ECONOMIA
Clima de negocios: Mercado Libre, las millonarias exenciones impositivas y las dudas del régimen de Economía del Conocimiento
Las cifras vuelven a ser públicas cada tres meses, pero no por eso dejan de sorprender. La semana pasada, Infobae destacó los datos de la presentación de resultados financieros de Mercado Libre que muestran cómo el gigante del comercio electrónico, la empresa de mayor valor de mercado de la región –USD 103.000 millones–, sigue ahorrando millones en exenciones tributarias que le otorga el Estado por medio del régimen de Economía del Conocimiento. Está detallado en sus propios informes ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, donde la empresa que fundó Marcos Galperin cotiza hace 18 años.
En lo que va del año, el gigante latino de las ventas online –que en 2024 consolidó ingresos por unos USD 21.000 millones– obtuvo beneficios por USD 50 millones en exenciones en el impuesto a las Ganancias y otros USD 17 millones en aportes de seguridad social. Según cálculos privados: su “ahorro” en los últimos cinco años ronda los USD 370 millones y si se remonta a la última década, en parte con el régimen anterior, superaría los USD 500 millones.
El régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), bajo el cual se encuadran Mercado Libre, otras tecnológicas grandes y también pymes del sector, es objeto de críticas por parte de sectores gremiales y de la industria financiera que sostienen que una empresa de tal tamaño podría prescindir de estos subsidios estatales o cobrarlos y volverlos a volcar -por caso- al ecosistema emprendedor.
¿Es incorrecto que esté incorporado en el régimen? No, está en regla con la ley vigente de la que, además, fue uno de sus grandes impulsores. ¿La ley debería cambiar y poner el foco más en startups? No pocos creen que sí.
Este medio le consultó a la empresa de Marcos Galperin el monto de exenciones impositivas por la LEC y antecedentes que obtuvo en los últimos 10 años, por qué cree que las grandes empresas tech deben continuar como parte del régimen y si analizó salir del esquema o destinar esos fondos a impulsar el ecosistema emprendedor y por qué no lo hizo, entre otras consultas. No hubo respuestas. Sí, luego de la nota de Infobae de la semana pasada, al igual que meses atrás, la empresa emitió un comunicado detallando los impuestos que pagan, en el que que incluye lo que le retienen a sus clientes.
“La conversación en torno a la LEC debería centrarse en los resultados que genera más que cuestionamientos ya obsoletos sobre su cumplimiento”, dijeron. Otra pregunta sin respuesta fue, justamente, sobre los por qué de esa supuesta obsolescencia mencionada.
La ley de Economía del Conocimiento es un régimen de promoción para el sector que tuvo su origen en el esquema de incentivos al desarrollo de software que impulsó Néstor Kirchner en 2004. Las últimas grandes modificaciones y encuadres se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri y, sobre todo, en el de Alberto Fernández, con Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo.
Según información oficial de la secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, del ministerio de Economía, hasta octubre de este año estaban inscriptas en el régimen unas 960 empresas, de las cuales 62% estaban catalogadas como “Micro”; 24% “Pequeñas”; 10% “Grandes” y 4%, “Medianas”.
“Existe una relación directa entre el empleo generado y la magnitud de los beneficios que las empresas reciben del régimen. Las pymes no solo están plenamente contempladas, sino que tienen garantizados por normativa todos los beneficios que les corresponden cada año. Las empresas grandes son las que más empleo generan, más exportan, invierten y las que enfrentan mayores exigencias para ingresar y permanecer en el régimen”, dijeron en la Secretaria, pero no informan de manera individual cómo se reparten los fondos y tampoco qué categoría de tamaño de empresas recibe más y cuáles menos.
Desde el Gobierno sí destacaron que en los últimos cuatro trimestres se alcanzó un récord histórico en exportaciones y se superaron los USD 9.700 millones, en un sector que tiene un total de 283.500 empleos.
Argencon, la cámara que reúne a los exportadores de servicios del país, detalla que el objetivo de la ley es “promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos”.
