La reforma laboral está, otra vez, en el centro de la escena. Es una de las grandes reformas que impulsa el Gobierno, por el momento con poco consenso entre las partes que la discuten de manera oficial.

Luego de una semana en la que la crisis industrial –con despidos en Essen, Whirlpool y otras que coparon los portales y las redes– también ganó protagonismo a pesar de los números de actividad y de otra chicana de Luis “Toto” Caputo sobre el “no-atraso” cambiario.

A contrarreloj, las autoridades se sientan a la mesa del llamado Consejo de Mayo con representantes de las empresas, el Congreso y los gremios. Si bien todavía no se presentó de manera oficial, la propuesta apuntará a reducir los niveles de informalidad: según los últimos datos del Indec, el 43,2% de los trabajadores argentinos está en “negro”.

Se espera que el borrador final del proyecto esté la semana próxima, justo antes del comienzo de las sesiones extraordinarias, donde se buscará tratar esta reforma y otras. Así se definió la semana pasada en la primera reunión del Consejo que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También estuvieron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; Gerardo Martínez, de la CGT, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

Es bastante poco probable que haya un proyecto único y consensuado. Así, el trabajo y las presiones de lobbies y grandes estudios de abogados están a la orden del día.

¿Qué opinan los principales empresarios argentinos sobre los cambios? Mientras esperan la letra chica del proyecto, un grupo de grandes empresas que emplean unos 150.000 trabajadores dieron sus puntos de vista sobre lo que, esperan, se defina en cuanto a cambios laborales.

Son compañías como Coto, Techint, Telecom, Arcor, Swiss Medical, Mercado Libre, Grupo Perez Companc, Changomás, Banco Macro y Grupo Newsan. La lista sigue.

“La UIA espera que la nueva legislación laboral mejore la competitividad de todas las empresas argentinas y sobre todo del sector transable, que compite con el mundo, a través de la reducción de costos”, le dijo Rappallini a Infobae. “Una parte de esos costos se debe a la alta litigiosidad que tenemos, a pesar de la baja importante que hemos logrado en la siniestralidad. Además, queremos tener la facultad básica de administrar y aumentar la productividad interna y ordenar el funcionamiento de nuestras fábricas, sin bloqueos ni acciones que pongan en riesgo el empleo y la producción”, agregó el titular de la UIA.

El discurso de la entidad fabril, claro, refleja buena parte del sentir del sector, con Techint y Paolo Rocca a la cabeza. Es uno de los segmentos de la economía más golpeados por la caída de la actividad y la apertura económica –que de cara al acuerdo comercial con EEUU se espera que sea mayor.

La tensión con el Gobierno es evidente (aunque sus dirigentes busquen por momentos bajar el tono), tanto como el contraste con otras entidades empresariales, como la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural, abiertamente a favor del Milei, sus medidas y su estilo de gobernar.

“Aunque entendemos y compartimos la orientación de ir hacia un orden macroeconómico y bajar la inflación, vemos que las compañías transables, sobre todo las industriales, estamos cargando con un montón de peso, mochilas y distorsiones que hacen complejo competir en un mundo muy agresivo en términos comerciales. Por eso alertamos que tiene que haber una transición que contemple estas distorsiones”, dijo Rappallini hora atrás en Infobae en Vivo.

El propio Rocca reclamó recientemente una política industrial más sólida, en medio de la tensión comercial con China que afecta, puntualmente, a su sector, el acero. Pidió también una reforma laboral para reducir la informalidad, la litigiosidad y permitir la flexibilidad que aumente la productividad. “Hay que construir consenso y una posibilidad de transformación positiva”, dijo a mediados de mes en la Conferencia de la UIA.

El peso de Techint en la entidad es histórico e innegable. Y no sólo eso: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los grandes interlocutores de los cambios que vendrán, fue por años jefe del departamento jurídico laboral del Grupo. Por medio de sus compañías –Ternium, Tenaris, Techint Ingeniería y Construcción y Tecpetrol– el grupo tiene unos 18.600 empleados.

Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, suma unos 9.000 empleados entre todas las empresas del grupo de salud privada que encabeza. El empresario aseguró ante Infobae que como empresario que da trabajo hace 30 años, cree necesario presentar bien el concepto de reforma laboral y no “venderla” como una pérdida de derechos para los trabajadores.

“Si se hace eso sería un gran error. Por otro lado, es evidente que hay abusos escandalosos en el mundo de los litigios laborales que se llevan puestos a las pymes y que a las grandes empresas les generan costos extraordinarios que las hacen pensar mucho a la hora de contratar. Hay que determinar reglas de juego claras y no dejar las cosas a la interpretación de los jueces, que lamentablemente en el fuero laboral vienen siendo catastróficos», enfatizó.

