, las cosas salieron como el gobierno preveía. Y eso quedó confirmado por los datos estadísticos oficiales que acaba de difundir el Indec. El salario del sector registrado tuvo, entre diciembre y febrero, un incremento promedio de 7,4%, a tono con la inflación del trimestre -como es habitual, con el sector estatal tres décimas debajo del privado-.
Y si se considera el promedio general, que incluye a los trabajadores no registrados, entonces la recomposición fue mucho más alta, dado que el Indec midió para esos cuentapropistas y trabajadores informales una mejora de 25% en el trimestre.
Pero claro, todos estos números son promedios por sector, y además hacen la medición «entre puntas», que siempre subestima la erosión cotidiana del salario. Es por eso que los ante las cifras del Indec que esgrimen los funcionarios, los sindicatos también muestran sus propios cálculos, que en muchos casos específicos muestran todavía un nivel de compra inferior al del recambio gubernamental.
El punto de inflexión sindical
Lo cierto es que el 3,7% que marcó el IPC de marzo cambió por completo el panorama. Los camioneros de Moyano que habían marcado la pauta alineada con el gobierno en el inicio del año, ahora están reclamando una recomposición.
Lo cierto es que hay un empeoramiento en la relación de los sindicatos y el gobierno. Es algo que ya quedó en claro cuando la central sindical CGT salió de su tesitura negociadora y convocó a inicios de abril a un paro general -el tercero de la era Milei-.
Más allá de que el paro tuvo una adhesión regular por el no acompañamiento del gremio transportista, la cúpula gremial envió un mensaje claro respecto de las dudas que habían surgido sobre la sostenibilidad del plan económico. Y, como ya había ocurrido otras veces, el mayor nivel de adhesión al paro no estuvo entre los trabajadores de menores ingresos -como pueden ser los empleados de comercio o los cuentapropistas que hacen servicio de delivery, sino los afiliados a los grandes gremios de sectores poderosos, como la banca, la logística, la industria y la energía.
Desde ya, el sector público fue uno de los protagonistas de la protesta, algo que se explica no sólo por su retraso salarial durante el año pasado sino por el temor a la pérdida de puestos de empleo en el marco de las reformas anunciadas por el ministro de Desregulación estatal, Federico Sturzenegger.
Las últimas protestas tienen una diferencia importante respecto de las primeras movilizaciones que había convocado la CGT: antes, el tema principal de controversia era el regreso del impuesto a las Ganancias para los asalariados de nivel más alto, así como la reforma en el sistema de obras sociales.
Ahora, el foco está puesto en el nivel salarial, algo que legitima a la cúpula sindical ante sus bases de trabajadores con menores ingresos. De hecho, entre las principales quejas contra Caputo está su tendencia a interferir en las negociaciones –por la vía de no homologar aumentos demasiado altos-, algo sobre lo que los sindicalistas suelen ironizar, porque no se condice con la ideología liberal del gobierno.
Las nuevas protestas sindicales apuntan también a los compromisos de reformas estructurales que el gobierno firmó en el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en especial la reforma del marco legal del trabajo.
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ECONOMIA
Indumentaria en crisis: el sector atravesó su peor bimestre y se aceleran los despidos y las suspensiones

La industria de la indumentaria registró en los últimos dos meses un período de fuerte deterioro en casi todos sus indicadores y, según el propio sector, atravesó el peor bimestre desde comienzos del año pasado.
Las empresas debieron enfrentar una combinación de caída del consumo, suba de costos, aumento de importaciones y el agravamiento de los problemas financieros internos. Este escenario llevó a los fabricantes a reducir su actividad, ajustar estrategias de precios, gestionar una presión inédita de stocks y adaptarse a una dinámica comercial externa que profundizó las tensiones en el mercado.
