Un informe oficial del Gobierno confirmó la caída sostenida del empleo formal en 2025. Ante este escenario se disparó el trabajo independiente

14/03/2026 – 13:00hs

El mercado laboral argentino atraviesa un momento de fragilidad según los últimos registros oficiales. Durante la segunda mitad de 2025, el sector privado experimentó una sangría constante de puestos de trabajo, consolidando una tendencia que comenzó a manifestarse con fuerza desde finales de 2023. Esta dinámica refleja las dificultades de las empresas para sostener sus plantillas en un contexto económico complejo y de reconfiguración productiva.

Los datos procesados por la Secretaría de Trabajo de la Nación exponen un escenario donde el empleo en blanco, históricamente el motor de la movilidad social y la estabilidad económica, pierde terreno frente a otras formas de inserción laboral. Mientras las compañías reducen sus nóminas, el sistema registra un desplazamiento de los trabajadores hacia esquemas de menor protección social, marcando un cambio estructural en la composición del empleo en el país.

Casi 100.000 puestos menos en el sector privado

El informe detallado de la cartera laboral confirma que entre junio y diciembre de 2025 se perdieron exactamente 96.800 empleos asalariados privados. Solo en el último mes del año pasado, la caída fue del 0,2 por ciento, lo que dejó el total de trabajadores con recibo de sueldo en 6.197.000 personas. Si se realiza la comparación interanual contra diciembre de 2024, el retroceso es aún más profundo, con una destrucción neta de 106.200 puestos formales.

Esta reducción no fue exclusiva del ámbito empresarial. El sector público también formó parte de la contracción general con una baja del 0,5 por ciento en su plantilla, lo que representa la salida de 18.700 trabajadores durante el mismo periodo. Esta combinación de factores pone de manifiesto que el ajuste en la fuerza de trabajo es transversal y afecta tanto a la administración del Estado como a la inversión privada.

El auge del monotributo como alternativa

Ante la falta de vacantes en relación de dependencia y el cierre de posiciones tradicionales, los trabajadores argentinos encontraron en el trabajo independiente su principal refugio. Las estadísticas oficiales muestran que el monotributo creció un 5,4 por ciento anual, sumando a 113.000 nuevos aportantes al sistema.

Esta migración hacia la denominada formalidad flexible explica por qué, a pesar de la caída del empleo asalariado, el número total de personas con algún tipo de registro legal aumentó un 3,8 por ciento.

Perspectivas para el mercado laboral en Argentina

La radiografía actual muestra que el mercado laboral está en plena transición. Mientras que sectores como el autónomo registraron un leve repunte mensual del 1,5 por ciento en diciembre, la base de trabajadores asalariados del sector privado sigue siendo el eslabón más débil de la cadena. La pérdida de casi 100.000 puestos en seis meses representa un desafío mayúsculo para el consumo interno y la recaudación de la seguridad social en el corto plazo.

Los especialistas advierten que la recuperación del empleo de calidad dependerá de una estabilización macroeconómica que permita a las empresas volver a contratar con previsibilidad. Por ahora, el crecimiento del trabajo por cuenta propia parece ser la única respuesta inmediata de la población para mantenerse dentro de la economía registrada, aunque bajo condiciones de mayor incertidumbre que las que ofrece un contrato de trabajo estándar.

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente marcó el pulso de la semana financiera, con repercusiones tanto en los mercados internacionales como en el ámbito local. La volatilidad externa se trasladó a los precios de los activos argentinos, con baja de los bonos soberanos y suba del riesgo país. No obstante, el tipo de cambio local logró mantenerse estable y resistió al fortalecimiento del dólar a nivel global.

En Estados Unidos, los tres principales índices bursátiles -Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq- acumularon caídas semanales de hasta 2% debido a la incertidumbre que proyecta la guerra en Irán.

El precio del petróleo se consolidó como el principal indicador de la incertidumbre internacional tras la escalada bélica en Irán. Este viernes, el barril de Brent —referente para el mercado argentino— superó los 103 dólares, registrando su nivel de cierre más elevado desde 2022. Durante la última semana, el valor del crudo avanzó casi 12%, mientras que el aumento mensual alcanzó el 53 por ciento.

La prolongación del bloqueo en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo de apenas 3 kilómetros de ancho por donde circula más del 20% del comercio mundial de petróleo y gas, mantiene la presión sobre los precios energéticos. Las interrupciones en ese corredor estratégico llevaron al barril a alcanzar los 119 dólares en los momentos de mayor volatilidad.

En el plano bursátil local, un informe de Cepec destacó que el S&P Merval cayó el viernes 1,96% (-3,03% medido en dólares al tipo de cambio implícito), con $267.000 millones operados en renta variable; pero aun así, “en el balance semanal el índice líder logró cerrar en terreno positivo con una suba de 0,63% (+1,31% en moneda dura)”.

Si bien la bolsa porteña pudo capear la crisis mundial sin demasiados sobresaltos, los bonos soberanos argentinos no pudieron escapar de la tendencia bajista y, en consecuencia, el riesgo país subió 9 unidades en la semana para cerrar en 584 puntos básicos.

