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ECONOMIA

Clima de negocios: Mercado Libre, las millonarias exenciones impositivas y las dudas del régimen de Economía del Conocimiento

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Mercado Libre obtuvo beneficios por USD 50 millones en exenciones en el impuesto a las Ganancias y otros USD 17 millones en aportes de seguridad social

Las cifras vuelven a ser públicas cada tres meses, pero no por eso dejan de sorprender. La semana pasada, Infobae destacó los datos de la presentación de resultados financieros de Mercado Libre que muestran cómo el gigante del comercio electrónico, la empresa de mayor valor de mercado de la región –USD 103.000 millones–, sigue ahorrando millones en exenciones tributarias que le otorga el Estado por medio del régimen de Economía del Conocimiento. Está detallado en sus propios informes ante la SEC, el regulador bursátil de Estados Unidos, donde la empresa que fundó Marcos Galperin cotiza hace 18 años.

En lo que va del año, el gigante latino de las ventas online –que en 2024 consolidó ingresos por unos USD 21.000 millonesobtuvo beneficios por USD 50 millones en exenciones en el impuesto a las Ganancias y otros USD 17 millones en aportes de seguridad social. Según cálculos privados: su “ahorro” en los últimos cinco años ronda los USD 370 millones y si se remonta a la última década, en parte con el régimen anterior, superaría los USD 500 millones.

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El régimen de promoción de la Ley de Economía del Conocimiento (LEC), bajo el cual se encuadran Mercado Libre, otras tecnológicas grandes y también pymes del sector, es objeto de críticas por parte de sectores gremiales y de la industria financiera que sostienen que una empresa de tal tamaño podría prescindir de estos subsidios estatales o cobrarlos y volverlos a volcar -por caso- al ecosistema emprendedor.

¿Es incorrecto que esté incorporado en el régimen? No, está en regla con la ley vigente de la que, además, fue uno de sus grandes impulsores. ¿La ley debería cambiar y poner el foco más en startups? No pocos creen que sí.

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Este medio le consultó a la empresa de Marcos Galperin el monto de exenciones impositivas por la LEC y antecedentes que obtuvo en los últimos 10 años, por qué cree que las grandes empresas tech deben continuar como parte del régimen y si analizó salir del esquema o destinar esos fondos a impulsar el ecosistema emprendedor y por qué no lo hizo, entre otras consultas. No hubo respuestas. Sí, luego de la nota de Infobae de la semana pasada, al igual que meses atrás, la empresa emitió un comunicado detallando los impuestos que pagan, en el que que incluye lo que le retienen a sus clientes.

“La conversación en torno a la LEC debería centrarse en los resultados que genera más que cuestionamientos ya obsoletos sobre su cumplimiento”, dijeron. Otra pregunta sin respuesta fue, justamente, sobre los por qué de esa supuesta obsolescencia mencionada.

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La ley de Economía del Conocimiento es un régimen de promoción para el sector que tuvo su origen en el esquema de incentivos al desarrollo de software que impulsó Néstor Kirchner en 2004. Las últimas grandes modificaciones y encuadres se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri y, sobre todo, en el de Alberto Fernández, con Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo.

Según información oficial de la secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento, del ministerio de Economía, hasta octubre de este año estaban inscriptas en el régimen unas 960 empresas, de las cuales 62% estaban catalogadas como “Micro”; 24% “Pequeñas”; 10% “Grandes” y 4%, “Medianas”.

“Existe una relación directa entre el empleo generado y la magnitud de los beneficios que las empresas reciben del régimen. Las pymes no solo están plenamente contempladas, sino que tienen garantizados por normativa todos los beneficios que les corresponden cada año. Las empresas grandes son las que más empleo generan, más exportan, invierten y las que enfrentan mayores exigencias para ingresar y permanecer en el régimen”, dijeron en la Secretaria, pero no informan de manera individual cómo se reparten los fondos y tampoco qué categoría de tamaño de empresas recibe más y cuáles menos.

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Desde el Gobierno sí destacaron que en los últimos cuatro trimestres se alcanzó un récord histórico en exportaciones y se superaron los USD 9.700 millones, en un sector que tiene un total de 283.500 empleos.

Marcos Galperin, cofundador y presidente
Marcos Galperin, cofundador y presidente de Mercado Libre

Argencon, la cámara que reúne a los exportadores de servicios del país, detalla que el objetivo de la ley es “promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos”.

