El corazón de la reforma laboral de la administración de Javier Milei, que se debatirá intensamente en el recinto del Senado, se centra en la flexibilización de las condiciones de contratación y despido para intentar reducir lo que el Gobierno denomina la «industria del juicio». 

Con ese objetivo en mente, hace su presentación en sociedad el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones y que se propuso tomando el modelo de la construcción (sistema UOCRA), que permite que las empresas aporten mensualmente a un fondo para cubrir futuros despidos.

Reforma laboral: el plan del Gobierno para modernizar el empleo se pone en marcha

Tras las negociaciones que asegurarían el voto positivo de 44 senadores del proyecto, se acordó mantener el polémico ítem que incluye la creación del Fondo de Asistencia Laboral, un nuevo sistema indemnizatorio. Por propuesta de la UCR, se establecieron alícuotas diferenciales según el tamaño de la unidad productiva: las grandes empresas aportarán un 1%, mientras que para las Pymes,el rango será del 2,5%, bajo supervisión de una comisión bicameral.

El Fondo estaría destinado a cubrir:

• Indemnizaciones por despido: incluyendo la indemnización por antigüedad (Art. 245 y 247), indemnización agravada (Art. 248), y aquellas previstas en estatutos profesionales.
• Otras obligaciones de extinción: indemnizaciones por preaviso, integración del mes de despido y otros pagos relacionados con la finalización del vínculo laboral previstos en varios artículos de la LCT (Arts. 95, 212, 232, 233, 241, 246, 250, 254) 
• Solo para trabajadores registrados: el Fondo solo podrá prestar cobertura respecto de trabajadores registrados con una antigüedad no menor a doce (12) meses al momento de la extinción, según se leyó en los borradores que se negociaron entre las fuerzas políticas parlamentarias.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el FAL no modifica ni sustituye el régimen indemnizatorio vigente. El esquema funciona como un mecanismo de financiamiento previo, que permite a las empresas acumular recursos para afrontar eventuales desvinculaciones, pero sin alterar el derecho del trabajador a percibir la indemnización que corresponda por ley.

Voces a favor y en contra del Fondo de Asistencia Laboral

En este contexto, ya comenzaron a surgir voces a favor y en contra provenientes del entramado productivo y legal de la Nación. 

El doctor Gastón A. Ferretti, es abogado experto en temas laborales y uno de los referentes de UNEPP (Unión Nacional de Emprendedores,Pymes y Productores). Para el profesional, la eventual creación del Fondo es más que un cambio normativo, «es un cambio de paradigma jurídico y económico porque se pasa de la litigiosidad por insolvencia a la previsibilidad por prefinanciamiento».

Cuando se habla de desfinanciación del ANSES para el dr. Ferretti se está en un error, porque «el origen de los fondos será un financiamiento 100% privado. Existe una confusión recurrente que es necesario despejar: el FAL no es un impuesto, no se financia con recursos del Estado ni afecta el bolsillo del trabajador. Es un sistema de ahorro yprevisión exclusivamente patronal.El esquema diseñado establece alícuotas diferenciadas según la espalda financiera de cada actor: grandes empresas: aportan un 1% mensual sobre la masa salarial, mientras que las Pymes aportan un 2,5% mensual.Desde la perspectiva de la UNEPP, este diferencial reconoce que la Pyme es la que más sufre la litigiosidad sistémica. Al aportar un porcentaje mayor, la pequeña empresa construye un escudo más robusto ante contingencias que, de otro modo, serían letales parasu supervivencia».

Para Mario Ackerman, profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires, el FAL sí se integra con recursos sustraídos al financiamiento del sistema previsional. Antes de las últimas aclaraciones y en una columna, sostuvo que «es necesario prestar especial atención y destacar que si bien el Fondo de Asistencia Laboral se integra con un pago mensual de las remuneraciones que el empleador debe abonar a sus trabajadores, simultáneamente, se reduce en el mismo porcentaje su contribución para financiar el régimen jubilatorio, lo que implica que, en la realidad de los hechos, la acumulación del dinero en ese fondo para el pago de las indemnizaciones no tendrá para él ningún costo adicional a los actuales –ni futuros.Esto le permitirá al empleador tener a su disposición las sumas necesarias para que el trabajador pueda cobrar las indemnizaciones cuando decida despedirlo, pero sin que esto implique que aquél deba hacer ese pago, pues el sistema está concebido para que cuando el trabajador deba percibir las indemnizaciones, el pago sólo pueda ser hecho por la entidad administradora, el Fondo con los recursos de éste».

