Luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el riesgo país experimentó un desplome de más de 400 puntos básicos. Sin embargo, en las últimas jornadas se mantuvo por encima de las 600 unidades, obstaculizando el plan del equipo económico de regresar a los mercados voluntarios de deuda para refinanciar los vencimientos por USD 4.300 millones de enero de 2026.

Economistas consultados por Infobae destacaron avances macroeconómicos en materia fiscal y de desaceleración de la inflación, pero la mirada unánime se posó sobre la acumulación de reservas internacionales como el factor clave que puede inclinar la balanza en la percepción de los mercados, reduciendo el riesgo país y facilitando el regreso de Argentina al crédito internacional.

El indicador elaborado por JP Morgan, hoy en 653 puntos básicos, estima la probabilidad de que un país incumpla sus compromisos de pago de deuda con acreedores internacionales. Además, refleja el nivel de incertidumbre que enfrentan los inversores al colocar capital en ese país y se calcula a partir de la diferencia de las cotizaciones de los bonos del Tesoro de EE.UU., considerados libres de riesgo, y, en este caso, de los títulos soberanos argentinos.

En diálogo con este medio, el analista financiero Christian Buteler sintetizó la situación en el diagnóstico: “Lo que necesita el Gobierno es acumular reservas. Ya tiene equilibrio fiscal y monetariamente hay mayor orden, si bien siempre hay cosas a corregir. La inflación, si bien se estancó en torno al 2%, ha mostrado un camino descendente importante y es lógico que ahora venga la parte que más cuesta”. Para Buteler, resulta fundamental que el Banco Central disponga de reservas “genuinas y propias, que ante cualquier eventualidad no tenga que estar recurriendo o al FMI o al Tesoro norteamericano. Es decir, contar con recursos propios para poder hacer frente a cualquier deuda que venga”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en la necesidad de avanzar hacia la eliminación delas restricciones cambiarias: “No se puede pretender tener cepo para las empresas y pretender ir al mercado internacional y hacer una colocación importante de deuda. Se podrían hacer colocaciones pequeñas pero lo que Argentina necesita es volver a los mercados y cada vez que tenga un vencimiento, estar tranquilo que su riesgo país le permite conseguir deuda para pagar deuda vieja”.

Coincidió en parte Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Financieros, quien sumó otro factor al análisis: las dudas respecto al préstamo de bancos internacionales al Gobierno. “Estos últimos días, lo que metió un poco de ruido fue ese tema de que en principio no habría este famoso paquete de USD 20.000 millones para hacer operaciones de deuda, sino que, por ahí, serían USD 5.000 millones. Eso jugó un poco en contra del riesgo país, lo que muestra que es como que se le presta mucha atención a ese apoyo, porque justamente por ahora la acumulación de reservas es bastante lenta”, evaluó.

Tiscornia sostuvo que el flujo de divisas que típicamente generan las liquidaciones del sector agroexportador podría influir sobre el nivel de reservas en las próximas semanas: “Un buen testeo va a ser lo que pase durante el mes de diciembre, cuando seguramente haya más venta de dólares del sector privado para hacerse de pesos y empiece a aparecer próximamente ya la cosecha de trigo, que es récord. Con ese flujo de dólares, de alguna forma el Gobierno puede llegar a empezar a acumular. El Tesoro está medio justo de pesos en este momento, con lo cual habría que ver si ahí el Banco Central aparece para comprar”.

El analista de Wise Capital, Ignacio Morales, agregó que “con el ruido electoral ya disipado, el foco de los inversores se concentró en la capacidad del Gobierno para recomponer reservas: cuándo comenzará ese proceso, a qué velocidad y a qué precio; el ritmo de acumulación será clave tanto para definir los límites cambiarios como para evaluar si el riesgo país puede perforar de manera sostenida los 600 puntos”.

