Frigorífico General Pico, una de las firmas históricas de la industria cárnica argentina y vinculada al origen de la marca Paty, se presentó en concurso preventivo de acreedores y pasó a integrar la lista de compañías que en lo que va del año terminaron judicializando su crisis financiera para intentar reordenar pasivos y preservar la continuidad operativa.

La decisión fue comunicada este 31 de marzo por sus directivos, Ernesto «Tito» Lowenstein y Alan Lowenstein, luego de varios meses en los que la empresa intentó sostenerse con actividad mínima, suspensión de personal y la búsqueda de una salida empresaria para evitar un deterioro mayor. En ese recorrido, la firma exploró distintas alternativas, entre ellas la posibilidad de vender el frigorífico, ceder la explotación de la planta o avanzar con algún esquema de alquiler de largo plazo, pero ninguna terminó de cerrarse.

El deterioro financiero que empujó esa decisión quedó reflejado en los registros de deudores del BCRA. Según la actualización al cierre de marzo, la compañía acumula 1.152 cheques rechazados por un total de poco más de $15.800 millones, mientras que su deuda bancaria asciende a alrededor de $24.300 millones.

Dentro de ese pasivo financiero, unos $2.500 millones figuran en situación 2, es decir, con seguimiento especial, y otros $16.100 millones aparecen en situación 3, la categoría que el sistema financiero asigna a deudores con problemas de cumplimiento. Sólo entre esos dos grandes rubros, la empresa ya exhibe compromisos por más de $40.000 millones, sin contar otras obligaciones comerciales, laborales y financieras.

La foto actual muestra un agravamiento claro frente a la que exhibía la firma apenas dos meses atrás. En enero, Frigorífico Pico ya cargaba con una deuda bancaria de $22.771 millones, más de 1.000 cheques rechazados por casi $11.700 millones y pagarés emitidos en el Mercado Argentino de Valores por otros $1.770 millones, con vencimientos concentrados en el segundo trimestre. En ese momento, además, el sistema financiero todavía la ubicaba bajo seguimiento especial. Ahora, una parte relevante del pasivo ya pasó directamente a la categoría de deudores con problemas.

La sociedad se dedica a la producción y al desarrollo de mercados locales e internacionales de carne vacuna, menudencias y subproductos, y toda esa operatoria se apoya en sus dos plantas frigoríficas ubicadas en La Pampa, en las localidades de Trenel y General Pico.

De una planta de escala a una operación mínima

La crisis financiera vino acompañada por un derrumbe operativo y laboral que ya se había vuelto inocultable desde comienzos de año. En enero, la compañía había suspendido a unos 450 trabajadores y prácticamente frenado la actividad en sus plantas, que quedaron reducidas a una guardia mínima de mantenimiento.

El contraste con su capacidad reciente es fuerte. Hasta hace dos años, Frigorífico General Pico faenaba alrededor de 600 cabezas diarias, con planes de escalar a 800. Incluso durante el año pasado todavía había procesado más de 96.000 animales, pero la falta de liquidez, el peso del endeudamiento y la pérdida de ritmo comercial terminaron por desarmar esa estructura.

La faena se desplomó luego a niveles cercanos a 50 animales diarios, un volumen incompatible con los costos fijos de una planta de ese tamaño. En paralelo, se retiraron incluso los equipos de faena kosher, una unidad clave para la exportación a Israel, lo que terminó de mostrar hasta qué punto se había deteriorado la operación.

A ese cuadro se sumó el frente laboral. La empresa ya arrastraba aportes previsionales y de obra social impagos desde octubre del año pasado, mientras intentaba amortiguar el conflicto con el pago de una suma fija mensual y la entrega de carne. Pero con el correr de las semanas la situación se agravó todavía más y la compañía avanzó con el despido de unos 200 trabajadores, mientras otros 400 quedaron sujetos a la incertidumbre sobre la continuidad de las plantas y el eventual cobro de salarios e indemnizaciones.

Venta, alquiler y una salida que no llegó

Antes de presentarse en concurso, los dueños de la compañía venían buscando una alternativa que permitiera sostener el activo industrial sin avanzar hacia una liquidación. En ese marco, la planta de Trenel aparecía como el principal activo a preservar dentro de una estructura que, aun deteriorada, conserva valor por escala, habilitaciones y ubicación.

Sobre la mesa hubo distintas variantes: desde una venta total del frigorífico hasta la posibilidad de que un tercero tomara la explotación de la planta bajo otro esquema. En las últimas semanas, además, la propia empresa había dejado trascender que mantenía conversaciones con un grupo empresario de origen europeo, al que definía como uno de los actores con interés en participar de una solución para la continuidad operativa.