Entre los beneficios principales se incluye un bono fiscal por el 70% de las cargas sociales de los empleados afectados a las actividades promovidas y reducción en el monto total del impuesto a las Ganancias según tamaño de los inscriptos: 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas y 20% para grandes. En cuanto a los fondos que destina el Estado –que en los últimos años se amplía por DNU ante la falta de Presupuesto votado por el Congreso– se prevé que el régimen tenga en 2026 fondos por $491.460 millones (0,05% del PBI).
“Este año se sumaron sobre todo empresas chicas. El DNU de 2024 alcanzó para los beneficios fiscales de las pymes en los 12 meses y para 9 meses de las grandes. Este año fueron 12 meses para las pymes y 5 meses para las grandes. No alcanzó para más. Creemos que el año que viene cubrirá la totalidad para las pymes y 6 meses de las restantes. “La ley ya tiene dentro de sí misma una consideración bastante marcada en favor de las pymes”, detalló Luis Galeazzi, uno de los directores ejecutivos de Argencon.
“El régimen requiere la previa generación de empleo, y a diferencia de otros esquemas promocionales, las empresas primero crean trabajo antes de obtener el beneficio. Eso reduce riesgos de concentración de manera efectiva y posiciona a la ley como el esquema de política industrial que mejor funciona, particularmente por su foco en exportaciones y competitividad frente a países competidores como Colombia o México”, agregó Leandro Mora Alfonsín, el otro directo de Argencon y ex funcionario de Kulfas durante la gestión anterior.
Desde la cámara creen que cuanto más grande es la empresa, más exporta por empleado, y que es estratégico promover a quienes generan mayor volumen de exportaciones y arrastran al resto del sector.
Consultado sobre posibles reformas conceptuales a la ley, Galeazzi afirmó que la promoción tiene sentido “cuando el objetivo es crear empleo, aumentar exportaciones y fomentar innovación para penetrar el mercado global”. Consideró que estos conceptos están “razonablemente bien protegidos en la ley” y que “solo sería lógico introducir ajustes menores o adecuaciones por el avance tecnológico o la aparición de nuevos segmentos”. Aclaró que la ley de promoción debe diferenciarse de un régimen de subsidios, orientado a ayudar exclusivamente a pymes o startups: “Si el objetivo es subsidiar a las pymes, eso requiere otro régimen, no cambiar la ley de promoción actual”.
Una visión muy diferente tienen en el Observatorio del Trabajo Informático (OTI). Aseguran que el régimen pasó de ser de promoción a uno de concentración y que eso hace que en la actualidad termine saboteando su propio desarrollo. “Debe reformularse. Algunas claves radican en propiciar la innovación en el resto del entramado productivo, beneficiar a sus trabajadores, a las pymes y a las economías regionales para que puedan radicarse empresas en sus provincias”, dijo ante este medio Esteban Sargiotto director del Observatorio creado por la Asociación Gremial de Computación (AGC).
“El modelo fue exitoso en sus comienzos porque generó un sector, el del software, que sumó decenas de miles de profesionales en un contexto de regulación del Estado y con muchas iniciativas público-privadas en todo el país. Pero con los cambios, un grupo muy pequeño de empresas, en general radicadas en otros países, acaparan buena parte del régimen. Son esquemas que no suelen durar más de 10-15 años en el mundo y este lleva el doble. Hay una lógica depredatoria sobre las empresas más chicas y sobre el Estado, aparte de la injusticia de que algunos de los máximos multimillonarios de la Argentina se queden con un régimen por el que terminan pagando menos impuestos que sus propios trabajadores. Sobre el ítem ‘servicios profesionales, empresariales y jurídicos’, que se lleva el mayor peso en exenciones, parece ser, básicamente, una forma que tienen algunas grandes empresas para eludir impuestos. La LEC terminó siendo una reforma tributaria encubierta para ciertos lobbies”, detalló Sargiotto.
Según el OTI, con datos de 2023, entre Mercado Libre, Globant y Accenture, concentran casi el 50% del régimen. Y estiman que la proporción se mantiene en esas cifras en la actualidad.
Globant dijo que no da detalles sobre el tema aunque cumple los requisitos de la LEC: “Todas las auditorías que nos hacen están perfectas”, prometió un vocero. Accenture no respondió el pedido de Infobae.
