Un nuevo incremento de tasas a nivel municipal recalentó las tensiones con las cadenas comerciales, que vienen advirtiendo desde hace más de un año del fuerte aumento en la presión tributaria en diferentes localidades de todo el país. En este caso, se trata del Municipio de Pilar, que aplicó un incremento significativo en la Tasa de Protección Ambiental que cobran por cada ticket emitido en las grandes cadenas de supermercados y que terminarán pagando los consumidores.

La nueva normativa dejó atrás el esquema de monto fijo por módulos y estableció una alícuota del 2% sobre cada operación, calculada sobre el importe neto del Impuesto al Valor Agregado. Las cadenas comerciales recibieron la notificación oficial con efectos desde el 1 de diciembre de 2025, lo que desencadenó un fuerte malestar en el sector y motivó el envío de una carta formal a la Secretaría de Hacienda de la localidad para pedir una revisión urgente del régimen.

La modificación surgió de la Ordenanza Fiscal e Impositiva N°112/25, que definió la eliminación del sistema de módulos para todas las operaciones perfeccionadas desde el 1 de diciembre en adelante. Según la comunicación municipal, los agentes de percepción -las cadenas- tienen tiempo hasta el 15 de diciembre de 2025 para adecuar sus sistemas y volver a cumplir sus obligaciones de manera habitual. Esa instrucción generó preocupación inmediata entre los supermercados, que sostuvieron que el plazo establecido los dejó sin margen para realizar los cambios necesarios.

La novedad tomó especial relevancia porque la nueva percepción del 2% se aplica sobre cada venta realizada en supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias, empresas de servicios y universidades privadas designadas como agentes de recaudación. El tributo impacta de manera directa en el precio final que pagan los vecinos de Pilar, ya que se suma a cada ticket sin un mínimo no imponible. Ese punto produjo un fuerte cuestionamiento del sector porque todas las operaciones, incluidas las de bajo monto, quedaron alcanzadas.

La noticia sobre el incremento motivó que la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) enviara una carta a la secretaria de Hacienda, Anahí Moretti, para solicitar una audiencia “en forma urgente”. En el documento, firmado por el director ejecutivo Juan Vasco Martínez, la entidad informó que la aplicación de la alícuota del 2% genera “graves perjuicios” para los vecinos de Pilar y expuso que los supermercados enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo, especificaciones técnicas y reglamentación complementaria.

ASU explicó que la medida provocará un encarecimiento directo de los productos vendidos dentro del municipio, ya que el 2% se suma a cada operación y se traslada de inmediato al consumidor. La entidad subrayó que los vecinos perderán poder adquisitivo, especialmente en compras habituales de bajo monto. También remarcó que la ausencia de un mínimo no imponible perjudicó a quienes realizan operaciones pequeñas, porque la tasa aplica sobre cualquier importe.

Así como lo hicieron cuando se aplicó un monto fijo -que fue subiendo y ahora se ubicaba en torno a $60-, los supermercados informarán a los consumidores respecto de estos cambios mediante cartelería, excepto que el municipio desista de la medida.

Otro de los efectos señalados en la carta fue el impacto sobre las campañas comerciales con precios redondos, una práctica central en diciembre. La entidad dio como ejemplo una caja navideña publicada a $10.000, que pasará a costar $10.165,28 al incluir la percepción. Vale aclarar que el 2% se aplica sobre el precio neto de IVA. Según ASU, esa diferencia generará malestar en los clientes y provocará que algunos cancelen compras en la línea de cajas por no contar con el dinero extra o por el enojo generado por el cargo adicional.

De hecho, la modalidad que regía hasta ahora de un monto fijo generaba malestar entre los consumidores, muchos de los cuales cuestionaban en línea de caja la tasa, precisaron las fuentes consultadas.

El documento de ASU también mencionó que la nueva percepción contradijo los principios del Régimen de Transparencia Fiscal, que exige que el cliente conozca de antemano cuánto pagará por cada concepto incluido en el precio. Como la tasa se aplica en la línea de cajas, los supermercados afirmaron que pierden claridad en la comunicación de precios y enfrentan un escenario de confusión entre los compradores.

En cuanto a los aspectos operativos, la entidad planteó que el Municipio informó el fin del sistema por módulos recién el 3 de diciembre, aunque la medida rige desde el día 1. Esa simultaneidad, según las cadenas, las dejó sin tiempo para “desconectar” el régimen anterior y preparar el nuevo. La carta detalló que cualquier cambio en los puntos de venta requiere un proceso extenso que incluye diseño, cotización, aprobación presupuestaria, desarrollo, instalación en laboratorio, validación, correcciones y roleo en todas las tiendas. Por ese motivo, la asociación pidió un plazo mínimo de tres meses desde que el Municipio entregue las especificaciones técnicas completas.

