La crisis de la forestal Tapebicuá, una de las plantas industriales más importantes de la cadena maderera del nordeste argentino, volvió a escalar en las últimas horas. Más de 400 trabajadores que dependen de la fábrica ubicada en Gobernador Virasoro, Corrientes, iniciarán nuevas protestas sobre la ruta nacional 14 ante la falta de respuestas de la empresa sobre el futuro de la actividad.

El conflicto se arrastra desde hace meses. La planta permanece paralizada desde 2025 y los operarios siguen vinculados formalmente a la compañía, pero cobrando solo una parte de sus salarios. En concreto, los empleados perciben el 60% del sueldo, mientras el resto quedó impago y sin fecha cierta de cancelación.

La incertidumbre sobre el futuro de la empresa, sumada a la ausencia de comunicación por parte de la conducción empresarial, llevó a los trabajadores a retomar las medidas de fuerza. El plan inmediato es realizar desde hoy cortes de dos horas sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso a la planta.

La protesta viene escalando, ya que los trabajadores habían comenzado con cortes intermitentes de media hora por carril para manifestar su angustiante presente. Como habían anunciado en ese entonces, al no encontrar respuesta de los responsables de la empresa, se procedió a la medida del corte total de la tan importante arteria nacional.

Sueldos recortados y fábrica paralizada

La situación laboral dentro de la planta refleja la gravedad de la crisis. Los trabajadores dejaron de prestar tareas desde mediados del año pasado debido a la paralización de la producción, pero continúan formalmente contratados por la empresa.

En ese esquema, la compañía acordó con el sindicato el pago de solo el 60% de los salarios mientras se buscaba una salida para la empresa. Ese entendimiento se extendió durante varios meses, pero el acuerdo venció a fines de febrero y desde entonces no hubo nuevas definiciones.

El último pago se concretó el 10 de marzo y correspondió al 60% del sueldo de febrero. En términos concretos, los trabajadores están cobrando cerca de 500 mil pesos mensuales en promedio, lo que implica que el salario completo rondaría entre 800 mil y algo más de un millón de pesos según la categoría.

Ramón Ramírez, trabajador de la planta con más de dos décadas de antigüedad, explicó que la situación se volvió cada vez más incierta. «Venimos cobrando el 60% desde el año pasado. El otro 40%, como quien dice, se lo comió la vaca», resumió.

El problema no es solo el recorte salarial. Los operarios tampoco tienen certezas sobre si la empresa continuará pagando ese porcentaje o si directamente dejará de hacerlo en los próximos meses.

Un conflicto que afecta a más de 400 familias

La planta forestal de Tapebicuá emplea a unos 400 trabajadores directos, aunque el impacto económico alcanza a muchas más familias en la región de Virasoro, una localidad donde la industria forestal tiene un peso central en la economía.

Muchos de los empleados llevan décadas trabajando en la empresa y enfrentan ahora un escenario complejo. Al continuar registrados en la compañía, no pueden acceder fácilmente a otros empleos formales sin renunciar a su puesto actual, lo que implicaría perder la antigüedad acumulada.

Ese es uno de los motivos por el que buena parte de los trabajadores decidió mantenerse dentro del esquema actual, pese a la reducción salarial.

Según relató Ramírez, algunos operarios jóvenes optaron por renunciar para buscar trabajo en otras empresas, pero quienes tienen muchos años en la planta prefieren esperar una definición.

De gigante forestal a empresa en concurso

El deterioro de Tapebicuá está vinculado a la crisis más amplia que atraviesa el grupo papelero al que pertenece. La empresa forma parte del conglomerado Celulosa Argentina, uno de los históricos jugadores de la industria papelera del país.

En los últimos años, el grupo acumuló un fuerte deterioro financiero. Sus ingresos cayeron más de 40% y varias de sus unidades de negocio enfrentaron problemas de liquidez y caída en los volúmenes de venta.

En ese contexto, Forestadora Tapebicuá terminó presentándose en concurso preventivo de acreedores con una deuda cercana a los 11.500 millones de pesos.

La planta de Virasoro, dedicada principalmente a la producción de tableros y placas de madera para la industria de la construcción y el mueble, quedó paralizada por falta de capital de trabajo.

La crisis también se inscribe en un escenario más amplio de dificultades para la industria forestal argentina, que viene enfrentando una caída de la actividad vinculada al freno de la construcción, la recesión del mercado interno y problemas de competitividad exportadora.

Venta del grupo y futuro incierto

En paralelo al deterioro financiero, el control de Celulosa Argentina cambió de manos en 2025. El financista argentino Esteban Nofal, titular del grupo CIMA Investments, adquirió el paquete accionario mayoritario de la compañía en una operación simbólica de un dólar que implicó asumir también sus pasivos.

Sin embargo, la planta de Tapebicuá quedó fuera de esa operación y continúa en negociación con posibles inversores. Según autoridades del gobierno de Corrientes, existen varios interesados en adquirir la fábrica, aunque hasta ahora ninguna operación se concretó.

Ese limbo empresarial es justamente el que mantiene en vilo a los trabajadores.

Mientras continúan las negociaciones para encontrar un comprador o reactivar la planta, la actividad industrial sigue detenida y el futuro de la empresa permanece abierto.

