Desde el pasado 1 de noviembre, la totalidad del trayecto que une la Avenida General Paz con el partido de Lujan, el conocido Acceso Oeste a la ciudad de Buenos Aires, tiene unificada la velocidad máxima en 110 km/h y ya no alterna entre 110 y 130 como ocurría anteriormente.

Entre los fundamentos de la decisión que tomó Vialidad Nacional, está el alto índice de accidentes, muchos de ellos graves, que se produjeron en esa vía de acceso y egreso de la ciudad hacia la zona Oeste.

Para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, se anunció un refuerzo en los controles, con la implementación de radares fijos y móviles, así como mayor señalización vertical y luminosa a lo largo del trayecto, especialmente en los tramos con mayor concentración de tránsito urbano.

Dependiendo de los resultados que arroje esta medida, entre Vialidad Nacional y el concesionario de la autopista podrían decidir implicar algo similar en Acceso Norte (Panamericana), especialmente en el trayecto comprendido entre los kilómetros 22 y 25, es decir, antes de la bifurcación hacia ruta 8 y 9, o en el sentido contrario, una vez que ambas rutas nacionales confluyen en la misma autopista para entrar a CABA.

Si bien todavía no hay una evaluación oficial respecto al cambio dispuesto y la estadística de siniestros que se podrán evitar, hay algunos cuestionamientos que ponen el foco en otros aspectos y no en la velocidad máxima como causales.

Un reciente informe elaborado por Cesvi (Centro de Experimentación y Seguridad Vial), destaca que para detener el auto a cero cuando circulamos a 130 km/h se necesitan unos 94 metros, mientras que a 110 km/h precisamos 65 metros. Además, en caso de que se produzca un siniestro, con menor velocidad habrá menos energía cinética para disipar.

Si bien en el lapso del próximo año las autopistas urbanas deben eliminar al menos el 50% de las actuales cabina y barreras en los peajes (free flow), y a más tardar el 31 de julio de 2027 se deberán eliminar completamente las cabinas en todas las rutas nacionales, Cesvi destaca que la medida también busca reducir el riesgo potencial que implica bajar la velocidad para las actuales estaciones de peaje.

“A 130 km/h se genera un riesgo a la hora de la detención en los peajes y en la convivencia con otros vehículos como los camiones que vienen entre 80 y 90 km/h”, dice el informe.

Sin embargo, en busca de analizar el efecto de reducir la velocidad máxima de 130 a 110 km/h, Cesvi publicó el resultado de un estudio propio analizando consumo, tiempo y riesgo de accidentes a una y otra velocidad.

El estudio se llevó a cabo con tres vehículos idénticos y en la misma autopista, completando un trayecto de 200 kilómetros a distintas velocidades. Allí se concluyó que circulando a 130 km/h se ahorran tan sólo 8 minutos e implica aumentar la posibilidad de choque en un 33% respecto al auto que viajaba a 110 km/h. El riesgo se presenta al incrementar la cantidad de frenadas bruscas y la generación de maniobras más exigentes y peligrosas para intentar sostener esa velocidad.

“Las altas velocidades tienen una implicancia muy grande en los siniestros de tránsito graves. Para que un choque se convierta en fatal no necesitamos velocidades extremas como 180 km/h. En caso de sufrir una colisión, por cada incremento de 40% de velocidad le energía se duplica, así como también las consecuencias en cuanto a la destrucción generada. Por otra parte, las posibilidades de generar una maniobra efectiva se ven reducidas en el momento de la reacción del conductor”, dijo Gustavo Brambati, Subgerente de Seguridad Vial de Cesvi Argentina.

El otro lado del mismo problema está la opinión de expertos en Seguridad Vial como Fabián Pons, del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), quién cree que la medida no es la adecuada para la problemática del tránsito en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

“La mayor cantidad de accidentes están entre los km 18 y 25 aproximadamente, donde ya estaba limitada a 110 km/h. Y no se dan por exceso de velocidad porque ocurren en hora pico, que es cuando no se puede circular a esa velocidad por el flujo de tránsito. Los accidentes se dan por distracciones, por no guardar la distancia entre autos, y por conducció temeraria y caídas de motociclistas. Entonces no deberían verse grandes cambios con esta decisión”, señaló el experto.

