Fue un fallo tan histórico como sorpresivo; inesperado para la gran mayoría. El Gobierno de Javier Milei celebró una victoria sin precedentes, pero estaba preparado para festejar también si la decisión no terminaba siendo tan contundente como finalmente fue, según reconocieron en voz baja varios funcionarios. Claro, se trataba de una demanda tan extensa y con resultados siempre adversos para el país, que en el análisis de escenarios iba a estar satisfechos con un resultado no tan contundente y definitorio. No hubiera habido brindis como el de ayer en Casa Rosada, pero sí puños apretados.

En el Gobierno estaban confiados del trabajo realizado, sobre todo de la estrategia técnica y diplomática del último año –la misma que detalló ayer Infobae–, pero un fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a medio camino, que le hubiera indicado a la jueza Loretta Preska que revise la forma de calcular el monto del resarcimiento, por caso, también hubiera sido celebrado en los despachos de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el equipo de los abogados del Estado, y en la secretaría Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, desde donde se diseñó el esquema. Es contrafáctico: Argentina ganó y más allá de alguna instancia a la que recurrirá Burford Capital, el bufete que compró los derechos a litigar en este caso hace una década y es el gran perdedor luego del fallo, todo está cerrado a favor del país. Al final, se descorchó.

El documento clave

Por estas horas se habla del rol fundamental del gobierno de Estados Unidos en esta parte final del proceso. Más allá de la independencia de poderes, hubo un fuerte y coordinado lobby a favor del país.

Qué resultado concreto tuvo eso en la decisión de los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson nunca se sabrá a ciencia cierta, pero en el Gobierno sacan pecho sobre el trabajo que coordinó, desde Washington, el embajador Alec Oxenford.

En ese contexto, más de una fuente señaló como central el documento que presentó el Departamento de Justicia (DoJ) del presidente Donald Trump –el ministerio de justicia de EEUU– ante el estrado de Preska. Si bien es cierto que el gobierno estadounidense no participó en ninguna instancia de la apelación de la causa “madre”, la condena en primera instancia que había llegado a USD 18.000 millones de resarcimiento, funcionarios y expertos en esta causa aseguraron que ese documento fue de vital importancia porque fijó la posición concreta de Trump y sus funcionarios sobre cuestiones de soberanía y relaciones con aliados que podrían verse afectadas en este caso. “No hizo falta que se presentaran ante la Cámara, con eso parece haber alcanzado”, dice una fuente oficial entendida en el tema.

“Tuvimos un fuerte apoyo del DoJ. Lo que hubo en los últimos meses fue una validación a la credibilidad de la defensa. Se vio en el pedido de desacato, cuando EEUU dijo que el discovery pretendido era desproporcionado. También fue súper importante la postura que tuvieron sobre el stay ante la Corte de Apelaciones por el pedido de entregar las acciones que el Estado tiene en la empresa. Realmente, no debe ser desnaturalizado ese apoyo porque se repitió en poco tiempo en distintas instancias”, aseguraron en la PTN.

En concreto, a fines de febrero, el DoJ presentó un documento de 29 páginas. No como “amicus curiae”, o “amigo del tribunal”, sino una presentación de interés espontánea del organismo.

De manera resumida, allí dijo:

• Que un litigio en tribunales de EEUU contra estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para ese país y “afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.
• Que los esfuerzos realizados por Argetina “para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.
• Que la moción de los demandantes para que se dicten sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad y debían ser rechazadas.

Otra vez, no fue un documento ante la Cámara (ahí sí apoyaron Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador), sino ante el estrado de Preska por una de las causas paralelas que impulsó Burford luego de la sentencia en primera instancia de 2023.

Pocos días después hubo otro movimiento en el mismo sentido. La Corte de Apelaciones había programado una audiencia para el 16 de abril donde se iba a discutir tanto las apelaciones de entrega del 51% de las acciones a los beneficiarios del fallo “madre” como la solicitud de discovery sobre chats de funcionarios y exfuncionarios.

En ese contexto, la PTN recibió una confirmación inusual: el DoJ pidió participar activamente en la audiencia para exponer oralmente en defensa de la posición local. En el Gobierno lo definieron como “un hecho sin precedentes”: fue la primera vez que el gobierno de EEUU pidió formalmente un espacio para presentarse “codo a codo” con Argentina en el juicio. Esa audiencia, finalmente, no llegó a realizarse: antes, la Cámara había suspendido todas las causas paralelas a la espera del fallo “madre” y luego éste llegó y anuló la sentencia de Preska por completo.

La página 50 del fallo

Según los entendidos en la causa, uno de los ejes centrales del fallo de Cámara está en la página 50 del texto. Allí los jueces dejan claro que ninguna de las partes involucradas en estos dos casos discutió que la Argentina violó los estatutos de YPF aunque prometió no hacerlo cuando la empresa comenzó a cotizar en Wall Street, en los ’90.