Por su parte, el economista de Econviews, Alejando Giacoia, convino en que “ahora la clave pasa por la acumulación de reservas”. Bajo su perspectiva, una parte del temor de los inversores globales se disipó tras el triunfo del Gobierno en las elecciones de medio término, pero persiste una resistencia a perforar el umbral de los 600 puntos básicos. Además, remarcó que, aunque el Gobierno se comprometió públicamente en avanzar en la reposición de reservas, el proceso debe concretarse para que la baja del riesgo país se sostenga.

“Las reservas pueden pensarse como una especie de seguro con el que le mostramos al mundo que si pasa cualquier cosa no dependemos de un prestamista de última instancia que nos salve, por eso creo que es tan importante recomponerlas”, sumó Giacoia.

A su turno, Guido Zack, director de Economía de Fundar, argumentó que el camino para llevar el riesgo país a niveles más bajos pasa por la generación de certezas respecto del cumplimiento de los próximos vencimientos de deuda sin apelar a préstamos extraordinarios. “Acumular reservas daría certidumbre de que Argentina podrá pagar los próximos vencimientos sin necesidad de hacer uso de préstamos. El vencimiento de enero es el más importante que se va a pagar y no es lo mismo pagarlo tomando otra deuda como son los swaps o como es el repo que pagarlo con alguna acumulación de reservas”, apuntó.

Zack explica que la posibilidad de acumular los USD 4.300 millones de requeridos antes de enero es poco probable, aunque resalta el efecto tranquilizador que brinda a los mercados cualquier acumulación, aun parcial. “Si el Gobierno efectivamente empieza a acumular y eso tranquiliza a los mercados y genera una caída en el riesgo país, después ni siquiera es necesario usar la acumulación para todo la deuda. El Gobierno estaría en mejores condiciones para refinanciar esa deuda en el mercado sin necesidad de acudir a las mismas reservas y menos aún a los swaps”.

El economista introdujo además una advertencia sobre los posibles efectos secundarios de una política de atesoramiento acelerado de divisas: “Acumular reservas aumenta la demanda de dólares. Si aumenta la demanda de dólares, va a aumentar el tipo de cambio y el proceso de desinflación va a ser más lento. Pero hacer esto, por más que haga el proceso de desinflación más lento, no aleja el objetivo de tener una inflación anual de 10% o menos”.

Las reservas internacionales brutas alojadas en las cuentas del Banco Central hoy suman USD 41.959 millones. Sin embargo, el número neto, que descuenta los pasivos de la autoridad monetaria, se acercan a cero e incluso se ubican en terreno negativo en caso de incluir los pagos de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) a 12 meses vista.

La Comisión Europea someterá a votación el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a mediados de diciembre, en un contexto en que el peso de Unión Europea en la balanza comercial con la Argentina tocó mínimos históricos. El tratado que lleva más de 25 años en negociación es una oportunidad para revertir el deterioro, aunque las medidas de protección o “salvaguardas]” que piden los agricultores europeos podrían impactar negativamente.

En los primeros diez meses del año, la Argentina destinó apenas el 9,8% de sus exportaciones a los 27 países que integran hoy la UE. Se trata del menor peso del bloque en las ventas externas locales en al menos 35 años, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A su vez, entre enero y octubre, el 13,7% de las importaciones que ingresaron al país tuvieron origen en la UE. Esa proporción constituye la segunda más baja en tres décadas y media, sólo superada —a la baja— por la registrada en 2022, que fue inferior a la de lo que va de 2025.

El 85% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea corresponde a productos de las cadenas agroindustriales, según el promedio de los últimos diez años. Dentro de ese grupo se destaca la harina de soja, el principal producto que Argentina vende tanto al mundo como al bloque europeo.

Más allá de la caída de los precios internacionales de los últimos años, los picos de importación de este producto por parte de la UE se registraron en las campañas 2010/11 y 2014/15, cuando el bloque superó los 10 millones de toneladas de harina y pellets de soja. En las últimas cosechas, en cambio, ese volumen rondó en promedio las 8 millones de toneladas.

Así, “el peso de la Unión Europea en las exportaciones de harina de soja pasó de representar más del 50% a principios de siglo, hacia el 40% a mediados de la década del 2010 y en las últimas campañas por debajo del 30% del total exportado”, detalló la BCR.

