ECONOMIA
Chau a proveedores eternos: Milei prepara un plan para evitar negociados de empresas con el Estado

El uso extendido del «legítimo abono» continúa en la administración pública nacional. Es un mecanismo excepcional que, con el paso de los años, se ha transformado en un atajo administrativo para sostener servicios sin adjudicación formal. Esta figura excepcional se volvió rutinaria y nació como una respuesta ante una crisis de envergadura.
El legítimo abono nació para resolver situaciones urgentes en las que el Estado debía reconocer pagos por servicios efectivamente prestados, evitando el «enriquecimiento sin causa». Pero lo que debía ser un recurso excepcional en tiempos financieros complejos como la crisis del 2001, terminó convirtiéndose en un procedimiento recurrente, especialmente en sectores donde los servicios no pueden interrumpirse, como los que se prestan en hospitales, oficinas gubernamentales, comedores, entre otros, y que se extendió durante las presidencias kirchneristas.
«Legítimo abono»: el atajo en licitaciones que Javier Milei busca frenar
En la actualidad, informes internos y auditorías oficiales señalan que, en distintos organismos, las licitaciones se convocan y avanzan, pero no se adjudican en los plazos establecidos, generando continuidades de hecho con los mismos prestadores.
iProfesional dialogó con referentes sindicales de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que, con reserva de nombres por convivir a diario con funcionarios con poder de firma, aseguraron que «el fenómeno se repite en varios organismos del Estado nacional, entre ellos áreas técnicas, productivas y sociales, donde los procesos de licitación para servicios continuos corrientes, como mantenimiento, seguridad, limpieza, servicios de catering, se han convocado, incluso en algunos casos fueron impugnados, pero no llegaron a resolverse en tiempo y forma».
Cuando eso sucede, explicaron que «los servicios continúan siendo prestados por el mismo grupo económico o compañía que había sido anteriormente adjudicataria». Hay un caso testigo muy grande en el sector del mantenimiento con la compañía La Mantovana/Grub que «suele operar bajo la modalidad excepcional del legítimo abono. Una práctica que desnaturaliza la competencia».
Ya en el año 2024, La Mantovana fue acusada por referentes judiciales de cometer una de las evasiones previsionales más grandes de la historia argentina. No solo los empleados y ex empleados de La Mantovana levantaron la voz contra las prácticas de la empresa, sino que el Sindicato de Maestranza, en representación de los trabajadores del sector, presentó denuncias formales tanto en la secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero como en la Agencia de Recaudación (ARCA), de Juan Pazo. Estas denuncias apuntan a las tácticas de la empresa en la gestión de su personal, alegando violaciones de normativas laborales y fiscales.
Las advertencias de los organismos de control
El problema no es nuevo porque iProfesional relevó que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya había advertido que una parte significativa de las contrataciones públicas se realizan fuera de los procesos competitivos.
El legítimo abono, concebido como medida de urgencia, se convirtió con el tiempo en una puerta giratoria administrativa que permite mantener servicios por fuera del régimen establecido en los Decretos 1023/01 y 1030/16 y el resultado finaliza con licitaciones que no concluyen, proveedores que nunca se retiran y un Estado que paga más caro por no decidir a tiempo.
Son continuidades de prestaciones de servicios de diferente índole que exponen al sistema. Funcionarios del ministerio de Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger, reconocen que, en muchos casos, el recurso al «legítimo abono» no responde a una emergencia real, sino a demoras o falta de coordinación entre áreas y esa inercia genera un efecto paradójico: el Estado Nacional asume riesgos legales y financieros mientras pierde la posibilidad de mejorar precios o condiciones a través de la competencia.
En paralelo, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) abrió actuaciones preliminares para analizar contrataciones de servicios continuos en distintos organismos, con el fin de determinar si la reiteración de pagos por legítimo abono sin adjudicación definitiva vulnera la normativa vigente. Según fuentes cercanas al proceso, el foco está en detectar patrones estructurales y no casos aislados, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y la transparencia del gasto público.