Pons, además, asegura que el problema es la falta de controles dinámicos, patrulleros y motos de control circulando por la autopista y no con mayor cantidad de radares fijos, porque “la gente ya sabe donde están y una vez que los pasaron vuelven a acelerar. Lo que hay que hacer es controlar mejor, y eso no se está haciendo”, concluyó, mencionando que los camiones que no van por los dos carriles derechos como marca la ley y los conductores que van a baja velocidad por el carril izquierdo son mayores causales de accidentes que la velocidad de 130 km/h.

El presidente de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos), Claudio Zuchovicki, volvió a expresar su confianza en el rumbo económico del país y aseguró que la Argentina atraviesa un momento singular. Durante un encuentro organizado por Somos Pymes, el ejecutivo sostuvo que, a diferencia de años anteriores, ya no se discute hacia dónde ir, sino únicamente el ritmo y la metodología de los cambios.

Según su mirada, el país enfrenta una oportunidad excepcional para que las reformas avancen y generen resultados concretos. «Tenemos un penal con el arquero que se tira para el otro lado», ironizó ante el auditorio.

Zuchovicki planteó que llegó la etapa de revisar los procesos internos de cada empresa, enfocarse en la eficiencia y dejar de esperar soluciones estatales. «El Estado no me va a ayudar, pero me va a sacar el pie de encima. 2026 es el año de la economía real, donde las finanzas pasan a segundo lugar», afirmó.

Claudio Zuchovicki habló del ahorro y la inversión

Entre los motivos que alimentan su optimismo, enumeró la posición geopolítica de la Argentina -alejada de los principales conflictos militares-, una estructura demográfica favorable con edad promedio cercana a los 30 años y expectativa de vida alrededor de los 80, y la creciente necesidad mundial de que cada individuo diseñe su propio esquema de retiro. «Todos los Estados están fundidos. El 80% del gasto es en jubilaciones y para financiar eso emitieron dinero. ¿Alguno espera jubilarse para vivir bien? Nos vamos a tener que preparar nosotros mismos y eso depende de la economía real», reflexionó.

Además, al analizar cómo se conformó la riqueza en distintos países, señaló que en la Argentina el 87% de las grandes fortunas provino de herencias, lo que lo llevó a definir el crédito como una herramienta clave de «justicia social».

Zuchovicki también repasó las dificultades que enfrentaron las pymes a lo largo del año. A su juicio, los principales obstáculos fueron el acceso al financiamiento y la llegada de capitales. Recordó que, hasta hace poco, «el 80% del dinero iba al Banco Central (BCRA)», pero que la nueva dinámica obliga a las entidades a prestar al sector productivo: «Los bancos van a tener que trabajar de bancos».

En ese marco, destacó el impacto regional de la política monetaria impulsada por Donald Trump. Con una tasa pasiva del 14% anual, describió, los hogares estadounidenses no podían sostener el uso de la tarjeta de crédito, por lo que el gobierno decidió derrumbar el costo del dinero. Ese cambio, sostuvo, generó un efecto expansivo para América Latina: «La baja en la tasa de interés trae inversión».

Para Zuchovicki, todas las crisis argentinas tuvieron un punto de partida externo, siempre asociado a subas de tasas internacionales. Pero adelantó que ahora se abriría un ciclo diferente, centrado en la economía real y acompañado por la revolución tecnológica: «La próxima revolución es la de la IA y qué se necesita para impulsarla. Energía y minería. ¿Conocen algún exportador de energía, minería y alimentos?«, ironizó, vinculando ese potencial con «la ayuda financiera de los Estados Unidos» y los swaps habilitados por Washington: «Nos dan un swap porque producimos lo que quieren, hay que aprovechar el penal».

El titular de BYMA también aludió al escenario político y advirtió que, si bien «nada depende de nosotros», los votantes dieron una señal clara respecto del rumbo: «Podemos nacionalizar y eso, pero las elecciones avalaron que eso no va a pasar». De todos modos, indicó que no todos los sectores atravesarán el mismo proceso y que cada empresa deberá evaluar su propia posición competitiva: «Hay que preguntarse persianas hacia adentro si se está en lo correcto».

El análisis de Santiago Bulat: reformas laboral y tributaria en el centro de la agenda

Tras la exposición de Zuchovicki, el economista Santiago Bulat, director de Invecq, tomó la palabra para explicar por qué el Gobierno apuesta a las reformas laboral y tributaria como ejes principales de 2026.

