Casi la mitad de los hogares urbanos del país presenta dificultades para acceder a servicios públicos esenciales. La Encuesta de Condiciones de Vida correspondiente al primer semestre de 2025 señala que el 46,2% de los hogares no accede al menos a uno de estos servicios básicos: agua corriente, gas de red o desagües cloacales. Esto representa alrededor de 4,7 millones de hogares y más de 15,4 millones de personas.

El informe destaca que, si bien se han realizado ampliaciones de redes en distintas regiones durante los últimos años, el acceso efectivo sigue siendo desigual y depende tanto de la disponibilidad de infraestructura como de las posibilidades económicas de los hogares para conectarse.

En contraste, el 53,8% de los hogares sí cuenta con los tres servicios al mismo tiempo. Este grupo se concentra, principalmente, en los núcleos urbanos con mayor densidad de infraestructura consolidada, mientras que las carencias se observan con mayor frecuencia en periferias metropolitanas, ciudades medianas y pequeñas, y áreas de expansión urbana reciente.

El estudio detalla que el 90,6% de los hogares dispone de agua corriente mediante conexión a la red pública. Sin embargo, el 9,4% aún debe recurrir a otras fuentes de provisión. En algunas zonas, la alternativa es la perforación con bomba, mientras que en otras se depende de la recolección o abastecimiento a través de tanques comunitarios.

La situación del gas natural también muestra diferencias: el 65,7% de los hogares está conectado a la red domiciliaria, mientras que el 34,3% no cuenta con ese servicio y utiliza garrafas u otras fuentes, lo que implica costos más altos y menor estabilidad de suministro. En cuanto a los desagües cloacales, el 73,1% de los hogares cuenta con conexión a la red, mientras que el 26,9% utiliza cámaras sépticas, pozos ciegos o métodos alternativos.

Estas brechas en el acceso a servicios básicos se relacionan con el grado de consolidación urbana. En zonas de urbanización reciente, donde los barrios han crecido más rápido que las obras de infraestructura, la red puede estar disponible en la vía pública, pero las conexiones domiciliarias quedan pendientes. También influyen los costos asociados a la mano de obra y materiales, así como la regularidad o no de los terrenos, que puede impedir la tramitación de conexiones formales.

Respecto de la calidad de la vivienda, el 81,5% de los hogares reside en viviendas con materiales considerados de calidad suficiente. No obstante, el 12,8% habita en viviendas con calidad parcialmente insuficiente y el 5,7% en viviendas con materiales insuficientes. Este indicador evalúa principalmente los materiales utilizados en pisos, paredes y techos, así como la capacidad de estos elementos para proteger adecuadamente a los habitantes frente a condiciones climáticas y ambientales.

El informe también analiza la situación del hacinamiento. La mayoría de los hogares no presenta problemas graves de espacio, pero el 1,8% se encuentra en condiciones de hacinamiento crítico, definido como más de tres personas por cuarto. Más de un millón de personas viven en esta situación, que afecta la privacidad, el descanso y las posibilidades de estudio, especialmente para niñas, niños y adolescentes.

En materia de saneamiento, el 87,9% de los hogares presenta condiciones consideradas adecuadas, mientras que el 12,1% no cuenta con baño en condiciones apropiadas de higiene. Además, el 6,1% de los hogares no posee baño con descarga de agua, lo que compromete el desarrollo de prácticas básicas de cuidado y prevención de enfermedades. La disponibilidad de agua dentro de la vivienda es casi universal, con un 98% de hogares que acceden a ella en el interior, aunque no siempre mediante la red pública.

El entorno urbano también influye en la calidad de vida cotidiana. El 5,1% de los hogares se ubica a menos de tres cuadras de basurales, lo que puede generar problemas de contaminación, olores y presencia de insectos o roedores. Además, el 9% de los hogares está situado en zonas inundables y ha experimentado al menos un episodio de inundación en los últimos doce meses, lo que afecta tanto la habitabilidad como la seguridad de las viviendas.

Después de más de nueve meses de lluvias, anegamientos y caminos rurales intransitables, el Gobierno nacional anunció finalmente un operativo de emergencia para asistir a los bonaerenses afectados por las inundaciones. El anuncio, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, promete el despliegue de recursos nacionales y la creación de un centro de operaciones en la ciudad de 9 de julio, en el corazón de la zona afectada.

Se estima que hay más de cinco millones de hectáreas afectadas y que quedarán fuera del circuito productivo por varios meses.

