La Comisión Europea someterá a votación el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a mediados de diciembre, en un contexto en que el peso de Unión Europea en la balanza comercial con la Argentina tocó mínimos históricos. El tratado que lleva más de 25 años en negociación es una oportunidad para revertir el deterioro, aunque las medidas de protección o “salvaguardas]” que piden los agricultores europeos podrían impactar negativamente.

En los primeros diez meses del año, la Argentina destinó apenas el 9,8% de sus exportaciones a los 27 países que integran hoy la UE. Se trata del menor peso del bloque en las ventas externas locales en al menos 35 años, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A su vez, entre enero y octubre, el 13,7% de las importaciones que ingresaron al país tuvieron origen en la UE. Esa proporción constituye la segunda más baja en tres décadas y media, sólo superada —a la baja— por la registrada en 2022, que fue inferior a la de lo que va de 2025.

El 85% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea corresponde a productos de las cadenas agroindustriales, según el promedio de los últimos diez años. Dentro de ese grupo se destaca la harina de soja, el principal producto que Argentina vende tanto al mundo como al bloque europeo.

Más allá de la caída de los precios internacionales de los últimos años, los picos de importación de este producto por parte de la UE se registraron en las campañas 2010/11 y 2014/15, cuando el bloque superó los 10 millones de toneladas de harina y pellets de soja. En las últimas cosechas, en cambio, ese volumen rondó en promedio las 8 millones de toneladas.

Así, “el peso de la Unión Europea en las exportaciones de harina de soja pasó de representar más del 50% a principios de siglo, hacia el 40% a mediados de la década del 2010 y en las últimas campañas por debajo del 30% del total exportado”, detalló la BCR.

El envío de biodiesel argentino a la Unión Europea se ubica en los niveles más bajos de los últimos diez años. Entre 2012 y 2022 se despacharon, en promedio, 1,1 millones de toneladas anuales a la UE, con un valor promedio próximo a los USD 1.040 millones anuales.

Desde 2023, las exportaciones no han logrado superar las 400.000 toneladas. Entre enero y octubre de 2025, apenas se alcanzaron las 240.000 toneladas, generando ingresos por US$ 284 millones. Esta tendencia ha incidido en que Argentina registre la mayor caída de producción de biodiesel en el mundo durante los últimos ocho años.

La Unión Europea tiene previsto votar el acuerdo comercial con el Mercosur entre el 16 y el 19 de diciembre. El objetivo es lograr el respaldo de los Estados miembros antes de la cumbre del Mercosur, que se celebrará el 20 de diciembre en Brasil.

Previamente, los 27 países de la UE esperan la votación del Parlamento Europeo, fijada para el 16 de diciembre, que definirá las medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos, el sector que más se opone al acuerdo.

Estas contemplan un control más estricto sobre productos agrícolas sensibles, entre ellos carne bovina, aves, arroz y etanol, y habilitan la intervención si se produce una desestabilización del mercado.

Debido al impacto que el acuerdo podría tener en su sector agropecuario, Francia se mantiene como el principal opositor. Sin embargo, enfrenta dificultades para reunir una minoría de bloqueo, ya que países como Alemania y España respaldan el avance del tratado.

En ese marco, organizaciones de agricultores comunicaron la convocatoria a una marcha de protesta en Bruselas el 18 de diciembre, fecha que coincide con una cumbre europea.

Luego de la votación entre los Estados miembros, la ratificación final del acuerdo quedará sujeta a la decisión del Parlamento Europeo, programada para principios de 2026, con un resultado que se prevé ajustado.

“De aplicarse el tratado, espera tener un interesante impacto sobre el complejo soja argentino. Además, se esperan bajas de aranceles y nuevas cuotas para exportar a la Unión Europea para productos esenciales del agro argentino como carnes, lácteos, cereales, arroz, miel, ajo, entre otros. Esto significa abrir oportunidades para la provincia de Santa Fe en particular y el agro argentino en general“, consideró la BCR.

“Si bien los beneficios del acuerdo son evidentes, no se deben desatender iniciativas que podrían afectar su espíritu, como la propuesta de salvaguardia para productos agrícolas de la UE”, advirtió la entidad.