Para Ackerman, «esta liberación del empleador a costo cero tiene como consecuencia inmediata la eliminación del único instrumento que hoy existe en la legislación argentina para la protección contra el despido arbitrario, que es lo que permite que los trabajadores puedan reclamarle el trato que corresponde a condiciones dignas y equitativas de labor, sin el temor a sufrir como represalia la pérdida del empleo».

Como contrapartida, en sindicatos de las 62 Organizaciones Peronistas, brazo político del sindicalismo enrolado en la CGT, explican a iProfesional que el FAL es un instrumento que intenta «tumbar» uno de los artículos de la Constitución Nacional que si fuera por Javier Milei borraría de un plumazo.

«El artículo 14 bis de la Constitución Nacional –incorporado a este texto en el año 1957– establece que la ley debe garantizar al trabajador protección contra el despido arbitrario. Los dos principales propósitos de esta garantía constitucional son: evitar que el trabajador se vea privado de su ingreso cuando el empleador no tiene un motivo para poner fin a la relación de trabajo y, especialmente, y proteger a los trabajadores para que, sin temor a la pérdida del empleo, puedan reclamar por los incumplimientos o intentos de abuso de poder de sus empleadores y frente a las eventuales represalias de estos.», afirmaron en línea con Ackerman.

Sin embargo, hay otros empresarios pymes que desconfían de las negociaciones políticas y los resultados que éstas arrojan sobre temas tan vitales para la salud financiera de las empresas.

Hernán Seivane también es empresario Pyme y desde la UNEPP señaló a iProfesional que «le planteamos a la senadora Carolina Losada que la mayoría de los empresarios pymes que siguen la cuestión no están muy de acuerdo con el Fondo. Es una ‘caja’, administrada por alguien, que se va a llevar el 1% de esa masa de fondos que es una fortuna y no queda en claro su implementación. Es una cosa rara que puede disparar más juicios. Desde UNEPP siempre consideramos que este fondo no tiene utilidad. Lo que las pymes necesitan son topes indemnizatorios reales y una reducción de las cargas sociales«, afirmó contundentemente.

Alejandro González Escudero, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y titular de FUNDECOS, señaló a iProfesional que «la primera lectura que realizo es que desean armar un ‘ahorro forzoso’ que hacen las empresas para pagar después las indemnizaciones por despido. No es un seguro, ya que solo se va a poder aplicar hasta la suma ahorrada. Si las necesidades de pagos al personal despedido son más altas, no se cubre. El atractivo para las empresas está en reducirlo de los aportes al sistema jubilatorio. Por supuesto que la crítica que aparecerá es que desfinancia a las jubilaciones. Me parece que hubiese sido más práctico establecer que el ANSES pueda devolver parte de los aportes recibidos de las empresas, cuando las empresas tuvieran que despedir al personal por el que antes aportaron».

En el debate abierto entre expertos, el abogado especialista en derecho laboral y tributario, Gastón Ferreti dio ejemplos concretos de por qué con el FAL, las empresas van a funcionar mejor. Para bajar este concepto a la realidad diaria de las Pymes, planteó algunos ejemplos: 

• Para la gran empresa, con una masa salarial de $100.000.000, el aporte de $1.000.000 mensual generará una reserva anual de $12.000.000. Una cifra manejable que actúa como un seguro contra pagos intempestivos.
• Escenario Pyme: una empresa con una nómina de $10.000.000 aporta $250.000 por mes. En un año, cuenta con $3.000.000 protegidos. Para una estructura pequeña, contar con ese respaldo ante una desvinculación es, sencillamente, la diferencia entre seguir operando o bajar la persiana definitivamente por una contingencia judicial.

Además en la polémica con los sindicatos, Ferreti aseguró que los trabajadores despedidos estarán más satisfechos porque se producirá un cobro inmediato y se acaba el fin de la espera judicial para tener el cheque indemnizatorio.

«Uno de los mayores avances en materia de derechos individuales que introduce el FAL, es la celeridad. Bajo el sistema actual, cuando una desvinculación termina en conflicto, el trabajador suele enfrentar procesos judiciales que duran entre 5 y hasta 8 años. En ese lapso, la inflación erosiona el poder adquisitivo de su indemnización y la incertidumbre genera un daño adicional.Este sistema cambia las reglas de juego: el fondo garantiza que el trabajador no tenga que esperar una sentencia para cobrar. Al estar el capital ya reservado y protegido en un patrimonio inembargable, el dinero está disponible de forma líquida. Esto humaniza el proceso de salida laboral, asegurando que el trabajador reciba su compensación cuando más la necesita —al momento del cese— y no años después, tras un desgaste jurídico agotador», concluyó.