ASU también informó que, al 4 de diciembre, no recibió reglamentación sobre mínimos no imponibles, exclusiones ni los diseños de registro necesarios para confeccionar los archivos que se deberán presentar en el Portal de Autogestión. Sin esa información, los equipos de sistemas no pueden iniciar ningún desarrollo. La entidad señaló que incluso determinar el importe neto en ventas a consumidor final presenta dificultades técnicas, porque los tickets no discriminan ese cálculo.

El sector alertó sobre un problema adicional: la competencia desleal. El nuevo régimen alcanza sólo a supermercados, hipermercados y otras actividades específicas, mientras que comercios como almacenes, locales de electrodomésticos, casas de deporte, pañaleras, bazares, ferreterías, pinturerías, pet shops, jugueterías y carnicerías no deben cobrar el 2%. Según la entidad, esa diferencia afecta directamente a los supermercados, sobre todo en productos de alto valor. Para ilustrar la situación, mencionó que una heladera de $1.500.000 suma casi $25.000 adicionales por la percepción, lo que desalienta la compra frente a comercios no alcanzados.

ASU también analizó el impacto en operaciones con billeteras digitales y promociones bancarias. En el caso de Modo, los reintegros se calculan sobre el total cobrado sin distinguir conceptos, por lo que el supermercado recibe un monto menor, pero debe ingresar igualmente el 100% de la percepción al Municipio. Ese desfasaje genera costos adicionales para las cadenas.

Otro punto señalado fue el posible encarecimiento de compras a proveedores radicados en Pilar, que pueden aplicar la percepción del 2%. La asociación recordó que una resolución previa había excluido a los supermercados cuando actuaban como agentes, pero informó que el Municipio todavía no definió si mantendrá esa exclusión. Si el régimen no contempla excepciones, los costos de abastecimiento aumentarán.

Además, ASU indicó que el artículo 323 de la Ordenanza Fiscal menciona los servicios vinculados a la tasa, pero el artículo 331 establece que los fondos integran recursos de Libre Disponibilidad, lo que amplía el margen de uso de la recaudación.

Ante ese conjunto de factores, ASU solicitó dejar sin efecto la nueva aplicación del tributo. En caso de no recibir una respuesta favorable, pidió suspender o prorrogar la entrada en vigencia hasta el 1 de marzo de 2026 para disponer del tiempo técnico necesario de adecuación.

Este recurso esta conformado por 17 elementos químicos esenciales para sectores claves de la industria. Qué países completan el podio en este mercado

07/12/2025 – 14:31hs

Las reservas de tierras raras se han convertido en el eje de la geopolítica y la tecnología mundial. China domina tanto la producción como la tenencia de estos recursos, lo que le otorga una posición de poder sin precedentes frente a otros países. Las tierras raras son 17 elementos químicos esenciales para la industria tecnológica y energética, y su control define el futuro de sectores clave.

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), China posee 44 millones de toneladas métricas de reservas de tierras raras, más del doble que Brasil (21 millones) y muy por encima de India (6,9 millones). Otros países como Australia (5,7 millones), Rusia (3,8 millones), Vietnam (3,5 millones), Estados Unidos (1,9 millones) y Groenlandia (1,5 millones) quedan muy rezagados. El total mundial se estima en 92 millones de toneladas métricas, lo que significa que China concentra cerca del 50% de las reservas globales.

China y el impacto de las tierras raras en la tecnología y la energía

Las tierras raras están presentes en smartphones, imanes de auriculares, telescopios espaciales, tecnología aeroespacial, sistemas de guiado militar y baterías de autos eléctricos. También son fundamentales para acumuladores de energías renovables, placas solares y aerogeneradores. Sin embargo, tener reservas no garantiza el control: el verdadero poder reside en la capacidad de procesar y refinar estos elementos.

China lidera el ranking de reservas de tierras raras a nivel global.

El proceso de refinado de tierras raras es caro y altamente contaminante. Por años, Occidente delegó esta tarea a China, que contaba con regulaciones ambientales más flexibles. «Occidente, durante años, financió su propia vulnerabilidad estratégica y tecnológica», ya que incluso minas estadounidenses como Mountain Pass enviaban su producción a China para su refinado. Con la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, China respondió restringiendo el suministro de estos materiales críticos, afectando industrias como la automotriz y la robótica.

La reacción de Occidente y la búsqueda de alternativas

Ante el monopolio chino, países occidentales intensificaron la búsqueda de nuevos yacimientos en España, Noruega, Groenlandia y Japón. Sin embargo, las dificultades técnicas y las restricciones ambientales complican la reactivación de la producción local. En España, por ejemplo, proyectos mineros enfrentan la oposición de comunidades y autoridades debido al impacto ambiental, como ocurre en el yacimiento de Torrenueva en Campo de Montiel.