«El equipo del Gobierno nacional está ocupándose de los bonaerenses«, aseguró Adorni en conferencia de prensa desde la Casa Rosada. Según explicó Bullrich, el operativo se implementará a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que coordinará tareas con intendentes y productores. «Hemos decidido realizar un despliegue operativo que permita abrir caminos y llegar a las familias que están aisladas y a los pueblos que atraviesan situaciones muy comprometidas», dijo la ministra.

Las medidas incluyen el envío de maquinaria de Vialidad Nacional para limpiar alcantarillas y drenajes, equipos del Ministerio de Defensa para instalar puentes provisorios y la presencia de fuerzas federales para asistir a la población. Bullrich confirmó además que este sábado los ministros viajarán a 9 de Julio «para ponerse al frente del Comité de Emergencia«.

Un operativo esperado demasiado tarde

El anuncio fue recibido con una mezcla de alivio y fastidio por los productores y habitantes rurales que, desde comienzos del año, vienen denunciando la falta de respuestas oficiales en los pueblos del interior bonaerense, donde las lluvias acumuladas superan ampliamente los promedios históricos y miles de hectáreas permanecen bajo agua.

En muchos partidos del noroeste y centro de la provincia —9 de julio, General Viamonte, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen y Pehuajó— la situación se volvió crítica desde el otoño. En esas zonas, productores y municipios debieron abrir canales por su cuenta o improvisar pasos para garantizar la llegada de alimentos, combustible o atención médica. Las entidades rurales y los consorcios camineros venían reclamando la presencia del Estado nacional desde hace meses.

El Gobierno bonaerense, por su parte, desplegó equipos propios para atender la emergencia, pero el nivel de saturación de los suelos y la extensión de las áreas afectadas desbordaron las capacidades provinciales. En ese contexto, la intervención nacional llega cuando buena parte de la cosecha fina ya se perdió y miles de caminos quedaron destruidos, imposibilitando también la siembra gruesa.

Fondos inmovilizados y prioridades cambiarias

La demora en la reacción oficial no fue solo logística. El Fondo de Infraestructura Hídrica —creado para financiar obras de drenaje y mitigación de inundaciones— tuvo más de $155.000 millones invertidos en plazos fijos y letras del Tesoro, en lugar de ser destinados a las zonas críticas. Esa situación se explica, en parte, por la decisión del Gobierno de priorizar la acumulación de reservas y la contención del tipo de cambio, lo que llevó a inmovilizar fondos que podrían haber financiado obras urgentes.

La falta de ejecución del presupuesto en obras hídricas fue uno de los puntos señalados por intendentes y dirigentes rurales, que aseguran que la emergencia actual no es solo consecuencia de las lluvias, sino de años de subinversión en canales, reservorios y mantenimiento de caminos rurales.

Una reacción política bajo presión

El desembarco del Gobierno en territorio bonaerense también tiene lectura política. La presencia de Bullrich y la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias responden al creciente malestar en distritos que, en muchos casos, fueron claves en el voto al oficialismo. «El Estado nacional ha definido estar al lado de la gente«, insistió la ministra, al anunciar su viaje a 9 de Julio junto a otros funcionarios. Sin embargo, en el interior productivo la percepción es que el operativo llega tarde, y más como gesto político que como respuesta estructural.

La falta de caminos transitables no solo complica la producción, sino que también afecta la llegada de insumos, asistencia sanitaria y la escolaridad en zonas rurales. De ahí que el anuncio de un «plan de emergencia» sea recibido con escepticismo. «La emergencia ya lleva meses», repiten los intendentes.

Con el operativo anunciado, el Gobierno busca mostrar acción frente a una crisis que se hizo visible incluso en imágenes satelitales, con extensas áreas anegadas en el centro y oeste bonaerense. Sin embargo, el desafío será sostener esa asistencia en el tiempo y avanzar en obras que eviten nuevas catástrofes. La reactivación del Fondo de Infraestructura Hídrica y una mayor coordinación entre Nación, provincia y municipios aparecen como condiciones básicas para evitar que el problema vuelva a repetirse.

En una jornada dominada por la expectativa de la licitación de deuda del Tesoro, el dólar minorista experimentó una caída de 10 pesos a $1.475 en las pizarras del Banco Nación, mientras que la cotización mayorista cedió 2 pesos a $1.452. En simultáneo, los bonos soberanos anotaron una nueva suba, pero las acciones operaron mixtas por segundo día consecutivo.