“Aun así, tras más de dos décadas y media de negociaciones, este tratado representa una oportunidad única para revitalizar el intercambio entre el Mercosur y la Unión Europea y consolidar el área de libre comercio más importante del mundo. Para la Argentina, su entrada en vigor sería clave para revertir el retroceso de la participación europea en su comercio exterior”, agregó.

Por otro lado, la Sociedad Rural alertó recientemente por una disposición que podría afectar aún más el comercio entre el bloque europeo y Argentina.

Sucede que el Parlamento Europeo extendió el plazo para la entrada en vigor de la normativa 1115/2023, que exige que productos agrícolas y forestales comercializados en la UE estén libres de deforestación y cumplan con la legislación del país de origen, incluyendo una declaración de diligencia debida.

La SRA expresó su rechazo a esta prórroga, solicitando una revisión de los criterios, la eliminación de la obligación de diligencia debida y una gestión más autónoma de los recursos naturales por parte de cada país, destacando que Argentina fue clasificada como país de “Riesgo Bajo”.

La normativa ahora exigirá cumplimiento a grandes operadores desde diciembre de 2026 y a pequeñas empresas hasta junio de 2027.

El problema de la litigiosidad laboral cada vez es más grave y toma relevancia en la agenda pública. Incluso, puede ser más gravoso para un empleador que el costo de despido.

Para enero de 2026 se habrán acumulado 131.796 juicios por riesgos del trabajo, y el 90% de ellos corresponde a enfermedades que no dejan secuelas, según señala la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La presidenta de la UART, Mara Betiol, indicó a Ámbito que «el 90% de los juicios ingresados son de cero incapacidad». Es decir, que la persona que inicia un pleito no presenta secuelas permanentes por la enfermedad o accidente laboral denunciado.

De acuerdo con los datos, estos casos suelen ser juicios por esguinces, dolores de espalda o lumbalgias, que, luego de un tiempo de tratamiento, no dejan secuelas en las personas.

Cómo funciona la ART

Cuando un empleado sufre una enfermedad o accidente de trabajo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) constata su cuadro médico y, en caso de corresponder, calcula la indemnización según un listado de incapacidades previsto por ley. Las Comisiones Médicas, que actúan dentro del proceso administrativo, determinan el grado de discapacidad que queda luego del accidente. A partir de esa evaluación, la ART paga la compensación. Todo el proceso incluye la participación de abogados.

Si la persona afectada no está conforme con lo que ofrece la aseguradora, recurre a la Justicia. En teoría, para estos casos deberían existir Cuerpos Médicos Forenses, que con los mismos criterios de las Comisiones Médicas funcionen como una instancia revisora.

¿Por qué aparecen los juicios?

Es casi una paradoja. Según Betiol, «los casos de incapacidades reales son el 10%, que incluyen los fallecimientos, pero estos no son motivo de conflicto». Es decir, cuando los afectados sufren accidentes graves, como perder un dedo o una mano, donde la secuela es visible y evidente, no hay juicios.

Los litigios comienzan en situaciones donde determinar el grado de incapacidad es menos obvio. Betiol señala que «en los casos en los que las Comisiones Médicas determinan cero discapacidad, cuando pasa a la Justicia aparece 14% de discapacidad».

La Justicia laboral es un fuero provincial y, por lo tanto, cada jurisdicción determina cómo actuar en estos casos. Sin embargo, la Ley de Riesgos del Trabajo, modificada en 2017, fija procedimientos muy detallados sobre cómo tratar cada enfermedad o accidente laboral.

Las provincias solo deben sancionar una ley local adhiriendo a la nacional. Hasta ahora, 18 provincias lo han hecho. Pero ninguna creó los Cuerpos Médicos Forenses, tal como exige la ley nacional.

Como consecuencia, cada juez convoca a peritos propios, cuyos honorarios se calculan como porcentaje del monto del juicio, lo que incentiva a «engrosar» las incapacidades de trabajadores supuestamente afectados.

«Lo más gráfico de que esas determinaciones no obedecen a ninguna discapacidad real es que hay modas en cada jurisdicción. En Córdoba estaban las incapacidades psicológicas», señaló Betiol.

Casos emblemáticos

• Un camionero al que hubo que pagarle $300 millones por habérsele establecido una discapacidad del 107%.
• Un empleado que practicaba motocross y se presentaba a las audiencias con un cuello ortopédico, mientras en redes se fotografiaba andando en moto. En ese caso recibió 39% de incapacidad.
• Un perito judicial que firmó más de veinte dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.