Los datos relevados por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) exhibieron una estructura sectorial debilitada, con un nivel de ventas que retrocedió por tercer bimestre consecutivo y con una percepción empresarial que se desplazó hacia posiciones abiertamente pesimistas. Además, las señales provenientes del comercio exterior reforzaron el impacto sobre los productores locales, ya que las importaciones de prendas crecieron al ritmo más acelerado en siete años.
En este contexto, el comportamiento del empleo y de la producción se convirtieron en el eje más crítico del panorama industrial.
Las empresas recurrieron a ajustes crecientes en la dotación de personal
Las empresas recurrieron a ajustes crecientes en la dotación de personal, con un salto de los despidos que marcó el valor más alto desde 2024. Las suspensiones se duplicaron y representaron el 10% de las medidas adoptadas por las empresas, cuando el bimestre anterior era 5%. En el caso de los despidos, representaron casi 30% de las medidas adoptadas.
Estas decisiones se vincularon directamente con la imposibilidad de trasladar a precios la suba de los costos, la caída sistemática de ventas y la acumulación de inventarios que dificultó la continuidad del ritmo productivo.
El registro de cuatro bimestres consecutivos de incremento en despidos mostró la velocidad con la que las compañías adoptaron herramientas de contención y evidencia el deterioro que afectó la operación cotidiana de las firmas. Mientras la demanda se contrajo y la presión por exceso de stock aumentó, la producción se desestabilizó y los fabricantes recortaron turnos, horas y personal.

La encuesta de la CIAI mostró que 7 de cada 10 empresas reportaron caídas en ventas en el quinto bimestre del año. Este comportamiento se consolidó como tendencia, ya que por tercer período consecutivo el balance sectorial se mantuvo en terreno negativo.
La baja interanual de unidades vendidas llegó al 13,3%, un nivel que reflejó el retroceso del consumo sobre una base que ya se encontraba debilitada. La caída de la demanda volvió a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los empresarios, posicionándose como un problema para el 80% de las firmas. A esta dificultad se sumó un incremento de costos que afectó la estructura operativa del sector y que presionó aún más sobre la rentabilidad.
La incapacidad de trasladar costos salariales a precios ocupó un rol determinante en el deterioro del desempeño. Según la cámara, el 64% de las empresas absorbió completamente los incrementos salariales, mientras el 34% solo aplicó ajustes parciales. Esta dinámica explicó el desacople del índice de precios de prendas respecto del nivel general y mostró las restricciones que enfrentó la industria para sostener márgenes y planificar producción. La contención de precios se impuso como norma en un escenario marcado por la resistencia del consumidor y por la competencia creciente de productos importados.

El problema de los stocks se convirtió en uno de los aspectos más sensibles para la actividad. El 48% de las empresas declaró inventarios excesivos, el valor más elevado desde fines de 2024.
Este indicador sumó cuatro bimestres consecutivos en alza y se transformó en una fuente relevante de tensión financiera, ya que la acumulación de productos sin rotación limitó la capacidad de reposición, alteró la planificación de la producción y redujo el espacio para nuevos lanzamientos o series cortas.
La cadena de pagos también mostró signos de deterioro. Un tercio de las firmas reportó retrasos frecuentes, mientras las empresas sin inconvenientes en sus pagos se redujeron del 49% al 30%. Esta situación generó un impacto directo sobre la producción: al enfrentar demoras en los cobros, muchas compañías ralentizaron compras de insumos, ajustaron la planificación de fabricación y priorizaron órdenes de mayor liquidez.
Al enfrentar demoras en los cobros, muchas compañías ralentizaron compras de insumos, ajustaron la planificación de fabricación y priorizaron órdenes de mayor liquidez
En un marco donde la demanda retrocedió y los costos crecieron, el deterioro financiero limitó todavía más la capacidad de sostener personal y actividad.
La confianza empresarial cayó con fuerza. El 58% de las compañías calificó la situación económica como mala o muy mala, el nivel más crítico de los últimos dos años. Las expectativas para 2025 se movieron hacia posiciones negativas: la proporción de empresas que esperaba mejoras en ventas descendió a solo 10%, mientras el pesimismo aumentó desde el segundo al quinto bimestre.
