En medio de la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo un saldo comprador durante 46 ruedas cambiarias consecutivas, reforzando la adquisición diaria de divisas. En la jornada más reciente, incorporó USD 86 millones y, en lo que va del año, el total supera los 3.200 millones de dólares.

Desde la entrada en vigor de la cuarta fase del programa monetario en enero, la entidad sumó USD 3.206 millones, lo que equivale a más del 30% de la meta de compras establecida para 2026. Solo en febrero, las adquisiciones alcanzaron los 1.555 millones.

Para llevar adelante estas compras, el Central inyectó pesos sin utilizar instrumentos de esterilización. Paralelamente, el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, decidió no incrementar la base monetaria, con el objetivo de contener eventuales presiones inflacionarias.

Según estimaciones oficiales, la meta de acumulación neta de reservas para 2026 oscila entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, una cifra que dependerá tanto de la demanda de pesos como de la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que el ritmo de compras estará determinado por la demanda de moneda local y el ingreso de dólares al país. Hasta el momento, el ritmo anual de acumulación supera el 32% del objetivo proyectado.

El organismo fijó un límite diario para las compras de divisas, equivalente al 5% de las operaciones del Mercado Libre de Cambios, y cerró acuerdos directos con empresas e instituciones para canalizar parte de las transacciones fuera del mercado mayorista, con el propósito de suavizar la presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas internacionales cayeron a los USD 45.771 millones, lo que representa un descenso de USD 272 millones respecto al día anterior. El mercado atribuyó esta baja a variaciones en los precios de monedas y commodities como el oro que integran las arcas del Central.

Al cierre del mes pasado, las reservas habían llegado a USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la actual gestión y el más alto en seis años, cuando el stock llegó a 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y los cambios en la valuación de los activos que integran las reservas producen variaciones en ese saldo.

El ritmo de acumulación también estuvo influido por las obligaciones del Tesoro, que recurrió al Banco Central para la compra de divisas destinadas al pago de vencimientos, lo que impactó en el saldo final.

El flujo de dólares que favoreció este proceso provino principalmente de la liquidación del sector agroexportador y de emisiones de deuda de compañías privadas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

Con un volumen superior a USD 400 millones negociados en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista registró una caída de cuatro pesos y cerró en 1.396 pesos. En simultáneo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el límite superior de la banda cambiaria en 1.624,97 pesos, lo que deja al tipo de cambio mayorista un 16,40% por debajo de ese valor máximo.

Así, el dólar mayorista conserva un margen de suba de 228,97 pesos antes de que el Central deba intervenir para mantener la cotización dentro del rango permitido.

En cuanto al segmento minorista, la cotización de referencia retrocedió cinco pesos en la jornada y quedó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, según datos del Banco Nación. Los valores descendieron en el mercado formal, mientras los inversores mantuvieron la atención en el panorama internacional, con especial foco en el conflicto en Medio Oriente.

Israel hizo cuentas sobre el costo de la guerra con Irán. El resultado: u$s3.000 millones por semana si se mantienen las restricciones actuales a la población. Con ese número sobre la mesa, el ministro de Finanzas de la administración de Benjamin Netanyahu pidió una reapertura parcial de la economía.

La solicitud fue concedida. Y esto ocurrió aún cuando este jueves por la mañana las alarmas antiaéreas volvieron a sonar en Jerusalén y Tel Aviv por una nueva andanada de misiles balísticos provenientes del país persa.

El pedido del funcionario israelí busca equilibrar dos urgencias: la protección de la población civil y la necesidad de mantener viva una economía que ya lleva dos años y medio bajo presión extrema.

Qué restricciones impuso Israel tras el ataque iraní

Después del ataque israelí sobre Irán del 28 de febrero y la retaliación con misiles balísticos en toda la región, el Comando del Frente Doméstico emitió directrices estrictas. Esta organización militar se encarga de la protección civil durante los conflictos.

Las medidas prohíben las reuniones masivas, las actividades educativas y el trabajo presencial. Sólo los negocios catalogados como esenciales pueden operar con normalidad.

En la práctica, el traslado de empleados a sus trabajos quedó limitado. Se incentivó fuertemente el trabajo remoto. Las escuelas permanecen cerradas en gran parte del país.

El objetivo de estas restricciones es proteger a la población civil ante la amenaza de nuevos ataques con misiles, garantizando que la gente pueda acceder rápidamente a refugios.

El cálculo del ministro de Finanzas y su pedido de apertura

Ilan Rom, ministro de Finanzas de Israel, escribió una carta al Mayor General Shai Klapper, jefe del Comando del Frente Doméstico. En la misiva expuso su preocupación por el impacto económico.

Rom calculó que el costo para la economía israelí asciende a u$s3.000 millones por semana bajo el esquema de restricciones vigente. Una cifra que el país no puede sostener indefinidamente.

El funcionario no es ajeno a las cuestiones de seguridad. Fue agente de inteligencia en el Mossad durante 25 años, alcanzando un rango equivalente al de Brigadier General. Quizás por esa experiencia, su carta buscó tender un puente entre ambas necesidades.

«No hay disputa acerca de la necesidad de preservar una política de defensa adaptada a la situación de seguridad», escribió Rom. Pero agregó: «cerrar la economía a gran escala trae costos económicos pesados».

El ministro propuso bajar el nivel de alerta de rojo a naranja, un escalón inferior que permitiría actividad económica limitada en lugar de solo la esencial, lo que reduciría los costos semanales a la mitad.

Israel flexibilizó las restricciones pese a los bombardeos

El pedido de Rom no fue ignorado. Este miércoles, el Comando del Frente Doméstico anunció un cambio en las directivas.