En una rápida reacción tras el pico de inflación de enero, el Tesoro optó por refinanciar el 123,4% de los vencimientos en la licitación realizada ayer. En la práctica significa que además de refinanciar los títulos que vencía absorberá adicionalmente 1,7 billones de pesos.

Un dato no menor es que a diferencia de lo que había sucedido en enero, esta vez no necesitó incrementar las tasas de las colocaciones. Muchos inversores fueron tentados con bonos ajustados por CER a plazos largos, que pagan más de 7% anual por encima de la inflación.

La decisión del Tesoro reafirma la voluntad del Gobierno de limitar la cantidad de pesos a la verdadera demanda del mercado. Ante el salto inflacionario de los últimos meses se optó por un ajuste monetario que al menos por el momento no tuvo impacto en los niveles de tasa.

Esto implica que el programa de remonetización avanza pero un poco más lento de lo planeado. El Banco Central ayer compró USD 214 millones, la cifra más alta desde que arrancó el año.

Sin embargo, una buena parte de los pesos que emite para comprar dólares luego termina siendo retirados por el Tesoro, como sucedió en la licitación de ayer. Si bien técnicamente no implica una absorción por parte del Central, se trata de dinero que deja de circular y por ende se demora la reactivación de la actividad.

Por otra parte, seguir retirando pesos del mercado implica que el dólar seguirá débil. Ayer el tipo de cambio oficial volvió a caer hasta $1.420 en el caso del minorista, mientras que el mayorista quedó al borde de perforar los 1.400 pesos. Las compras del Central son las que están impidiendo que perfore al menos por ahora ese nivel.

Recién cuando la inflación dé señales claras de descenso se avanzaría con la expansión monetaria producto de la compra de divisas. La fase 4 del plan implica, justamente, que los pesos que emite el BCRA para adquirir dólares no serán luego esterilizados.

La marcha del plan para acumular reservas y la suba de la inflación es obviamente uno de los temas centrales de las conversaciones que se está llevando adelante con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra en Buenos Aires.

La preocupación del organismo es que el Central logre acumular reservas para poder enfrentar mejor los shocks externos. Una vez aprobada la revisión, más allá del incumplimiento en la acumulación de reservas en 2025, el organismo desembolsará USD 1.000 millones como parte del programa en marcha.

Durante toda la jornada hubo especulaciones respecto al posteo del ministro de Economía Luis Caputo del martes, cuando señaló que “habrá novedades” luego de reunirse con el presidente, Javier Milei, y el titular del BCRA, Santiago Bausili. Una posibilidad, se especulaba ayer, es que se tomen medidas que alivien el cepo cambiario para las empresas. Sin embargo, nada fue confirmado oficialmente.

El equipo económico recibió ayer por la tarde a representantes de Alyc, con el objetivo de alentar operaciones con dólares tras la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal. Los funcionarios explicaron a los ejecutivos el espíritu de la ley de inocencia fiscal y les pidieron que generen más instrumentos para invertir en moneda dura.

Por ahora, los bancos se muestran reticentes a recibir dólares sin exigir una justificación de los fondos y aluden a las normas vigentes antilavado. Por lo pronto, para tener tapón fiscal el ahorrista debe inscribirse en el régimen simplificado de Ganancias.

Quien tomó la delantera para alentar a los inversores a depositar dólares del colchón en una cuenta es el Banco Nación, que en los próximos días saldrá con campañas activas con ese objetivo.

La cantidad anual de juicios laborales por accidentes de trabajo en la Argentina registró un incremento de 4.353% entre 2003 y 2025. En ese período, las demandas iniciadas en el sistema de Riesgos del Trabajo pasaron de 3.012 casos en 2003 a 134.131 en 2025, el nivel más alto desde la creación del régimen.

Los datos surgen de la información oficial del sistema y fueron analizados por la consultora Libertad y Progreso (LyP), que advirtió sobre el fuerte aumento de la litigiosidad en los últimos años. Según el informe, durante 2025 se iniciaron más de 134.000 juicios, cifra que implica que los litigios se multiplicaron por 44 desde 2003. En promedio, eso equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil.