“Su motivo para hacerlo fue claramente asegurar a los inversores privados —muchos de los cuales tenían su base en EEUU— que estarían protegidos en caso de que la República decidiera renacionalizar la mayor empresa petrolera y gasífera del país si alguna vez cambiaban los vientos económicos y políticos, tal como ocurrió a comienzos de la década de 2010. Bien puede ser que la República no hubiera podido recaudar 1.100 millones de dólares de los ADR de YPF listados en el NYSE de Nueva York sin estas protecciones para los inversores. Y su negativa a cumplir con esas protecciones dos décadas después puso en duda de manera general la seguridad de la inversión extranjera en el país”.

A pesar de la contundencia de esos argumentos, eso no alcanzó, dijeron los jueces.

“No obstante estas realidades fácticas, ahora nos enfrentamos a la limitada cuestión legal de si la causa de acción que los demandantes presentaron y el remedio que buscan frente a las acciones de la República están permitidos según la ley argentina. A pesar de la clara y notoria violación por parte de la República de las promesas que hizo a los inversores extranjeros, la respuesta a esa pregunta es no. Pero en la medida en que la República haya cometido un agravio contra los accionistas que prometió proteger, la ley argentina no dejó a los accionistas minoritarios de YPF sin ningún remedio: los demandantes podrían haber solicitado, y de hecho otros accionistas sí lo hicieron, hacer valer las protecciones de los estatutos en un tribunal argentino mediante las causas de acción reconocidas por la ley argentina”. Esas causas locales mencionadas, por el momento, no prosperaron.

Finalmente, la mayoría de los jueces concluyó que “incluso si los estatutos pudieran crear obligaciones recíprocas, y aún si supusiéramos que lo hace, los reclamos de los demandantes de todas formas estarían vedados por la LGE —la ley pública de la república sobre expropiación”.

Es lo que los abogados conocen como la Pirámide de Kelsen, una representación gráfica de la jerarquía normativa de un sistema jurídico, donde las normas de menor rango están supeditadas a las de mayor rango, como la Constitución. O sea, un estatuto corporativo no puede estar por sobre una ley del Congreso, máxime en una causa que se decidió hacer en Nueva York, luego de que se determinara que era un “fuero conveniente” para hacerlo, hace ya varios años, pero que tenía que usar la ley local para analizar el caso.

¿Es el mismo argumento que usó en estos años Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense y encargado en 2012, como viceministro de Economía de Cristina Kirchner, de llevar adelante la expropiación? Kicillof dice que sí, otros integrantes del sector no están tan seguros.

“Los que chocaron el auto de la expropiación de YPF fueron la ex presidenta y el actual gobernador. No hay que olvidarse nunca de eso”, resumió Daniel Montamat, ex presidente de YPF y consultor energético.

“Por chocar el auto de esa manera, el riesgo argentino subió a niveles espectaculares, perdimos el acceso a los mercados internacionales y tuvimos que pagar costos reputacionales en todo el mundo. Fue un proceso traumático, una expropiación que al principio fue confiscación. No deberíamos colgarle a nadie cucardas por haber chocado el auto del prestigio, la seriedad, la confiabilidad de la Argentina frente a inversores de todo el mundo. Decisiones que llevaron, por ejemplo, a que el riesgo país se dispare hasta 3.000 puntos”, agregó Montamat.

“Kicillof le hizo perder mucho dinero a la Argentina con la expropiación. Forzaron la situación porque pensaron que había una caja espectacular, luego de las AFJP, y no la había aún. Se requería de mucha inversión para explotar esa mina de oro que era Vaca Muerta. Aceptaron las condiciones leoninas de Chevron y cerraron apurados con el Club de París”, destacó Emilio Apud, consultor y ex secretario de Energía y Minería, brevemente durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y también ex director de YPF.

En el mismo sentido se expresó anoche Milei, cuando aseguró que hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió la empresa. “Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado. Es importante que todos tengamos algo en claro, estos personajes de nuestro pasado nos unieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo, mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar y nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido”, aseguró el mandatario.

El impacto y lo que viene

YPF no estaba dentro de la causa: Loretta Preska la había exculpado en 2023, cuando señaló sólo al Estado local. Esa absolución fue lo único que el viernes la Cámara dijo que estaba bien del fallo de la jueza.

Con todo, sin dudas influía el ruido internacional que hacía esta causa mientras la petrolera busca instalarse en el concierto global como el corazón de Vaca Muerta, más aún en tiempos de alta inestabilidad energética por la guerra.

“Lo de YPF y llegar a un acuerdo con lo último de los holdouts del default del 2001, baja el riesgo sistémico y, en el caso concreto de la petrolera, baja el riesgo sobre el costo de capital. Las acciones de YPF deberían seguir subiendo, lo mismo que su valuación”, destacó Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb.