En el sector referenciado del mantenimiento, los análisis recientes de auditorías oficiales indican que, en algunos organismos, el legítimo abono representa más del 20 % del gasto total en servicios de limpieza. Un pequeño grupo de empresas, entre ellas La Mantovana y GRUB, concentra una porción significativa del presupuesto estatal destinado al rubro.
En las recientes semanas comenzaron a notarse cambios. Se puede concluir que empezó a trabajarse de forma coordinada entre los ministerios y los organismos de control para revertir una situación heredada. Los gremios también son consultados según señalaron en la oficina de Cordero y lo que se intenta es terminar con una situación que permita generar adjudicaciones a término con cronogramas establecidos de evaluación y adjudicación para que exista una competencia real entre las empresas interesadas y presenten mejores precios y mayor eficiencia en el ámbito estatal nacional.
En Casa Rosada aseguran que superado el test eleccionario, Milei y Sturzenegger romperán definitivamente con la cultura de inercia administrativa que se consolidó durante años de gobiernos kirchneristas.
Se resolverán impugnaciones pendientes, estandarizarán matrices de evaluación, se transparentarán los cronogramas de adjudicación y reforzarán la trazabilidad de cada contrato, además de eficientizar el mega millonario sistema de contrataciones públicas.
Funcionarios al tanto de las reformas aseveraron que «la decisión de poner fin a los ‘legítimos abonos en serie’ no solo reducirán costos y riesgos, sino que además fortalecerá la credibilidad del Ejecutivo frente a la ciudadanía». Y, en el cumplimiento de ese objetivo, Javier Milei es intransigente.
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ECONOMIA
¿Dólar planchado o salto? Las tres señales que pueden cambiar el escenario en semanas

El dólar oficial opera este viernes 13 de febrero a $1415, en la pizarra del Banco Nación. En el segmento mayorista, la divisa se negocia a $1395. En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación se vende $1481 (+0,1%), y el MEP se ubica a $1418 (-0,2%). Por último, en el segmento informal, el blue se negocia, a $1440.
La calma cambiaria suele parecer firme hasta que aparece el número que la desacomoda. En Argentina, el dólar no se explica por una sola variable, sino por el cruce entre oferta y demanda de divisas, expectativas, financiamiento y la capacidad real de acumular reservas. En ese tablero, las reservas funcionan como el marcador más observado: no solo por lo que dicen del presente, sino por lo que anticipan sobre el margen de maniobra del Banco Central cuando el mercado pone a prueba la consistencia del esquema.
En un mercado relativamente chico, incluso una demanda «normalizada» puede seguir siendo alta en relación con el tamaño del mercado cambiario. Por eso, la película no se entiende mirando únicamente el comercio exterior: cada vez pesa más lo que ocurra con los flujos financieros y el comportamiento del ahorro en dólares. Cuando esas piezas se mueven al mismo tiempo, la pregunta que domina a inversores y empresas es una sola: ¿cuántos dólares pueden entrar, cuántos pueden quedarse y cuántos terminan presionando al tipo de cambio?
Así, 2026 se perfila como un año bisagra: el mercado mira en simultáneo el frente fiscal, el comportamiento del ahorrista, el acceso del sector privado al financiamiento externo y la capacidad de los bancos para prestar en dólares. De cómo encajen esas variables dependerá el punto de equilibrio: si el Banco Central puede comprar reservas con mayor holgura o si el dólar vuelve a enfrentar episodios de tensión.
La batalla por las reservas: el objetivo que condiciona al dólar
Desde Mega QM señalaron que el equilibrio cambiario de 2026 es clave porque es el año en el que el BCRA debe acumular la mayor cantidad de reservas posible. En su visión, ese objetivo tiene un doble propósito: colaborar con la señal de solvencia que permitiría al Tesoro volver al mercado de capitales y, además, construir un respaldo pensando en 2027, un año que vuelve a estar atravesado por el desafío electoral.