El envío de biodiesel argentino a la Unión Europea se ubica en los niveles más bajos de los últimos diez años. Entre 2012 y 2022 se despacharon, en promedio, 1,1 millones de toneladas anuales a la UE, con un valor promedio próximo a los USD 1.040 millones anuales.

Desde 2023, las exportaciones no han logrado superar las 400.000 toneladas. Entre enero y octubre de 2025, apenas se alcanzaron las 240.000 toneladas, generando ingresos por US$ 284 millones. Esta tendencia ha incidido en que Argentina registre la mayor caída de producción de biodiesel en el mundo durante los últimos ocho años.

La Unión Europea tiene previsto votar el acuerdo comercial con el Mercosur entre el 16 y el 19 de diciembre. El objetivo es lograr el respaldo de los Estados miembros antes de la cumbre del Mercosur, que se celebrará el 20 de diciembre en Brasil.

Previamente, los 27 países de la UE esperan la votación del Parlamento Europeo, fijada para el 16 de diciembre, que definirá las medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos, el sector que más se opone al acuerdo.

Estas contemplan un control más estricto sobre productos agrícolas sensibles, entre ellos carne bovina, aves, arroz y etanol, y habilitan la intervención si se produce una desestabilización del mercado.

Debido al impacto que el acuerdo podría tener en su sector agropecuario, Francia se mantiene como el principal opositor. Sin embargo, enfrenta dificultades para reunir una minoría de bloqueo, ya que países como Alemania y España respaldan el avance del tratado.

En ese marco, organizaciones de agricultores comunicaron la convocatoria a una marcha de protesta en Bruselas el 18 de diciembre, fecha que coincide con una cumbre europea.

Luego de la votación entre los Estados miembros, la ratificación final del acuerdo quedará sujeta a la decisión del Parlamento Europeo, programada para principios de 2026, con un resultado que se prevé ajustado.

“De aplicarse el tratado, espera tener un interesante impacto sobre el complejo soja argentino. Además, se esperan bajas de aranceles y nuevas cuotas para exportar a la Unión Europea para productos esenciales del agro argentino como carnes, lácteos, cereales, arroz, miel, ajo, entre otros. Esto significa abrir oportunidades para la provincia de Santa Fe en particular y el agro argentino en general“, consideró la BCR.

“Si bien los beneficios del acuerdo son evidentes, no se deben desatender iniciativas que podrían afectar su espíritu, como la propuesta de salvaguardia para productos agrícolas de la UE”, advirtió la entidad.

“Aun así, tras más de dos décadas y media de negociaciones, este tratado representa una oportunidad única para revitalizar el intercambio entre el Mercosur y la Unión Europea y consolidar el área de libre comercio más importante del mundo. Para la Argentina, su entrada en vigor sería clave para revertir el retroceso de la participación europea en su comercio exterior”, agregó.

Por otro lado, la Sociedad Rural alertó recientemente por una disposición que podría afectar aún más el comercio entre el bloque europeo y Argentina.

Sucede que el Parlamento Europeo extendió el plazo para la entrada en vigor de la normativa 1115/2023, que exige que productos agrícolas y forestales comercializados en la UE estén libres de deforestación y cumplan con la legislación del país de origen, incluyendo una declaración de diligencia debida.

La SRA expresó su rechazo a esta prórroga, solicitando una revisión de los criterios, la eliminación de la obligación de diligencia debida y una gestión más autónoma de los recursos naturales por parte de cada país, destacando que Argentina fue clasificada como país de “Riesgo Bajo”.

La normativa ahora exigirá cumplimiento a grandes operadores desde diciembre de 2026 y a pequeñas empresas hasta junio de 2027.

El problema de la litigiosidad laboral cada vez es más grave y toma relevancia en la agenda pública. Incluso, puede ser más gravoso para un empleador que el costo de despido.