“Existe una gran opacidad ya que no hay datos disponibles para poder hacer un cálculo exacto y actualizado. Y ese es otro de los problemas con la LEC: que el pueblo argentino aporta con sus impuestos, pero cuántos subsidios reciben la gran mayoría de las empresas sigue siendo un misterio”, agregó Sargiotto.
Con respecto a Mercado Libre, puntualizó que goza de exenciones impositivas del Estado nacional desde hace 18 años y que recibe también exenciones provinciales y de CABA.
“El comunicado que emitieron la semana responde algo que nadie cuestionó: la objeción no es por cantidades nominales, sino por porcentaje de carga tributaria: mientras cualquier informático (incluso sus empleados) paga 35% de Ganancias, la empresa es subsidiada. Resulta cuanto menos curioso que la empresa incluya como tributos abonados las retenciones a terceros (o sea, impuestos que pagan sus usuarios). La paradoja se completa con sus propios gráficos que demuestran que los usuarios pagan más impuestos que ellos”, dijo.
“Es una injusticia de que algunos de los máximos multimillonarios de la Argentina se queden con un régimen por el que terminan pagando menos impuestos que sus propios trabajadores” (Sargiotto)
Por su parte, Juan Manuel Cheppi, ex Secretario de Economía del Conocimiento de Sergio Massa y actual concejal marplatense, también cree que hay que actualizar el régimen. “La Economía del Conocimiento se consolidó como una política de Estado que trascendió gobiernos y logró sostener un sendero de crecimiento y demostró que el sector puede ser uno de los motores más dinámicos del desarrollo. Hoy, el desafío es actualizarlo para acompañar las transformaciones tecnológicas y productivas. Esto implica fortalecer a las pymes y microempresas con instrumentos modernos, sin debilitar a las grandes que ya impulsan el ecosistema”, dijo en diálogo con Infobae.
En medio del debate renovado, se dio un hecho paradojal: Mercado Libre reclamó días atrás “reglas claras” para la importación de productos de plataformas como Temu y Shein, una demanda que coincide con la postura de los bancos respecto a la regulación de su fintech, Mercado Pago. Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina, expresó en el Foro Abeceb: “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.
El ejecutivo advirtió que la entrada masiva de productos de bajo costo provenientes de China podría afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre. De la Serna alertó que este fenómeno “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.
“El régimen requiere la previa generación de empleo, y a diferencia de otros esquemas promocionales, las empresas primero crean trabajo antes de obtener el beneficio” (Mora Alfonsín)
Resultó llamativo que un representante de Galperin, conocido por su defensa de la no intervención estatal, realizara un pedido tan enfático a favor de la regulación. Esta solicitud generó un intercambio en la red social X entre Galperin y el diputado Miguel Pichetto, que dijo: “Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperin, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.
Mientras tanto, “Meli” –tal la sigla con la que la empresa cotiza en Wall Street– no para de crecer. En el tercer trimestre de este año, tuvo ingresos netos por USD 7.400 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 39 por ciento y, según estimó, lleva 27 trimestres consecutivos con crecimiento interanual superior al 30 por ciento. En lo que va del año, su acción está en verde y con ganancias de más de 20 por ciento.
El horizonte anunció tener dos grandes hitos: Galperin dejará de ser CEO en un mes y medio, lo reemplazará en ese rol Ariel Szarfsztejn, aunque seguirá al frente de la empresas como presidente y alma mater; y buscará ser un banco en Argentina, algo que se anunció hace exactamente un año, aunque no hubo novedades públicas desde entonces.
ECONOMIA
Cupón PBI: Corte británica avanza sobre bienes argentinos para ejecutar sentencia millonaria
La Justicia del Reino Unido ordenó a la República Argentina entregar información financiera y contractual vinculada con activos en el exterior, en el marco de la ejecución de una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a tenedores de bonos atados al crecimiento económico, conocidos como Cupones PBI en euros. La medida forma parte del proceso de localización de bienes susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento del fallo.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Londres, que en 2023 condenó a la Argentina a abonar el equivalente a aproximadamente USD 1.500 millones, suma que incluye capital e intereses. El litigio fue iniciado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que cuestionaron la modificación en la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) implementada en 2013.
