ECONOMIA
Clima de Negocios: Qué pasará con Vicentin, la cerealera que casi expropian los K y por la que pujan dos gigantes del agro
Es una historia larga y con polémicas varias. Tiene damnificados económicos y unos 1.000 empleados con muchas dudas. También una trama judicial compleja, una deuda multimillonaria que generó el concurso de acreedores más grande de la historia argentina, muchos intereses detrás y hasta un banderazo nacional como protesta porque, claro, la política metió la cola.
Como sea, la historia de Vicentin, la casi centenaria agroexportadora argentina que el kirchnerismo quiso expropiar en plena pandemia, tuvo accionistas con vínculos cercanos con el macrismo, llegó a ganarle en exportaciones a todas las multinacionales del sector y facturar USD 4.300 millones por año, entró en default y quedó al borde de la quiebra, ahora parece encaminar su destino en medio de pujas corporativas y rumores.
El caso está en la Justicia desde hace varios años y ahora atraviesa un cramdown, un salvataje que es el proceso previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedársela. Esta última chance de supervivencia venció el viernes y enfrenta a dos pesos pesados: Grassi, una histórica cerealera santafesina; y Molinos Agro junto a Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.
La disputa por el control se intensificó en las últimas horas, cuando los dos grupos económicos afirmaron haber reunido las mayorías exigidas por el proceso de cramdown para quedarse con la compañía. Cada uno lo hizo bajo criterios diferentes y con cuestionamientos cruzados sobre la legitimidad de los apoyos obtenidos. Grassi hizo la primera presentación y sólo por eso podría ser el ganador, pero su contendiente impugnó una parte de sus avales. Decidirá desde el lunes el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe.
El viernes por la tarde, el directorio de Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participación activa desde el inicio del default de Vicentin, hace más de cinco años, y su rol en la búsqueda de una solución que permitiera honrar las deudas y reparar el daño sufrido por productores y acreedores.
Casi en paralelo, aunque minutos más tarde, Molinos Agro y LDC informaron que también superaron los requisitos de adhesión y remarcaron que sus apoyos eran de “acreedores legítimos”. Esta distinción surge porque ambos grupos impugnaron la validez de asociados de Grassi, lo que profundizó la controversia sobre la composición de las mayorías.
“Las presentaciones ya se hicieron, los síndicos dijeron que el juez no tenía que abordar ese tema hasta que terminara el período de conformidades. El lunes, el juez hará las verificaciones y se expedirá sobre las impugnaciones planteadas”, le aseguraron a Infobae representantes de las empresas. Ambas afirman que obtuvieron más de 1.200 adhesiones y que superaron los dos tercios de capital en cada categoría de acreedores legítimos.
Días antes, Molinos y LDC habían solicitado la exclusión del proceso de Grassi y su vinculada Commodities (porque dijeron que había autovoto, algo que impediría la Ley de Quiebras); del fondo Avir South, controlado por Cima Investments, de Esteban Nofal (que, argumentaron, que en parte está fondeado en parte por la familia Grassi); y de Vicentin Paraguay. Sin ellos en la cuenta final, dicen, Grassi no alcanza los números requeridos.
“Además, Nofal no votó por nuestra propuesta aunque era mejor. Debió hacerlo, fue contra su propio beneficio. Está claro que es parte interesada. Veremos qué dice el juez el lunes. Seguimos recibiendo conformidades anoche y tenemos aún más adherentes. Creemos que ganamos porque las impugnaciones y exclusiones que planteamos son correctas. Nosotros hicimos lo que había que hacer, conforme a la ley”, destacaron desde ambos lados de la puja.
El titular de Cima Investments, uno de los hijos de Luis Nofal, el histórico socio de Carlos Ávila en Torneos y Competencias, acaba de comprar Celulosa Argentina por 1 dólar, y el año pasado se quedó con la deuda que tenían en Vicentin varios bancos internacionales.
“La ley habla de quien llega primero, esto no fue una licitación ni una competencia. Era una carrera por las mayorías y ganamos. La sindicatura puso la lista de acreedores y los porcentajes a alcanzar. La gran mayoría nos apoyó”, destacó en diálogo con Infobae Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la empresa homónima. La empresa dice que sumó el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.