En el plano cambiario, el tipo de cambio al por mayor se posicionó a 3,1% del techo de las bandas cambiarias, hoy ubicado en $1.498,50. Según fuentes del mercado, no se registraron intervenciones oficiales en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se operaron USD 532 millones.

Al mismo tiempo, el MEP y el contado con liquidación (CCL), los dólares financieros, registraron leves contracciones y concluyeron la rueda en $1.480 y $1.494. De esta manera, ambos segmentos acompañaron la tendencia bajista del resto de las versiones de la divisa norteamericana.

De todas maneras, la compraventa de divisas se tomará un respiro el jueves 6 de diciembre por el feriado bancario. Por el Día del Bancario, las entidades no abrirán sus puertas y, en consecuencia, no se llevarán a cabo operaciones financieras.

En el frente bursátil, la toma de ganancias continuó en la bolsa local. En efecto, el S&P Merval cayó 1,1% en pesos y 0,1% en dólares, lo que se traduce en una pausa respecto al rally de los activos argentinos tras el triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones de medio término.

Hacia adentro del índice doméstico, las acciones líderes operaron mixtas. Las caídas estuvieron encabezadas por Central Puerto (-4,5%), seguida de Edenor (-3,5%) y Cresud (-3,5%). A contramano, los papeles que evidenciaron crecimiento fueron Sociedad Comercial del Plata (5%), Loma Negra (4,8%) y Transener (1,7%).

Los ADR, certificados emitidos por un banco estadounidense que representan acciones argentinas, marcaron una evolución positiva con incrementos de hasta 6,5% como fue el caso de Loma Negra. Por el contrario, Central Puerto marcó el descenso más notorio: -2,8%.

Por el lado de los bonos soberanos primó el verde con subas de hasta 3,5% en el GD46D. El nuevo envión de los títulos públicos argentinos provocó una nueva reducción del riesgo país. El índice elaborado por el JP Morgan recortó 34 unidades y aterrizó en los 621 puntos básicos.

La suba en los precios de los instrumentos de deuda contribuyó a una reducción del indicador de más de 400 puntos en comparación con las 1.081 unidades registradas antes de las elecciones. Esta evolución genera expectativas en el Gobierno y entre los operadores financieros ante la posibilidad de volver a acceder al financiamiento internacional en 2026.

A la vez, las operaciones del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de divisas local, con un desembolso cercano a USD 2.100 millones antes de las elecciones legislativas, junto con la comunicación de un swap por USD 20.000 millones, contribuyeron a reducir la inestabilidad y el nivel de incertidumbre en los mercados.

En tal sentido, los analistas de Cohen Aliados consideraron que el descenso del indicador “allana el camino para que más empresas y provincias se beneficien de la apertura financiera y acerca al Tesoro a los mercados de capitales, aunque deberá presentar un plan para revertir la caída de las reservas internacionales y eliminar definitivamente los controles cambiarios que aún persisten para las empresas”.

A propósito de las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), exhibieron un aumento diario de USD 213 millones hasta los USD 41.013 millones.

Cabe destacar que la autoridad monetaria redujo del 25% al 22% la tasa aplicada en la operatoria de simultáneas de BYMA, un mecanismo que utilizó para establecer un mínimo a las tasas en pesos durante los períodos de mayor inestabilidad cambiaria como la eliminación de las LEFI y la proximidad electoral.

La lógica detrás de esta decisión es profundizar el camino de baja de las tasas de interés para bajar el costo de endeudamiento de las empresas y familias, y reactivar la economía luego del apretón monetario previo a los comicios de medio término.

Más allá de los números cambiarios, bursátiles y financieros, la atención del mercado se concentra en la licitación de deuda en pesos del Tesoro de la Nación. La Secretaría de Finanzas enfrentaba vencimientos por $7,7 billones se encuentran en manos de privados.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,50 billones habiendo recibido ofertas por un total de $9,38 billones”, anunciaron desde el Ministerio de Economía. De esta manera, el equipo económico evitó inyectar más pesos en el mercado y logró un roll-over de 111,17% sobre los compromisos que vencían.

“La principal novedad de esta licitación es que todos los instrumentos ofrecidos tienen vencimientos más largos, siendo el más corto a poco más de tres meses. El Gobierno parece estar buscando una normalización de la deuda en pesos, buscando alargar plazos y posiblemente normalizando tasas”, analizaron los especialistas de Max Capital.