La puesta en marcha de la fase 4 del programa económico del Gobierno se enfoca en la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Si bien el ente monetario hilvanó 30 días consecutivos con compras por más de USD 2.000 millones en lo que va de 2026, analistas advierten que ese cambio de la política económica genera tensiones con dos áreas sensibles: la actividad económica y la inflación.

La dinámica de fortalecimiento de la posición extranjera del BCRA exige mantener tasas de interés más elevadas y restringir la cantidad de dinero en circulación. La entidad dirigida por Santiago Bausili no esteriliza los pesos utilizados para adquirir divisas, por lo que regula la liquidez del mercado. La estrategia consiste en aprovechar la “remonetización” de la economía -mayor demanda de pesos por parte de familias y empresas- para adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares a lo largo del año.

Sin embargo, el Tesoro Nacional, a través de licitaciones de deuda en moneda local, absorbe una parte de esos pesos emitidos por el Central para evitar presiones inflacionarias y pagar vencimientos de deuda. Estas medidas derivan en tasas de interés más altas que encarecen el crédito y condicionan el consumo privado, lo que puede enfriar la actividad económica, según la perspectiva de diversos consultores.

Un informe de Ieral de Fundación Mediterránea destacó que a lo largo del año, “se estará testeando la capacidad del programa económico para compaginar satisfactoriamente el ‘trilema’ de incrementar las reservas del Banco Central, retomar el proceso de desinflación, que se interrumpió desde junio pasado, en simultáneo con la superación del estancamiento del nivel de actividad, que lleva tres trimestres consecutivos y amenaza con extenderse a este primer trimestre de 2026″.

El autor del análisis, Jorge Vasconcelos, apuntó que si bien el esquema actual, que ata el techo de la banda cambiaria a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), está diseñado para evitar apreciaciones adicionales del peso, la contrapartida es que ”no será sencillo rearmar el ‘círculo virtuoso’ de crédito y nivel de actividad, porque en cierto modo el Gobierno está volviendo a recurrir al ‘ancla cambiaria’, con una política monetaria de rienda corta, para contener la inflación».

Respecto al objetivo de reactivar el proceso de desinflación, Ieral consideró que el panorama muestra señales contrapuestas:

• La restricción monetaria podría ralentizar el aumento de los precios.
• El ajuste del límite superior de la banda cambiaria según la inflación de dos meses antes podría provocar que el descenso del ritmo de aumento de los precios al consumidor se produzca desde un nivel más alto del esperado.

“Los precios mayoristas podrían seguir la pauta del techo de la banda, en vez del tipo de cambio observado, exigiendo una doble ‘desinflación’ por el lado de los servicios. El descenso de la tasa de inflación sería lento”, argumentó Vasconcelos.

Otra perspectiva aportó un reporte del Club de Finanzas del Instituto de Economía (Ineco) de UADE que evaluó que la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria de enero respondieron a un contexto internacional favorable, con un debilitamiento del dólar a nivel global y flujos positivos hacia los mercados emergentes.

No obstante, el análisis subrayó que si bien la recalibración de las bandas cambiarias, que a partir de enero se actualizan en base a la inflación de dos meses antes, otorgó mayor margen de maniobra y permitió sumar divisas, “comenzó a desanclar expectativas de depreciación, reduciendo el rol del tipo de cambio como ancla del proceso desinflacionario”.

“El mercado operó bajo un trilema entre sostener el tipo de cambio, comprar reservas y mantener tasas de interés bajas. Durante enero, la variable de ajuste fue la tasa en pesos, con la caución promediando niveles cercanos al 37% nominal anual”, resaltó Ineco.

Y agregó: “La evolución de las tasas de interés en moneda local, la sostenibilidad del proceso de acumulación de reservas y la consolidación del proceso desinflacionario serán claves para evaluar si las señales de cambio observadas al inicio del año logran afirmarse en los próximos meses”.

Desde Invecq plantearon que un tipo de cambio relativamente estable combinado con tasas reales positivas continúa favoreciendo estrategias de carry trade. “Hacia adelante, el esquema presenta un trilema entre tres objetivos difíciles de conciliar simultáneamente: bajar la inflación, acumular reservas internacionales y sostener la recuperación de la actividad económica”, apuntaron los analistas de la consultora.

