El proceso de licitación de la Hidrovía, la vía navegable troncal más relevante de Argentina, ingresa en su tramo final con la formación de un Consejo de Control integrado por usuarios y actores clave del sector.

De acuerdo a información difundida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), este nuevo órgano de supervisión tendrá la tarea de monitorear el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de licitación, con la participación de representantes de provincias, cámaras industriales y entidades rurales, junto a asociaciones y organizaciones ambientales, lo que busca asegurar la transparencia y la competitividad logística por hasta 30 años.

Según los datos recogidos en la etapa definitoria del proceso, ya se completó el 90% del cronograma previsto para el llamado a licitación del mantenimiento de la Hidrovía. Se recibieron más de 200 consultas de interesados, lo que evidencia el alcance y la expectativa que genera la adjudicación. La transparencia del procedimiento fue avalada por auditorías de las Naciones Unidas, así como por mesas participativas que, hasta la fecha, no han recibido impugnaciones ni observaciones.

A la instancia decisiva concurren no solo empresas locales, sino firmas extranjeras promovidas por sus respectivas embajadas, lo que refuerza el carácter internacional de la convocatoria. De acuerdo a lo establecido, el próximo 27 de febrero se recibirán las ofertas, en cumplimiento riguroso del cronograma oficial.

La Anpyn reunió a los principales sectores involucrados para impulsar formalmente el Consejo de Control. En esa apertura, el director ejecutivo, Iñaqui Arreseygor, sostuvo: “Estamos en condiciones de formar una mesa de supervisión de la VNT en la que estén presentes todos: provincias y empresarios. Nadie la conoce mejor que los usuarios. Nos parece importante abrir el juego para los próximos 30 años. Siempre teniendo presentes las diferencias de los usuarios de la Hidrovía del norte y los usuarios del sur”.

Por su lado, el titular de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (CIARA – CEC), Gustavo Idigoras, respaldó la iniciativa: “El órgano de control debe tener un consejo consultivo de usuarios en el que se aporten ideas. Con esta licitación, y su correcta ejecución, nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva”.

La definición del actor privado encargado de materializar las obras y el mantenimiento estipulado está proyectada para mayo, tras este proceso de consultas y consultas abiertas a productores, gobiernos provinciales y cámaras del sector.

Entre los convocados al flamante consejo figuran la cámara de actividades portuarias marítimas, Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural, Coninagro, la federación agraria, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, funcionarios de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Chaco y Buenos Aires, junto a cámaras navieras y la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

En noviembre pasado, una de las empresas que disputa por la Hidrovía respaldó el nuevo proceso de licitación del Gobierno. Se trata de la firma belga DEME, uno de los grupos líderes en dragado e infraestructura marítima a nivel mundial.

Hace un año, la firma belga se había presentado como el único oferente para quedarse con la concesión. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió la licitación y fue objeto de observaciones por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades.

En aquel momento, el entonces vocero presidencial, devenido en jefe de Gabinete, Manuel Adorni señaló que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. En este contexto, remarcó la necesidad de contar con un operador capacitado bajo “los más altos estándares internacionales y el mejor precio”.

Tras esto, a través de un comunicado, la compañía expresó su respaldo al Ejecutivo y destacó “los esfuerzos de consenso y transparencia” que se llevaron a cabo desde la Anpyn y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). Estos dos organismos están trabajando con Casa Rosada para la redacción de los nuevos pliegos antes de lanzar otra vez la licitación.

Tras una serie de encuentros con el equipo económico encabezado por Luis Caputo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó que llegó a su fin la misión técnica en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina por USD 20.000 millones en abril de 2025. Fuentes del organismo calificaron las reuniones como positivas.

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días”, destacaron desde la entidad presidida por Kristalina Georgieva. La delegación había arribado a Buenos Aires el 5 de febrero.

Los enviados del prestamista de última instancia mantuvieron una serie de reuniones “con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”. Junto con el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026, los representantes del Fondo también centraron su atención en el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas por parte del Banco Central.

Funcionarios del Palacio de Hacienda evaluaron como positivo el encuentro realizado el martes pasado con técnicos del Fondo Monetario Internacional, que se prolongó durante gran parte del día. Poco antes de las 18, la misión del FMI, liderada por Cubeddu y Joshi, abandonó el Ministerio de Economía sin emitir declaraciones.

La llegada de los enviados del organismo internacional supuso un reto para el Gobierno argentino, que buscaba la aprobación de un nuevo “waiver” (perdón) y la renegociación de la meta de reservas, condiciones necesarias para acceder a un desembolso de USD 1.000 millones de dólares, una cifra que el mercado da por prácticamente asegurada, aunque, por el momento, no hubo novedades al respecto.