“Para el país es mejor, también para Vaca Muerta. La decisión debiera impactar en el riesgo país. La colocación de bonos del viernes marca una línea, pero es innegable que la crisis en Medio Oriente, con alza de precios de los combustibles y aumento del riesgo sistémico no está impactando del todo en Argentina. Es algo inédito”, dijo Pérego.

Montamat concuerda y cree que la causa era una “espada de Damocles” para el Estado y la empresa. “Siempre había riesgo de embargos. El desacato estaba a la vuelta de la esquina para la reputación de un país que necesita incorporarse a los mercados y bajar el riesgo país. YPF también se hubiera visto afectada en medio de la búsqueda de capitales para desarrollar su programa de expansión productiva y el GNL”, destacó. Es el plan que lleva adelante Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera de bandera.

“Es muy positivo para adelante porque nos sacamos una mochila de USD 18.000 millones. Habrá más confianza en los mercados y se mejorará la imagen de manera muy positiva. Además, está el contexto bélico y cómo se modifican las compras de crudo y gas para diversificar la oferta y el riesgo, sobre todo en Europa y el sudeste asiático. Vemos un fly to safety (vuelo a la seguridad) global y este resultado despeja un poco más las dudas sobre el país”, remarcó Apud.

El analista también puso foco en el peso de la relación bilateral con EEUU: “No dudo de la independencia de la justicia de EEUU, pero no creo que este resultado se hubiera dado con otro gobierno. Alguna influencia subliminal quizás hubo t no hay dudas de que se creó un clima para que las cosas sucedieran”.

Sebastián Maril, de Latam Advisors y un especialista en este juicio, señaló un aspecto global que se deriva de esta causa y podría tener, dijo, impacto en el mercado de capitales internacional. “Esto es un antecedente fuerte. ¿Qué pasa si mañana EEUU quiere hacer un proceso similar, expropia y no hacer una oferta a los otros accionistas? O México, con Pemex; Brasil con Petrobrás, o España con Repsol. Esto afecta al mercado de capitales global, por el mensaje general que deja para adelante”, planteó.

¿Y con Burford qué va a pasar? El bufete siempre fue prudente con respecto al resultado final, pero confiaba en que ganaría.

Fue un viernes negro para este litigation funding (o financiador de litigios) que mucho comparan, por su estilo, con un fondo buitre. Su acción se derrumbó 50 por ciento en un día. En 2023 tenía un market cap de unos USD 3.500 millones y ahora ronda los USD 900 millones: una pérdida de valor de 75 por ciento.

Burford hizo lo imposible para sentarse a negociar con los gobiernos argentinos a lo largo de estos años, sobre todo cuando Milei llegó al poder. Nunca lo logró, pero tener un fallo en primera instancia por USD 18.000 millones de una jueza muy prestigiosa lo ponía en una situación óptima.

Ahora, probablemente acuda a la Corte Suprema de EEUU y al tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, el Ciadi del Banco Mundial, como sugirió el viernes en un comunicado. Quedó a un paso de quedarse sin nada. Compró los derechos de litigio en 15 millones de euros y vendió parte de esa tenencia por unos USD 300 millones, lo cual le dio una ganancia de casi 2000%, a la que hay que descontar los gastos de más de una década de juicio. Mucho, claro… pero poco si la perspectiva era cobrar de alguna manera los USD 18.000 millones.

El tembladeral que le provocó el fallo de ayer quedó reflejado en ese comunicado. En el apartado de “Impacto en Burford” prometió analizar el resultado y ver cómo refleja en su balance un juicio que había valorado en, al menos, USD 1.200 millones.

Habló de amortizaciones de activos que podría reducir el valor patrimonial “por debajo del nivel requerido bajo las escrituras que rigen nuestras notas senior para contraer deuda adicional bajo las disposiciones que permiten incurrir en deuda en función de nuestra relación deuda-capital, lo que limitaría la capacidad de Burford para emitir nueva deuda”. Todo muy técnico. Simplificado, abrió un gran paraguas sobre su futuro y ante un contexto financiero que podría ser muy malo. Tanto que algunos expertos financieros creen que podría haber quedado frente a un proceso de activación de cláusulas y posible aceleración de deuda, incumpliendo de ratios, restricción compulsiva de gastos e, incluso, default.

Se comenzó a cerrar un capítulo que comenzó hace más de una década y que generó un daño reputacional muy importante a un país que ya tenía una muy golpeada imagen en el exterior. Una demanda compleja e intrincada que atravesó cuatro presidencias argentinas y fue el mayor juicio a un país soberano que se cursó en una corte de EEUU en toda la historia.

Tiene pocas chances, pero seguramente Burford acuda al pleno de la Cámara de Apelaciones para que revise el fallo. En 14 días deberá decidir y contárselo a Preska. Quizás luego decida acudir a la Corte de EEUU y Ciadi. Será todo mucho más cuesta arriba luego de un viernes en el que seguro no hubo brindis sino caras largas en el 350 de Madison Avenue donde el bufete tiene su oficina neoyorkina.