La motosierra entró en fase de rendimiento decreciente y cada vez va a resultar más difícil mantener el equilibrio entre ingresos y gastos: esa es la conclusión a la que llegaron la mayoría de los analistas de las cuentas fiscales luego de observar los datos correspondientes a febrero.

Si bien el gobierno volvió a celebrar otro mes con superávit primario -el número 25 en la era Milei-, se notó que el entusiasmo derivado de este dato ya no surte el efecto de antaño. Ocurre que desde hace siete meses consecutivos que se registran caídas interanuales reales en la recaudación impositiva. Y esto lleva a que haya una necesidad cada vez mayor de recortar el gasto público, algo que empieza a ser difícil de sostener desde el punto de vista político.

El ministro Toto Caputo dijo que era natural la caída en la recaudación, porque la propia filosofía de la gestión Milei es la disminución de la presión impositiva. Y, efectivamente, se han eliminado tributos como el impuesto PAIS, se han recortado aranceles de importación y también retenciones a la exportación. El gobierno cuantifica ese alivio en 2,5% del PBI.

Pero lo que Caputo no dice, y es justamente donde ponen la lupa los economistas críticos- es que la recaudación no sólo se resintió por esa baja en la carga tributaria sino también por una tendencia recesiva en algunos sectores de la producción y por la caída real del salario.

Esto se refleja, por ejemplo, en el magro ingreso por el IVA, el impuesto que por excelencia refleja las variaciones de actividad en el comercio y la industria, volvió a marcar una caída de 3% en términos reales.

Esto es lo que hace que los impuestos más criticados por ser distorsivos, como el de débitos y créditos -mejor conocido como «impuesto al cheque»– y las retenciones a la exportación sigan en la lista de pendientes, y con escasas probabilidades de un cambio sustancial.

Los números volvieron a ser claros: si se eliminase el impuesto al cheque de un plumazo, se perdería un 7,5% de los ingresos fiscales. Y en cuanto a las retenciones, ya el año pasado tuvieron una rebaja que explica buena parte de la caída recaudatoria: representaron un 4,9% en el total recaudado, cuando se esperaba que su importancia relativa creciera por la eliminación del impuesto PAIS -que, en su mejor momento, explicó el 8% del ingreso-.

Se enfría la caja de ARCA

Lo cierto es que las perspectivas no son buenas en el lado de los ingresos: lejos del 4,5% de aumento del PBI que proyecta el gobierno, los economistas que participan en la encuesta REM del Banco Central creen que la economía sólo va a subir un 3%.

Además, a ese contexto de frialdad en el consumo se debe sumar el hecho de que entrará menos dinero a las arcas estatales por el recorte de dos puntos en las retenciones al agro, lo que la consultora LCG estima en 0,1% del PBI. Y, sobre todo, que la ley de reforma laboral llevará a un menor ingreso por impuestos coparticipados y a un recorte de recursos de la Anses equivalente a 0,37% del PBI.

Es por eso que la expectativa del mercado es que, para que realmente se cumpla el objetivo fiscal de este año -un superávit primario de 1,5% y uno financiero, tras el pago de intereses, de 0,3% del PBI- el gobierno va a depender más del recorte de gastos que del aumento del ingreso.

Y es ahí donde aparece el pesimismo, porque los rubros en los que se basó Caputo para achicar el gasto en los primeros meses de su gestión ya no se pueden seguir cortando -básicamente la licuación inflacionaria de las jubilaciones y el congelamiento de la obra pública- y lo que queda es un tipo de gasto más rígido y con mayor costo político.

En definitiva, lo que ven los economistas es que cada vez se necesita un esfuerzo mayor en el recorte, para obtener una mejora marginal en las cuentas.

Menos margen para suba tarifaria

Es cierto que todavía hay lugares donde apretar, como los subsidios a los servicios públicos. Pero incluso ese rubro tiene complicaciones. Uno es su propio límite natural, dado que ahora representan 0,7% del PBI, una cifra menor si se considera que durante los momentos de «tarifas pisadas» los subsidios representaron más del doble.

Pero hay un efecto de doble filo: como está quedando demostrado en los datos del IPC, el recorte del subsidio se traduce en un impulso inflacionario por «recomposición de precios relativos», según la definición de Caputo. 

Es el motivo por el cual se postergó el cambio de canasta del Indec, dado que con la metodología vigente estos servicios tienen una ponderación de sólo un 9,4% del presupuesto familiar, mientras que, si Caputo no hubiese cuestionado el cambio metodológico que propuso el resignado Marcos Lavagna, la ponderación sería del 14,5%. Traducido a puntos de inflación, el efecto del recorte de subsidios habría llevado al IPC de febrero a 3,1% en vez del 2,9% oficial.

Además hay un problema adicional, que va más allá de la estadística y el debate político: lo que por un lado el gobierno se ahorra con el recorte de los subsidios, puede por otro lado transformarse en gasto, dado que hay rubros del presupuesto que están indexados con la inflación.