En cuanto a la meta de reservas, el Banco Central argentino asumió el compromiso de cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas positivas por 2.400 millones de dólares. Tras la primera revisión, ese objetivo se modificó a un saldo negativo de 2.600 millones de dólares. El equipo económico no pudo alcanzar esta meta, en parte debido a una política cambiaria orientada a contener el valor de la moneda y a las ventas realizadas en medio de la volatilidad previa a las elecciones legislativas del año anterior.

No obstante, desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario a comienzos de enero, el BCRA ya adquirió más de USD 2.000 millones luego de encadenar 29 jornadas consecutivas con compras dentro y fuera del mercado cambiario. La entidad presidida por Santiago Bausili apunta a comprar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo del año, dependiendo del grado de remonetización de la economía y el volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Luego de cancelar pagos por 4.200 millones de dólares a acreedores a principios de año, el ministro Luis Caputo debió afrontar en los primeros días de febrero el vencimiento de más de 800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El funcionario explicó que el Gobierno adquirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y utilizó esos activos para cumplir con las obligaciones.

A través de sus redes sociales, Caputo detalló el procedimiento adoptado por el Gobierno para el pago de intereses al FMI: “Si se pagaran en dólares, transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se abonan en DEGs, es necesario comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos, que es vendedor de DEGs. Es una operación habitual a precio de mercado”, indicó.

Los Derechos Especiales de Giro son un instrumento internacional creado por el Fondo Monetario Internacional. Sirven como reserva de valor y unidad de cuenta entre los países miembros. Su valor se establece a partir de una canasta de monedas principales y pueden utilizarse para reforzar las reservas internacionales de los Estados.

El aumento de la canasta básica alimentaria, que sirve para medir los niveles de indigencia, se disparó casi 6%, el doble de la inflación

12/02/2026 – 18:47hs

La canasta básica alimentaria (CBA) registró en enero un incremento cercano al 6%, el salto mensual más alto en casi un año y un aumento que duplicó el nivel de inflación del mismo período. En paralelo, la canasta básica total (CBT) subió 3,9%. Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser considerada pobre.

En cuanto al umbral de indigencia, el organismo estadístico señaló que un hogar de cuatro integrantes requirió $623.990 para cubrir el consumo mínimo mensual de calorías y proteínas. En términos interanuales, la CBA acumuló una suba del 37,6%, mientras que la CBT avanzó 31,6%, de acuerdo con los datos oficiales.

Fuerte suba de la canasta alimentaria y su impacto

El incremento de la canasta alimentaria contrastó con la inflación general del mes pasado, que se ubicó en 2,9%. Se trató del quinto aumento consecutivo del índice de precios y el nivel más alto desde marzo de 2025, cuando había alcanzado el 3,7%, también según el INDEC.

El comportamiento de los alimentos explicó gran parte de la aceleración. La suba de enero se produjo luego de varios meses de aceleración en el costo de las canastas básicas. La alimentaria había registrado un incremento de 4,1% mensual durante dos meses consecutivos, mientras que la total pasó de 3,6% a 4,1% en el último mes del año anterior.

El dato es visto por los expertos como negativo por su impacto en los sectores de menores ingresos. El aumento de la CBA determina la línea de indigencia, ya que mide el costo de una canasta mínima de alimentos capaz de cubrir los requerimientos energéticos y proteicos indispensables. Por su parte, la CBT incluye además bienes y servicios no alimentarios, y define la línea de pobreza.

Canastas: los datos publicados por el INDEC

El INDEC detalló que la línea de indigencia para un adulto se ubicó en $201.939 durante enero. En tanto, la línea de pobreza por persona alcanzó los $440.226. Para un hogar de tres integrantes, la canasta básica alimentaria se ubicó en $496.769, mientras que la canasta básica total ascendió a $1.082.956.

En el caso de un hogar de cuatro personas, la CBA fue de $623.990 y la CBT llegó a $1.360.299. Ese es el monto que una familia tipo necesitó para no caer por debajo de la línea de pobreza durante el primer mes del año.

Por último, para un hogar de cinco integrantes, la canasta alimentaria alcanzó los $656.301 en enero, mientras que la canasta total se ubicó en $1.430.735. Los datos reflejan el comportamiento de los precios en el comienzo del año y el impacto directo que tienen las variaciones de alimentos sobre los umbrales que determinan la pobreza y la indigencia.

Las variaciones de las canastas básicas constituye una referencia fundamental para evaluar los niveles de pobreza e indigencia en la Argentina. El marcado incremento registrado en enero representó el valor más alto de los últimos meses y volvió a poner en foco la relación entre ingresos y precios.

El dato reafirma el peso de los alimentos como uno de los componentes más sensibles dentro del proceso inflacionario y posiciona nuevamente al costo de vida en el centro del debate económico.