Entre los beneficios principales se incluye un bono fiscal por el 70% de las cargas sociales de los empleados afectados a las actividades promovidas y reducción en el monto total del impuesto a las Ganancias según tamaño de los inscriptos: 60% para micro y pequeñas empresas, 40% para medianas y 20% para grandes. En cuanto a los fondos que destina el Estado –que en los últimos años se amplía por DNU ante la falta de Presupuesto votado por el Congreso– se prevé que el régimen tenga en 2026 fondos por $491.460 millones (0,05% del PBI).

“Este año se sumaron sobre todo empresas chicas. El DNU de 2024 alcanzó para los beneficios fiscales de las pymes en los 12 meses y para 9 meses de las grandes. Este año fueron 12 meses para las pymes y 5 meses para las grandes. No alcanzó para más. Creemos que el año que viene cubrirá la totalidad para las pymes y 6 meses de las restantes. “La ley ya tiene dentro de sí misma una consideración bastante marcada en favor de las pymes”, detalló Luis Galeazzi, uno de los directores ejecutivos de Argencon.

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“El régimen requiere la previa generación de empleo, y a diferencia de otros esquemas promocionales, las empresas primero crean trabajo antes de obtener el beneficio. Eso reduce riesgos de concentración de manera efectiva y posiciona a la ley como el esquema de política industrial que mejor funciona, particularmente por su foco en exportaciones y competitividad frente a países competidores como Colombia o México”, agregó Leandro Mora Alfonsín, el otro directo de Argencon y ex funcionario de Kulfas durante la gestión anterior.

Desde la cámara creen que cuanto más grande es la empresa, más exporta por empleado, y que es estratégico promover a quienes generan mayor volumen de exportaciones y arrastran al resto del sector.

Consultado sobre posibles reformas conceptuales a la ley, Galeazzi afirmó que la promoción tiene sentido “cuando el objetivo es crear empleo, aumentar exportaciones y fomentar innovación para penetrar el mercado global”. Consideró que estos conceptos están “razonablemente bien protegidos en la ley” y que “solo sería lógico introducir ajustes menores o adecuaciones por el avance tecnológico o la aparición de nuevos segmentos”. Aclaró que la ley de promoción debe diferenciarse de un régimen de subsidios, orientado a ayudar exclusivamente a pymes o startups: “Si el objetivo es subsidiar a las pymes, eso requiere otro régimen, no cambiar la ley de promoción actual”.

Una visión muy diferente tienen en el Observatorio del Trabajo Informático (OTI). Aseguran que el régimen pasó de ser de promoción a uno de concentración y que eso hace que en la actualidad termine saboteando su propio desarrollo. “Debe reformularse. Algunas claves radican en propiciar la innovación en el resto del entramado productivo, beneficiar a sus trabajadores, a las pymes y a las economías regionales para que puedan radicarse empresas en sus provincias”, dijo ante este medio Esteban Sargiotto director del Observatorio creado por la Asociación Gremial de Computación (AGC).

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“El modelo fue exitoso en sus comienzos porque generó un sector, el del software, que sumó decenas de miles de profesionales en un contexto de regulación del Estado y con muchas iniciativas público-privadas en todo el país. Pero con los cambios, un grupo muy pequeño de empresas, en general radicadas en otros países, acaparan buena parte del régimen. Son esquemas que no suelen durar más de 10-15 años en el mundo y este lleva el doble. Hay una lógica depredatoria sobre las empresas más chicas y sobre el Estado, aparte de la injusticia de que algunos de los máximos multimillonarios de la Argentina se queden con un régimen por el que terminan pagando menos impuestos que sus propios trabajadores. Sobre el ítem ‘servicios profesionales, empresariales y jurídicos’, que se lleva el mayor peso en exenciones, parece ser, básicamente, una forma que tienen algunas grandes empresas para eludir impuestos. La LEC terminó siendo una reforma tributaria encubierta para ciertos lobbies”, detalló Sargiotto.

El unicornio Globant es otra
El unicornio Globant es otra de las grandes que están dentro del régimen (REUTERS/Agustín Marcarian)

Según el OTI, con datos de 2023, entre Mercado Libre, Globant y Accenture, concentran casi el 50% del régimen. Y estiman que la proporción se mantiene en esas cifras en la actualidad.

Globant dijo que no da detalles sobre el tema aunque cumple los requisitos de la LEC: “Todas las auditorías que nos hacen están perfectas”, prometió un vocero. Accenture no respondió el pedido de Infobae.

