El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 53 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas y, de esta manera, alcanzó su mayor racha positiva desde 2007. El viernes, la entidad sumó USD 172 millones, la cifra diaria más alta registrada en marzo, alcanzando un total de USD 485 millones durante la semana y superando los USD 3.700 millones en lo acumulado de 2026.

“En detalle, la racha actual solo se ve superada por la de mayo de 2007 (161 ruedas), mayo de 2006 (95 ruedas), mayo de 2005 (66 ruedas) y noviembre de 2004 (184 ruedas). Tanto la magnitud como la persistencia de las compras de divisas del BCRA reflejan que el programa de acumulación de reservas arrancó a muy buen ritmo en el primer trimestre del año”, describió Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.

En tal sentido, el analista de la consultora F2, Andrés Reschini, destacó que el Central anotó “el segundo mayor saldo semanal por compras desde enero de 2026″ en los últimos cinco días hábiles, lo que se traduce en una aceleración de la adquisición de divisas.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, el BCRA compró USD 3.786 millones, avanzando más de un tercio hacia el objetivo anual establecido. Para mantener este desempeño, el organismo optó por emitir moneda local sin aplicar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte de la liquidez mediante la colocación de deuda en el mercado doméstico. En las últimas licitaciones, el Ministerio de Economía se abstuvo de inyectar pesos para evitar un incremento de la base monetaria y contener tanto la inflación como eventuales movimientos en el tipo de cambio.

Las previsiones oficiales ubican la acumulación neta de reservas en 2026 entre USD 10.000 y 17.000 millones, dependiendo de la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El titular del BCRA, Santiago Bausili, indicó que el ritmo de compras estará condicionado principalmente por la demanda de moneda local y el flujo de dólares ingresados al país. Hasta la fecha, el monto acumulado representa casi el 38% de la meta anual.

La autoridad monetaria fijó un límite diario para las compras de dólares, equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Asimismo, formalizó acuerdos con compañías y entidades para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, con el objetivo de reducir la presión sobre la cotización del dólar.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales ascendieron a USD 43.808 millones, un incremento de USD 106 millones respecto al día anterior, impulsado por las compras diarias del BCRA. Así, se quebró una seguidilla de siete jornadas con saldo negativo, aunque en la semana el descenso fue de USD 1.851 millones y de USD 3.097 millones desde el pico registrado este año.

Al finalizar el mes pasado, las reservas habían trepado a USD 46.905 millones, el mayor nivel en seis años y el más alto desde el inicio de la actual administración, cuando se ubicaban en 47.448 millones de dólares. Los pagos de compromisos externos y las fluctuaciones en la valuación de activos explican las variaciones recientes.

El aumento de reservas respondió también a las necesidades financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para obtener divisas y atender pagos de deuda, lo cual moderó el ritmo de acumulación. El flujo de dólares que permitió la intervención oficial provino, en su mayoría, de la liquidación de exportaciones agropecuarias y de colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las emisiones de bonos y obligaciones negociables alcanzaron los 11.000 millones de dólares.

Julie Kozack, portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), resaltó en la semana el proceso de compra de divisas que sostiene el Banco Central a lo largo de 2026. Sin embargo, evitó fijar una fecha para el cierre de las negociaciones que mantienen los equipos técnicos del organismo y representantes del Ministerio de Economía por la segunda revisión del acuerdo por 20.000 millones de dólares.

“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la vocera del FMI durante la conferencia de prensa internacional que ofreció en Washington.

“Como hemos discutido aquí, para reconstruir las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina ha comprado cerca de 3.500 millones de dólares, en reservas desde el inicio del año», afirmó Kozack. Y sintetizó: “Esto es equivalente a cerca de setenta millones de dólares de Estados Unidos por día”.

Argentina cumplió con los objetivos de emisión monetaria y reducción del déficit fiscal, pero mantiene negociaciones con los técnicos del FMI para obtener un waiver por no haber alcanzado la meta de acumulación de reservas. En ese contexto, las conversaciones se encuentran avanzadas y se espera que en las próximas semanas se anuncie el Staff Level Agreement (SLA).

La ola de denuncias referidas a posibles estafas y gastos desconocidos por parte de muchos usuarios disparó una alerta sobre el sistema de pago electrónico de peajes, el Telepase.

El momento no pudo ser más inoportuno, ya que luego de la promulgación de la reforma a la Ley de Tránsito del año pasado, todas las autopistas nacionales se encuentran en pleno proceso de transformación, migrando del sistema tradicional de pago manual con cabina y barrera, hacia los peajes conocidos como free flow, en los cuales los vehículos pasan debajo de un portal sin variaciones en la velocidad o flujo del tránsito y abonan el peaje con la sola lectura del dispositivo que está colocado en cada automóvil.