El reclamo judicial se originó a partir de cambios introducidos durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Axel Kicillof se desempeñaba como ministro de Economía. Según los demandantes, la alteración en la base de cálculo del PBI redujo los pagos vinculados a los cupones emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.
Los Cupones PBI fueron diseñados como instrumentos adicionales atados al crecimiento económico. Establecían pagos extraordinarios a los bonistas si la expansión anual superaba determinados umbrales. La controversia se centró en el cambio metodológico aplicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que modificó la base de cálculo y reportó una variación inferior al nivel necesario para activar el pago.
El proceso de discovery y la búsqueda de activos
La orden reciente se inscribe en el procedimiento denominado discovery, una instancia procesal orientada a identificar activos que puedan ser embargados para ejecutar una sentencia firme. En este contexto, la Corte británica dispuso que el Estado argentino debe revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y datos sobre cuentas bancarias en el exterior.
Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, señaló a través de la red social X que la Corte londinense «ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros».
La información solicitada busca determinar si existen bienes o derechos de la Argentina fuera de su territorio que puedan ser alcanzados por medidas de embargo. Este tipo de diligencias se utiliza cuando el deudor no cumple voluntariamente con una sentencia y los acreedores procuran identificar activos ejecutables en distintas jurisdicciones.
Garantía ejecutada y saldo pendiente
Durante el proceso judicial, la Argentina había depositado una garantía por 313 millones de euros para apelar el fallo. Tras la desestimación del recurso, los beneficiarios ejecutaron esa garantía en febrero de 2025. La misma había sido constituida mediante una carta de crédito emitida por el Banco Santander. Aunque no se difundió la composición exacta del respaldo, especialistas estimaron que estaba integrada por efectivo o instrumentos de pago inmediato.
Con la ejecución de esa suma, aún restan aproximadamente 1.000 millones de euros pendientes, según datos informados por la Procuración del Tesoro. El organismo ubicó este litigio como el quinto de mayor monto que enfrenta el país en el exterior.
Los acreedores sostienen que la República Argentina no coopera con las medidas destinadas a ejecutar la sentencia y que tampoco abona los intereses diarios acumulados sobre el monto adeudado. Además, plantearon que el país debería resolver atrasos vinculados con emisiones anteriores antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.
Antecedentes del conflicto por el cálculo del PBI
El origen del conflicto se remonta a la intervención del Indec en 2007, cuando el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, impulsó cambios en la medición de variables económicas, entre ellas la inflación. Posteriormente, en 2013, el organismo modificó la base de cálculo del PBI.
Con la nueva metodología, el crecimiento informado quedó por debajo del umbral de 3,22% necesario para activar el pago de los Cupones PBI. Bajo la base anterior de 1993, la expansión habría alcanzado el 4,9%. Esa diferencia impactó directamente en la obligación de pago a los tenedores de los instrumentos atados al crecimiento.
El Gobierno argentino había suspendido los desembolsos en 2011, cuando la economía dejó de registrar incrementos superiores al 3%. Sin embargo, los fondos demandantes argumentaron que la modificación metodológica aplicada en 2013 afectó sus derechos contractuales y redujo de manera indebida los montos a percibir.
Referencias del FMI y posición de los demandantes
En agosto, un informe técnico del Fondo Monetario Internacional mencionó conversaciones entre la Argentina y los acreedores en torno al litigio. No obstante, los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones formales.
En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes afirmaron: «No hay negociaciones en curso entre ellos y la República». Asimismo, informaron al organismo multilateral que consideran incorrectas ciertas afirmaciones incluidas en el reporte técnico y solicitaron su actualización.
La controversia sobre la existencia o no de tratativas se produjo mientras avanza el proceso de identificación de activos en el exterior. El discovery ordenado por la Justicia británica podría derivar en nuevas medidas si se detectan bienes embargables bajo jurisdicción extranjera.
Impacto jurídico y financiero
La condena por los Cupones PBI se suma a otros litigios internacionales derivados de la reestructuración de deuda y de decisiones económicas adoptadas en años anteriores. De acuerdo con la Procuración del Tesoro, el caso figura entre los de mayor exposición económica para el Estado argentino.