Según su perspectiva, la encrucijada se origina en el hecho de que uno de los tres objetivos tiende a tensionar a los otros dos. Por ejemplo, explicaron: “Un anclaje más rígido del tipo de cambio puede servir para contener la inflación, pero puede dificultar la acumulación de reservas; o una tasa de interés más elevada puede servir para contener tensiones cambiarias y la inflación, pero puede afectar a la actividad económica”.

Para los economistas de PxQ, el abandono del ancla cambiaria para contener la suba de precios representa un “debilitamiento sobre el plan de desinflación: si el Gobierno prioriza la acumulación de reservas y no quiere que la inflación se acelere, tiene que apretar la tasa de interés y mantener el ritmo del ajuste fiscal para reforzar las anclas fiscal-monetaria”.

“Si, en cambio, está dispuesto a soportar un nivel más alto de inflación en un año no-electoral, eso permitiría relajar en el margen la tasa y el ajuste fiscal. El trilema es claro: es imposible, al mismo tiempo, acumular reservas, bajar la inflación y crecer”, afirmaron en la consultora de Emmanuel Álvarez Agis.

En este esquema, advirtieron desde PxQ, solo es posible alcanzar dos de los tres objetivos. Acumular reservas y reducir la inflación requiere mantener una tasa de interés alta, lo que impacta negativamente en el crédito, un factor clave para la recuperación de la demanda agregada. Si se opta por crecer y bajar la inflación, es necesario utilizar reservas para sostener el valor de la moneda. La combinación de acumulación de reservas y crecimiento, en cambio, implica aceptar una inflación más elevada.

El ministro de Economía Luis Caputo, dijo que mantuvo una reunión «excelente» con la cúpula de la UIA liderada por Martín Rappallini.

«Hablamos de la importancia de la reforma laboral, en particular del FAL -fondo de despidos-, de las medidas para reducir los costos de la industria del juicio, del régimen de nuevo empleo que reduce los aportes patronales a tan solo 2% por los próximos 4 años, y del RIMI para Pymes», detalló el funcionario.

En la reunión, Rappallini estuvo acompañado por Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués.

Caputo destacó «la importancia de reducir la carga impositiva»

Caputo destacó que «estos cambios, junto con la ley de Inocencia fiscal, serán fundamentales para navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país, donde lo que buscamos es que prevalezca la creación de empleo, mejores salarios, y una mayor apertura al comercio con el mundo».

Reveló que también se habló de la «importancia de reducir la carga impositiva, principalmente en provincias y municipios, a fin de hacer que nuestras industrias puedan ser más competitivas».

Caputo aclaró que existe una «gran relación con la UIA, y continuaremos trabajando juntos para que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios«.

El encuentro se produjo en el marco del fuerte retroceso de la actividad manufacturera y de tensiones dentro del sector empresarial.

La central fabril presentó propuestas para reactivar la actividad económica, con especial énfasis en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores golpeados por la apertura comercial, según trascendió.

Entre las medidas figuran mecanismos de financiamiento similares al programa Ahora 12 para incentivar la demanda interna y estímulos para la construcción y otras ramas con efecto multiplicador en la economía.

Según datos del Centro de Estudios de la UIA, la producción industrial cayó 3,9% interanual en diciembre de 2025 y el uso de la capacidad instalada se mantiene en niveles comparables a los de la pandemia, con efectos directos sobre el empleo y las decisiones de inversión.

El sector textil, el calzado y la metalmecánica no automotriz son algunos de los rubros más golpeados.

Consumo y empleo: la duda de las pequeñas y medianas empresas

Si bien desde la UIA respaldaron la media sanción a la reforma laboral, del otro lado del mostrador empresario, las Pymes replican con una frase que se repite como mantra: sin consumo no hay reforma que valga.

Raúl Zylbersztein, de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera), fue prudente, pero cortante, ante la consulta de iProfesional: «Es mejor de lo que estaba, pero veremos qué ocurre en los juzgados. Nosotros no lo apoyamos porque tiene poco impacto positivo y no soluciona muchos de los problemas cotidianos. Ausentismo, ART». La frase condensa la desconfianza: la ley podrá ordenar papeles, pero no modifica el terreno real donde se litiga ni el costo sistémico de los riesgos del trabajo.Consultado por iProfesional, Juan Ciolli, de la Cámara Económica Sanmartinense, fue más lejos y politizó el debate: «La reforma laboral está hecha a la medida de las grandes empresas, las Pymes no están beneficiadas con esta ley».