Sin embargo, gran parte de los problemas detectados parecen tener que ver más con errores de los usuarios que con fallas de seguridad del sistema. Para evitar inconvenientes o eventuales estafas, es importante conocer cada aspecto del sistema Telepase.

Por ese motivo se promueve la utilización exclusiva del portal oficial (www.telepase.com.ar), para evitar caer en engaños de sitios web fraudulentos que simulan ser el canal legítimo con la sola finalidad de obtener datos personales y bancarios de los usuarios. Las estafas también avanzan a través de redes sociales y mensajes directos en plataformas como Facebook, Instagram y X, lo que refuerza la recomendación de no ingresar credenciales en canales no verificados.

Telepase opera mediante un pequeño dispositivo que se coloca sobre el parabrisas y queda vinculado a la patente del vehículo. La adhesión se realiza de manera digital a través del sitio oficial, donde el usuario debe completar el registro y asociar el método de pago deseado. El pago de los peajes de este sistema puede efectuarse mediante tarjeta de crédito, débito o a través de la plataforma digital Mercado Pago.

Cuando el lector no identifica el dispositivo al pasar por la estación, un sistema de cámaras con tecnología OCR (reconocimiento óptico de caracteres) registra la patente del vehículo. Este método actúa como un respaldo para validar la transacción y resulta fundamental en casos de reclamos, ya que permite verificar si la pasada corresponde efectivamente al titular registrado en la plataforma.

En determinadas situaciones, como patentes adulteradas o errores de lectura, el sistema contempla la posibilidad de reintegro para el usuario afectado.

También es importante conocer el método de facturación del servicio, que se realiza de manera quincenal, por lo cual es normal que los usuarios observen uno o dos débitos mensuales en sus resúmenes bancarios dependiendo del uso del dispositivo o no en ambas quincenas.

Otra de las ventajas que tiene estar adherido a Telepase en lugar de utilizar el sistema manual, es que tiene una tarifa diferenciada con menores valores respecto a los de la ventanilla tradicional. Esto es debido a la clara intención de incentivar el uso del sistema digital y automático de pago de peajes.

El sitio oficial utiliza conexiones seguras y barreras tecnológicas para impedir accesos no autorizados y minimizar riesgos de ciberataques. Además, los equipos de trabajo de Telepase implementan monitoreos continuos, controles internos y auditorías periódicas, para asegurar que el servicio se mantenga confiable y los datos de los clientes estén resguardados.

Más allá de estas medidas internas, y de la recomendación de utilizar el portal oficial, los administradores de Telepase recomiendan controlar de manera frecuente los consumos a través del homebanking, ya que ante la aparición de cargos desconocidos en los resúmenes bancarios, el usuario cuenta con un plazo de 30 días para desconocer el cargo y denunciar la situación ante el equipo de atención al usuario de la empresa.

Otro error que suele cometerse, y que también puede generar cargos inesperados en la cuenta de Telepase es olvidar hacer una desvinculación del dispositivo respecto a la patente al momento de vender el automóvil.

Para evitar este inconveniente, el sistema permite solicitar la baja de manera digital, a través de la sección de autogestión del sitio, o contactando a los centros de atención de las empresas concesionarias. Es importante saber que una vez gestionada la baja, la información se comparte automáticamente con todas las autopistas de la red en un plazo de 72 a 96 horas hábiles, por lo cual existe ese período en el que pueden llegar cargos, a menos que la desvinculación se realice antes de entregar la unidad a su nuevo propietario.

Las empresas concesionarias de autopistas que están adheridas al sistema son Autopistas del Sol, Autopistas del Oeste, Autopistas Urbanas (AUSA), Corredores Viales S.A., AUBASA, CEAMSE, Autopista Santa Fe, Telepeaje Plus, Camino de las Sierras y Autovía del Mercosur.

El impuesto a los Ingresos Brutos, el caballito de batalla de las administraciones provinciales, un impuesto “en cascada” que pesa sobre los costos de producción mucho más de lo que insinúan sus diferentes alícuotas, sigue siendo el tributo que más impacta a las empresas argentinas, según surge de la undécima “Encuesta Anual” de impuestos de la consultora KPMG, que relevó a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país sobre temas como la presión fiscal, su impacto en los precios y en los planes de inversión.

La encuesta busca medir el impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas. En esta edición, el foco está puesto sobre lo ocurrido en 2025 y la perspectiva sobre inversiones, financiamiento y actividad para 2026, sobre lo que respondieron empresas medianos y grandes, de diversos sectores productivos y de servicios en tres bloques temáticos: 1) presión fiscal, y su incidencia sobre precios y planes de inversión, 2) rol de organismos administrativos y judiciales, y 3) Perspectivas 2026.

“Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, explica Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la encuesta.