“Las impugnaciones fueron hechas para disuadir que nos voten, pero no lo lograron. Deberían hacerlas después, además, pero no hay chances que no tengamos los números, se cuente como se cuente. Va a haber una resolución rápida y esperamos tener el control de la compañía pronto”, agregó.
Grassi aseguró que siempre apostaron por la continuidad de Vicentin, no por su desguace, y por sumar más competencia al sector. “Las impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, destacó el empresario.
La opción de Molinos Agro y LDC fue optimizada en los últimos días antes del cierre del plazo del viernes. El esquema contempla el pago total del 100% de las acreencias menores a USD 130.000 a los 30 días de la homologación judicial, cifra que incluye a casi el 80% de los acreedores reconocidos. Para los créditos de entre USD 130.000 y USD 400.000, se ofreció abonar el 50% de la deuda a los 30 días, el 55% en un plazo de tres años o el 70% en diez años, siempre con un interés anual del 4 por ciento. Para las deudas de más de USD 400.000, el plan incorporó un anticipo de USD 25.000 en efectivo al mes de la homologación, junto a un pago del 40% en el plazo de una década y la opción de capitalización en acciones preferidas.
Este modelo otorga además un pago complementario eventual sujeto a quebrantos fiscales. El volumen total de desembolsos propuesto se estima en USD 350 millones destinados a los acreedores, más otros USD 300 millones orientados al capital de trabajo, los pasivos post-concursales y el relanzamiento de las plantas industriales de Vicentin.
Los representantes de Molinos Agro y LDC señalaron que sus planes incluyen preservar aproximadamente 1.100 puestos de trabajo, ejecutar inversiones por entre USD 50 y USD 70 millones y mantener acuerdos operativos vigentes, algunos logrados con la Unión Agrícola Avellaneda para el denominado Nodo Norte.
Del otro lado, la propuesta de Grassi se mantuvo como la primera alternativa formalizada en el proceso judicial, orientada a evitar la quiebra y tomar el control empresario sobre Vicentin. El plan presentado contempló la conversión de todos los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreció un menú de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.
Entre los productores y recibidores de granos, el esquema propuso entregas de soja a lo largo de diez años, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada y hasta un 200% de recupero del crédito en dólares, apoyo mediante fideicomisos con recuperos entre 80% y 120%, y anticipos de efectivo inmediatos por hasta el 50% del monto reclamado.
En junio de 2020, en plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández anunció por decreto la intervención de la empresa y propuso su expropiación, citando deudas impagas y el riesgo para la soberanía alimentaria. Un año antes, la compañía se había declarado en “estrés financiero” y esa situación avanzó con cierre de fábricas, cientos de trabajadores en ascuas y un pasivo de más de 1.400 millones de dólares. Fue muy polémico y cuestionado un préstamo que le había otorgado el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos.
El poderío de Vicentin comenzó a cimentarse en 1929 en las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista de la mano de tres hermanos –Máximo, Pedro y Roberto Vicentin, que habían emigrado desde Italia una década antes– y llegó a convertirse en uno de los principales exportadores de granos y de carne vacuna del país.
El emprendimiento prosperó y, en 1937, se transformó en una planta desmotadora de algodón, a la que se sumó una pequeña fábrica de aceite. En aquellos años, la soja aún no formaba parte de la producción local, la molienda se centraba en algodón, lino y maní.
El salto hacia la agroexportación se produjo en 1979, cuando Vicentin construyó una nueva planta de extracción en San Lorenzo, a orillas del río Paraná. Luego se asoció a la multinacional Glencore para construir una de las primeras plantas de biodiésel del país, Renova, en un contexto en el que la soja ya dominaba la producción agrícola argentina y puso en marcha una planta de bioetanol de maíz en Avellaneda. Es la más grande del mundo en su tipo y la inauguró Cristina Kirchner.