Para enero de 2026 se habrán acumulado 131.796 juicios por riesgos del trabajo, y el 90% de ellos corresponde a enfermedades que no dejan secuelas, según señala la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La presidenta de la UART, Mara Betiol, indicó a Ámbito que «el 90% de los juicios ingresados son de cero incapacidad». Es decir, que la persona que inicia un pleito no presenta secuelas permanentes por la enfermedad o accidente laboral denunciado.

De acuerdo con los datos, estos casos suelen ser juicios por esguinces, dolores de espalda o lumbalgias, que, luego de un tiempo de tratamiento, no dejan secuelas en las personas.

Cómo funciona la ART

Cuando un empleado sufre una enfermedad o accidente de trabajo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) constata su cuadro médico y, en caso de corresponder, calcula la indemnización según un listado de incapacidades previsto por ley. Las Comisiones Médicas, que actúan dentro del proceso administrativo, determinan el grado de discapacidad que queda luego del accidente. A partir de esa evaluación, la ART paga la compensación. Todo el proceso incluye la participación de abogados.

Si la persona afectada no está conforme con lo que ofrece la aseguradora, recurre a la Justicia. En teoría, para estos casos deberían existir Cuerpos Médicos Forenses, que con los mismos criterios de las Comisiones Médicas funcionen como una instancia revisora.

¿Por qué aparecen los juicios?

Es casi una paradoja. Según Betiol, «los casos de incapacidades reales son el 10%, que incluyen los fallecimientos, pero estos no son motivo de conflicto». Es decir, cuando los afectados sufren accidentes graves, como perder un dedo o una mano, donde la secuela es visible y evidente, no hay juicios.

Los litigios comienzan en situaciones donde determinar el grado de incapacidad es menos obvio. Betiol señala que «en los casos en los que las Comisiones Médicas determinan cero discapacidad, cuando pasa a la Justicia aparece 14% de discapacidad».

La Justicia laboral es un fuero provincial y, por lo tanto, cada jurisdicción determina cómo actuar en estos casos. Sin embargo, la Ley de Riesgos del Trabajo, modificada en 2017, fija procedimientos muy detallados sobre cómo tratar cada enfermedad o accidente laboral.

Las provincias solo deben sancionar una ley local adhiriendo a la nacional. Hasta ahora, 18 provincias lo han hecho. Pero ninguna creó los Cuerpos Médicos Forenses, tal como exige la ley nacional.

Como consecuencia, cada juez convoca a peritos propios, cuyos honorarios se calculan como porcentaje del monto del juicio, lo que incentiva a «engrosar» las incapacidades de trabajadores supuestamente afectados.

«Lo más gráfico de que esas determinaciones no obedecen a ninguna discapacidad real es que hay modas en cada jurisdicción. En Córdoba estaban las incapacidades psicológicas», señaló Betiol.

Casos emblemáticos

• Un camionero al que hubo que pagarle $300 millones por habérsele establecido una discapacidad del 107%.
• Un empleado que practicaba motocross y se presentaba a las audiencias con un cuello ortopédico, mientras en redes se fotografiaba andando en moto. En ese caso recibió 39% de incapacidad.
• Un perito judicial que firmó más de veinte dictámenes mientras estaba internado en terapia intensiva.

Para reducir costos, la UART propone que los peritos forenses no tengan honorarios atados al resultado del juicio. Para ello, cada provincia debería ordenar la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, como establece la Ley de Riesgos del Trabajo.

En algunos distritos la responsabilidad recae en las Supremas Cortes y en otros en los Consejos de la Magistratura. Hasta ahora no lo hicieron, aduciendo falta de presupuesto u otras excusas.

En tantom los 131.796 juicios están repartidos entre apenas 23 ART, lo que implica que, en promedio, cada una debe enfrentar 5.730 litigios. Eso obliga a las aseguradoras a destinar más recursos al frente judicial que a su actividad central: la medicina laboral.

Desde la UART mencionan un ejemplo comparativo. En España, una incapacidad menor al 33% no es indemnizable, y aun así la conflictividad judicial es diez veces menor que en Argentina.