Los expertos de la sociedad de bolsa explicaron que la compra de reservas no es solo una cuestión financiera: también aparece como uno de los caminos para atender una demanda real de pesos que se espera creciente. En ese marco, el rol del Banco Central comprando dólares pasa a ser una variable crítica, pero su margen concreto depende de cómo se ordenen los flujos de oferta y demanda de divisas.
Para Mega QM, los últimos meses dejaron en claro dos elementos: sigue existiendo un nivel razonable de superávit comercial medido en base caja, y la capacidad del BCRA de comprar dólares queda vinculada al nivel de atesoramiento de los individuos y a los ingresos que se logren por la cuenta capital. En otras palabras, el comercio exterior ayuda, pero no explica por sí solo la película completa.
Ese diagnóstico coloca al dólar en una tensión permanente: si el superávit comercial se mantiene, pero el atesoramiento sube y el financiamiento no alcanza, el equilibrio se vuelve más fino. Y cuando el equilibrio se afina, el tipo de cambio suele ser el precio que primero refleja el cambio de clima.
Atesoramiento: la variable inestable que marca el margen del Banco Central
El atesoramiento aparece como el termómetro más inestable dentro de la ecuación cambiaria. Desde Mega QM destacaron que este factor es el que define el margen efectivo que puede tener el BCRA para acumular o no reservas. En un mercado donde cada flujo cuenta, el ahorro en dólares del público puede funcionar como una aspiradora que reduce el excedente disponible.
Los especialistas del bróker detallaron que las referencias históricas en años sin limitaciones sobre los flujos minoristas muestran volúmenes del orden de USD 17.800 millones anuales, lo que equivale a casi USD 1.500 millones por mes. Esas cifras, remarcaron, no fueron lineales: hubo pisos cercanos a USD 10.000 millones y techos que alcanzaron USD 27.000 millones durante la crisis cambiaria de 2018.
Desde Mega QM señalaron que las cifras de los dos últimos meses de 2025 estuvieron en línea con esos promedios, aunque incluyeron meses de estacionalidad alta, como diciembre por el aguinaldo. Si el escenario se consolida, evaluaron, el promedio podría ubicarse algo por debajo de esa referencia histórica, pero seguiría siendo suficiente para fijar una exigencia relevante de generación de divisas.
Ese punto es el que empuja el foco hacia los flujos financieros: cuanto más alto sea el atesoramiento, mayor será la necesidad de compensación por el lado del crédito y la deuda. Ahí se define una parte central de la pregunta sobre qué pasará con el dólar: si el financiamiento neto acompaña, el equilibrio se sostiene; si se corta, la presión aparece rápido.
Crédito en dólares: la promesa de tasas bajas y el riesgo detrás del regreso
Desde Epyca señalaron que en los últimos días se intensificó el rumor en torno a una posible aprobación por parte del Directorio del BCRA de un nuevo esquema regulatorio que ampliaría fuertemente el acceso al crédito en dólares para residentes y empresas no exportadoras. El objetivo oficial sería aprovechar el nivel récord que generarían los depósitos en moneda extranjera y orientar esos recursos hacia préstamos productivos, con tasas competitivas y fondeo más barato que en pesos.
Los expertos de la consultora explicaron que, bajo ese enfoque, las tasas se ubicarían en rangos de 2% a 4% para depósitos y de 5% a 7% para créditos prendarios e hipotecarios. En un contexto de tasas en pesos altas y escasez de crédito local, el atractivo del esquema es evidente: abaratar el financiamiento y mover sectores sin presionar de inmediato sobre precios.
Sin embargo, desde Epyca también cuestionaron el supuesto «combustible» disponible para ese plan. Según señalaron, el Gobierno sostiene que los dólares fuera del sistema equivaldrían a un PBI: entre USD 170.000 y 200.000 millones dentro del país y otros USD 400.000 millones en cuentas offshore difíciles de repatriar. Para Epyca, esas cifras estarían sobreestimadas, ya que se repiten desde hace décadas y probablemente una parte de esos ahorros se haya gastado.
