El gremio de judiciales (AJB) acordó una suba del 9% de febrero a abril. Pidió adelantar el pago del salario de abril. En mayo retomarán las negociaciones

25/03/2026 – 07:12hs

Después de acordar con los gremios de la administración pública y docentes, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) aceptó la oferta salarial presentada por el gobierno bonaerense y le dio oxígeno a la gestión de Axel Kicillof en el marco de las negociaciones con los estatales. El sindicato de judiciales se demoró en alinearse con la propuesta provincial, debido a las asambleas que se realizaron en las 20 departamentales de la organización.

Tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) -que integran SUTEBA, FEB, AMET, UDOCBA y SADOP- también aprobaron la mejora, que consiste en un 9 por ciento entre febrero y abril.

Debido a la situación salarial, el sindicato realizó un pedido al Poder Ejecutivo provincial para adelantar la fecha de cobro de los salarios correspondientes a marzo, cuyo pago está previsto actualmente para el 8 de abril.

Cómo se aplican las subas mensuales y cuándo vuelve a negociar

Vale recordar que la administración bonaerense (estatales, judiciales, docentes y salud) ya había recibido una suba del 1,5 por ciento para febrero «a cuenta de futuros incrementos», explicaron desde el gobierno de Kicillof, agregando que la decisión apuntaba a «sostener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras».

A esto se le debe sumar un 5 por ciento para marzo y un 2,5 por ciento para abril, totalizando un 9 por ciento para los meses de febrero, marzo y abril. Asimismo, los gremios y el Ejecutivo provincial incluyeron una cláusula de revisión en mayo, como una garantía para una nueva actualización, más allá de los índices inflacionarios, «teniendo en cuenta que venimos con una caída de los ingresos que hasta ahora no logramos recuperar», indicaron fuentes sindicales.

En las asambleas, los judiciales plantearon ratificar su demanda a la Suprema Corte de Justicia bonaerense «por la falta de avances en la implementación de la subcategoría E para los empleados y empleadas con menor antigüedad dentro del escalafón judicial».

Reclamo por jubilados y pensionados: ¿medidas de fuerza?

Asimismo, insistieron en su reclamo para que los jubilados y pensionados del sector sean incluidos en el Acuerdo 4093 de subcategorías. Como no tuvieron respuestas a la demanda, las asambleas facultaron a la conducción provincial de la AJB para que defina medidas de fuerza.

Por otra parte, manifestaron su rechazo a las expresiones de sectores del colectivo de magistrados de la provincia de Buenos Aires que, según indicaron «buscan intervenir en el ámbito de la negociación paritaria». Explicaron que la negociación colectiva constituye un derecho de los trabajadores conquistado con el retorno de la democracia y subrayaron que el gremio cuenta con la representación legal para negociar las condiciones laborales y salariales de los empleados judiciales alcanzados por su personería gremial.

Exhortaron a los magistrados a no interferir en el proceso paritario y a permitir el normal desarrollo de las negociaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales del sector. En esa línea, pidieron que el ministerio de Justicia llame a una mesa de diálogo para abordar distintos temas pendientes, entre ellos la sanción de una ley de paritarias para el sector judicial, la situación de los trabajadores del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de personal, las condiciones edilicias y cuestiones vinculadas a la salud y seguridad laboral.

El calendario de pagos de ANSES marca cada jornada la acreditación de ingresos para millones de argentinos. Este miércoles 25 de marzo de 2026, titulares de distintas prestaciones sociales y previsionales podrán acceder a sus haberes, conforme al cronograma oficial publicado por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

La fecha resulta clave para quienes dependen de jubilaciones, pensiones y asignaciones, ya que los pagos se realizan de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio.

En esta jornada están habilitados para cobrar los titulares de diversas prestaciones, en función del calendario oficial. La fecha concentra acreditaciones automáticas que se reflejan directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

Esta fecha corresponde a quienes perciben una prestación superior al haber mínimo y tienen DNI terminados en 2 y 3. Los fondos ya incluyen el incremento por movilidad y, donde corresponde, el bono adicional.

Para quienes consulten si hoy es día de cobro, el grupo alcanzado es el de quienes superan la mínima y poseen las terminaciones mencionadas en su documento.

Hoy se realiza la acreditación para titulares de la Prestación por Desempleo cuyos DNI terminan en 2 o 3. Este beneficio está destinado a personas que perdieron su empleo formal y cumplen con las condiciones para recibir el subsidio.

Este miércoles 25 de marzo también se completan los pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzando a los beneficiarios con DNI terminado en 7. Es importante recordar que, tras los feriados del 23 y 24 de marzo, el calendario se reanuda hoy para normalizar la cadena de pagos de todas las prestaciones de ANSES.