“Existe una gran opacidad ya que no hay datos disponibles para poder hacer un cálculo exacto y actualizado. Y ese es otro de los problemas con la LEC: que el pueblo argentino aporta con sus impuestos, pero cuántos subsidios reciben la gran mayoría de las empresas sigue siendo un misterio”, agregó Sargiotto.

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Con respecto a Mercado Libre, puntualizó que goza de exenciones impositivas del Estado nacional desde hace 18 años y que recibe también exenciones provinciales y de CABA.

“El comunicado que emitieron la semana responde algo que nadie cuestionó: la objeción no es por cantidades nominales, sino por porcentaje de carga tributaria: mientras cualquier informático (incluso sus empleados) paga 35% de Ganancias, la empresa es subsidiada. Resulta cuanto menos curioso que la empresa incluya como tributos abonados las retenciones a terceros (o sea, impuestos que pagan sus usuarios). La paradoja se completa con sus propios gráficos que demuestran que los usuarios pagan más impuestos que ellos”, dijo.

“Es una injusticia de que algunos de los máximos multimillonarios de la Argentina se queden con un régimen por el que terminan pagando menos impuestos que sus propios trabajadores” (Sargiotto)

Por su parte, Juan Manuel Cheppi, ex Secretario de Economía del Conocimiento de Sergio Massa y actual concejal marplatense, también cree que hay que actualizar el régimen. “La Economía del Conocimiento se consolidó como una política de Estado que trascendió gobiernos y logró sostener un sendero de crecimiento y demostró que el sector puede ser uno de los motores más dinámicos del desarrollo. Hoy, el desafío es actualizarlo para acompañar las transformaciones tecnológicas y productivas. Esto implica fortalecer a las pymes y microempresas con instrumentos modernos, sin debilitar a las grandes que ya impulsan el ecosistema”, dijo en diálogo con Infobae.

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En medio del debate renovado, se dio un hecho paradojal: Mercado Libre reclamó días atrás “reglas claras” para la importación de productos de plataformas como Temu y Shein, una demanda que coincide con la postura de los bancos respecto a la regulación de su fintech, Mercado Pago. Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina, expresó en el Foro Abeceb: “Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”.

El ejecutivo advirtió que la entrada masiva de productos de bajo costo provenientes de China podría afectar a las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas de Mercado Libre. De la Serna alertó que este fenómeno “corre el riesgo de socavar el tejido productivo local y de poner en peligro los empleos en la región”.

“El régimen requiere la previa generación de empleo, y a diferencia de otros esquemas promocionales, las empresas primero crean trabajo antes de obtener el beneficio” (Mora Alfonsín)

Resultó llamativo que un representante de Galperin, conocido por su defensa de la no intervención estatal, realizara un pedido tan enfático a favor de la regulación. Esta solicitud generó un intercambio en la red social X entre Galperin y el diputado Miguel Pichetto, que dijo: “Mejor empezá a preocuparte, Marcos Galperin, porque las plataformas chinas te van a pasar por arriba. Ya están impactando sobre tu negocio y en la pérdida de empleo de quienes trabajan en la distribución de envíos”.

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Mientras tanto, “Meli” –tal la sigla con la que la empresa cotiza en Wall Street– no para de crecer. En el tercer trimestre de este año, tuvo ingresos netos por USD 7.400 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 39 por ciento y, según estimó, lleva 27 trimestres consecutivos con crecimiento interanual superior al 30 por ciento. En lo que va del año, su acción está en verde y con ganancias de más de 20 por ciento.

El horizonte anunció tener dos grandes hitos: Galperin dejará de ser CEO en un mes y medio, lo reemplazará en ese rol Ariel Szarfsztejn, aunque seguirá al frente de la empresas como presidente y alma mater; y buscará ser un banco en Argentina, algo que se anunció hace exactamente un año, aunque no hubo novedades públicas desde entonces.

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ECONOMIA

Sin subsidios, el boleto mínimo del colectivo se iría a $1.500, calculan los empresarios del sector

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El esquema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa un proceso de reconfiguración marcado por cambios en los costos, en la demanda y en el rol del Estado en el financiamiento. En ese contexto, desde el sector empresario expusieron estimaciones sobre el valor del servicio en un escenario sin asistencia pública.