En el marco del régimen actual, Epyca planteó además que el control de agregados monetarios, con tasas y encajes en niveles récord, se utiliza como ancla de precios mientras la inflación sigue un sendero ascendente: enero marcó 2,9% mensual y 32,4% interanual, por encima de diciembre de 2025 (31,5%). Bajo una lógica comparable a la que se usó como guía durante la Convertibilidad, se espera que una mayor dolarización contribuya a reactivar sin generar inflación, pero la consultora recordó que hubo inflación tanto en pesos como en dólares.
Deuda privada: el canal silencioso que define si sobran o faltan dólares
Desde Mega QM explicaron que el equilibrio del mercado cambiario no depende solo del superávit comercial, sino de lo que suceda con el financiamiento en moneda extranjera. Ese flujo es esencial porque debe compensar una demanda de divisas que, aunque bajó mucho frente a períodos de estrés, sigue siendo alta en relación con el tamaño del mercado. Por eso, remarcaron, entender la magnitud y los desafíos de la deuda externa privada resulta clave para anticipar tensiones o alivios.
Los expertos de la sociedad de bolsa detallaron que el sector privado accede al financiamiento por canales comerciales y financieros. Los flujos comerciales explican la diferencia entre saldo comercial devengado y saldo base caja del mercado de cambios, por lo que ese efecto ya está incluido en el saldo comercial observado. En consecuencia, el foco del análisis cambiario se concentra en el endeudamiento financiero.
Para Mega QM, el punto clave es el flujo neto: si las empresas toman más deuda que la que vence, generan un ingreso neto que se canaliza al mercado cambiario. Cuando esa toma de deuda se realiza en el mercado de capitales, la liquidación se produce cuando la empresa necesita pesos para su negocio o, a más tardar, antes del primer pago del instrumento. Ese mecanismo define si la deuda privada actúa como oferta o como demanda de divisas.
En su radiografía con datos a septiembre de 2025, Mega QM ubicó la deuda privada total en USD 116.847 millones, equivalente a 17,7% del PBI. De ese total, 7,4 puntos del PBI son deuda financiera y solo cerca de un tercio corresponde a emisiones de deuda a mercado; el resto se instrumenta vía préstamos, con peso destacado de la operatoria intra grupo económico.
Vencimientos y refinanciación
Para Mega QM, el perfil de vencimientos define el umbral mínimo de financiamiento necesario para que la deuda deje de ser un factor de demanda de dólares y se convierta en oferta. El análisis cambiario, indicaron, debe mirar qué parte de la deuda vence efectivamente y qué necesidades financieras genera, porque ahí se determina la presión concreta sobre el mercado.
Los especialistas del bróker señalaron que existe una porción importante de pasivos sin fecha específica de vencimiento, mayormente líneas vigentes con casas matrices. Aun así, al concentrar el análisis en la deuda financiera, estimaron que en 2026 el vencimiento previsto es de USD 7.265 millones, un número que marca un piso de refinanciación si se busca evitar presión cambiaria.
Desde Mega QM agregaron que el escenario exige incorporar un componente adicional: los casi USD 13.700 millones que no tienen vencimiento específico informado. En el caso más exigente, eso llevaría la cuenta a un orden de USD 21.000 millones, una cifra que, en términos de mercado, obliga a que las compañías renueven pasivos y, además, consigan fondeo extra para aportar un flujo neto positivo.
La conclusión operativa es clara: las empresas locales deberán ir renovando esos vencimientos y sostener el acceso al crédito para que el financiamiento neto ayude a compensar el atesoramiento esperado. Si ese canal se achica, la demanda de dólares vuelve a recostarse sobre el mercado cambiario y reduce el margen del Banco Central para comprar reservas.
Bancos, depósitos en dólares y el margen prestable: cuánto ayuda el mercado local
Desde Mega QM subrayaron que el fondeo neto proviene de dos fuentes: emisiones de deuda en el mercado de capitales y líneas de crédito otorgadas tanto por entidades financieras locales como por bancos del exterior. Por eso, explicaron, es importante seguir anuncios de inversión, rentabilidad y la capacidad de las empresas para sostener acceso al mercado.