Según los datos que presentó, el mercado laboral atraviesa un estancamiento prolongado: el empleo privado formal creció solo 3,3% desde 2012, mientras que el empleo público aumentó 34% y los monotributistas, 43%. Al mismo tiempo, la productividad sigue en retroceso.

Bulat sostuvo que, aun sin cambios normativos profundos, la dinámica actual está empujando una transformación espontánea del mercado de trabajo. Para ilustrarlo, planteó: «Un salario de $2 millones al año aporta $6 millones al sistema de seguridad social. Un independiente, $218.000 al año. Es decir, que 27 monotributistas equivalen a un asalariado formal. Estamos desfinanciando el sistema. Acá tiene que haber un cambio».

El economista también destacó que el 42% de los trabajadores se desempeña en la informalidad, que la Argentina es uno de los países con mayor carga al contratar personal en blanco y que los juicios laborales volvieron a niveles récord, con fallos muy dispares entre tribunales. A esto se suma la brecha entre la formación educativa y las habilidades que demanda el sector privado.

Respecto de los impuestos, Bulat recordó que, si bien la presión tributaria máxima se registró en 2015, ajustada por evasión hoy alcanzaría el 45%. Señaló la existencia de tributos distorsivos -como el impuesto al cheque y las retenciones- y las marcadas diferencias entre jurisdicciones en las alícuotas de Ingresos Brutos y las tasas municipales.

Para él, desarmar el actual esquema es complejo porque «una gran parte de los ingresos de las provincias viene de Ingresos Brutos». Como alternativa, mencionó la posibilidad de un IVA compartido, con un rediseño entre Nación y provincias. Por eso, evaluó que la reforma laboral es la que se encuentra más avanzada.

«El Gobierno quiere cambios que no provengan de una devaluación, sino de reformas», explicó, y cerró con una advertencia sobre el escenario global: «Cuando uno mira las reformas de otros países no son de una vez para siempre. Las reformas en un mundo dinámico son permanentes y a eso nos deberíamos acostumbrar para ganar competitividad».

Desde Santiago de Chile – Esta ciudad es sede esta semana de la Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo de la Argentina, un encuentro que convocó a autoridades nacionales, provinciales y referentes de organismos multilaterales, con el objetivo central de discutir y trazar una hoja de ruta para revertir el estancamiento económico de América Latina y, en particular, de Argentina.

Los diagnósticos presentados, especialmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), coincidieron en la necesidad imperiosa de implementar políticas explícitas de desarrollo productivo para impulsar la productividad y generar empleo formal.

El eje de la preocupación fue establecido por el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar Xirinachs, quien expuso un panorama de bajo desempeño regional. Salazar detalló que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de la región fue de solo 0,9 por ciento anual entre 2014 y 2023. Ante esta realidad, advirtió: “Podemos evitar una tercera década perdida siempre que se logre el desarrollo productivo”.

El diagnóstico de la Cepal fue contundente respecto a las consecuencias de esta baja capacidad de crecimiento, señalando que en la última década se registró la peor tasa de generación de empleo formal. Además, se destacó que la capacidad de crecimiento de América Latina es limitada y que la región exhibe una baja capacidad institucional y de gobernanza, elementos que complican la aplicación de estrategias efectivas.

“O iniciamos una nueva era de crecimiento, o vamos avanzando hacia un panorama con tasas de crecimiento mediocre”, sentenció Salazar, enfatizando que “la principal herramienta para revertirlo está en las políticas de desarrollo productivo”.

Esta mirada fue complementada por Marco Llinás, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Cepal, quien profundizó en los factores detrás del “pobre desempeño” económico. Llinás señaló que la actividad ha permanecido estancada y que la productividad laboral es “muy baja”, lo que implica que la región se está “quedando atrás en relación al resto del mundo”.

Al analizar el caso específico de Argentina, Llinás indicó que las cifras muestran una gran diversidad. Si bien la productividad laboral por hora en el país se encuentra por encima del promedio regional, el país se ubicó por debajo de la media en la tasa de crecimiento de dicha productividad. El desafío, subrayó, no solo es el nivel actual, sino “mantener altas tasas de crecimiento de la productividad a lo largo del tiempo”.

Para lograr esta meta, Llinás insistió en la necesidad de una “transformación productiva” en las economías, lo cual, a su vez, requiere de “políticas explícitas”. Aclaró que estas no deben limitarse al sector industrial manufacturero, sino que deben incluir una priorización dentro de su marco de acción.