Y agregó: «Está dentro de la lógica de todo lo que viene haciendo el Gobierno para avanzar en un proceso de desindustrialización de la Argentina, desfinanciar las universidades, la ciencia y la tecnología, esta reforma laboral, la privatización de Nucleoeléctrica…».

Ciolli puso números sobre la mesa: «El 95% de la producción de las Pymes la volcamos al mercado interno, necesitamos mercado interno y salarios para poder invertir; hoy la capacidad instalada es del 57%». Y remató: «Mienten diciendo que esta reforma genera más empleo». Para este sector, la ecuación es simple: con fábricas semivacías, nadie contrata por más que bajen cargas.

Maximiliano Pisetta, vicepresidente del Movimiento Nacional Pymes, insistió en la misma línea: «No nos sirve que nos bajen el IVA para invertir si lo que no hay es inversión por falta de mercado. ¿Quién va a comprar una máquina más, si lo que tenemos es que poner en marcha las que tenemos?». Y completó: «Para contratar más empleados formales primero hay que tener rentabilidad y consumo; no nos sirve que haya menos cargas patronales si nadie compra nada».

Mauro González, de la Confederación Federal Pyme, fue quirúrgico: «Lo que busca es blanquear a los sectores informales; el proyecto no va a crear más empleo. Lo único que lo va a hacer es una reactivación de la economía, un proyecto productivo que debe tener el Gobierno». Y advirtió: «Lo de las cargas sociales que bajan al 8% para las Pymes es importante, pero no es algo que te va a impactar y te va a sostener. Este proyecto le dice al sector empresario: te bajo el consumo, pero te trato de mejorar la rentabilidad desde este lugar. No va a resolver ninguno de los problemas del sector productivo».

A horas de haberse firmado el acuerdo entre YPF, la italiana ENI y la gigante árabe XRG para avanzar con el megaproyecto Argentina GNL, el presidente y CEO de la petrolera nacional, Horacio Marín, explicó el alcance de la inversión y el impacto que tendrá la iniciativa en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura energética. El plan contempla la movilización de veinte mil millones de dólares en infraestructura y otros diez mil millones en pozos petroleros, junto a la creación de hasta cincuenta mil puestos de trabajo en la etapa de máxima expansión.

“Es un acuerdo vinculante entre las tres partes para lograr el financiamiento a fin de año y empezar las obras, que son gigantes. Serían 20 mil millones de dólares en infraestructura y otros 10 mil millones de dólares en pozos”, dijo Marín en conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

La firma del acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement, JDA) consolidó el compromiso para llevar adelante el proyecto Argentina LNG, enfocado en la producción y exportación de gas natural licuado. La alianza impulsa la construcción de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad total de doce millones de toneladas anuales.

Marín detalló que el acuerdo ya es vinculante y que las empresas avanzan en la movilización de capital para alcanzar la decisión final de inversión (FID) y el cierre del financiamiento. El ejecutivo sostuvo que “toda la plata que hay que invertir durante este año para lograr el financiamiento final y empezar las obras que van a ser gigantes” y remarcó el interés de bancos internacionales en participar. De hecho, mencionó a JP Morgan como uno de los actores que ya inició gestiones.

La inversión estimada para la infraestructura asciende a USD 20.000 millones, mientras que los pozos petroleros requerirán otros USD 10.000 millones. En este marco, la estrategia financiera ocupa un lugar central en la agenda del consorcio. El acuerdo con los bancos internacionales y la estructura de financiamiento resultarán determinantes para impulsar el megaproyecto, con la expectativa de alcanzar la decisión final de inversión durante la segunda mitad de 2026, según comunicó la empresa. El monto del financiamiento podría ubicarse entre USD 15.000 y USD 17.000 millones, según precisó el CEO de YPF.