Pero también advirtieron que no hay que perder de vista el crédito en dólares del sistema financiero local. Según detallaron, hoy el sistema cuenta con USD 19.800 millones prestados, fondeados con depósitos privados totales en dólares por USD 37.800 millones. Aun descontando encajes y caja para eventuales retiros, estimaron una capacidad prestable adicional cercana a USD 6.000 millones.
Ese margen, sin embargo, no es automático: desde Mega QM señalaron que las empresas deben competir por esos fondos con los títulos de deuda del sector público y otras aplicaciones. Esto implica que el crédito en dólares local puede aportar, pero no garantiza por sí solo el flujo de divisas necesario para un equilibrio holgado.
Aun así, el diagnóstico final de Mega QM es que existe margen por bajo endeudamiento relativo y por disponibilidad de fondeo, siempre y cuando se den condiciones de estabilidad y rentabilidad que impulsen a las empresas a usar esas líneas, complementarlas con emisiones en el exterior y sostener un flujo de oferta que permita un BCRA activo en la acumulación de reservas.
El riesgo sistémico del descalce: cuando el dólar deja de ser precio y pasa a ser problema
Desde Epyca señalaron que el acceso al crédito en dólares implica un elevado riesgo de descalce entre activos y pasivos en moneda extranjera, lo que puede amplificar la vulnerabilidad del sistema bancario argentino frente a variaciones del tipo de cambio o eventos globales adversos. En su lectura, ese riesgo se agrava si el tipo de cambio está atrasado, porque cualquier corrección puede traducirse rápidamente en problemas de solvencia.
Los expertos de la consultora recordaron que, aunque cada crisis es distinta, la exposición masiva del sistema financiero a pasivos y activos dolarizados fue un factor central en el colapso de 2001. Además, remarcaron que en una economía que libera restricciones para atraer capitales en dólares, también existe una vulnerabilidad de salida: el ingreso no asegura permanencia.
Para Epyca, la persistencia de los «dólares del colchón» fuera del sistema durante años, pese a cambios regulatorios y sucesivos blanqueos, evidencia el desconocimiento de la razón concreta por la cual esas divisas no ingresan. En ese sentido, insistieron en que lo legal es condición necesaria pero no suficiente, y que la estabilidad política y económica es un factor fundamental para que esos dólares entren y se queden.
La advertencia central es técnica y práctica: endeudarse en una moneda en la que no se generan ingresos traslada el riesgo cambiario del Estado al sector privado y convierte cualquier corrección del tipo de cambio en un problema generalizado. Por eso, Epyca sostuvo que otorgar créditos en dólares a agentes que no demuestran ingresos en esa divisa es, por definición, potencial de riesgo sistémico.
Qué pasará con el dólar: el escenario depende de un equilibrio fino
La conclusión que surge del análisis combinado es que el dólar enfrenta un equilibrio fino entre reservas, atesoramiento y financiamiento. Desde Mega QM plantearon que el punto de equilibrio del mercado cambiario se define por cómo interactúan la demanda de divisas y la capacidad de generar oferta vía flujos financieros. Si las empresas refinancian vencimientos, consiguen fondeo neto y el crédito local en dólares aporta, el Banco Central puede sostener un rol activo comprando reservas y el tipo de cambio puede atravesar el año con mayor previsibilidad.
Desde Epyca, en paralelo, advirtieron que el regreso del crédito en dólares, aun si luce atractivo por tasas y fondeo, reabre riesgos asociados al descalce y a la estabilidad. En su visión, la idea de que una mayor dolarización crediticia reactivaría sin inflación convive con la evidencia de inflación tanto en pesos como en dólares, y con un contexto donde el ancla monetaria opera con tasas y encajes altos.
El punto crítico, como planteó Epyca, es el destino de los dólares que eventualmente ingresen: si se canalizan a importaciones en lugar de inversión productiva, el stock puede mejorar transitoriamente, pero no se resuelve la generación de flujos sostenibles. En esa hipótesis, la economía podría volver a quedar frente a una restricción de divisas, con menos margen para sostener un equilibrio estable.