La segunda generación de la familia, representada por figuras como Alberto “Beto” Padoán –que luego presidió la Bolsa de Comercio de Rosario y fue procesado, y sobreseído, en la causa “Cuadernos”– impulsó la gran expansión del grupo y mantuvo vínculos con la política. La tercera generación familiar, que fue más audaz y menos conservadora, asumió un papel protagónico en la toma de decisiones, especialmente en la expansión financiada con endeudamiento. Entre sus miembros destacados estuvieron Sergio “el Mono” Nardelli, hijo de una Vicentin y sucesor de Padoán, así como Máximo (“Maxi”) y Cristian, hijos del expresidente de la Bolsa de Rosario. También se incluye allí a Gustavo Nardelli.
La propuesta de Fernández generó una fuerte reacción social y política. Hubo protestas masivas, particularmente en la provincia de Santa Fe, y la oposición criticó duramente la medida. Un mes después, ante el rechazo generalizado, el Gobierno retiró el decreto de expropiación, dejando el futuro de la empresa en manos de la Justicia. La empresa continuó con el concurso de acreedores que había iniciado a fines de 2019. En agosto de 2020 falleció de un infarto Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, y nieto del fundador de la empresa.
Entre 2021 y 2023, la causa avanzó en el fuero penal, y más de una docena de exdirectivos de la cerealera fueron imputados por estafa, acusados de fugas de dinero y lavado. El proceso judicial fue lento. La principal disputa se centró en el plan de pago que la empresa presentaba a sus acreedores en el marco del concurso preventivo. En un momento, el expediente incluso se extravió en la Corte Suprema de Santa Fe, lo que provocó una gran demora. Un año después, la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó un acuerdo preventivo que Vicentin había logrado con sus acreedores. Se consideraba un paso crucial para la salvación de la empresa, ya que la sacaba de la cesación de pagos.
Este mes llegó el cramdown y la causa penal por presunto fraude contra los exdirectivos también continúa en curso.
La definición sobre el futuro de Vicentin queda ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar las impugnaciones y determinar cuál de los grupos cumplió efectivamente con los requisitos legales para quedarse con la empresa. La decisión será crucial para el destino de la agroexportadora, sus trabajadores y los vínculos productivos que mantiene en el norte santafesino.
ECONOMIA
Cuánto subirán las jubilaciones y pensiones en abril después del dato de inflación que sorprendió
Jubilaciones y pensiones tendrán un nuevo ajuste en abril de 2026. El Indec publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, que marcó un incremento del 2,9%. Esa cifra define automáticamente cuánto subirán los haberes el mes próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará ese porcentaje en la actualización de todas las prestaciones. El sistema vigente establece que los montos se modifican mensualmente según la inflación informada dos meses antes.
En la práctica, los haberes de abril aumentarán 2,89% respecto de los valores que cobran los beneficiarios en marzo. Así, la jubilación mínima pasará a ser de $380.286,25, mientras que con el bono extraordinario el monto total alcanzará los $450.286,25.
Este mecanismo de actualización mensual reemplazó al esquema trimestral que estuvo vigente hasta principios de 2024. El objetivo fue acortar la brecha entre los ingresos previsionales y el alza de precios.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en abril 2026
El organismo previsional ajustará no solo jubilaciones y pensiones, sino también las asignaciones familiares y universales. Los montos confirmados para abril son los siguientes:
- Jubilación mínima: $380.286,25
- Jubilación mínima con bono: $450.286,25
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.243,19
- PUAM con bono: $378.314,27
- Pensiones no contributivas: $266.170,81
- Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48
- Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00
En cuanto a las asignaciones, los valores quedarán así:
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $136.653,44
- AUH con Discapacidad: $444.946,22
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03
- Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24
Estos montos representan un incremento directo sobre los haberes de marzo, que ya habían incorporado el ajuste correspondiente al IPC de enero.
Cómo funciona el sistema de movilidad jubilatoria mensual
El esquema actual fue implementado por el Decreto 274/2024 y marcó un cambio profundo en la forma de actualizar las prestaciones. Las actualizaciones se efectúan automáticamente cada mes utilizando el IPC de dos meses previos, lo que permite acompañar de manera más ágil la evolución de los precios.
Antes de este cambio, los ajustes se realizaban cada tres meses. Eso generaba desfasajes más pronunciados entre el momento en que subían los precios y el momento en que los jubilados recibían la compensación.