Los principales resultados fueron los siguientes:

• 60,81% dice que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impacta en los productos y servicios que se venden.
• 35,14% afirma que el marco fiscal obligó a desinvertir y el 60,81 que fue neutro.
• La provincia de Buenos Aires sigue siendo la de mayor presión fiscal del país.
• 83,78% posee saldos favor de diversa magnitud del impuesto sobre los ingresos brutos por impuesto pagado en exceso producto de la proliferación de regímenes de retención.
• La Corte Suprema continúa obteniendo el más alto puntaje (6,24) en objetividad en materia fiscal.
• El Ministerio de Economía es percibido como el mejor interlocutor a la hora de interesarse por problemáticas impositivas que afectan la actividad económica.
• 57,97 % cree que la presión fiscal seguirá igual en 2026.
• 81,16 % sostuvo que mantendrá sus inversiones.
• 88,41% dijo que no advierten interés de las provincias en ofrecer incentivos impositivos para fomentar inversiones.
• El replanteo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es la iniciativa fiscal más votada para facilitar decisiones de inversión en Argentina. Le sigue la búsqueda de simplificación tributaria.
• 88,41% no ve predisposición de las provincias en avanzar en reformas de leyes de coparticipación y gravámenes provinciales.

El rechazo empresario y profesional a de Ingresos Brutos, el tributo que más “recaudación propia” aporta a los fiscos provinciales, sigue aumentando: hace un año encabezaba, con un 54% de respuestas, la lista de tributos rechazados, proporción que este año creció el 61 por ciento. Más revelador aún que el rechazo al tributo provincial es cinco veces mayor al que cosechó el IVA, un impuesto nacional que lo escoltó muy lejos, con 12,16 por ciento.

Peor aún, además de calificar a Ingresos Brutos como un impuesto distorsivo, que encarece “de manera determinante” los precios y servicios de las empresas, un 30% de los encuestados advirtió que el año pasado hubo aumentos de alícuotas. Por orden las jurisdicciones que más incurrieron en ese desaliento a la producción fueron, por orden, CABA, la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. “Aun siendo Ingresos Brutos el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en los últimos años las autoridades fiscales siguen fijando nuevos aumentos”, destacó KPMG.

Prueba elocuente del “funcionamiento anómalo” de Ingresos Brutos es que solo un 16% de los contribuyentes consultados dijo tener saldos, mientras 84% de los consultados (2% más que el año pasado y 4% más que en 2023) sí tiene saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas, lo que también significa un perjuicio financiero.

En cuanto al efecto de los impuestos sobre la inversión, una amplia mayoría de los encuestados (96%) dijo que el marco fiscal “los obligó a desinvertir o, en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas”. Ergo, solo un 4% dijo haber desarrollado en 2025 algún plan de expansión de inversión, tres puntos porcentuales menos que hace un año.

Por jurisdicciones, ya no por el aumento de alícuotas de IIBB, sino por la presión impositiva total, el mayor desaliento tributario a la producción lo encabezó la provincia que encabezó el ranking de voracidad fiscal, considerada “la jurisdicción más gravosa” del país, con Misiones en segundo lugar y CABA completando el podio. Córdoba y Tucumán completan el Top 5.de angurria impositiva como confirman sucesivas encuestas. A su vez, Misiones y Tucumán son las provincias que, por su accionar fiscal, más restringen la oferta de bienes y servicios a sus residentes, como se reitera año a año.

La opinión de empresarios, CEOs y tributaristas sobre la “objetividad” de organismos fiscales, sean del Poder Ejecutivo o del Judicial, se expresa en calificaciones del 1 al 10, como en una vieja libreta escolar. La Corte Suprema es la mejor calificada, pero tampoco descolla: su “nota” es 6,24, no mucho mejor que el 6,15 de ARCA. AGIP, la agencia fiscal porteña, se sacó un 5,55 y ARBA, la bonaerense, un 3,93, un claro bochazo, aunque menos vergonzoso que el de 3,56 de 2024.

Las empresas perciben una mejor disposición en el Ministerio de Economía y las agencias fiscales de nivel nacional que en las provinciales, al punto que al calificar de 1 a 10 la expectativa de futuras reducciones impositivas, el ámbito nacional obtiene un 7 y la mejor calificación subnacional es la de CABA, con 5. De todos modos, esas expectativas no son para este año, pese a lo cual el 81,2% de los encuestas sostuvo que mantendrá los planes de inversión y un 8,7% incluso las aumentará. Para mejorar la inversión, la opción más votada fueron la reducción de Ingresos Brutos, esperanza sin eco en los planes provinciales. Del mismo modo, casi un 90% de los encuestados no advierte ni predisposición ni viabilidad en el ámbito provincial para avanzar en reformar leyes de coparticipación y de gravámenes provinciales, en paralelo con una discusión de reforma tributaria nacional.