En una entrevista en Infobae en Vivo, el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, planteó que si se eliminaran completamente los subsidios, el boleto mínimo de colectivo se ubicaría en torno a los $1.500, en base al nivel actual de costos. Actualmente, el valor se ubica en 700 pesos.

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“Si sacáramos todos los subsidios, el día de mañana el Estado diciendo que no hay más subsidios, el boleto mínimo se iría a $1.500 con el mismo sistema de transporte que tenés hoy”, sostuvo. Según detalló, ese valor surge de la suma entre lo que hoy pagan los usuarios y los aportes estatales.

En ese sentido, explicó que actualmente el sistema percibe alrededor de $1.500 por pasajero, de los cuales un 37% corresponde a la tarifa y el resto a subsidios. En ese marco, indicó que la eliminación de la asistencia implicaría trasladar ese costo total al precio del boleto.

“Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, sostuvo Luciano Fusaro, al describir el esquema actual de ingresos del sector

Fusaro aclaró que ese nivel tarifario no implicaría una mejora en la calidad del servicio. Por el contrario, remarcó que corresponde al esquema actual, que presenta limitaciones en la oferta. “Es el que tenés ahora”, señaló, al describir el funcionamiento vigente.

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En ese marco, el dirigente también planteó que un esquema de transporte con mayores niveles de cobertura y frecuencia implicaría un costo significativamente más alto. Al comparar la situación actual con la de años anteriores, señaló que recuperar un sistema como el de hace una década, con más unidades en circulación y mayor oferta de servicios, requeriría un boleto mínimo cercano a los $2.000 en un escenario sin subsidios. “Nos obligaría a tener un boleto mínimo de dos mil pesos”, explicó, al referirse a un modelo con mayor cantidad de kilómetros recorridos y presencia en horarios donde hoy la prestación se redujo, como la noche.

Durante la entrevista, el dirigente repasó la evolución del sistema en los últimos años y señaló que la situación actual se configuró a partir de distintos factores. Entre ellos, mencionó el congelamiento de tarifas durante varios años y la caída en la cantidad de pasajeros durante la pandemia.

En ese período, los colectivos circularon con baja ocupación debido a las restricciones sanitarias, mientras el boleto se mantuvo sin cambios. Esa combinación llevó a un incremento de los subsidios para cubrir costos operativos como salarios y combustible.

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Posteriormente, el esquema cambió con un proceso de ajuste que redujo los subsidios y dio lugar a aumentos tarifarios. Sin embargo, Fusaro explicó que ese incremento no compensó completamente la reducción de los aportes estatales. “Se retiró más subsidio de lo que se agregó tarifa”, afirmó.

Como resultado, la composición de los ingresos del sector se modificó. Mientras que en años anteriores los subsidios representaban la mayor parte de los recursos, actualmente la tarifa ganó participación, aunque sin revertir la caída en términos reales.

Ese escenario también se reflejó en la cantidad de pasajeros transportados. Según indicó, en la actualidad se registran alrededor de 8,5 millones y medio de viajes diarios, frente a los 9,5 millones que se observaban un año antes. Esa diferencia implicó una reducción de aproximadamente un millón de pasajeros por día hábil.

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A lo largo de la última década, la caída resultó más pronunciada. Fusaro señaló que el sistema transporta un tercio menos de pasajeros que hace diez años, en un contexto de cambios en los patrones de movilidad y en la actividad económica.

La reducción de la demanda se combinó con una disminución en la cantidad de unidades en circulación. Hace tres años, el sistema contaba con 18.300 colectivos, mientras que actualmente la cifra no alcanza los 17.000. Esa caída implicó la salida de más de 1.300 unidades.

En paralelo, el dirigente advirtió sobre el envejecimiento de la flota. En la actualidad, cerca de un tercio de los colectivos supera los diez años de antigüedad, un límite que, según la normativa vigente, no debería superarse. Esa situación se sostuvo mediante prórrogas que extendieron los plazos permitidos.

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Según indicó Fusaro, "las empresas
Según indicó Fusaro, «las empresas se están comiendo capital»

Fusaro explicó que las empresas enfrentan dificultades para renovar las unidades debido a la falta de recursos. En ese contexto, señaló que recurrieron a su propio capital para sostener la operación. “Se están comiendo el capital”, afirmó.

Ese proceso también impactó en la prestación del servicio. Uno de los cambios más visibles se registró en la reducción de frecuencias, especialmente durante la noche. Según explicó, las empresas ajustaron la oferta en función de la demanda para optimizar el uso de los recursos disponibles.