Belocopitt agregó que el objetivo de los cambios no es extender la jornada laboral, pero que sí eso pueda hacerse si se pacta entre las partes. “En el sector de la enfermería, por ejemplo, hay quienes tienen dos trabajos porque no pueden estar más horas en el mismo lugar. Es anacrónico. Los empleados que trabajan en el sector de rayos, por caso, tienen regímenes especiales, pero porque se toman las especificaciones técnicas de equipos que llegan a tener 50 años. Se pierde el sentido común. Además, tengo una ART y todo lo que está sucediendo alrededor de las demandas de trabajo es una absoluta estafa. Hay que terminar con un esquema que beneficia a cinco vivos. Si desaparecen las ART el costo laboral para las empresas va a ser fulminante”, explicó.

Según destacó el viernes este medio, el año terminará con un récord de 130.000 juicios por accidentes laborales. La presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por la reforma laboral destacó: “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.

Bajo la perspectiva de la UART, el debate actual se centra más en los litigios por despidos, trabajo en negro e incidencias similares que en lo que ocurre con los procesos legales abiertos por riesgo laboral.

Por suparte, Belocopitt destacó que si bien nadie de su sector fue convocado aún a las discusiones sobre la ley que vendrá, cree que va a primar el sentido común y no se “perderá una oportunidad importante para generar trabajo”. ”Quiero ser optimista con esta reforma porque el Gobierno está aplicando ese sentido común a muchas posiciones que los empresarios han venido planteando y ese es el círculo virtuoso que necesita cualquier país”, cerró.

Mercado Libre, el unicornio del e-commerce y los pagos online que vale USD 105.000 millones, según cotizan sus acciones en Wall Street, es otro de los grandes empleadores locales, con unos 15.300 trabajadores directos en el país. La cuenta supera los 100.000 en todas sus operaciones de la región. Si bien la empresa optó por no dar su punto de vista sobre la reforma laboral para esta nota, la postura de su fundador y alma mater, Marcos Galperin, parece muy clara al respecto.

En una entrevista con CNN de 2018, el empresario más rico del país, dijo: “El marco laboral argentino es terriblemente anticuado. Está hecho para un país de hace 100 años. Protege empleos de la era industrial que son los empleos repetitivos que los robots y las máquinas van a reemplazar, y los protege tan fuerte que no permite que se generen empleos nuevos. Para hacer esto peor, los países vecinos y socios comerciales tienen un marco laboral absolutamente moderno. Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia”.

Un año después, el gobierno de Mauricio Macri le aprobó a Mercado Libre un convenio colectivo con el Sindicato de Carga y Descarga, que tiene alcance en el megacentro de distribución que la empresa tiene en la zona del Mercado Central y que le generó más de un dolor de cabeza con Camioneros. No son pocos los que ven en ese acuerdo un antecedente de los cambios que impulsa hoy el Gobierno.

El grupo Newsan, que fundó Rubén Cherñajovsky en 1991, es otro de los grandes empleadores locales, con 9.000 trabajadores y negocios en electrónica, pesca, alimentos y productos de cuidado personal y salud, entre otros.

“Nuestro marco laboral tiene 60 años y eso conspira contra la creación de nuevo empleo. Ese es el meollo del problema: ni protege al trabajador, ni alienta la creación de empleo. Lo único que hizo fue hacer crecer la informalidad. Los costos de salida son centrales en ese contexto, es increíble que no se puedan calcular, junto con la rigurosidad de los convenios y la falta de asociar el salario a cómo le va la empresa, para bien y para mal”, dijo Luis Galli, presidente de Newsan.

A la hora de pensar en lo que podría venir, Galli enumeró los siguientes puntos: acotar la indemnización de salida, incorporar el salario dinámico, sumar agilidad y flexibilidad para sumar competitividad y bajar costos. “A veces preferimos darle horas extras a los empleados que tenemos y no tomar nuevos. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a costar. Necesitamos también que se amplíe el mapa del empleo formal para competir de igual a igual. La nueva ley tiene que promover el trabajo formal, que junto con el contrabando son dos de los grandes problemas de la economía argentina”, afirmó Galli.

Desde Arcor, una de las principales empresas alimenticias del país, aseguraron que es importante avanzar en una actualización del marco laboral que acompañe la evolución del mercado de trabajo y contribuya a impulsar la productividad y la generación de empleo formal. “De manera complementaria, una reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca la carga sobre la producción es clave para crear condiciones estables de inversión y crecimiento. También resulta necesario abordar desafíos estructurales como infraestructura, logística o litigiosidad, entre otros, que siguen afectando la competitividad. La competitividad es parte de nuestro ADN exportador. Confiamos en que estas reformas puedan mejorar la competitividad, potenciar la presencia global de la industria argentina y contribuir a un desarrollo sostenible”, destacaron en la empresa que preside Alfredo Pagani, y que tiene 20.000 trabajadores.