“Cuando firmemos la Decisión Final de Inversión y consigamos el financiamiento, y estoy convencido que lo vamos a lograr, van a empezar las obras que son inmensas”, dijo el presidente y CEO de YPF.

Uno de los hitos técnicos más destacados del proyecto es la construcción de un gasoducto de cuarenta y ocho pulgadas de diámetro, el más grande de la historia argentina, que transportará gas desde Vaca Muerta hasta un nuevo puerto en Río Negro. Allí se instalará un polo exportador de energía, que se sumará a los centros logísticos de Bahía Blanca y al puerto de exportaciones frutícolas de la misma provincia.

La infraestructura prevista abarca, además del gasoducto, oleoductos, poliductos, plantas de separación para el tratamiento de LPG (gas licuado de petróleo) y unidades de fraccionamiento de etano. “Vamos a tener etano fraccionado para exportarlo, y espero que haya inversiones para hacer más petroquímica en Argentina”, indicó Marín.

El proyecto incluye la instalación de plantas flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, a cinco kilómetros de tierra firme. Allí operarán barcos de cuatrocientos metros de largo y ochenta metros de ancho, sin motor propio, que funcionarán como “superheladeras” para transformar el gas en líquido a −160 °C. Este método permite una mayor eficiencia y rapidez frente a las plantas en tierra. “Estos proyectos de tanta inversión, atrasarse un año o dos es letal. Se pierde muchísimo valor para los accionistas y para la Argentina”, subrayó el titular de YPF.

Las exportaciones comenzarán a partir de cuatro años después de la firma de la decisión final de inversión. La carga de gas licuado se realizará a través de buques metaneros, que distribuirán la producción principalmente a mercados de Europa y Asia.

El impacto en la generación de empleo es uno de los pilares del proyecto. Marín estimó que la primera fase creará alrededor de 40.000 puestos de trabajo, con posibilidad de ampliarse a 50.000 empleos, si el consorcio expande la capacidad instalada a dieciocho millones de toneladas anuales.

“Nosotros consideramos que todas las obras generaran 40 mil puestos de trabajos”, dijo Marín. “Estamos trabajando con otros posibles socios para expandir el proyecto a 6 millones de toneladas para hacerlo mucho más rápido. Si se logra, son 50.000 puestos de trabajo”, agregó.

El cronograma de ejecución prevé la licitación de obras antes de fin de año, una vez completada la ingeniería básica (Front-End Engineering Design, FEED) y la estructuración técnica y comercial del proyecto. Cada aspecto del desarrollo, desde la producción y procesamiento hasta el transporte y exportación, se encuentra integrado en el plan de trabajo conjunto.

El proyecto apunta a transformar el potencial energético de Vaca Muerta en divisas y empleo, diversificando la matriz exportadora argentina. Con esta iniciativa, la empresa estatal busca consolidarse como operadora shale de clase mundial y gran exportadora de hidrocarburos hacia 2031, combinando producción nacional con tecnología de licuefacción de última generación.

El potencial exportador se refleja en las proyecciones de USD 10.000 millones anuales por ventas externas de gas y líquidos durante veinte años, proyectó Marín.

Hoy también el proyecto fue presentado en Viedma, Río Negro, por el gobernador Alberto Weretilneck.

“Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de muchos años de decisiones y de trabajo conjunto. Este proyecto, permitirá que la Patagonia y Argentina sean una potencia mundial energética”, dijo Weretilneck, quien subrayó como aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto la estabilidad política, la previsibilidad económica y seguridad jurídica.

El gobernador, quien firmó la elevación del proyecto a la Legislatura provincial, destacó el “gran consenso político, social y laboral” logrado en la provincia y remarcó que la misma se convierte en un actor central y fundamental del país: “Que nosotros podamos vender al mundo el gas y el petróleo neuquino, significa para nuestro país un nuevo orden económico. Río Negro es una de las provincias protagonistas de esta nueva Argentina que se está construyendo a partir de hoy”.

Weretilneck explicó el alcance del Acta Acuerdo firmada con YPF y Argentina LNG SAU, mediante la cual Río Negro fija condiciones claras para viabilizar una de las iniciativas energéticas más relevantes del país, orientada a impulsar la exportación de gas a gran escala y a generar un nuevo dinamismo productivo en el territorio provincial.