Salazar-Xirinachs destacó que la urgencia de la política productiva se intensifica en un contexto global donde los países desarrollados están “impulsando políticas industriales muy agresivas”.

Desde la Cepal se propuso un enfoque dual para la aplicación de estas políticas. Por un lado, se destacó la relevancia de las capacidades institucionales, y por otro, la implementación de iniciativas específicas. El organismo mencionó las iniciativas cluster de inversión productiva, de las cuales ya existen más de 400 en la región, con una presencia significativa en Argentina.

Un punto crucial para la efectividad de las políticas productivas es la descentralización. “En Cepal creemos que gran parte del desarrollo productivo se tiene que desarrollar en los gobiernos locales, como provincias y municipios”, afirmó Salazar. No obstante, advirtió que es “muy importante que exista un paraguas de protección de parte de los gobiernos nacionales”.

El rol de las jurisdicciones subnacionales fue el punto central de la intervención de Ignacio Lamothe, Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Lamothe enfatizó la necesidad de “discutir cómo impulsar el desarrollo productivo de las provincias”, potenciando y desarrollando sectores productivos con realidades diversas.

El CFI está trabajando activamente en la hoja de ruta de políticas productivas en varios capítulos simultáneos. Uno de los mayores obstáculos identificados en el ámbito financiero a nivel federal es la falta de garantías. “Cuando analizamos cuál era el principal inconveniente nos dimos cuenta que el principal escollo en Argentina es la falta de garantías”, explicó Lamothe. Para enfrentar este problema, el CFI está “trabajando creando un fondo de garantías”, y muchas provincias están formando sus propios fondos.

En materia de financiamiento, el CFI busca multiplicar sus acciones en el mercado de capitales, que presenta “mucho para hacer”. Como ejemplo de su rol, el secretario general mencionó que el CFI avaló una Obligación Negociable (ON) de una empresa argentina, una acción que demuestra la posibilidad de generar instrumentos financieros que fortalezcan el entramado productivo.

Lamothe también reconoció que la economía latinoamericana está cambiando “estructuralmente por la revolución tecnológica”.

Una dimensión fundamental del desarrollo productivo argentino, especialmente para las provincias, es la logística y el acceso a los mercados internacionales. Jorge Faurie, Embajador argentino en Chile, puso el acento en la necesidad de fortalecer la “bioceanidad de Atlántico y Pacífico”.

Faurie detalló el impacto económico directo de utilizar la vía chilena para las exportaciones: “Salir por Chile es hasta USD 12 más económico por tonelada que se gastan en las exportaciones”. Además del ahorro logístico, el embajador resaltó el potencial de las provincias con recursos mineros que “exploran y desean explotar aún más y que implican un enorme potencial” de exportación.

El embajador instó a abandonar la dependencia de un solo corredor. “No podemos seguir pasando solo por el Paso Cristo Redentor. Tenemos que escaparnos de la historia de que San Martín cruzó por el Cristo Redentor”, afirmó. Por ello, consideró que las provincias limítrofes deben “valorizar mucho el vínculo directo con las regiones de Chile para hacer mucho más específico la salida al Pacífico”.

Rene Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, sumó a la discusión el contexto del sector agroalimentario. La colaboración del CFI con la FAO se dirige al desarrollo económico provincial, lo cual “requiere adoptar medidas de resiliencia”.

Orellana Halkyer mencionó los retos que enfrenta el sector: los aumentos de precios de los alimentos, la ruptura de las cadenas de valor que se encuentran “cada vez más limitadas”, y la incertidumbre en los mercados. “Esta situación se vuelve crucial dado que el 60% de las exportaciones de la región son de alimentos”, apuntó. Ante estos desafíos, la FAO propone el “acompañamiento para trabajar en conjunto” con los países y las provincias.

La jornada concluyó con la reafirmación del diagnóstico: la región enfrenta una encrucijada entre el crecimiento mediocre y el inicio de una nueva era. La respuesta, según los expositores, pasa por la implementación de políticas explícitas y priorizadas de desarrollo productivo, el fortalecimiento de las capacidades institucionales subnacionales, la resolución del déficit de garantías financieras y la explotación estratégica del potencial exportador mediante la integración logística bioceánica.

Los ministros argentinos, junto a los organismos regionales, se llevaron la tarea de consolidar esta hoja de ruta para la transformación productiva.