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 7 pueden cobrar su prestación correspondiente a marzo desde este miércoles.

Para la Asignación por Prenatal y Maternidad, el pago se efectúa a titulares con DNI terminados en 2 y 3. Esta prestación está dirigida a trabajadoras registradas y monotributistas, entre otros grupos.

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.

Entre 15 y 20 proyectos adicionales se sumarían al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) antes de julio de 2027, según adelantó el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, durante su intervención en CERAWeek by S&P Global, el encuentro más relevante para la industria global de gas y petróleo celebrado esta semana en Houston.

El anuncio amplía las perspectivas para nuevas inversiones energéticas en la Argentina. Según explicó González, el atractivo principal del régimen está en el esquema de estabilidad regulatoria y fiscal, que —dijo— no tiene antecedentes recientes para proyectos de esta escala.

El funcionario aseguró que hoy hay cerca de 40 proyectos incorporados al RIGI y que el programa, aprobado por ley hace casi tres años , se mantendrá vigente al menos quince meses más, hasta el 8 de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece treinta años de estabilidad regulatoria y fiscal”, dijo.

El auditorio de CERAWeek se encontraba colmado; incluso numerosos asistentes quedaron fuera por la magnitud de la convocatoria. Entre los asistentes, se encontraba Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy Group (PAE).

El RIGI prevé beneficios fiscales como la reducción del impuesto a las ganancias, la exención del IVA para inversiones de capital, la eliminación de aranceles a la importación y la ausencia de retenciones a la exportación. González estimó: “Solo los proyectos que se han presentado al RIGI asumen que vamos a producir entre 1,5 y 2 millones de toneladas de cobre por año en los próximos cinco a siete años”.

González explicó que la estrategia actual del Gobierno está centrada en ampliar los límites productivos de Vaca Muerta más que en avanzar en nuevas etapas exploratorias. “Hoy se trata mucho más de desarrollo que de exploración. Hay otras áreas no convencionales en etapas muy incipientes, pero Vaca Muerta está en una etapa distinta: ahora el foco está en extender los límites del yacimiento. En los últimos años vimos bloques que parecían marginales y terminaron siendo igual o incluso más exitosos que el núcleo”, explicó.

Ante inversores internacionales, el funcionario fue directo: “La Argentina tiene 100 años de recursos de petróleo y 200 años de recursos de gas natural”.

En cuanto a la llegada de nuevos operadores internacionales, González confirmó: “Vimos algunos nuevos operadores llegar en los últimos meses. Hay una gran oportunidad para empresas de servicios. Las de primer nivel han estado en Argentina durante décadas, pero no tenemos una segunda línea, y ahí hay un gran espacio para crecer”.

Sobre infraestructura, especialmente el negocio del midstream, sostuvo que ahí hay uno de los mayores desafíos del sector. “El midstream de petróleo como negocio prácticamente no existe en la Argentina. Son los propios operadores los que tienen que destinar capital para construir ductos y plantas, y eso a largo plazo no es sostenible. Ahí hay una gran oportunidad”, dijo.

González también puso el foco en el litio y el cobre. “Somos el productor de litio de mayor crecimiento y pronto seremos el mayor productor de litio. La oportunidad en cobre en la Argentina es enorme”, dijo, al destacar el peso que empiezan a tener los minerales críticos dentro del RIGI. Según los proyectos que ya se presentaron, la Argentina podría alcanzar hasta 2 millones de toneladas anuales de cobre en un plazo de siete años, impulsadas por el esquema de incentivos del RIGI.

González también reconoció que el principal desafío hoy es el acceso al capital y la recuperación de la confianza. “Quizás el capital sea la mayor restricción para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Puede ser una oportunidad para algunos inversores, pero también es una limitación”, dijo, y aseguró que el RIGI apunta justamente a reducir ese riesgo.

Sobre las garantías para el capital internacional, González fue explícito: “Lo primero que hace el gobierno es recuperar la confianza. Eso es lo más importante y lleva tiempo. Sabemos que es una carrera larga”. Indicó, además, que el Ejecutivo procura “desregular todo, dejar de intervenir. Ya no intervenimos en los mercados de petróleo ni en los de gas y energía; estamos desregulando todos los mercados energéticos”.

La estabilidad y seguridad jurídica son, para el funcionario, pilares para posicionar a la Argentina como destino de inversiones en recursos naturales dentro del contexto regional.

González subrayó el impacto de la coyuntura global y la agenda reformista reciente: bajo el gobierno del presidente Javier Milei, la macroeconomía “volvió al orden”, propiciando la aprobación de leyes clave y el alineamiento entre el sector público y privado con vistas al desarrollo de Vaca Muerta y otros recursos estratégicos.