Ese interés, sin embargo, nunca terminó de traducirse en una salida concreta. Según explicó la compañía en su comunicación más reciente, las tratativas no avanzaron lo suficiente como para cerrar una operación y, en paralelo, siguió creciendo la presión de acreedores financieros y no bancarios.

En el propio comunicado, la empresa señaló que se analizaron alternativas para sostener la planta, entre ellas «propuestas de terceros que contemplaban esquemas de explotación de la planta en el largo plazo», incluida una opción «cercana a los u$s40 millones mediante un esquema de leasing a ocho años». Ninguna prosperó.

También apuntó contra «un determinado grupo financiero que reviste simultáneamente la condición de accionista y acreedor«, al que acusó de haber «obstaculizado de manera reiterada las distintas alternativas presentadas por la empresa para asegurar la continuidad de la operación», al priorizar «el recupero de su crédito y contrariando el interés social».

En ese contexto, el concurso aparece ahora como la herramienta para ordenar acreencias, frenar el deterioro y ganar tiempo. No se trata de un dato menor en un sector que ya viene golpeado por consumo interno deprimido, caída de exportaciones, menor dinamismo de China, hacienda cara y costos fijos elevados, una combinación que dejó particularmente expuestas a las plantas más endeudadas.

Pese al cuadro crítico, Frigorífico General Pico intenta sostener un argumento central: que todavía conserva valor industrial y potencial de continuidad. En su comunicado, la empresa remarcó que cuenta con «activos productivos relevantes, inversiones recientes y habilitaciones internacionales», y sostuvo que la planta de Trenel mantiene «un importante potencial operativo y comercial». También aseguró que continuará trabajando para «reactivar en el corto plazo la operación y preservar las fuentes de trabajo».

La incógnita ahora es si ese paraguas judicial servirá para facilitar una salida empresaria para una de las plantas históricas del negocio cárnico pampeano o si terminará administrando una crisis que ya dejó suspensión de personal, despidos, deuda creciente y una cadena regional cada vez más golpeada.

La última prueba de Toto Caputo para fondearse con dólares «sin depender de «Wall Street» dejó, por primera vez, una señal de advertencia sobre si, pese a la elevada liquidez de billetes verdes, el ministro de economía está llegando al límite de la capacidad del mercado local.

Y no faltan, incluso, quienes creen que a Caputo le pueda haber jugado en contra su propio discurso sobre el componente de «riesgo kuka» en la tasa de interés de los bonos que vencen después de 2027.

El viernes, Caputo había celebrado el hecho de que se había generado, otra vez, una fuerte demanda de los inversores locales por bonos en dólares. Se colocaron los u$s150 millones previstos para cada uno de los dos bonos. Y el mayor motivo de festejo fue la nueva caída en la tasa de interés para el título que vence en octubre 2027, que pagó apenas 5,02% anual, cuando en las licitaciones previas la tasa había sido de 5,8% y 5,4%, respectivamente.

Pero el resultado para el bono nuevo, el que vence en 2028, fue más ambiguo. También hubo demanda, pero la tasa de interés fue de 8,5% nominal, algo que Caputo tomó como confirmación de que el mercado sigue con temor a que en las elecciones presidenciales del año próximo pueda haber un regreso del kirchnerismo y que, eventualmente, haya un default o reperfilamiento de estos bonos dolarizados.

Hasta ahí, como reza el eslogan oficialista, «todo marchaba acorde a lo planeado». Pero cuando el lunes se realizó la segunda tanda de licitación, para colocar un adicional de u$s100 millones para cada bono, llegó la sorpresa negativa.

La demanda por el título con vencimiento 2027, es decir el que está totalmente «libre de riesgo kuka», quedó u$s3 millones por debajo del cupo, cuando en las licitaciones anteriores se había excedido la oferta por más de u$s200 millones. Y, en lo que respecta al bono que devuelve el capital en 2028, la demanda estuvo u$s66 millones debajo del cupo.

En definitiva, en una licitación en la que Caputo aspiraba a captar u$s500 millones -sumando dos tandas de ambos bonos-, logró u$s431 millones, un 14% menos que lo esperado. La cifra propiamente dicha no es mala, pero lo que varios analistas están interpretando es que es posible que se esté en un quiebre de tendencia. En otras palabras, que la capacidad de fondearse en dólares con el mercado local entre en fase decreciente.

¿Se terminó el entusiasmo?