La inflación empuja el gasto jubilatorio

Según un reporte del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los rubros del gasto público que más han crecido en el último año son los que están ligados a la inflación, mientras que los no indexados registraron una caída del 11,4% en el primer bimestre.

Y destaca particularmente al renglón de jubilaciones y pensiones, que en lo que va del año llevan un aumento real de 2,3% -sin contar el costo de los bonos extraordinarios para los jubilados de la franja mínima-. Es una cifra que influye más de lo que parece a primera vista, si se considera que las jubilaciones representan más del 40% del presupuesto.

En teoría, el peso de las jubilaciones sobre el gasto debería estabilizarse en 2026 como consecuencia de la baja en la inflación. Sin embargo, el repunte del IPC en los últimos meses está obligando a revisar las cuentas -en el nuevo sistema, los haberes se indexan mensualmente tomando en cuenta el último IPC disponible, que es el de dos meses atrás-.

Así, el ajuste jubilatorio de marzo y abril será de 2,9%, y probablemente el de mayo ronde un porcentaje similar, dadas las proyecciones que están haciendo las consultoras de economía para el IPC de marzo. En otras palabras, el volumen nominal del gasto en jubilaciones tendrá en los próximos tres meses un aumento acumulado de 9%.

Y, aun si se cumpliera el pronóstico del gobierno sobre una reducción abrupta de la inflación después de abril, la propia inercia del sistema haría que el gasto jubilatorio subiera por encima de los ingresos durante todo el primer semestre.

La pelea que viene: el salario estatal

Con ese panorama de gasto jubilatorio al alza y una caja de ARCA con bajos ingresos, para que las cuentas cierren se necesita un mayor esfuerzo de «motosierra». Hay todavía margen para el recorte en subsidios, pero es un rubro que no representa más del 6% del presupuesto -hace un año su «peso» era de 9,5% del total.

De manera que el otro gran renglón del gasto a revisar es el de los salarios del personal estatal, que equivale a un 12% del gasto total. Pero claro, se trata de un tema de alta sensibilidad social y política, en el que se prevé un endurecimiento de las protestas sindicales.

El Iaraf cuantifica cómo el salario del sector estatal ha sido una de las grandes variables del ajuste fiscal: «Los empleados públicos nacionales tuvieron una pérdida real de su salario del 9,7% entre los años 2024 y 2025. Si la comparación se hace con el mes de noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios reales están un 35% abajo. Si es contra diciembre de 2023, la caída real se reduce al 27%».

Y agrega que, en términos de gasto público, el recorte en lo que va de la gestión Milei es de 1,2% del PBI. De ese recorte, algo más de un tercio se explica por el achique en la nómina de personal -se eliminaron 62.000 cargos, lo que equivale a un 18% de la planta-, mientras que los dos tercios restantes del ahorro se basaron en la reducción real de los salarios estatales.

De manera que uno de los temas en debate actualmente es el de la viabilidad política de efectuar un recorte adicional en el gasto de personal. Es una situación que no sólo implicará malhumor social sino que puede poner en riesgo la relación de Milei con los gobernadores de las provincias que tienen mayor índice de empleo público.

La estructura del Poder Ejecutivo Nacional registró este martes un nuevo movimiento en un área clave para la administración de los recursos públicos y la seguridad social. Fernando Bearzi presentó su renuncia como director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), convirtiéndose en el tercer funcionario en dejar ese cargo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, tras los pasos de Osvaldo Giordano y Mariano de los Heros.

Esta salida no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una dinámica de rotación que caracteriza al actual oficialismo. Según un relevamiento del politólogo Pablo Salinas, la cifra de funcionarios de la denominada “planta política” —desde el rango de subsecretario hacia arriba— que han dejado sus funciones asciende a 239. Al prorratear este número sobre los 828 días de gestión transcurridos hasta mediados de marzo de 2026, el promedio indica que se produce una baja cada cuatro días.

El informe de Salinas permite desglosar la intensidad del recambio según las distintas carteras. El Ministerio de Economía se consolida como el epicentro de estos movimientos, con un total de 86 bajas, lo que representa el 36% del total de las desvinculaciones del Sector Público Nacional. Esta cifra refleja las sucesivas reestructuraciones internas y la absorción de competencias de otras áreas, como ocurrió con el ex Ministerio de Infraestructura.

En orden de relevancia, le siguen el Ministerio de Capital Humano, con 29 salidas (12%), y la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 27 (11%). El cuadro de las dependencias con mayor rotación se completa con Presidencia de la Nación y el Ministerio de Defensa, ambos con 17 bajas cada uno.

Por el contrario, existen áreas donde la estructura ha mostrado una mayor estabilidad relativa. El Ministerio de Seguridad registra 6 salidas, mientras que el de Desregulación y Transformación del Estado cuenta 3, y la cartera de Justicia 15.