Por eso, lo que pasará con el dólar en 2026 no se juega solo en una pantalla: se juega en la capacidad de sostener condiciones de estabilidad, renovar deuda privada, mantener acceso al financiamiento y contener el atesoramiento en niveles que no asfixien la acumulación de reservas. Si alguna de esas piezas falla, el mercado suele reaccionar con rapidez y el tipo de cambio deja de ser un dato «calmo» para volver a convertirse en el centro del debate.
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ECONOMIA
Por qué los empresarios celebran la reforma laboral pero dudan de que pueda garantizar la creación de empleo

Por más diezmada que haya quedado para que pueda reunir los suficientes consensos políticos y aprobarse, especialmente en lo que respecta al capítulo impositivo-, no hay empresario que hoy no esté festejando la media sanción de la reforma de la legislación laboral en el Senado, y el Gobierno giró a Diputados con la intención de que se apruebe antes del 1 de marzo.
No tanto porque crean que, de esa manera, está garantizada la creación de empleo, sino porque cuando aparezcan las condiciones para que las empresas necesiten contratar más personal, el marco regulatorio será más amigable para el sector privado y habrá más límites para la litigiosidad.
La situación actual, desde mediados del año pasado, es de pérdida de puestos de trabajo y en el sector industrial, por ejemplo, no se espera que ese escenario se revierta. Es más, seguirá mermando.
Cuando aparezcan las condiciones para que las empresas necesiten contratar más personal, el marco regulatorio será más amigable para el sector privado
Los últimos datos de la Secretaría del Trabajo, que datan de noviembre, expusieron una contracción de 0,2% respecto de octubre (13.000 empleos menos) y de 1,3% interanual, lo que implicó 78.800 puestos de trabajos menos que en noviembre de 2024. La caída incluyó todas las categorías del empleo asalariado: el sector público perdió 0,9% y el trabajo en casas particulares bajó 1,2 por ciento.
Esta coyuntura se relaciona exclusivamente con el ajuste que viene teniendo la economía y la fuerte baja en la demanda, sumado a la apertura y a la competencia de productos importados.

En el caso de los empleos de la construcción, el fin de la obra público fue determinante, mientras que en los sectores industriales más sensibles se pierden puestos de trabajo diariamente. ¿Podrá la reforma laboral, de ser Ley la semana próxima, revertir este escenario? Definitivamente no. Según coinciden los empresario, la clave para que este proceso de destrucción de empleo se revierta es que crezca la economía con fuerza.
Para este año, las proyecciones privadas apuntan a un crecimiento del 3%, pero algunos sectores seguirán afectados. Y el industrial, que no es de los más beneficiados por el actual modelo económico, es de los que más trabajo genera.
En línea con esta visión, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), destacó que “la realidad es que esto servirá para generar empleo cuando haya crecimiento económico. Nadie va a tomar gente por el simple hecho de que se mejoren las leyes laborales. Sí puede haber, potencialmente, algo de gente del mercado informal que pase a la formalidad, pero, básicamente, va a haber más empleo cuando haya crecimiento económico y las empresas tomen gente, no antes”.
Nadie va a tomar gente por el simple hecho de que se mejoren las leyes laborales. La realidad es que esto servirá para generar empleo cuando haya crecimiento económico (Weiss)
Respecto de lo que pueda ocurrir en 2026, Weiss agregó que la recuperación será heterogénea según los sectores: “Veo la actividad económica creciendo 3%, con múltiples diferencias entre sectores. Una cosa es hoy la energía, puede haber algo de minería; otra cosa es la industria que compite con el exterior, muy heterogénea. Nuestro caso, la construcción, va a estar igual: no vamos a seguir cayendo, pero tampoco vamos a crecer; no hay ningún motivo por el cual la construcción vaya a crecer este año”, dijo el empresario.
Desde la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) coincidieron en remarcar que el Congreso está debatiendo una reforma necesaria para modernizar las relaciones laborales, reduciendo la litigiosidad y otorgando mayor previsibilidad, mientras se busca incentivar la formalización de trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad.