La obligación total reconocida por la justicia británica asciende a 1.330 millones de euros más intereses. Tras la ejecución parcial de la garantía, el saldo continúa generando intereses diarios. El cumplimiento de la sentencia depende de la disponibilidad de recursos y de eventuales acuerdos entre las partes.
El proceso judicial en el Reino Unido continúa en etapa de ejecución. La entrega de información ordenada por el tribunal constituye un paso adicional en la búsqueda de activos que permitan a los acreedores satisfacer el crédito reconocido en la sentencia.
Mientras tanto, el caso mantiene su relevancia dentro del conjunto de litigios que enfrenta la Argentina en tribunales extranjeros y que inciden en la situación financiera y en las perspectivas de acceso a financiamiento internacional.
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PAMI pone a disposición de sus afiliados una oferta educativa que abarca cursos y talleres gratuitos dictados por docentes universitarios en distintas instituciones. La propuesta, que incluye opciones universitarias, no requiere experiencia previa ni implica costo alguno para los participantes, lo que amplía las posibilidades de acceso a quienes deseen incorporar nuevos conocimientos o compartir actividades con otros afiliados.
La iniciativa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados apunta a que los beneficiarios puedan continuar con sus estudios mediante cursadas más cortas.
Los afiliados interesados en ampliar sus conocimientos pueden acceder a una amplia variedad de cursos y talleres coordinados por docentes universitarios en más de 60 instituciones educativas. Las propuestas UPAMI, tanto talleres sociopreventivos como cursos universitarios, no tienen costo y están abiertas a toda la comunidad, sin requerir formación previa. Cada curso y taller cuenta con un período específico de inscripción, el cual puede consultarse al acceder a la actividad seleccionada.
Los talleres sociopreventivos son actividades impulsadas por PAMI en conjunto con los Centros de Jubilados y Pensionados de distintas regiones, orientadas a promover el aprendizaje, la actividad física y la interacción social entre los participantes.
La programación de cursos y talleres contempla modalidades presenciales y virtuales, y en ciertos casos se ofrece la alternativa semipresencial, de acuerdo con lo que disponga cada localidad. Cuando la opción es mixta, la organización y el formato quedan a criterio del docente a cargo. Los cupos disponibles dependen de cada institución y de la modalidad seleccionada.
La inscripción a cursos universitarios virtuales está habilitada para participantes de cualquier parte del país. En cuanto a los talleres, únicamente es posible sumarse a aquellos que se ofrezcan en la localidad de residencia. El límite de inscripción es de cinco cursos y tres talleres por persona. Una vez registrado, el docente o responsable se pondrá en contacto por correo electrónico o teléfono para facilitar el acceso a la actividad.
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- Universidad Nacional del Nordeste – Facultad de Humanidades
- Danza
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En el caso de los talleres, el menú de lugares para realizarlos es más amplio e incluye establecimientos en casi todas las provincias del país, que pueden consultarse a través de la página oficial de PAMI.
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Una vez finalizado el proceso, la inscripción queda registrada. El docente o tallerista se comunicará por correo electrónico o por teléfono.
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En una entrevista en Infobae en vivo, Antonio Aracre, economista y exjefe de asesores presidenciales, remarcó la urgencia de discutir los efectos de la reforma laboral sobre las pymes argentinas: “Una PYME que contrata dos, tres, cuatro personas y justo tiene una persona que se enferma por un año, no puede bancar ese reemplazo”. El actual militante de La Libertad Avanza detalló que su afiliación surgió a raíz de una apuesta perdida con el presidente Javier Milei: “Si baja de 1200 el dólar, me afilio, prometí. Y un día bajó, así que tuve que cumplir mi palabra”, recordó entre risas.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Aracre ahondó en la controversia generada por los cambios en las licencias por enfermedad: “Nadie discute que la gente que tiene una enfermedad grave o no, tiene que tener una solución. La solución es ver cómo puede seguir recibiendo ese ingreso. Lo que no se está discutiendo es que una PYME no puede soportar el 100% del salario de un trabajador enfermo durante un año”.