Las estadísticas muestran una ascendente de largo plazo en la cantidad de juicios por ART. La serie presentada por la consultora arranca con 3.012 casos en 2003, sube a 6.805 en 2005 y alcanza 27.170 en 2008. En 2012 ya sumaban 64.093 demandas y en 2016 llegaban a 127.503. Un año después, en 2017, se registraron 130.679 juicios.

Tras una baja transitoria en 2020, cuando se contabilizaron 44.600 casos, la litigiosidad volvió a crecer: 79.100 en 2021 y 134.131 en 2025, el máximo de la serie.

Mientras la cantidad de juicios siguió esa trayectoria, la evolución de los accidentes laborales mostró un comportamiento distinto. De acuerdo con el gráfico elaborado en base a datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), los siniestros laborales crecieron en una primera etapa de la serie, pero luego tendieron a estabilizarse e incluso a descender en los últimos años. Esa divergencia evidencia que el aumento de las demandas no fue acompañado por un incremento equivalente en los accidentes registrados.

El informe de LyP señala que “la brecha entre ambas dinámicas vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de ordenar el régimen laboral, en un contexto en el que el Gobierno impulsa una reforma del sistema”. En ese sentido, remarca que “en la práctica, la cantidad de demandas crece muy por encima de los accidentes efectivos”.

El año 2025 marcó un nuevo récord de litigiosidad. Con 134.131 juicios iniciados, se alcanzó el valor más elevado desde la puesta en marcha del sistema de Riesgos del Trabajo.

La comparación internacional también muestra diferencias significativas. Según datos difundidos en informes sectoriales, la Argentina registra 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a 5,8 en Chile y 8,5 en España. Esa relación ubica a la litigiosidad local en niveles varias veces superiores a los de esos países, aun con esquemas de cobertura que presentan estándares similares.

En paralelo, las estadísticas de siniestralidad muestran una tendencia de largo plazo a la baja. De acuerdo con datos del sistema, los accidentes laborales y los casos fatales disminuyeron en las últimas dos décadas, en el marco de la consolidación del régimen de ART y de políticas de prevención. Sin embargo, esa reducción no se reflejó en una menor judicialización.

El desajuste en el sistema tiene consecuencias económicas concretas. “El aumento de la litigiosidad eleva los costos del sistema de ART, se traslada a mayores cargas para las empresas y afecta especialmente a pymes y sectores intensivos en empleo formal”, sostiene el documento de LyP. Además, agrega que “la incertidumbre judicial se convierte en un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión”.

El debate sobre los juicios laborales volvió a cobrar relevancia en el marco de la discusión sobre una reforma del sistema. Para la consultora, “el desafío es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican”.

La experiencia de otros países de la región aparece como referencia en ese análisis. En Chile, por ejemplo, el sistema de accidentes de trabajo presenta niveles de litigiosidad considerablemente más bajos. Según el informe, “la mayor resolución administrativa de los casos y reglas más claras permiten alinear mejor accidentes y reclamos, reduciendo costos y dando mayor previsibilidad al empleo formal”.

Un análisis reciente de la UART intenta explicar por qué hubo un aumento tan pronunciado en la cantidad juicios. Desde la entidad sostienen que el fenómeno no se explica por un aumento de los accidentes, sino por factores vinculados al funcionamiento del esquema judicial. En particular, señalan que la Ley 27.348 dispuso la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción con el objetivo de unificar criterios técnicos y reducir la litigiosidad. Sin embargo, advierten que esa estructura no fue implementada plenamente en todo el país.

De acuerdo con el planteo de la UART, esa situación habilitó la intervención de peritos externos sin un marco homogéneo de supervisión, cuyos dictámenes establecen porcentajes de incapacidad por fuera de los baremos oficiales. Esas pericias, agregan, suelen ser convalidadas en sede judicial, lo que incrementa el volumen de reclamos.

A ese esquema se suma la modalidad de cálculo de los honorarios periciales, que se determinan como un porcentaje del monto de la sentencia. Según el informe, ese mecanismo introduce incentivos económicos que impactan en el nivel de las incapacidades reclamadas y, en consecuencia, en el monto final de los litigios.

El efecto también se refleja en los costos del sistema. La UART estima que el 45% de lo que abonan las ART en concepto de juicios corresponde a intermediación, es decir, honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales. En términos prácticos, por cada millón de pesos destinado a una demanda, alrededor de $450.000 se canalizan a través de ese circuito.