Las lecturas que instalaron la idea de un desacato consumado carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia de la parte demandante

31/12/2025 – 16:43hs

En el tramo final del año, el Gobierno argentino fijó una posición tajante sobre el juicio por la expropiación de YPF, el mayor litigio que enfrenta el país en el exterior. Frente a versiones que sugerían un posible desacato ante la Justicia de Estados Unidos, la Procuración del Tesoro de la Nación negó de manera categórica esa interpretación y aseguró que la Argentina actúa «conforme al derecho y dentro de los márgenes que impone la ley».

El pronunciamiento oficial llegó luego de que la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, aprobara un cronograma procesal para debatir un eventual desacato en la causa que impulsan Burford Capital y Eton Park, el fondo que financia la demanda contra el Estado argentino. Desde la defensa señalaron que ese calendario no implica ninguna sanción ni reconocimiento de incumplimiento, sino apenas un intercambio de escritos entre las partes a partir del 15 de enero.

La postura oficial frente al cronograma judicial

Según la visión del Gobierno, las lecturas que instalaron la idea de un desacato consumado carecen de sustento jurídico y responden a una estrategia comunicacional de la parte demandante. 

En la Procuración del Tesoro sostienen que Burford Capital intenta correr el eje de la discusión ante un escenario que consideran adverso para sus intereses. Como parte de ese argumento, mencionan que las acciones del fondo registraron una caída cercana al 29% en lo que va del año, un dato que explica la intensificación de la presión mediática y judicial.

Para el Gobierno, el cronograma aprobado por Preska no altera el estado del expediente ni implica una presunción de incumplimiento. 

Juicio por YPF: el discovery, un punto clave del conflicto

Uno de los capítulos más sensibles del juicio es el proceso de discovery ordenado por la jueza, que incluye el requerimiento de comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos. Desde la defensa del Estado remarcan que esa medida fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto a la luz del derecho argentino como del estadounidense.

Aun así, la Procuración subrayó que la Argentina actúa de buena fe y detalló que se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, además de gestiones destinadas a obtener el consentimiento de las personas involucradas. De acuerdo con el organismo, la gran mayoría de los funcionarios y exfuncionarios alcanzados por el pedido colaboró de manera voluntaria.

Ese punto es central para la estrategia oficial: demostrar que no existe incumplimiento alguno de las órdenes judiciales. 

Un fallo millonario que aún no está firme

El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que condenó a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012. Sin embargo, desde la Procuración del Tesoro insisten en que esa decisión aún no está firme y que el caso se encuentra bajo revisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

Para el Gobierno, este dato resulta clave para comprender la etapa actual del litigio. Un eventual fallo favorable en la instancia de apelación podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena, así como las discusiones colaterales vinculadas a sanciones o desacato.

El juicio por YPF no solo tiene una dimensión económica inédita por el monto en disputa, sino también un fuerte componente institucional. 

Mientras el expediente continúa su curso en los tribunales estadounidenses y se acumulan instancias complejas, la estrategia oficial busca transmitir un mensaje de control y previsibilidad. La Argentina, sostienen, no está en desacato, cumple con las decisiones judiciales y confía en que las instancias de apelación permitan revertir el fallo más costoso de su historia.

La jornada del último día del año trajo una sorpresa para clientes con cuentas sueldo en el Banco Nación, el banco donde suelen cobrar sus haberes los emplados públicos. Muchos usuarios advirtieron la acreditación de lo que interpretaron inicialmente como un “bono sorpresa” que en algunos casos rozó los $700.000. También detectaron “saldos extra” en cajas de ahorro en dólares. La noticia se difundió rápidamente, especialmente en redes sociales y grupos de Whatsapp. La mayoría de los afectados son empleados estatales que notaron, junto con el depósito salarial del mes, el misterioso “plus”.

Según pudo comprobar Infobae, los movimientos no se vincularon con los rendimientos habituales de una cuenta remunerada, implementada este año por el Banco Nación. Desde la entidad, explicaron que se trató de un “error técnico”, que comenzó a subsanarse horas después de detectarse. Los clientes observaron los montos adicionales identificados en sus cuentas bajo los conceptos REND.PESO y REND.USD.

Las versiones oficiales del Banco Nación señalaron que el error se reflejó tanto en cuentas en pesos como en cuentas en dólares, donde aparecieron sumas de hasta USD 370,04. La entidad no precisó el número exacto de cuentas afectadas, pero proporcionó un dato clave: el banco posee actualmente más de 20 millones de cuentas, lo que lo posiciona como el mayor banco del país en el ranking por activos.

La situación adquirió visibilidad pública cuando empleados de la Cámara de Diputados de la Nación recibieron el mismo monto de $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. Esto generó especulaciones sobre un posible bono de fin de año no anunciado. Las autoridades de la Cámara aclararon mediante un comunicado interno que el depósito correspondía a un “error bancario” y solicitaron a los empleados no utilizar ese dinero, ya que el viernes siguiente se descontaría.

El mensaje divulgado dentro del Congreso advertía: “Hay un depósito a favor en el banco de $699.177,82, pero se trató de un error bancario. Por favor no lo utilicen porque eso es un error del banco y el viernes lo descuentan. Avisen o reenvíen mensaje a todos los que puedan de cada sector para evitar que se use ese dinero”.