Según Aracre, el sistema vigente pone en jaque a los pequeños empleadores: “En un concepto actuarial o estadístico, vos tenés millones de trabajadores y cientos de miles de empresas y con un pequeño porcentaje financiamos todo eso. Es típicamente lo que se piensa del seguro”, explicó. Al ser consultado sobre quién debería hacerse cargo de ese costo, fue contundente: “Una compañía de seguros y tenemos que discutir quién fondea esa compañía. No tiene que estar a cargo de la PYME eso”.
El economista diferenció la realidad argentina de otros países: “Se podría decir como España, como Uruguay, como Chile. Estados Unidos, cero protección”. Reconoció, de todos modos, que no acuerda con la redacción final del artículo sobre licencias aprobado en el Congreso: “No estoy de acuerdo quizás con la forma en que está redactado. Ahora, si hay muchos que creen que la solución pasa por dejar todo como está y que una PYME se siga haciendo cargo…”. Aracre insistió en que el Gobierno debe corregir desprolijidades y consensuar un texto aceptado por todas las partes: “Ojalá entre hoy y mañana eso se subsane y se pueda llegar a un texto aceptado por todas las partes. Las empresas grandes no tienen ese problema. Ahora, una PYME sí”.
El exjefe de asesores presidenciales se mostró crítico con sectores que resisten la reforma: “Tengo una cierta desilusión con mis excolegas empresarios, con mucho del periodismo progresista, que no ve la otra cara de esta cuestión. Estoy hablando de los 10 millones de empleados informales o empleados en negro que el día de mañana no van a tener una jubilación, no van a tener un PAMI, no van a tener nada”.
Para Aracre, la legislación laboral argentina quedó obsoleta: “Seguimos queriendo imponer una ley que hace 50 años era fantástica, pero hoy, en los últimos veinte, hizo que el trabajo registrado privado no se mueva de los seis millones de personas. Es evidente que no sirve”.
Puso énfasis en la necesidad de reducir la litigiosidad y la llamada “industria del juicio”: “Países con similares tasas de accidentes de trabajo de Argentina, España y Chile, misma tasa de accidentes de trabajo. ¿Cuánto se judicializa en la Argentina y cuánto en Chile o en España? 10 veces más que Chile en Argentina, 15 veces más que en España, con una cobertura de las ART que en Argentina es mejor que en España y Chile. ¿Qué tenés ahí? La famosa industria del juicio”.
Frente a la pregunta sobre si la reforma generará empleo, Aracre precisó: “Para el blanqueo de gente que hoy tiene un trabajo, pero que no está registrado, yo creo que sí. No te digo ni mañana ni pasado mañana, pero en la medida que la gente comprenda el beneficio de tener una reducción del 80% de los costos laborales, es atractivo”.
Aracre subrayó que la reforma laboral se inserta en una serie de cambios más amplios: “Hay una política fiscal diferente, una política monetaria diferente, una política cambiaria distinta, que te estabilizan la macroeconomía. Pero no siendo suficiente eso, ahora viene una reforma laboral, pronto va a venir una reforma impositiva, después seguramente una reforma previsional, hay una reforma penal pendiente”.
Consultado sobre la falta de propuestas alternativas del peronismo, analizó: “Uno de los grandes triunfos de Milei en la batalla cultural fue hacer que la gente común entienda la cuestión del déficit fiscal. Y lo que es más fácil de entender es la inflación. ¿Cómo hacés desde el peronismo para decirle a la gente que le vas a dar un montón de derechos, pero sin generar déficit?”. Definió la situación como una “pérdida del relato o un relato atractivo para la gente que ya no come vidrios”.
El economista también se refirió a los incentivos para el empleo registrado y propuso un tope de indemnización para pymes: “Yo para las pymes hubiese puesto un tope de indemnización de tres sueldos y punto. Una pyme no se puede bancar la misma indemnización”.
Para el futuro, Aracre auguró que la clave estará en la estabilidad macroeconómica y la simplificación tributaria: “La reforma impositiva este año apunta más a la simplificación que a la reducción importante de impuestos, porque hasta que no haya un crecimiento más sostenido, tampoco podés correr demasiados riesgos fiscales”.
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• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé
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