El fenómeno del recambio no distingue jerarquías y ha alcanzado tanto a los estratos operativos como a las máximas autoridades. El análisis por función detalla que, hasta el momento, han dejado sus puestos 8 ministros y dos Jefes de Gabinete. Sin embargo, el grueso de las vacantes se produjo en los niveles encargados de la implementación técnica de las políticas:

• Subsecretarios de Estado: 77 bajas.
• Secretarios de Estado: 63 bajas.
• Titulares de Unidades de Gabinete de Asesores: 10 bajas.
• Otros cargos directivos: 78 bajas.

Esta tendencia a la renovación constante tuvo un hito hace poco más de un mes con la salida de Marco Lavagna del Indec. Su renuncia estuvo vinculada directamente a la postergación de la implementación de la nueva fórmula del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un cambio metodológico que el funcionario impulsaba. A este movimiento se sumaron otras bajas relevantes en el equipo económico, como la de Pablo Quirno al frente de la Secretaría de Finanzas —quien fue trasladado a la Cancillería para ocupar el lugar de Gerardo Werthein— y la de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que derivó en el posterior nombramiento de Andrés Vázquez.

Tras la salida de Bearzi, el Gobierno definió rápidamente su sucesión con la designación de Guillermo Arancibia al frente de la Anses. El nuevo funcionario llega al organismo con un perfil técnico especializado en la gestión de sistemas complejos y una trayectoria previa en la administración pública, donde ya había desempeñado roles de coordinación operativa.

Su nombramiento busca dotar de continuidad a los procesos de digitalización y control de gastos que el Ejecutivo impulsa en el área previsional. Arancibia asume con el mandato de agilizar la respuesta del organismo ante los beneficiarios y profundizar la integración de las bases de datos del sistema de seguridad social, en un marco de estricta vigilancia sobre el equilibrio fiscal de las cuentas públicas.

La inflación mayorista volvió a desacelerarse en febrero y marcó un incremento del 1%, el nivel más bajo en nueve meses, en un contexto de caída en los precios de los productos importados. El dato fue informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a través del índice de precios internos al por mayor (IPIM).

El resultado implicó una baja de 0,7 puntos porcentuales respecto de enero y se explicó por una suba de 1,3% en los productos nacionales y una caída de 2,7% en los importados. Esta última variación estuvo en línea con el comportamiento del tipo de cambio mayorista, que registró una baja similar durante el mes, en un escenario de expectativas cambiarias más estables.

Esta suba del indicador fue la segunda más baja desde mayo del 2025 (cuando había registrado una baja de 0,3%).

Brecha con la inflación minorista

El dato contrasta con la inflación minorista, ya que el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó 2,9% en febrero. La diferencia responde, en parte, a que el IPIM solo mide bienes, mientras que el IPC incluye también servicios y precios regulados, además de reflejar valores al consumidor final.

En términos interanuales, la inflación mayorista alcanzó el 25,6%, con un 25,9% en productos nacionales y un 21,7% en importados. En el primer bimestre del año acumuló 2,7%, frente al 5,9% del IPC en el mismo período.

Reacción del Gobierno

El resultado fue destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que se trata de la menor suba mensual desde mayo de 2025 y una de las pocas veces en los últimos años en que el indicador se ubica en 1% o menos.

El presidente Javier Milei replicó ese mensaje en redes sociales y remarcó la desaceleración de los distintos indicadores mayoristas, al tiempo que elogió la gestión económica. Y volvió a elogiar a Caputo como «el mejor ministro de economía de la historia argentina».

Qué explican los analistas

Los economistas coinciden en que el dato refleja una desaceleración significativa, aunque advierten que su traslado a los precios minoristas no es automático.

La economista María Castiglioni explicó que el IPC está impactado por factores que no forman parte de la medición mayorista, como las tarifas de servicios públicos —afectadas por la quita de subsidios— y los precios regulados, como el transporte.

También señaló que el comportamiento de algunos bienes, como la carne, influye de manera distinta en cada índice: los ajustes suelen reflejarse antes en los precios mayoristas y luego trasladarse al consumidor.

Por su parte, Claudio Caprarulo, de la consultora Analytica, destacó que el resultado fue impulsado por la dinámica de productos agrícolas, manufacturados e importados, aunque advirtió que hubo subas en rubros como energía eléctrica, productos ganaderos y minerales.

Además, remarcó que el índice mayorista no releva servicios, que fueron justamente los que más presionaron sobre la inflación minorista.

De cara a los próximos meses, si bien no existe una relación directa entre ambos indicadores, el comportamiento de la inflación mayorista podría anticipar cierta moderación en algunos precios del IPC.

Según Castiglioni, una vez superado marzo -un mes con fuerte estacionalidad-, podrían registrarse bajas en algunos rubros de bienes, siempre que se mantenga la estabilidad cambiaria y no haya nuevos shocks en los costos.