La normativa busca minimizar esos rezagos. Cada vez que el Indec publica el dato de inflación mensual, Anses ya tiene definido el porcentaje que aplicará dos meses después.
En el caso de abril, el índice utilizado es el de febrero. Para mayo, se tomará el dato de marzo, y así sucesivamente. El mecanismo se repite mes a mes sin necesidad de decretos adicionales.
Cuándo cobran jubilados y pensionados en abril
El cronograma de pagos de ANSES para abril se confirmará en los próximos días. Habitualmente, los pagos se organizan según la terminación del documento nacional de identidad (DNI) de cada beneficiario.
Las acreditaciones de jubilaciones y pensiones mínimas suelen realizarse en la segunda semana del mes, mientras que los haberes superiores al mínimo se pagan en la tercera semana.
El organismo continúa abonando en estos días los haberes correspondientes a marzo, que ya incorporaron el último ajuste derivado del índice de precios de enero.
Con este nuevo incremento, los beneficiarios de Anses recibirán en abril una actualización que refleja la inflación de febrero. El sistema de movilidad jubilatoria mensual sigue operando de manera automática, sin cambios en su estructura desde su implementación a principios de 2024.
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La inflación no cede y los precios de los insumos básicos tampoco. Según un informe publicado por el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2,7% en febrero pasado, con lo que alcanzó un valor de $1.397.672. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 3,2% y llegó a los $644.088 para una familia tipo.
Cabe recordar, que la CBT mide el total de gastos que debe hacer una familia para cubrir el 100% de sus necesidades básicas durante un mes. Eso quiere decir que los hogares con ingresos inferiores a ese valor, son técnicamente consideradas “pobres”. La CBA, en cambio, mide únicamente el costo de los alimentos y los hogares que no llevan a cubrirla entran en la categoría de “indigentes”.
Al momento de analizar los números en mayor detalle, se encuentran algunos aspectos positivos y otros negativos. Comenzando por la CBT, los datos informados por el Indec muestran que el aumento registrado en el segundo mes del año fue inferior a la inflación general, que llegó al 2,9% en febrero. Otro dato alentador, es que ya van dos meses consecutivos con desaceleración del ritmo de aumento de la Canasta Básica Total. En detalle, la suba de la CBT había sido de 4,1% en diciembre y de 3,9% en enero.
Ahora bien, lo negativo, es que pese a mostrarse en un camino descendente, los precios que componen la CBT siguen por encima de la inflación general en el acumulado del año. De acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total subió 6,8% en el primer bimestre, mientras que el IPC marcó una variación del 5,9% en ese mismo período. Aunque la diferencia parece poca, no deja de ser un dato importante, porque confirma que los productos de primera necesidad, aquellos que más consumen los argentinos, están aumentando por encima del promedio.
Algo similar ocurre con la Canasta Básica Alimentaria. Las estadísticas oficiales muestran que entre enero y febrero hubo una fuerte desaceleración del ritmo de incremento de los alimentos (pasó del 5,8% al 3,2%). No obstante, tanto en enero como en febrero la CBA superó al IPC en el ritmo de ajuste, lo que condujo a una diferencia bastante amplia en el acumulado del primer bimestre. Los informes muestran que la Canasta Básica Alimentaria se encareció 9,3% entre enero y febrero, contra el mencionado 5,9% del IPC. Una vez más, son los insumos esenciales los que están subiendo a mayor ritmo.
Como se mencionó, la CBA alcanzó los $644.088 en febrero y la CBT llegó a $1.397.672. Esos valores son los que el Indec toma como referencia para luego medir el avance de la pobreza y la indigencia. Sin embargo, el organismo de estadísticas aclara en su informe que el costo de vida real varía bastante de un hogar a otro dependiendo de la composición del grupo familiar.
Los dos valores mencionados corresponden a un hogar compuesto por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y un hijo de 8 años. Pero la historia cambia para una vivienda en la que habitan solo tres personas. Para ejemplificarlo, el Indec presenta mensualmente el detalle del costo de vida para una familia compuesta por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años. En ese caso, la Canasta Básica Alimentaria alcanza los $512.769 y la Canasta Básica Total llega a 1.112.710 de pesos.