Según la entidad, las estructuras laborales estaban pensadas para los años ’70, lo que mantiene el empleo formal estancado y casi la mitad de los trabajadores en la informalidad. “La propuesta permite revisar las relaciones empleador-colaborador y reduce los costos y riesgos judiciales que desalientan nuevas contrataciones”, dijo la institución a través de sus redes sociales el día de la media sanción.

En la misma línea, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), sostuvo que “el proyecto que obtuvo media sanción favorecerá tanto la formalización de relaciones laborales no registradas como la generación de nuevos puestos de trabajo. Es un paso muy importante en la dirección correcta que los argentinos nos debíamos desde hace mucho tiempo”.
“Ahora bien -aclaró-, debemos tener en cuenta que para lograr que el empleo privado registrado aumente de forma significativa y sostenida en el tiempo no basta con una ley… debe ser complementada con un entorno económico adecuado».
Por su parte, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, remarcó que “lo primero que hay que destacar es que el sector del campo tiene una paritaria distinta a la ley laboral en general a través de la Comisión Nacional de Trabajo, donde están todas las entidades, más el gremio y el Gobierno”.
“Los aportes que ha hecho la Rural, justamente a la Comisión para mejorar lo que se viene haciendo, van a beneficiar mucho a ambas partes: me refiero a empleados y empleadores. La nueva ley es beneficiosa. Estábamos regidos por una ley que ya había quedado vieja, de los años 70, y aggiornar esa normativa nos parece que es muy bueno», apuntó.
Debemos tener en cuenta que para lograr que el empleo privado registrado aumente de forma significativa y sostenida en el tiempo no basta con una ley… debe ser complementada con un entorno económico adecuado (Grinman)
Confío en que la conjunción entre una macroeconomía saneada y esta actualización de la legislación permitirá importantes progresos en el mercado laboral, con sus consecuentes beneficios económicos y sociales”.
La Unión Industrial Argentina también resaltó los cambios que la nueva norma introduce para las pyme industriales. La entidad sostiene que el nuevo marco normativo apunta a resolver distorsiones que afectan la productividad, generan litigiosidad y limitan la capacidad de los empresarios para organizar sus empresas.
Entre los puntos destacados, la norma con media sanción legislativa aclara la gobernanza interna, limita la gestión sindical a 10 horas, establece criterios objetivos para indemnizaciones y crea un Fondo de Cese Laboral.

La UIA sostiene que la norma introduce herramientas para reducir bloqueos y tomas de planta, elimina la ultraactividad de los convenios y fortalece las facultades del empleador para estructurar el trabajo según necesidades productivas. Además, regula el banco de horas, ordena el ausentismo y corrige la responsabilidad en la tercerización.
Desde la entidad fabril resaltaron que la Ley por sí sola no genera empleo, porque se trata de un proceso complejo con muchas variables en juego, pero que constituye un paso fundamental para construir un marco normativo previsible para las relaciones laborales.
En ese marco, tres miembros de la mesa chica de la entidad se reunieron este viernes con el ministro de Economía, Luis Caputo, y le presentaron un conjunto de propuestas para impulsar la recuperación de la actividad industrial y mejorar la competitividad. La entidad dialogó sobre la importancia de la modernización laboral y analizó el contexto actual, destacando el ordenamiento macroeconómico pero advirtiendo también sobre las dificultades del proceso de estabilización y su impacto en el sector.

Entre las medidas presentadas se incluyen la reducción de costos laborales no salariales -como la posibilidad de computar las contribuciones patronales contra el IVA—, incentivos a la formalización laboral, esquemas de crédito y financiamiento productivo para pyme, devolución de saldos de IVA para insumos de construcción, eliminación de derechos de exportación pendientes, aumento de reintegros a exportaciones y planes de alivio fiscal y financiero.