“A pesar del interés internacional que captó el evento ‘Argentina Week’ en Nueva York y los anuncios de nuevas inversiones en el país, los bonos soberanos hard dollar no pudieron resistir la embestida internacional. En un marco en el que el EMB bajó 1,4%, los Globales cerraron la semana con caídas de entre 0,3% y 1,4%“, detalló un reporte de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El índice elaborado por JP Morgan se utiliza como referencia central para los inversores, ya que evalúa la probabilidad de que un país incurra en incumplimiento de sus compromisos de deuda y había llegado a perforar los 500 enteros a fines de enero, marcando el menor nivel en la era Milei y en más de siete años. Sin embargo, el empeoramiento del escenario internacional elevó el riesgo para los emergentes, entre los que sobresale Argentina.

En la arena cambiaria, tras tres jornadas consecutivas de bajas, los dólares oficiales terminaron la semana con retrocesos que llegaron hasta los 16 pesos y extendieron la estabilidad que evidencian en marzo.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.400, lo que refleja una baja semanal de 16 pesos, luego de haber subido 19 pesos en la semana previa. En relación con el sistema de bandas cambiarias, el Banco Central estableció el techo en 1.627,97 pesos. La cotización mayorista se mantiene 16,28% por debajo de ese umbral, con un margen de 227,97 pesos antes de que la autoridad monetaria deba intervenir para sostener la cotización dentro de los parámetros definidos.

En el segmento minorista, el dólar quedó en $1.420, según el Banco Nación. A pesar del ajuste diario, la cotización en bancos finalizó la semana con una baja acumulada de 15 pesos.

En el mercado informal, el blue bajó cinco pesos y se ubicó en $1.415 en la plaza porteña. Las cotizaciones bursátiles, en tanto, mostraron avances moderados: el MEP alcanzó los $1.423,70 y el contado con liquidación (CCL) cerró en 1.471,47 pesos.

“La estabilidad cambiaria permitió incluso resistir el impacto de la reciente escalada bélica en Medio Oriente y consolidó una apreciación del tipo de cambio real: el dólar hoy se ubica 14,5% por debajo de su pico de octubre de 2025. La contracara es que la inflación se resiste a bajar al ritmo esperado por el Gobierno. El IPC de febrero fue 2,9%, repitiendo el registro de enero y muy lejos del 1,5% alcanzado en mayo de 2025″, observó un análisis de Epyca Consultores.

En paralelo, la analista financiera Elena Alonso subrayó que el dólar se fortaleció a nivel global y subió “hasta su nivel más alto en tres meses y medio, ya que los inversores la buscan como refugio en momentos de incertidumbre” como el actual. A pesar de ese fortalecimiento de la divisa norteamericana a escala mundial, el peso se apreció 1,14%, a contramano de lo ocurrido con el resto de las monedas de la región.

En ese contexto, el Banco Central compró USD 295 millones en la semana y desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario a comienzos de año, acumula adquisiciones por USD 3.298 millones, lo que equivale a más del 32% de la meta anual establecida para 2026.

Pese al saldo comprador positivo, las reservas internacionales finalizaron en USD 45.659 millones, lo que implica una merma de USD 345 millones en el balance semanal. La baja responde al pago de deuda y a variaciones en los precios de monedas extranjeras y de materias primas, entre ellas el oro, que forman parte de los activos del BCRA.

Por último, los ojos del mercado también se posaron en dos eventos de magnitud: el dato de inflación de febrero y la licitación de deuda en pesos y dólares. En cuanto al primero, arrojó un 2,9% mensual, una cifra por encima de la esperada por las consultoras que dificulta la meta del Gobierno de quebrar el 1% para el segundo semestre.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló nueve meses seguidos sin mostrar una desaceleración mensual, con incrementos sostenidos desde el 1,5% reportado en mayo de 2025. Además, las estadísticas oficiales muestran que la variación interanual del IPC subió por cuarto mes consecutivo.

Respecto a la subasta, el Ministerio de Economía no sólo renovó todos los vencimientos por $9,6 billones sino que adjudicó un total de $10,42 billones, lo que se traduce en un rollover o nivel de refinanciamiento de 108,09 por ciento. La mayor parte de la deuda colocada se explicó por títulos atados a la evolución inflacionaria.

En simultáneo, Economía captó otros USD 250 millones mediante la emisión del Bonar 2027 (AO27) a una tasa anual de 5,45% (menor que el de la licitación anterior, 5,74%). Este instrumento se licita cada quince días y el equipo económico ya consiguió USD 500 millones de los USD 2.000 millones proyectados que se utilizarán para el pago del vencimiento de deuda de julio por más de 4.200 millones de dólares.

Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en pleno litigio por YPF. El Departamento de Justicia norteamericano presentó un memorándum ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la moción de emergencia interpuesta por la República Argentina.

El objetivo es suspender el proceso de discovery post sentencia en el caso YPF. Se trata de la etapa de exhibición y producción de documentos que los fondos litigantes reclaman al Estado argentino.

La Procuración del Tesoro de la Nación, que encabeza Sebastián Amerio, confirmó la presentación. El exsecretario de Justicia asumió hace poco ese cargo clave en la defensa de los intereses del país.