La contracción del optimismo coincidió con el deterioro del resto de las variables operativas, en un contexto donde las empresas evaluaron un escenario de incertidumbre y ajuste para los meses siguientes.
La información de comercio exterior reforzó el diagnóstico general. Entre enero y octubre de 2025, las importaciones de prendas de vestir crecieron un 102% en dólares y 154% en cantidades respecto del mismo período de 2024.
El volumen importado llegó a 31.232 toneladas, una cifra que ubicó al segmento en su récord histórico para ese lapso. China explicó buena parte del incremento, con precios unitarios en retroceso y una participación del 51% sobre el total. El precio promedio de la prenda importada cayó un 21%, impulsado por la mayor presencia de productos de bajo costo, y generó una competencia directa sobre la producción nacional.

El análisis por categorías mostró que los pantalones, los abrigos y los sweaters concentraron la mayor parte del valor importado. Los pantalones representaron el 21,8% del total, con un crecimiento interanual del 124% en dólares y del 196% en cantidades. Las t-shirts y las camisas también registraron subas significativas, lo que amplió la oferta externa en segmentos de alta rotación. La competencia se acentuó con el descenso de precios unitarios: las t-shirts importadas bajaron un 37%, las camisas de hombre un 27% y los sweaters un 20 por ciento.
Del lado de las exportaciones, el desempeño también fue negativo. Entre enero y octubre, el valor exportado cayó un 21% y el volumen retrocedió un 24%. El sector envió 479 toneladas, el registro más bajo de los últimos ocho años. A pesar de este declive, el precio unitario de la prenda exportada subió 4%, un movimiento que respondió a modificaciones en la composición del mix exportador, más orientado a productos de mayor valor relativo.
ECONOMIA
Argentinos compraron más de u$s4.600 millones y la demanda se mantuvo cerca del récord

En un contexto financiero marcado por la cautela preelectoral, el mercado cambiario volvió a reflejar en octubre que la dolarización por parte del público no fue un episodio aislado, sino una conducta persistente que sigue condicionando el Balance Cambiario.
Según los datos del Banco Central (BCRA), el mes pasado volvió a registrarse una fuerte demanda de moneda estadounidense por parte de las «Personas humanas«. Aunque algo por debajo del máximo histórico del mes previo, las compras brutas sumaron u$s4669 millones, apenas un 8% menos que en septiembre (había sido u$s5080 millones), cuando el salto electoral en la provincia de Buenos Aires había disparado los niveles de cobertura.
Efecto elecciones: se mantuvo el apetito dolarizador en octubre 2025
El BCRA precisó que, tras el estallido de demanda de septiembre -cuando se habían registrado compras por u$s5080 millones, más del doble de los u$s2422 millones de agosto-, octubre mostró una leve desaceleración, pero sin señales de que la presión cambiaria esté aflojando. En septiembre también se habían concretado ventas por u$s575 millones y una participación inusualmente alta de operadores: 1,8 millones de compradores y casi 890.000 vendedores.
En octubre hubo un repliegue en la cantidad de personas que acudieron al mercado formal, pero quienes continuaron participando operaron montos más abultados. De acuerdo con el Balance Cambiario, compraron dólares 1,6 millones de individuos (11% menos que el mes anterior) y 784.000 vendieron (12% menos).
La caída en volumen no impidió que el flujo neto siguiera siendo significativo. Las ventas retrocedieron a u$s473 millones -una baja del 18% mensual- y consolidaron un panorama en el que predomina la búsqueda de cobertura. El Central reportó un egreso neto total de u$s5068 millones por parte de personas humanas, con u$s4196 millones vinculados específicamente a compras de billetes «sin fines específicos», el rubro que mejor refleja las conductas defensivas.
Al respecto el economista Federico Glustein sostuvo que detrás de la dinámica cambiaria del bimestre septiembre-octubre se combina el impacto político con la intervención externa.