Según testimonios de empleados del Congreso que manifestaron sorpresa y desconcierto. Uno de ellos relató: “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de whatsapp. Fuimos felices un ratito”. El error no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan por un mecanismo diferente. Sin embargo, algunos empleados reportaron acreditaciones en dólares, que variaron entre USD 290, USD 114 y USD 6.

El diputado santafesino Esteban Paulón recurrió a las redes sociales para referirse al episodio: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.

En días previos, el Banco Nación había recibido la máxima calificación nacional de la agencia de riesgo FIX. El banco también atraviesa una etapa de cambios institucionales: Daniel Tillard dejó la presidencia hace 15 días y Darío Wasserman, hasta entonces vicepresidente, asumió el cargo. Wasserman cuenta con respaldo político directo de Karina Milei, quien tomó la decisión de mantenerlo al mando de la entidad. Wasserman está casado con Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad comunicó que el error comenzó a subsanarse en las horas siguientes a su detección. Los depósitos extraordinarios fueron revertidos según la información interna difundida a los empleados del Congreso y a los clientes en general.

El Banco Nación no especificó el mecanismo técnico que provocó la acreditación masiva, aunque fuentes del sector bancario sugirieron que la reciente implementación de la cuenta remunerada podría estar relacionada con la falla. Desde el banco indicaron que el problema se corrigió y que la situación no tendría impacto sobre los saldos finales de los clientes.

China aplicará aranceles extra a la carne importada que supere cupos. La medida busca frenar el ingreso de producto extranjero y proteger a su sector

31/12/2025 – 15:54hs

China volverá a mover una de las piezas clave del comercio mundial de alimentos. A partir del 1° de enero, el gigante asiático aplicará aranceles adicionales de hasta el 55% a las importaciones de carne vacuna provenientes de países como Argentina, Brasil, Uruguay y Estados Unidos cuando los envíos superen determinados cupos. La decisión, anunciada por el Ministerio de Comercio chino, busca frenar el ingreso de producto extranjero y proteger a su sector ganadero en un contexto de precios deprimidos y exceso de oferta interna.

El anuncio no sorprendió del todo al mercado, pero sí encendió luces de alerta en los principales países exportadores. China es hoy el mayor importador de carne vacuna del mundo, con una fuerte dependencia de proveedores del Mercosur, por lo que cualquier cambio en su esquema arancelario tiene impacto directo en los flujos comerciales globales.

Según explicó el gobierno chino, la medida apunta a estabilizar el mercado interno, que en los últimos años se vio afectado por una combinación de desaceleración económica, consumo más moderado y un crecimiento sostenido de la producción local. Analistas del sector coinciden en que ese combo presionó a la baja los precios de la carne de res en el mercado doméstico, generando márgenes cada vez más ajustados para los productores chinos.

China priorizará la protección de su mercado interno

Durante los últimos años, China incrementó de manera significativa su capacidad productiva en el sector ganadero, al tiempo que el ritmo de crecimiento económico perdió dinamismo. Ese escenario redujo la demanda relativa y dejó al mercado con signos de sobreoferta, una situación que Pekín intenta corregir mediante herramientas comerciales.

Las importaciones, sin embargo, siguieron creciendo y consolidaron al país asiático como el principal destino global de la carne vacuna. Brasil, Argentina y Uruguay se beneficiaron de esa demanda sostenida, pero también quedaron más expuestos a cambios regulatorios. El nuevo esquema de aranceles busca justamente desalentar el ingreso de volúmenes excedentes, encareciendo las compras externas por encima de los cupos establecidos.

Aunque el Ministerio de Comercio no difundió aún el detalle fino de esos límites, el mensaje político fue claro: China priorizará la protección de su mercado interno en sectores sensibles de la cadena alimentaria.

Suba de aranceles en la carne: el impacto para Argentina y la región

Para Argentina, Brasil y Uruguay, la decisión introduce incertidumbre en un mercado estratégico, tanto por volumen como por valor agregado. La carne vacuna ocupa un lugar central en la canasta exportadora de los tres países hacia China, y un arancel del 55% representa un golpe significativo a la competitividad.

El impacto final dependerá de varios factores: cómo se definan los cupos, qué productos queden alcanzados por las tarifas más altas y la capacidad de las empresas exportadoras para reorientar envíos hacia otros destinos. También jugarán un rol clave las negociaciones bilaterales que puedan abrirse para atenuar el efecto de la medida.

Un arancel de esta magnitud no solo encarecería el producto, sino que alteraría la planificación comercial, los precios de referencia y los márgenes esperados para el próximo año. 

La decisión china se inscribe, además, en un escenario global marcado por mayores rasgos de proteccionismo y ajustes en las políticas comerciales. En paralelo al anuncio sobre la carne vacuna, Pekín también avanzó con medidas arancelarias en otros sectores sensibles, como los lácteos europeos, lo que refuerza la idea de una estrategia más defensiva en materia alimentaria.

Por el momento, las autoridades chinas no brindaron precisiones sobre eventuales revisiones futuras del esquema ni sobre posibles excepciones para determinados países o cortes. Tampoco está claro si habrá mecanismos de compensación o acuerdos específicos que permitan flexibilizar la aplicación de los aranceles.