Frente a estos desafíos, el reciclaje de tierras raras surge como una alternativa para reducir la dependencia de China. Sin embargo, el gigante asiático mantiene contratos exclusivos con minas clave, como la de Serra Verde en Brasil, que le asegura el suministro hasta 2027. «Puedes tener reservas, pero si no las procesas, esas reservas no valen para nada», resume la situación actual.

En definitiva, el dominio de China sobre las reservas y el procesamiento de tierras raras representa un desafío estratégico para Occidente, que busca alternativas para no quedar a merced de un solo país en sectores tecnológicos y energéticos clave.

Florencia Barragán analizó en Infobae en Vivo el estado de avance de la agenda de privatizaciones a dos años de la gestión Milei: solo una empresa pasó a manos privadas, mientras que otras emblemáticas, como AySA, Transener e Intercargo, enfrentan desafíos estructurales y falta de interés inversor.

A dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, la cuestión de las privatizaciones sigue siendo uno de los ejes centrales del debate político y económico argentino. Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que hoy contó con la conducción de María Eugenia Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y la propia Barragán. En este contexto, Florencia Barragán, periodista especializada en economía, presentó un detallado balance sobre el avance y los desafíos que enfrenta el proceso privatizador prometido por el oficialismo, marcando que “la única privatización concretada hasta el momento fue la de YMSA, mientras que otras, como AySA, Transener e Intercargo, apenas comienzan a recorrer caminos formales en ese sentido o encuentran serias dificultades para atraer capital privado”.

Barragán hizo foco en la brecha entre los anuncios de campaña y la realidad efectiva del proceso privatizador. “No estamos ni en la segunda ni en la tercera generación de privatizaciones: apenas estamos arrancando. Solo una empresa pública, YMSA, ya está en manos privadas, y hay tres más que, según fuentes oficiales, podrían avanzar próximamente”, explicó. La periodista detalló que el caso de YMSA, empresa clave del sector metalúrgico mendocino, marca el inicio de esta etapa bajo el actual Gobierno. Se trata de una compañía que fue estatizada por crisis financiera, y que ahora, de la mano de ARC Energy, capitales estadounidenses, vuelve al sector privado. “Lo interesante del caso YMSA es que ahora está exportando grúas y material nuclear a Estados Unidos, gracias a la convergencia de negocios y geopolítica entre Argentina y Estados Unidos”, remarcó, y añadió que la operación también supuso la refinanciación de una deuda de USD 500 millones.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Barragán subrayó que la agenda inmediato-futura de privatizaciones está concentrada en tres empresas: las represas hidroeléctricas sobre Neuquén y Río Negro, la transportista energética Transener y la operadora aeroportuaria Intercargo. En el caso de las represas, “ya se avanzó bastante en la licitación y es inminente el traspaso”, detalló. Sobre Transener, remarcó que “es una empresa muy apetecible para el sector privado por operar el transporte de alta tensión, aunque el hecho de ser un monopolio regulado incrementa los riesgos para eventuales inversores ante cambios en la política tarifaria”. Actualmente, Pampa Energía controla un 25% de la compañía, el resto está en manos del Estado Nacional y cotiza en bolsa.

Respecto a la venta de Intercargo, Barragán indicó que la apertura del mercado, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzener, modificó el atractivo original: “Intercargo era muy cotizada por su posición monopólica, pero la desregulación hizo que ahora enfrente competencia de nuevos actores en el sector de servicios aeroportuarios, lo que impacta en su valuación. Si bien hay interesados, ya no constituye el negocio cerrado de antes”.

Otro caso relevante es el de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), cuya venta podría abrirse en el primer trimestre del año. Barragán enfatizó el carácter estratégico de la compañía —provee servicios a unos diez millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense— y explicó que su equilibrio financiero reciente es clave para despertar interés inversor: “El Gobierno ya no quiere que sea deficitaria ni subsidiada, por eso hubo fuertes aumentos de tarifa. Así, el próximo comprador recibe una empresa equilibrada y con potencial real, aunque las inversiones necesarias para sostener y expandir el servicio serán un desafío central”.

La periodista también reveló que, aunque el oficialismo impulsa la privatización de al menos ocho empresas, según la conocida “ley Bases”, no todas generan atractivo: “En algunos casos, desde el propio Gobierno reconocen que hay empresas invendibles porque no las quiere nadie. Yacimientos Carboníferos Río Turbio es un ejemplo: opera con enormes pérdidas, no exporta carbón, y sirve principalmente para sostener el salario de miles de trabajadores. Además, la central termoeléctrica asociada jamás llegó a funcionar plenamente”. La dimensión social de este tipo de compañías convierte cualquier intento de privatización o cierre en un dilema político y humano de alto voltaje.