El sistema de subsidios también experimentó modificaciones en su forma de asignación. Desde octubre de 2024, los aportes comenzaron a distribuirse en función de la cantidad de pasajeros transportados, en lugar de calcularse sobre la base de los kilómetros recorridos o la cantidad de unidades en circulación. Ese cambio buscó evitar distorsiones en la operación.

En ese marco, Fusaro señaló que el sector atraviesa un proceso de ajuste que también se refleja en la estructura empresaria. A nivel general del sistema, indicó que no se registran niveles de rentabilidad. “A nivel sistema no se gana plata”, sostuvo. Explicó que algunas empresas presentan situaciones particulares, en función de su escala o integración, pero señaló que el conjunto del sector enfrenta dificultades para sostener la operación en las condiciones actuales.

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También mencionó casos de empresas que dejaron de operar, lo que derivó en procesos de reasignación de líneas. En esos casos, las autoridades realizaron convocatorias para que otras compañías asuman los servicios, en algunos casos con condiciones vinculadas a la absorción de personal o deudas.

En ese contexto, el dirigente describió un escenario de reducción progresiva del sistema. Señaló que la cantidad de unidades podría seguir disminuyendo en los próximos años, en línea con la caída de la demanda y las dificultades para renovar la flota.

Asimismo, indicó que el esquema actual genera restricciones en determinadas franjas horarias y zonas. En particular, mencionó la reducción de servicios nocturnos y la aparición de alternativas de transporte fuera del sistema formal.

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En relación con el financiamiento, Fusaro planteó que el sector considera necesario mantener algún nivel de subsidios, aunque con cambios en su implementación. En ese sentido, propuso avanzar hacia un esquema en el que la asistencia se dirija directamente a los usuarios, en lugar de canalizarse a través de las empresas.

Ese modelo permitiría establecer distintos niveles de cobertura en función de las características de los pasajeros, según explicó durante la entrevista.

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Mirá la entrevista completa a Luciano Fusaro

El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor analizó en detalle la profunda crisis que atraviesa el transporte en el AMBA. Explica cómo la combinación de tarifas congeladas, la caída de pasajeros y el ajuste en los subsidios ha llevado a una situación de desfinanciamiento y deterioro del servicio



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ECONOMIA

Precariedad laboral, quienes pierden el trabajo solo encuentran otro empleo informal

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El endeudamiento de las familias para pagar los gastos corrientes, la necesidad de sumar ingresos extra para quienes tienen ya al menos un empleo fijo y la de trabajar para quienes no lo tienen, muestran la contracara del atraso cambiario, la inflación y el aumento del desempleo en los últimos meses. La consecuencia menos evidente es la informalidad, que también sigue aumentando pese a tener vigente una reforma laboral que se propuso como respuesta oficial a la no registración laboral. 

El desempleo cerró el año 2025 en 7,5% de la población económicamente activa, afectando a aproximadamente 1,7 millones de personas según dio a conocer la semana pasaa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto al cierre de 2024 (6,4%), en un año de crecimiento económico —el PBI se expandió 3,5% punta a punta—.

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Según explicó Invecq Consulting, este desacople entre crecimiento económico y dinámica del empleo se debe a que los sectores dinámicos (agro, minería, intermediación financiera) son los menos intensivos en empleo.

«Con estos niveles, no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal», advirtió la consultora.

Empleo de menor calidad 

En términos de stock, el empleo total registró una caída de 118.000 puestos respecto al cuarto trimestre de 2023, punto de partida del actual gobierno. Sin embargo, más que la magnitud de la pérdida neta, lo que destaca es su composición: el empleo asalariado registrado del sector privado acumuló una reducción de 182.000 puestos, con caídas generalizadas en prácticamente todos los sectores, mientras que el empleo informal creció en 376.000 puestos, calcularon.

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Esto amortiguó parcialmente el impacto sobre las cifras de desocupación, pero a la vez evidencia un proceso de sustitución hacia formas de trabajo más precarias y sin cobertura social.

Y la consultora aclara que no se trata, como deslizaron desde ciertas esferas del poder, del paso de trabajadores hacia el empleo independiente mediante plataformas, sino que la precarización del trabajo se extiende a sectores tradicionales.