Hasta ahora, sumando las tres licitaciones realizadas con los nuevos bonos, el Tesoro captó u$s931 millones, sobre un total de u$s2.000 millones que anunció que buscaría a lo largo del año, con el objetivo de financiarse para hacer frente al calendario de vencimientos de deuda.

En particular, preocupaba al gobierno el abultado vencimiento de julio, cuando haya que cancelar capital más intereses por u$s4.200 millones.

Y el relativo mal resultado del bono 2028 -se demandaron u$s184 millones ante una oferta de u$s250 millones, y los inversores pidieron una tasa que excede en 3,48% la pactada por el bono 2027- deja una nota de duda respecto de si Caputo querrá volver a emitir este título dentro de dos semanas o si considerará que el costo del «riesgo kuka» no vale la pena.

Por lo pronto, lo que está claro es que la liquidez en dólares del sistema bancario sigue siendo elevada, con depósitos por u$s40.000 millones, y de los cuales apenas la mitad fue colocado en créditos.

Pero si se necesita una prueba incontestable de que hay apetito por activos a comprar con dólares, el mismo día del segundo tramo de la licitación hubo una salida al mercado de una nueva Obligación Negociable corporativa, que despertó fuerte interés. En este caso, se trata de Pampa Energía, que consiguió u$s200 millones, a una tasa de 5,49% anual, con un vencimiento a 36 meses.

El cálculo de los analistas es que, desde las elecciones legislativas de octubre hasta ahora, ya superan los u$s12.000 millones las emisiones de crédito corporativo y de deuda de los gobiernos provinciales.

Un argumento de doble filo

Ante esa situación, en el mercado se está planteando el debate sobre si Caputo hizo bien en lanzar su bono 2028, o si el resultado de ese test se pudo haber transformado en un efecto boomerang.

Así lo plantea la consultora Outlier: «El argumento del ‘riesgo kuka’ para explicar esa situación es un arma de doble filo, porque implica reconocer que el mercado asigna una probabilidad significativa no solo a la no continuidad de la actual administración, sino a un quiebre y reversión abrupta del enfoque por la misma impulsado».

Lo cierto es que hay muchos analistas que coinciden en que la licitación no salió bien para el gobierno, y no necesariamente por las cifras, sino por el mensaje tácito que devuelve el mercado. Básicamente, que la confianza sobre la estabilidad del modelo económico es de corto plazo.

El propio Caputo hizo el cálculo. Estableció que el «riesgo país Milei» es de apenas 117 puntos básicos. Ese es el número que surge de restarle a la tasa del bono argentino -5,02% en la licitación de este viernes- el costo de la tasa de referencia mundial, que ronda el 3,8%. Para el gobierno, esa tasa no sólo es baja porque lleva implícito un riesgo país muy inferior al que mide el índice de JP Morgan a nivel mundial -en torno de 600 puntos- sino que, además viene en franco descenso.

En contraste, el riesgo país a octubre de 2028 fue calculado por Caputo en 460 puntos. Y la «tasa forward» -como se denomina en la jerga financiera a la diferencia de interés entre dos momentos futuros, en este caso octubre de 2028 versus octubre de 2027- equivale a una tasa nominal anual de 14,09%.

La parte mala para el gobierno es que, detrás de la chicana al kirchnerismo, hay un reconocimiento de que el mercado sigue viendo una probabilidad relativamente alta de un quiebre de rumbo económico y de un cambio de signo político tras las elecciones del año próximo.

Afuera, tasas prohibitivas

Para el corto plazo, el interrogante que dejó esta licitación es si Caputo podrá completar su plan original de tomar u$s2.000 millones del mercado argentino y pagar una tasa en torno al 5% anual. De ello depende, en buena medida, la continuidad de la estabilidad cambiaria y la cotización de los bonos de deuda soberana.

Si hoy el ministro tuviera que pedir crédito en el mercado financiero global, debería pagar una tasa anual de más de 9%, que sería el resultado de la tasa de referencia, más el índice de 600 puntos que mide hoy Argentina tras la turbulencia global generada por el conflicto en Medio Oriente. En otras palabras, una tasa prohibitiva.

El nuevo secretario de Finanzas, Federico Furiase, intentó llevar calma al mercado al afirmar que ya está asegurada la cantidad de dólares necesaria para cumplir con los vencimientos de deuda del año. Sin embargo, por un mix de factores internos y externos, el índice de riesgo país argentino sigue firme en su tendencia alcista, y se ubica en 630 puntos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó este martes su preocupación ante la decisión judicial de suspender de manera cautelar una parte sustancial de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral. A través de un comunicado oficial, la entidad fabril reclamó la necesidad de contar con “reglas claras, previsibles y estables” para fomentar la inversión y el empleo formal, al tiempo que advirtió sobre el impacto negativo que la incertidumbre normativa genera en el clima de negocios.