En su moción de emergencia del 6 de marzo, Argentina había solicitado la suspensión de varios puntos. Entre ellos, la etapa de producción de documentos, el requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026.

Por qué EE.UU. defiende la posición argentina en el caso YPF

El Departamento de Justicia sostiene que el discovery actualmente en curso resulta excesivamente intrusivo y contrario a los principios de cortesía internacional y reciprocidad.

El argumento es contundente. Este tipo de requerimientos dirigidos contra Estados soberanos puede generar fricciones diplomáticas y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

El memorándum destaca un punto clave. Al evaluar el factor de interés público en una solicitud de suspensión, los tribunales deben considerar los posibles efectos sobre las relaciones exteriores.

En ese marco, solicita que se otorgue especial deferencia a la posición del Poder Ejecutivo en materia de política exterior. Una señal clara de peso político en el expediente judicial.

El documento oficial es claro en su petición. Solicita que el tribunal tenga debidamente en cuenta los principios de cortesía internacional, reciprocidad y las implicancias que la cuestión puede tener para las relaciones exteriores.

Qué dice el Departamento de Justicia sobre litigios contra estados extranjeros

El Departamento de Justicia, que encabeza Pam Bondi, una de las funcionarias clave del gobierno de Donald Trump, fue categórico. Los litigios en Tribunales de Estados Unidos contra estados extranjeros pueden tener importantes implicancias en materia de relaciones exteriores.

Esos procesos afectan el trato recíproco que recibe el gobierno estadounidense en los tribunales de otras naciones. Una preocupación central para Washington.

La práctica litigiosa está generalmente regida por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA por sus siglas en inglés). Esa normativa establece que los bienes de estados extranjeros en EEUU son, en general, inmunes a la ejecución.

El memorándum cita un antecedente clave. La Corte Suprema sostuvo en Republic of Argentina v. NML Capital, un juicio por el default de 2002, que la FSIA no limita el alcance del descubrimiento posterior a la sentencia sobre los bienes de un estado extranjero.

Sin embargo, la Corte también reconoció que pueden existir otros fundamentos que limiten dicho descubrimiento. Esa puerta quedó abierta y ahora el gobierno de Trump la empuja.

Según el Departamento de Justicia norteamericano, Estados Unidos tiene un interés sustancial en asegurar límites claros. Los tribunales estadounidenses que supervisan el descubrimiento posterior a la sentencia sobre bienes de estados extranjeros presumiblemente inmunes deben adherirse cuidadosamente a los principios básicos de relevancia.

También deben ser sensibles a las importantes cuestiones de cortesía internacional, reciprocidad y relaciones exteriores que plantea un descubrimiento potencialmente gravoso.

Qué documentos reclaman los fondos litigantes a Argentina

El documento oficial detalla las exigencias que consideran excesivas. En este caso, los demandantes realizaron solicitudes de descubrimiento en el Tribunal de distrito buscando comunicaciones de altos funcionarios argentinos relacionadas con entidades estatales.

Son exigencias incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios que involucran a soberanos extranjeros, según el análisis norteamericano.

Los demandantes no quedaron conformes con los esfuerzos de Argentina para cumplir. Por eso presentaron una moción en el tribunal de distrito solicitando la imposición de sanciones monetarias y de otro tipo contra Argentina.

El punto más sensible aparece en otro reclamo. Los demandantes también solicitaron información sobre la ubicación de las reservas de oro soberanas en poder del banco central de Argentina.

Argentina sostiene que esos activos son inmunes a la ejecución por ser propiedad de un banco central extranjero. También afirma que carece de información sobre la ubicación de las reservas de oro en poder de una entidad jurídica separada.

La argumentación oficial norteamericana es terminante. Exigencias de descubrimiento intrusivas en áreas sensibles, particularmente en lo que respecta a la propiedad soberana y a las comunicaciones de funcionarios extranjeros, junto con la amenaza de sanciones y desacato por incumplimiento, pueden causar una fricción significativa.

Esa fricción no solo afecta a gobiernos extranjeros. También abre la puerta a órdenes recíprocas contra EEUU en tribunales extranjeros, un riesgo que Washington no está dispuesto a correr.

Qué estrategia sigue Argentina en el frente judicial internacional

Hace una semana, en su primera acción como Procurador del Tesoro en el caso YPF, Sebastián Amerio había presentado ante la Cámara de Apelaciones neoyorquina la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos.

También pidió frenar el requerimiento de aplicación de sanciones y la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026. Amerio recordó que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU ya había presentado un escrito en respaldo de la posición argentina.

La Procuración del Tesoro agradeció el nuevo respaldo del Departamento de Justicia de EEUU. En un comunicado, señaló que seguirá ejerciendo la representación del Estado Nacional con rigor técnico y responsabilidad institucional, en defensa de los intereses de la República Argentina.

En paralelo, Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Son los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.

Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

Esto, en principio, le permitiría a Argentina encapsular el litigio por YPF y concentrar allí sus esfuerzos jurídicos, políticos y diplomáticos. Una estrategia de frentes acotados en la batalla judicial internacional que el país mantiene en Nueva York.