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Cuántos trabajadores informales sumó cada sector:

  • Comercio +210.000 puestos informales (los registrados privados en ese rubro apenas crecieron 4.000)
  • Industria manufacturera +87.000 trabajadores no registrados (perdió 63.000 puestos formales).
  • Construcción perdió simultáneamente puestos formales (47.000) e informales (96.000
  • Sector público: caída de 80.000 empleos registrados.

«Por lo tanto, parte de los trabajadores que antes operaban dentro del sistema formal pasaron a la informalidad o solo encontraron empleo bajo esa condición,» concluye Invecq Consulting.

Endeudamiento de las familias

Con mayor desempleo y aumento de la informalidad se potencia el fenómeno de los «trabajadores pobres» que desde hace años aqueja al mercado laboral argentino: personas que con trabajos fijos o incluso formales no llegan a cubrir la canasta básica total y buscan más horas remuneradas.  

El Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora de marzo mostró que el endeudamiento de los hogares se consolidó como la principal respuesta frente al deterioro de los ingresos: el 56,4% tomó crédito en los últimos seis meses y, dentro de ese grupo, casi 9 de cada 10 ya presentó dificultades para pagarlo.

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Lejos de estar asociado a decisiones de inversión, el crédito se orientó mayormente a cubrir gastos básicos, en un contexto donde el 83,9% afirmó que su salario no le gana a la inflación y más de la mitad de la población no logra llegar al 20 de cada mes. El fenómeno describe un cambio en la función de la deuda: deja de ser una herramienta financiera y pasa a convertirse en un mecanismo de subsistencia.

Este comportamiento no aparece de manera aislada, sino que se inserta en una percepción social más amplia de fragilidad. Más del 53% de la población se representa como clase baja no sólo como una definición identitaria, sino como la expresión de una experiencia económica concreta, que también se refleja en la evaluación del contexto general: cerca de 6 de cada 10 consideran que la situación del país es mala o muy mala.

El endeudamiento ya es parte de la dinámica cotidiana y no un evento excepcional; es un recurso recurrente para compensar la pérdida de poder adquisitivo y la fragilidad del empleo. El 83,9% de los consultados por Zentrix afirma que su salario no le gana a la inflación. A esto se suma el dato del INDEC: hoy 3,7 millones de ocupados buscan sumar más horas e ingresos.

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«Esto no es reciente, sino que es la consecuencia de un mercado de trabajo degradado desde hace tiempo», mencionó la Fundación Mediterránea en un informe que firman Laura Caullo y Federico Belich, responsables de la sección Social-Laboral. El mismo indica que de los 21 millones de ocupados, más de 3,7 millones son trabajadores que, aun teniendo empleo, buscan activamente otro trabajo o una mayor carga horaria. En algunos casos, porque no logran completar una jornada plena; en otros, porque el ingreso que obtienen no alcanza. En este contexto, el pluriempleo deja de ser una excepción y empieza a consolidarse como estrategia para sostener ingresos.»

A nivel sectorial, las mayores tasas de búsqueda de empleo adicional se observan en actividades como:

  • servicio doméstico (30,7%),
  • hoteles y restaurantes (25,5%)
  • construcción (23%)

En el extremo opuesto, los sectores con menores tasas son minería e hidrocarburos, con 6,4%, actividades financieras, con 8,3%, y servicios inmobiliarios, con 9,7%.

Asimismo, la necesidad de complementar ingresos es más frecuente entre los jóvenes, especialmente en las primeras etapas de inserción laboral, 23% entre menores de 19 años, y entre las mujeres 16,6%.

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Este think tank calcula que al sumar a los desocupados con los ocupados que buscan trabajar más horas o mejorar su situación laboral, la presión sobre el mercado de trabajo asciende al 24% de la población económicamente activa. En términos absolutos, esto equivale a más de 5 millones de personas. 

Qué se espera a futuro

Para 2026, Invecq Consulting proyecta crecimiento en los sectores intensivos en trabajo, pero de magnitud acotada:

  • industria +1%
  • comercio +1%
  • construcción +5%
  • agro +5%
  • petróleo y gas +5%
  • minería 5%

En ese marco, la consultora mantiene su proyección de tasa de desempleo en 7,5% para 2026, incluso considerando que el PIB crecería por dos años consecutivos. 