Para reducir costos, la UART propone que los peritos forenses no tengan honorarios atados al resultado del juicio. Para ello, cada provincia debería ordenar la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, como establece la Ley de Riesgos del Trabajo.

En algunos distritos la responsabilidad recae en las Supremas Cortes y en otros en los Consejos de la Magistratura. Hasta ahora no lo hicieron, aduciendo falta de presupuesto u otras excusas.

En tantom los 131.796 juicios están repartidos entre apenas 23 ART, lo que implica que, en promedio, cada una debe enfrentar 5.730 litigios. Eso obliga a las aseguradoras a destinar más recursos al frente judicial que a su actividad central: la medicina laboral.

Desde la UART mencionan un ejemplo comparativo. En España, una incapacidad menor al 33% no es indemnizable, y aun así la conflictividad judicial es diez veces menor que en Argentina.

El Gobierno, bajo la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger, profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte para 2026 que podría afectar otro 10% del total de empleados. Los despidos desde el inicio de la gestión superan los 60.000 trabajadores.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

El recorte de personal en el Sector Público Nacional desde diciembre de 2023 generó un impacto de gran magnitud en el Estado, con la eliminación de 60.784 puestos de trabajo, lo que equivale a una reducción del 17,7 % en la dotación total. Este ajuste se traduce en la pérdida de más de 83 empleos por día.

El análisis de la distribución de los despidos indica que las empresas y sociedades del Estado absorbieron la mayor parte de las cesantías en términos absolutos, seguidas por los organismos descentralizados y los centralizados. No obstante, el ajuste proporcional más severo se registró en la administración centralizada.

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza la lista con 5.155 despidos, constituyéndose en el caso más relevante en términos absolutos. Por su parte, la Operadora Ferroviaria S.E. registró 3.375 desvinculaciones, el Banco Nación contabilizó 2.069 y Aerolíneas Argentinas sumó 1.887.

En términos relativos, la ex Télam experimentó el recorte más drástico, con la desvinculación de cerca del 80 % de su personal. Le siguieron ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones especialmente significativas en su plantilla.

CEPA advirtió en un informe que “el ajuste también impacta en empresas de tecnología e infraestructura estratégica, donde los recortes no solo implican pérdida de puestos de trabajo, sino retrocesos estructurales en áreas clave para el desarrollo nacional”.

En el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la reducción del 40% del personal representa, según el CEPA, un golpe directo a la capacidad pública de investigación, desarrollo científico y producción tecnológica con valor agregado nacional.

En el sector ferroviario, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. (ADIFSE) sufrió un recorte del 35 % de su planta, lo que, de acuerdo con el CEPA, afecta la planificación, ejecución y control de obras de infraestructura fundamentales para el transporte de cargas y pasajeros.

El informe sostiene que “esta política de desinversión atenta contra la reconstrucción de una red ferroviaria integrada, que es fundamental para mejorar la competitividad de las economías regionales, reducir costos logísticos y promover un modelo de desarrollo sustentable”.

El sector financiero y asegurador también se vio fuertemente afectado. La Casa de la Moneda redujo su personal en 44 %, mientras que Nación Seguros perdió el 37,5 % de su dotación.

Según el CEPA, esta situación debilita la capacidad estatal para ofrecer coberturas accesibles a personas, pymes y organismos públicos, y pone en cuestión su rol contracíclico en situaciones de emergencia o catástrofe.

Además, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), considerado clave para el financiamiento del desarrollo productivo, experimentó una reducción del 31% de su planta, lo que restringe su capacidad de otorgar créditos en condiciones favorables a sectores estratégicos de la industria, la infraestructura y las exportaciones.

En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), que abarca organismos desconcentrados y descentralizados, el caso más relevante en términos absolutos fue el de ARCA, con 3.220 puestos de trabajo eliminados. Le siguieron el CONICET, con 1.964 despidos, y el ANSES, que redujo su plantilla en 1.584 trabajadores.

En términos proporcionales, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales sufrió el recorte más severo, perdiendo el 64 % de su personal.

En segundo lugar se ubicó la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), con una reducción del 46,6 %, y en tercer lugar el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que experimentó una disminución del 43,5 % en su dotación.