Desde el sector de los supermercados, por su parte, piden avanzar en cambios en el convenio colectivo. “La reforma para un gran empleador es un buen camino, pero no significará más empleo. Son cambios para adelante pero el nuestro es un sector con mucha antigüedad. Habrá aún pocos incentivos para salir a contratar como entiendo que cree el Gobierno que ocurrirá”, dijo una destacada fuente del segmento.

En general, los supermercadistas ven interesante el banco de horas y piden poner el foco en cómo se integran los beneficios sociales, un capítulo que entienden es una buena forma de captar talento sin subir tanto los costos. “Serían ideales los bonos de crédito fiscal para contrataciones y también para contratar ex empleados públicos”, agregó la fuente.

Otro referente del rubro alertó sobre las denuncias por inconstitucionalidad que podrían seguir a una aprobación, más allá de que la reforma salga del Congreso. “Opinar sobre borradores es alquimia, pero más allá de eso, el fondo de desempleo no nos convence porque tiene un costo altísimo y puede ser un gran negocio para las negociaciones paritarias. Se habla de que se podría crear por convenio colectivo, pero eso sería mover una masa gigante de dinero. Ya pasó en otros casos y nunca termina bien. Tampoco convence la negociación empresa por empresa: hay que ver cómo lo plantean, pero no es buena para los grandes del comercio. También son contraproducentes las paritarias regionales. El banco de horas sirve para la industria, pero no para nosotros”, reflexionó y pidió anonimato.

Días atrás, este medio publicó en exclusiva el borrador que se discute en el Consejo de Mayo.

El mismo, que tiene el molde de las empresas y hay que ver qué aval tiene en el Gobierno y los gremios, redefine los alcances de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y propone un nuevo esquema para la registración, los beneficios sociales, las indemnizaciones y los regímenes contractuales, al tiempo que introduce regulaciones específicas para sectores como plataformas tecnológicas y profesiones liberales. La propuesta mantiene la irrenunciabilidad de derechos pero exige que cualquier acuerdo entre partes cuente con homologación judicial o administrativa. Además, la antigüedad laboral podrá acumular períodos sucesivos e incorporar lapsos anteriores al reingreso si este sucede en menos de dos años respecto a la desvinculación.

Si bien puede cambiar, entre otros el borrador contempla:

• En los contratos tercerizados, el Gobierno plantea convertir la responsabilidad de la empresa principal en subsidiaria y no solidaria, salvo irregularidades en la registración, aportes o seguros.
• Faculta al empleador a modificar las condiciones de la prestación laboral en tanto no cause perjuicio al trabajador.
• En relación a las vacaciones, se establece un período obligatorio entre el 1º de octubre y el 30 de abril, la posibilidad de fraccionar por lapsos no menores a siete días y la reprogramación en casos de enfermedad.
• Figura una ampliación de los beneficios sociales considerados no remunerativos. La reforma incorpora prestaciones de salud, guardería, provisión de útiles escolares, gastos de sepelio, suscripciones a gimnasios y la provisión de herramientas tecnológicas, ninguna de las cuales integrará la base de cálculo para salarios ni aportes patronales.

• Prevé la incorporación temporal de componentes salariales dinámicos y la exclusión de diversos pagos de la remuneración, como viáticos documentados y reintegros.
• Introduce los bancos de horas mediante convenios colectivos, habilitando regímenes de compensación y flexibilidad en la jornada según el ciclo productivo. El proyecto permite calcular la jornada máxima según promedios, mantiene descansos mínimos entre turnos y asegura un descanso semanal de al menos 35 horas.
• Durante ausencias por enfermedad o accidente, el trabajador percibirá una prestación equivalente al 80% del salario neto, ajustable de acuerdo a antigüedad y cargas de familia, siempre con control médico digital autorizado por el empleador.
• La indemnización por despido se unifica en el pago de un mes por año de servicio, con tope y piso definidos sobre la base de la mejor remuneración, y permite sustituir el mecanismo tradicional por fondos de cese laboral o seguros sectorizados.
• Se reorganiza la respuesta ante conflictos en servicios esenciales y actividades trascendentales, estableciendo un funcionamiento mínimo del 75% en sectores críticos y del 50% en sectores estratégicos como salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sin dudas, es una de las grandes banderas del mileísmo para lo que vendrá en el corto plazo. La reforma laboral entusiasma a los grandes empresarios que, igual, ponen algunos cuestionamientos. Es tiempo de descuento para un proyecto que no será consensuado y que probará el nuevo número y esquema de alianzas del Gobierno en el Congreso.