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ECONOMIA

El precio de la nafta en la Argentina se ubica entre los tres más caros de la región

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El conflicto internacional en Medio Oriente influye en el costo del petróleo y se refleja en los surtidores argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras los aumentos en el precio internacional del petróleo generados a partir de la escalada bélica en Medio Oriente, la Argentina registró aumentos en los precios locales de los combustibles que la ubican entre los más caros de la región. Según un relevamiento del sitio GlobalPetrolPrices, el precio del litro de nafta en el país alcanza a USD 1,343, superado dentro de la región únicamente por Uruguay (USD 1,899) y por Perú (USD 1,343).

Los precios del litro de nafta muestran una dispersión considerable en los distintos países sudamericanos. En el extremo opuesto a Uruguay aparece Venezuela, el más bajo, con 0,035 dólares. Ecuador ofrece uno de los precios más accesibles con USD 0,729, al igual que Bolivia, donde el litro se sitúa en 1,009 dólares. Chile establece el precio en 1,337 dólares. Colombia, por su parte, ubica el valor del litro en 1,079 dólares. En Paraguay, adquirir un litro de nafta implica pagar USD 1,052 dólares, mientras que en Brasil cuesta 1,229 dólares.

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El conflicto en Medio Oriente que empezó a fines de febrero impactó de manera directa en el costo del petróleo, lo que llevó a que el barril de Brent superara los 100 dólares en el mercado internacional. Este escenario global provocó una aceleración en el valor de los combustibles en la Argentina, cuyo precio en los surtidores escaló cerca de un 9% desde el inicio de la crisis.

infografia

La consultora EcoGo reportó que el índice de precios promedio de las naftas y el gasoil avanzó de 136,3 a 148,2 entre el 26 de febrero y el 16 de marzo, siempre con base en enero de 2025 igual a 100. Este salto del 8,67% rompió la tendencia de incrementos moderados que se había registrado durante los primeros meses del año. La suba se trasladó de forma casi plena a los valores que pagan los usuarios finales.

El presidente del Instituto de Energía Argentina General Mosconi, Jorge Lapeña, el Estado argentino cuenta con herramientas para evitar que los precios locales repliquen automáticamente los valores internacionales, priorizando el abastecimiento interno. Sin embargo, la política implementada en las últimas semanas se orientó hacia la aplicación del concepto de “paridad de exportación”, que implica que el precio interno refleje la evolución del mercado internacional y la capacidad del país de obtener divisas por la exportación de hidrocarburos.

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El gobierno sostuvo que buscará amortiguar el impacto de las subas. Horacio Marín, presidente de YPF, declaró que la empresa intentará “amortiguar los aumentos” con una política de “micropricing”, aunque no confirmó hasta qué punto podrá hacerlo ni cómo reaccionarán las otras compañías del sector, como Shell, Axion y Puma. El exsecretario de Energía y expresidente de YPF, Daniel Montamat, explicó que las refinadoras no integradas pagan actualmente precios internacionales y que los combustibles todavía no están ajustados completamente a esos valores.

La volatilidad internacional también complicó las previsiones a futuro. El barril de Brent tuvo fuertes oscilaciones en función de la evolución del conflicto en el Golfo y la situación en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y el 33% del GNL mundial. Las acciones bélicas en la región provocaron daños estructurales en infraestructuras de Irán y Qatar, lo que llevó a los mercados a anticipar aumentos duraderos en los precios de los combustibles a nivel mundial.

Foto: Reuters
Foto: Reuters

El traslado de los incrementos al consumidor repercutió de inmediato en la inflación local. Según un análisis de GMA Capital, el índice de precios al consumidor podría ubicarse en torno al 2,8% en marzo, en línea con los registros de los meses previos. La consultora calculó que un aumento del 10% en el valor de los combustibles suma 0,37 puntos porcentuales adicionales a la inflación, aunque el impacto final depende de la política comercial de las petroleras y la evolución del conflicto internacional.

El Congreso debatió un proyecto de ley impulsado por legisladores del kirchnerismo para restablecer un mecanismo de información anticipada sobre cambios en los precios de los combustibles, derogado anteriormente por la resolución 717/2025. El objetivo es que las petroleras y el Estado deban informar con al menos 72 horas de antelación cualquier ajuste, una práctica que hasta ahora no es obligatoria. Un amparo colectivo cuestiona este régimen y la Justicia deberá definir si corresponde restaurar el sistema previo.

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La Secretaría de Energía modificó el período estacional para la licitación de importación privada de GNL, lo que posterga el traslado a precios locales del gas importado hasta mayo. Esta decisión busca demorar el impacto de los mayores costos internacionales en los valores que abonan los usuarios argentinos durante el invierno.



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