También se abordó el fortalecimiento de controles frente a importaciones subfacturadas. Todas las iniciativas buscan reactivar la economía industrial, fomentar la formalización laboral y mejorar la competitividad, mientras el Ministerio de Economía se comprometió a analizar las propuestas y continuar el diálogo técnico para evaluar su implementación.
ECONOMIA
Empresarios industriales presentan a Caputo iniciativas para reactivar el consumo interno

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantendrá este viernes un encuentro con la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, en medio de tensiones recientes entre el Gobierno y referentes del sector fabril, entre ellos Paolo Rocca, titular del Grupo Techint.
La central empresaria llegará al Palacio de Hacienda con un paquete de propuestas orientadas a recomponer la actividad y evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
Clima de advertencia en el empresariado
«Si no se reactiva el consumo, si no hay crecimiento, el programa económico no aguanta y esto termina mal», advierte uno de los hombres de negocios de mayor peso en el país. La frase circula en despachos corporativos y refleja una inquietud que ya no se expresa solo en privado.
En la industria observan con preocupación la evolución de la actividad. Según la consultora Eco Go, dirigida por Marina Dal Poggetto, la economía mostró el año pasado una suba promedio de 4,1%, explicada en gran medida por el arrastre estadístico de 2024. Sin embargo, hacia fin de año la dinámica volvió a debilitarse: noviembre se ubicó en niveles similares a los de doce meses atrás y diciembre habría registrado una nueva caída.
Capacidad ociosa y señales de alerta
Los últimos datos oficiales sobre utilización de la capacidad instalada en la industria —correspondientes a diciembre— marcaron 53,8%, por debajo del 56,7% de igual mes del año previo, que ya era considerado bajo.
En este contexto, distintos sectores fabriles ven en Caputo a un interlocutor dispuesto a escuchar planteos, aun cuando el rumbo económico general genera interrogantes.
Financiamiento y estímulos fiscales, en la agenda
Entre las medidas que la UIA pondrá sobre la mesa figura la creación de un esquema de financiamiento en cuotas para apuntalar el consumo, con un formato similar al antiguo Ahora 12, pero sin subsidios del Estado.
También propondrán incentivos tributarios para actividades estratégicas, como la construcción, por su efecto multiplicador sobre el empleo y la producción.
Uno de los principales reclamos del sector apunta al esquema impositivo. «El elevado peso de los impuestos«, señalan los empresarios como uno de los obstáculos centrales para recuperar competitividad. La entidad trabaja en un proyecto de ley que contemple una reducción de la carga tributaria tanto a nivel nacional como provincial.
Apertura e impuestos: la combinación que inquieta
Para los industriales, la apertura comercial en curso requiere un alivio fiscal simultáneo. Consideran que una rebaja limitada a tributos nacionales perdería eficacia si no se suman las provincias, donde persisten gravámenes que califican de distorsivos.
En caso de no avanzar en ese terreno, advierten que podrían profundizarse los incentivos para radicar inversiones fuera del país. Citan como ejemplo proyectos audiovisuales que terminaron migrando hacia Uruguay o Colombia, donde la presión fiscal es menor.
Sectores en retroceso
La preocupación no se limita a pequeñas y medianas empresas. En el textil, empresarios sostienen que la problemática no radica en la eficiencia productiva, sino en la estructura impositiva que impacta sobre toda la cadena de valor. «Por esta razón, explican, en La Salada, donde todo se vende en negro, los precios de la ropa son equiparables a los de los productos chinos».
En la siderurgia, fuentes sectoriales describen una caída de hasta 50% en las ventas, atribuida a «la peligrosa combinación de apertura y caída de la demanda».
El mercado de neumáticos tampoco escapa a la tendencia: estimaciones privadas indican que las importaciones ya representarían el 85% de la oferta. En consumo masivo, la mayor presencia de bienes del exterior también desplaza producción local.
Un encuentro clave
La reunión de este viernes se inscribe en un escenario delicado para la industria. La UIA buscará consensos que permitan sostener la actividad en un contexto de bajo consumo y creciente competencia externa, mientras el Gobierno sostiene su estrategia de apertura y orden fiscal.
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