El tópico de la nacionalidad del capital interesado apareció reiteradamente en el análisis de Barragán. Por ejemplo, en el caso de las represas, quienes se postularon fueron “en su mayoría grupos argentinos, aunque también hay empresas brasileñas y europeas observando el proceso”. Sobre AySA, detalló que hubo menciones a “interés francés y regional” y la prensa especuló con nombres como el de Gornekean, pero las versiones no fueron confirmadas oficialmente. “Son servicios regulados y sujetos a la política tarifaria, por lo que los inversores externos evalúan su participación en función de las perspectivas económicas y la certidumbre institucional”, agregó.

Barragán advirtió que detrás del avance privatizador conviven las urgencias fiscales y la necesidad de construir reservas internacionales. “Con la licitación de las represas, el Estado espera sumar 700 millones de dólares en los próximos días. El doble propósito queda claro: por un lado, ingresar dólares frescos para reforzar las arcas; por otro, desentenderse de los gastos en subsidios y mantenimiento de compañías deficitarias”.

Dentro del repaso de empresas deficitarias, Barragán mencionó a ENARSA (energía), SOFSE (trenes), Casa de la Moneda y la propia AySA, detallando que algunas, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, resultan casi imposibles de valorizar por la magnitud de sus pasivos y cargas salariales. “La pregunta esencial siempre es: ¿qué se vende realmente? Si la empresa cotiza en bolsa, tenés una referencia del valor y del balance. Pero hay casos donde el proceso es más parecido a un remate y se complica mucho ponerle precio a los activos”.

La periodista explicó la tensión inherente a transferir servicios públicos —especialmente esenciales como el agua— al ámbito privado: “La discusión es profunda, cruzada entre quienes defienden la gestión estatal de recursos naturales estratégicos y los que creen en la eficiencia privada. Hubo antecedentes en la región, como la crisis por la privatización del agua en Bolivia, o la creciente presencia de operadores extranjeros en Brasil. Pero aún en contextos favorables, el éxito de la privatización depende de la capacidad del Estado de regular a los nuevos operadores para evitar abusos y deterioro en la calidad del servicio”.

Al abordar el caso de YMSA, Barragán resaltó su relevancia como “laboratorio” de las nuevas privatizaciones. “La clave del acuerdo fue la asunción de una deuda monumental. ARC Energy pagó 30 millones de dólares y se hizo cargo de 500 millones más en pasivos. El caso evidencia que los valores de venta de empresas públicas pueden ser bajos si sus balances son negativos. Sin embargo, la oportunidad reside en el potencial industrial, tecnológico y de inserción internacional de la compañía. Hoy, YMSA exporta equipamiento de alta precisión a Estados Unidos, gracias a la ‘ventana’ que se abrió con la política estadounidense de friendshoring y el veto a proveedores chinos en sectores estratégicos”.

El contrapunto entre política y economía fue central en la columna de Barragán. Por una parte, reconoció la presión del oficialismo por apurar privatizaciones como vía para obtener resultados tangibles en materia de reservas, credibilidad ante los organismos multilaterales y cumplimiento de metas fiscales. Por otro, advirtió las resistencias internas, la debilidad de los mercados y las dudas de potenciales compradores frente a cambios regulatorios o escenarios de recesión.

En cuanto a la experiencia regional, Barragán relató: “Algunos países tienen servicios como el agua en manos privadas, otros los mantienen bajo control estatal. El dilema argentino pasa por la historia de subsidios, tarifas congeladas y la dificultad de lograr consensos para cambiar el modelo”. Además, resaltó que la regulación estatal seguirá jugando un papel clave y, en el peor de los escenarios, el Estado podría verse obligado a mantener o incluso rescatar empresas si los experimentos privatizadores no resultan funcionales.

El caso de Nucleoeléctrica, que opera las centrales nucleares, fue otro ejemplo citado por Barragán: “Genera ganancias y se piensa privatizar, aunque por la sensibilidad que despierta el sector nuclear, muchos se preguntan cómo operará la empresa bajo línea privada. La respuesta oficial es que la regulación garantizará seguridad y continuidad, pero el interrogante sobre la compatibilidad entre interés público y gestión privada persiste”.

Sobre el cierre, Barragán recordó el valor geopolítico de algunas empresas: “El vínculo con Estados Unidos permitió que YMSA empiece a exportar grúas y turbinas industriales para represas hidroeléctricas al mercado norteamericano, tras las restricciones impuestas a China. Este fenómeno ilustra cómo la política internacional incide sobre los modelos de gestión de empresas estratégicas”.

La discusión sobre las privatizaciones atraviesa de lleno la agenda nacional en la administración Milei: es un terreno minado de disputas ideológicas, urgencias de caja, estrategias geopolíticas e intereses privados, todo enmarcado por las dificultades reales del mercado para absorber activos estatales relevantes o deficitarios.

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