¿Qué pasa con los hogares más numerosos? Lógicamente, el costo de vida es mayor. Un hogar compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años y tres hijos de 1, 3 y 5 años, tiene que enfrentar un gasto mensual de $677.439 para cubrir sus necesidades alimenticias y debe ganar $1.470.043 para hacer frente al costo de una CBT.
Asimismo, se podrían citar muchos otros ejemplos. Lo importante, es tener en cuenta que la CBA y la CBT varían de acuerdo a la cantidad de personas que viene en el hogar, sus sexos y sus edades. De todas formas, para todos ellos los porcentaje de aumentos han sido los mismos.
La inflación de febrero se mantuvo en niveles elevados: según informó el INDEC, el IPC subió 2,9%, misma cifra que había registrado en enero. Así, acumuló un alza del 5,9% en los primeros dos meses del año, mientras que la variación interanual fue del 33,1%.
En ese sentido, según detalló INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otroscombustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.
La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, dondela mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
El motivo detrás de la suba de la carne en febrero
El factor central detrás del aumento de la carne durante febrero fue la menor disponibilidad de animales para faena. En términos constantes, los precios de la hacienda se ubican en los niveles más altos de los últimos 90 años. Los analistas coinciden en que la firmeza responde a una escasez estructural de ganado para consumo, profundizada por una marcada retención de animales.
Productores y feedloteros están apostando a agregar más kilos a campo o en corrales, aprovechando una ecuación favorable entre el valor del kilo vivo y el costo del alimento. Incluso en las subastas aparece con mayor presencia el sector feedlot, que compra lotes livianos para engorde.
En términos de microeconomía, cuando la oferta se contrae y la demanda se mantiene estable, el precio tiende a subir. Este ajuste comienza en el eslabón primario (la hacienda) y se traslada progresivamente hacia frigoríficos, distribuidores y puntos de venta.
El interrogante no es si habrá traslado, sino qué porcentaje del aumento absorberá cada tramo de la cadena y cuánto terminará pagando el consumidor.
El frente externo también juega un papel clave. En enero, los embarques de carne alcanzaron las 62 mil toneladas res con hueso, un 11% más que en enero de 2025, según datos del INDEC.
A esto se suma un aumento del 33% en el precio internacional promedio en los últimos 12 meses, con valores que superan los US$ 5.000 por tonelada. El incentivo exportador fortalece la competencia por la hacienda y contribuye a sostener precios elevados.
Qué cambiará para las tarifas eléctricas desde marzo
El esquema de facturación eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) presentará una dinámica particular a partir de marzo. Según datos difundidos por la Secretaría de Energía y las empresas distribuidoras, dos de cada tres usuarios residenciales percibirá una reducción en sus facturas de marzo, con bajas que oscilan entre los $1.000 y $25.000, dependiendo del nivel de consumo y la tarifa previa.
Esta tendencia se explica principalmente por factores estacionales. Al tratarse de un mes templado, la demanda de energía en los hogares tiende a disminuir tras los picos del verano. En este contexto, el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) estableció que el tope de consumo subsidiable para marzo sea de 150 kWh mensuales, la mitad del límite permitido durante los meses de calor.
Para el 37% restante de la población del AMBA, se prevén incrementos que el Gobierno califica como «acotados». Estos ajustes se ubicarán en un rango que va de los $400 a los $5.500. Por otro lado, en el sector del gas natural, el aumento promedio a nivel nacional será apenas del 0,96%, traccionado por el bajo consumo estacional y la aplicación del cargo fijo anual (PAU).
La formalización de estos cambios llegó a través de una serie de una veintena de resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial, que alcanza a las distribuidoras Edenor y Edesur y a las transportistas eléctricas de todo el país, a quienes se les asignan los lineamientos técnicos y de precios mayoristas.
La normativa ratifica la vigencia del régimen SEF, creado mediante el Decreto 943, que unifica los subsidios nacionales para garantizar que los sectores más vulnerables mantengan el acceso al servicio indispensable. Para el año 2026, los beneficiarios de este esquema contarán con una bonificación adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base, con el fin de asegurar la gradualidad en la reestructuración de los precios.
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