Ante ese escenario, los empleados decidieron retomar las protestas para presionar por una definición. El objetivo inmediato es visibilizar el conflicto y forzar algún tipo de respuesta por parte de la empresa o de las autoridades provinciales.

«Estamos haciendo esto para que se escuche el problema», explicó Ramírez.

Mientras tanto, en Virasoro la expectativa sigue puesta en que la planta pueda volver a funcionar, aunque sea parcialmente.

El Gobierno nacional anunció este martes la eliminación definitiva del programa Volver al Trabajo. Se trata de unos 900 mil planes sociales que pagaban $78.000 mensuales a sus beneficiarios y será reemplazado por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

Se trata del cierre de un programa que funcionaba como sucesor del emblemático Potenciar Trabajo. Ese plan fue reformulado tras la llegada de Javier Milei a la presidencia y estaba destinado a personas en situación de vulnerabilidad social.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, comunicó la medida a través de sus redes sociales. «Los beneficiarios recibirán el pago de la última asignación mensual no remunerativa en el mes de abril», detallaron desde la cartera en su cuenta de X.

Las personas inscriptas en el programa ya fueron notificadas. La comunicación oficial llegó por correo electrónico y también a través de la aplicación Mi Argentina.

Quienes manifiesten interés en seguir capacitándose podrán acceder a los vouchers. Ese será el nuevo mecanismo que el Gobierno propone para continuar con la formación laboral de los ex beneficiarios.

Qué era el programa Volver al Trabajo y a quiénes alcanzaba

El plan tenía como únicos destinatarios a las personas transferidas desde el Potenciar Trabajo. Su objetivo central era facilitar el acceso a un nivel de empleabilidad inicial y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Según constaba en el sitio oficial, esto se lograba mediante la participación en actividades de formación laboral. También incluía prácticas formativas en ambientes de trabajo reales y asistencia para el desarrollo de emprendimientos productivos.

Los emprendimientos podían ser individuales o asociativos. Los beneficiarios percibían la asignación dineraria fija no remunerativa durante un total de dos años.

Entre las prestaciones del programa se incluían varios servicios clave. Ofrecía orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo, además de intermediación laboral.

También brindaba capacitación laboral y certificación de competencias. Las prácticas formativas en ambientes de trabajo eran otro pilar del plan.

Se sumaban acciones de promoción para la inserción en el trabajo asalariado registrado. El trabajo independiente y autogestionado también era fomentado.

El fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas ocupaba un lugar importante. Esto podía ser en forma individual, asociativa o familiar.

Además, el programa contemplaba la terminalidad educativa o iniciativas análogas para el desarrollo de competencias básicas, buscando una formación integral de los participantes.

Los orígenes del Potenciar Trabajo y su transformación

El plan Potenciar Trabajo nació en 2020. Surgió bajo la órbita del entonces Ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Su propósito inicial era brindar un Salario Social Complementario. Esa prestación económica apuntaba a mejorar los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad.

También otorgaba subsidios y créditos. Esos recursos buscaban apoyar proyectos socio-productivos, laborales y comunitarios en distintos puntos del país.

El programa fue desarticulado en febrero de 2024. La gestión libertaria decidió separarlo en dos grupos de beneficiarios según sus situaciones particulares.

Al mismo tiempo, disolvió las unidades de gestión que actuaban como intermediarios. La medida tuvo impacto directo en 1,2 millones de beneficiarios sociales.

El Ministerio de Capital Humano denunció entonces serias falencias en el funcionamiento del plan. Los números que presentaron resultaron contundentes.

Por qué el Gobierno justificó el cambio de paradigma en los planes sociales

Desde la cartera de Pettovello señalaron que en cuatro años solo 1,3% de los beneficiarios lograron salir del plan. El motivo para abandonarlo era haber conseguido trabajo formal.

El resto de las bajas fueron por incompatibilidades o tope de edad. Ninguna otra razón explicaba la salida de personas del programa, según los datos oficiales.

Bajo estos argumentos, el Gobierno promovió un cambio de paradigma que implicó dividir los beneficios del Potenciar Trabajo en dos programas distintos: Volver al Trabajo, con alrededor de un millón de personas, y Acompañamiento Social, que alcanzaba a 200.000 personas.

Una de las principales críticas que sostenía el oficialismo apuntaba a las unidades de gestión. Esas cooperativas, mayoritariamente manejadas por movimientos sociales, intervenían en la coordinación y administración del programa.

El presupuesto adjudicado a esas unidades rondaba anualmente los u$s34 millones. El Gobierno anunció en ese momento que ese dinero iba a «ir directamente a la gente».

Desde el oficialismo argumentaban que las unidades se convirtieron en lo que «algunos denominan gerentes de la pobreza». Señalaban que controlaban a los beneficiarios a través de mecanismos burocráticos.

El presentismo y la gestión administrativa, lejos de potenciar la autonomía, favorecían la intermediación. Esa dinámica perpetuaba la dependencia en lugar de promover la salida del sistema de asistencia.

Ahora, con la eliminación de Volver al Trabajo, el esquema de planes sociales vuelve a transformarse. Los vouchers de capacitación representan la nueva apuesta oficial para la formación laboral de quienes estaban en el programa.