«Lo primero que tenemos es que hubo un incremento fuerte postelecciones en la Provincia y que en octubre aparece una moderación tras la intervención del Tesoro de los Estados Unidos», señaló. Y remarcó que no se observa un giro hacia la venta de dólares para obtener liquidez en pesos: «No se ve el ‘se está vendiendo dólares para hacerse de pesos’, sino más bien que en octubre continúa la cobertura preelectoral, aunque con cierta moderación respecto del pico previo».
Glustein también recordó el efecto que dejó el cambio impositivo de septiembre: la eliminación transitoria de retenciones. Ese movimiento derivó en «u$s 677 millones negativos en bienes» y consolidó «un esquema de déficit de cuenta corriente, con un fuerte proceso de ventas por u$s 3465 millones». Aun así, destacó la contraparte positiva: «a pesar de esto, hay una operación positiva con el Tesoro (EE.UU.) por más de u$s 2000 millones».
El economista Fernando Marull complementó esa visión desde su cuenta de X, donde escribió: «Ahí se ven los u$s 2000 millones del Tesoro argentino sumados a los u$s 2000 millones de Scottie».
Octubre registró el mayor déficit de cuenta corriente de la era Milei
En un mes atravesado por la volatilidad preelectoral, Argentina volvió a mostrar un deterioro marcado en su frente externo. Según los datos difundidos por el Banco Central, octubre cerró con el mayor déficit de cuenta corriente desde que Javier Milei asumió la presidencia, borrando el superávit de más de u$s5.500 millones que había dejado septiembre gracias a la suspensión temporaria de retenciones al agro implementada por el Gobierno en la antesala de los comicios.
El informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario precisó que el desequilibrio de octubre llegó a u$s2.599 millones, el peor resultado mensual desde noviembre de 2017. La autoridad monetaria atribuyó parte del movimiento a un incremento en la demanda de divisas por cobertura frente al ruido electoral.
En este punto, el organismo destacó que las compras netas de moneda extranjera sin destino específico escalaron a u$s4.196 millones durante el décimo mes del año. Desde que se levantaron las restricciones cambiarias para personas humanas, en abril, ese tipo de operaciones ya suma u$s19.600 millones.
A su vez, el documento oficial detalló que las ventas de dólares del Tesoro en el mercado oficial alcanzaron en octubre los u$s2.060 millones, un comportamiento que también incidió en la dinámica cambiaria del período.
El informe del BCRA concluyó que «las reservas internacionales del BCRA disminuyeron u$s992 millones en octubre, finalizando el mes en un nivel de u$s39.382 millones». «Este resultado se explicó principalmente por las ventas de moneda extranjera en el mercado de cambios por parte del Tesoro Nacional por u$s2.060 millones, por la cancelación neta de capital e intereses de títulos públicos por u$s268 millones, por los egresos netos de capital e intereses de préstamos de organismos internacionales (excluyendo al FMI) por u$s243 millones, por los pagos netos efectuados por el BCRA a través del SML por u$s 80 millones y por las ventas netas del BCRA en el mercado de cambios por u$s46 millones».
«Los mencionados movimientos fueron parcialmente compensados por el aumento de las tenencias en moneda extranjera de las entidades en el BCRA por u$s1.268 millones y por el aumento de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por u$s413 millones», concluye el informe.
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ECONOMIA
La industria bajo presión: en octubre, el 98% de los lavarropas importados llegaron desde China

El reciente cierre de la planta de fabricación de lavarropas que Whirlpool había inaugurado hace apenas tres años en Pilar, y el consiguiente despido de 220 trabajadores, volvió a poner sobre el tapete temas como el “costo argentino” para producir localmente con un tipo de cambio que muchos empresarios y economistas consideran “atrasado” y en el contexto de la apertura comercial que decidió el gobierno para poner coto a los precios locales y reducir más rápidamente la inflación.