La postura de la central empresarial se produjo tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el lunes dispuso frenar la aplicación de 83 artículos de la norma que había sido sancionada por el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo. Según la UIA, la suspensión de los efectos de una ley aprobada democráticamente debe ser el “último recurso del orden jurídico” y no el primero, como consideran que ocurrió en esta instancia.

La posición de la industria ante el freno judicial

En su pronunciamiento, la entidad que preside Martín Rappallini subrayó que la Ley de Modernización Laboral fue sancionada por “amplia mayoría” en el Poder Legislativo. En ese sentido, la UIA sostuvo que el respeto por la división de poderes y por las leyes aprobadas es un pilar esencial para la seguridad jurídica y el funcionamiento de la economía.

“La persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas”, indicó el documento oficial de la institución. Para los industriales, la vigencia de los marcos legales que buscan modernizar el sistema laboral es fundamental para acompañar el desarrollo del país y mejorar la competitividad de los sectores productivos.

La preocupación empresarial radica en que la cautelar retrotrae las condiciones de contratación y gestión de recursos humanos al esquema previo a la reforma, en un contexto donde el sector privado buscaba aplicar las nuevas herramientas previstas en la Ley 27.802. Según la UIA, Argentina requiere de un escenario normativo que promueva la inversión y el empleo formal, objetivos que, a su criterio, se ven obstaculizados por la suspensión de los 83 artículos.

El origen del conflicto: la presentación de la CGT

La suspensión provisional de la reforma laboral fue el resultado de una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley.

En su demanda, la CGT argumentó que los cambios introducidos por la Ley 27.802 afectaban principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Entre los puntos señalados se encontraban el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, hizo lugar al planteo y dictó una medida innovativa para mantener el “status quo”. El magistrado consideró que la aplicación inmediata de las normas impugnadas, antes de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Los puntos clave suspendidos por la Justicia

El fallo judicial frenó una serie de modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744 y otras normas complementarias. Entre los artículos suspendidos se encuentran los siguientes:

1. Ámbito de aplicación (Art. 2 LCT): La reforma buscaba excluir del régimen general a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios y, fundamentalmente, a prestadores independientes de plataformas tecnológicas.
2. Presunción de contrato de trabajo (Art. 23 LCT): La nueva ley establecía que la presunción de relación laboral no aplicaría en contrataciones de obra o servicios profesionales con facturación, punto que fue suspendido.
3. Indemnizaciones y fondo de cese (Art. 245 LCT): Se frenó el nuevo cálculo de indemnización por despido sin causa y la posibilidad de sustituir dicho esquema por un fondo de cese laboral similar al del sector de la construcción.
4. Jornada laboral y banco de horas (Arts. 197 bis y 198 LCT): La justicia suspendió la posibilidad de pactar regímenes de compensación de horas extra y bancos de horas por escrito entre empleador y trabajador.
5. Teletrabajo: Se dejó sin efecto la derogación de la Ley N° 27.555, manteniendo así la vigencia del marco regulatorio específico para el trabajo a distancia.
6. Relación de dependencia en servicios eventuales y tercerización (Arts. 29 y 30 LCT): La reforma limitaba la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias y principales, cambio que ahora quedó en suspenso.

Además, la medida cautelar alcanzó a artículos que regulaban la irrenunciabilidad de derechos (Art. 12 LCT), el principio de la norma más favorable (Art. 9 LCT) y la actualización de créditos laborales en juicios (Art. 55 de la Ley de Modernización Laboral), los cuales debían calcularse por IPC más un 3% anual.

Argumentos del Estado y repercusiones sindicales

Frente a la demanda de la CGT, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, defendió la validez de la reforma. El Gobierno sostuvo que los cambios legislativos respondían a una política pública orientada a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal. Asimismo, cuestionó la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de los trabajadores en una acción de este tipo.

Sin embargo, el tribunal reconoció la legitimación colectiva de la central obrera y priorizó la protección de los derechos que podrían verse vulnerados durante el tiempo que demande el proceso judicial.

Tras conocerse el fallo, referentes sindicales expresaron su satisfacción. Héctor Daer, secretario de Sanidad y cotitular de la CGT, señaló que la justicia puso un “límite constitucional” a la reforma y destacó que la cautelar permite analizar el derecho de fondo preservando la paz social. Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y titular de UPCN, calificó la decisión como un “gran paso adelante” frente a lo que denominó una “pseudo-modernización”.