Desde la empresa norteamericana explicaron que a partir de ahora se dedicarán a importar, decisión similar a la tomada en 2003, cuando Whirlpool cerró la planta de heladeras que tenía en San Luis. Ahora pasó lo mismo, explicaron: el negocio no anduvo y la decisión fue impulsada desde la filial brasileña de la cual depende la operación argentina.

Como precisó Infobae, la importación de lavarropas automáticos, que en 2024 había sido de poco más de 90.000 unidades, casi se decuplicó en los primeros diez meses de este año, en que sumó 916.000 unidades, como puede verse en el gráfico de arriba.
Una precisión adicional, que describe la presión competitiva que sufren las empresas industriales no solo de la Argentina, sino de casi todo el mundo, es que la absoluta mayoría de esos lavarropas proviene de China. Según datos que recogió Infobae de fuentes del sector, en los primeros diez meses del año de los poco más de 916.000 lavarropas automáticos importados, poco menos de 814.000, el 89% del total, vinieron de China.
El dominio chino se fue haciendo excluyente: en octubre, último mes para el que se cuenta con datos, la importación de lavarropas de China explicó el 98% del total. Si se toman los datos desde junio, cuando la importación mensual de lavarropas chinos sobrepasó las 100.000 unidades, en cada mes de los últimos cinco, el ingreso de lavarropas de China superó el acumulado anual de cualquier otro país, incluido Brasil.

Como observación casi anecdótica, en 10 meses la importación de lavarropas a la Zona Franca Río Gallegos, que los gobiernos kirchneristas vendieron como remedio contra la Zona Franca de Punta Arenas, Chile, para hacerle la vida mejor y más barata a los habitantes de la provincia, sumó 8 unidades.
Lo que pone en el centro la dificultad de competir con China, como planteó Paolo Rocca días atrás. “Hoy China tiene el 34% de la manufactura del mundo y esto implica que el resto de los países la perdió”, dijo el CEO de Techint. Aunque reconoció que el concepto de “política industrial” ha sido en la práctica bastardeado, Rocca pidió “entender en qué cadena de valor aceptamos un rol distinto y a cuál apoyamos y cuidamos” y suministró datos, precisamente, sobre la importación de heladoras y lavarropas.
Como en estos días lo volvió a hacer el titular de la Unión Industrial, Martin Rappallini, Rocca planteó la necesidad de reducir la carga impositiva y la informalidad laboral, para “distribuir el peso del Estado”. En la Argentina, abundó, “hay 122.000 juicios laborales en curso, un récord histórico”.
En cuanto al “costo laboral” de los productores de lavarropas y otros artículos domésticos, este viernes hubo un “preacuerdo” de paritaria semestral entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y un conjunto de agrupaciones empresarias incluidas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (Caiama), la Federación de Cámaras Industriales de Artefactos para el Hogar (Fedehogar) y la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC), pero al que se resistiría la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa Metalúrgica Argentina (Camima).
El preacuerdo, que excluye la siderurgia, sería un aumento del 14% y sumas no remunerativas de $160.000 que al cabo de seis meses llevarían el “Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) del sector a $1.229.000 al mes, un aumento del 31% sobre el valor de septiembre pasado, al que se había llegado por la paritaria semestral anterior.
Sin embargo, desde una de las agrupaciones empresarias involucradas dijeron a Infobae que el acuerdo no se firmó porque “la UOM quiso agregar algunas cosas” sobre las que no había acuerdo. “La UOM de Córdoba hizo correr la versión de que se había firmado, pero no”, explicaron.
Mientras tanto, de diez decisiones e investigaciones por dumping (vender por debajo del costo de producción) y competencia desleal iniciadas por la Comisión Nacional de Comercio Exterior desde que el gobierno agilizó el sistema, seis conciernen a China. Dos demandas se cerraron “sin la aplicación de derechos antidumping”. Los restantes casos incluyen importación de termos, tubos de aluminio, radiadores y motores de lavarropas.
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