A partir del jueves al mediodía, la escala de actividad en el país pasó de «actividad esencial» a «actividad limitada». Un ajuste que permite mayor movimiento económico.

Bajo las nuevas reglas, las reuniones de hasta 50 personas están permitidas, siempre que un refugio sea accesible a tiempo. Las mismas condiciones rigen para los lugares de trabajo.

Sin embargo, las actividades educativas permanecen prohibidas, salvo un número acotado de excepciones. Las escuelas siguen cerradas en su mayoría.

Esta apertura parcial busca mantener la protección de la población mientras se reactiva la economía, en un intento por equilibrar seguridad y supervivencia económica del país.

La economía israelí ya venía golpeada antes de la guerra con Irán

Nombrado en enero de 2025, Ilan Rom heredó una economía bajo presión. El ministro de Finanzas remarcó que los impactos actuales se sienten tras dos años y medio difíciles.

La economía del estado judío «ha estado jugando un fuerte peso económico debido al incremento de necesidades de seguridad y las repercusiones de la guerra» con Hamas, señaló el funcionario.

La guerra en Gaza comenzó en octubre de 2022 y se extendió por más de dos años. Implicó movilización de reservistas, gastos militares extraordinarios y un drenaje constante de recursos.

Ahora, el conflicto con Irán añade una nueva capa de presión. Los bombardeos iraníes causaron la muerte de una docena de personas hasta la fecha. Y cada semana de restricciones suma miles de millones de dólares al costo total.

La flexibilización anunciada esta semana representa un intento de Israel por respirar económicamente. Pero las alarmas que volvieron a sonar este jueves muestran que la amenaza sigue vigente y que el equilibrio entre seguridad y economía será precario mientras continúe la guerra.

En medio de una inusual interna con Nicolás Pino, el actual presidente de la mayor entidad del agro, su número 2, Marcos Pereda, finalmente oficializó su candidatura a la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA). De esta manera, escala la interna dentro de una de las entidades más influyentes del campo argentino, donde dos sectores enfrentados disputan el control de la institución y la interpretación de las reglas que definen su conducción.

Esta presentación toma relevancia, ya que desde septiembre del año pasado hay un debate en el sector sobre la alternancia institucional y el límite de los mandatos. La postulación de Pereda, actual vicepresidente de la SRA, se da luego de una abierta ruptura con Pino, con quien comparte la conducción desde 2021.

El dirigente, que junto con Pereda Born desplazó al oficialismo histórico en 2020, podría disputar un nuevo mandato pese a la resistencia de un grupo de 78 socios que sostiene que la reelección para un cuarto período sería contraria al estricto límite fijado por el propio presidente en 2023, durante su segundo mandato. Fue el propio Pino quien dispuso el cambio en el estatuto y fijó el límite de tres mandatos consecutivos.

En una carta que envió a los miembros de la entidad, este sector denunció que permitir una nueva postulación sería un “retroceso institucional y una contradicción ética”, aludiendo a que “las reglas pierden toda legitimidad cuando quienes las impulsan deciden no cumplirlas”.

Las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tendrán lugar el próximo 9 de septiembre. Aunque faltan meses para la elección, la interna ya está en plena ebullición.

La proclamación del espacio “Renovación con Unidad”, el partido con el que se presentará Pereda, se realizó durante la muestra Expoagro y representa el primer movimiento formal hacia la disputa presidencial en la SRA.

Pereda presentó la iniciativa junto a Santos Zuberbühler, un referente de otro espacio interno impulsor de la renovación, y propuso un frente que sintetiza diferentes corrientes y sectores independientes. “Creemos que podemos hacer nuestro aporte y ofrecer una alternativa en términos de representación”, sostuvo Pereda en el acto, a la vez que remarcó que “avanzar hacia un cuarto mandato presidencial consecutivo se aparta del criterio de calidad institucional que inspiró ese proceso”.

El dirigente argumentó que “no es una cuestión personal; es la defensa de un principio y de una forma de conducción basada en reglas claras y previsibilidad”.

El trasfondo de esta candidatura está marcado por la ruptura de la fórmula que llevó al poder al actual oficialismo de la SRA. Tras colaborar en una agenda de modernización que incluyó el traslado de la sede histórica y la instrumentación del voto electrónico, las diferencias entre Pino y Pereda se hicieron irreconciliables durante la segunda mitad del mandato, principalmente por diferencias en el posicionamiento frente al Gobierno de Javier Milei.

Mientras Pino mantuvo un perfil dialoguista y una relación cercana con el presidente, Pereda fue referente de los sectores internos que reclamaban una conducción más combativa, especialmente respecto de las retenciones a las exportaciones del campo.

En su presentación, Pereda subrayó que el surgimiento de su candidatura no desconoce los logros recientes de la gestión, pero enfatizó que la SRA “necesita madurez, previsibilidad y unidad, dejando atrás los sectarismos y el internismo permanente”. Por su parte, Zuberbühler expresó que “hay que trabajar todos juntos para defender lo que nos corresponde y ayudar a que los socios tengan más y mejores servicios. Ampliar, profesionalizar y retomar la centralidad de la Rural en la agenda productiva es el norte que nos moviliza”.

Frente a la candidatura de Pereda, Pino reconoció en sus redes sociales que hasta el momento no definió su candidatura, pero que lo “evaluará en los próximos días y tomará una decisión”.

El referente publicó en su cuenta de X: “Frente a las declaraciones del Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, les comento que en las numerosas recorridas que realizo me encuentro con muchos socios y productores que me piden que siga al frente de la entidad”. E insistió: “Estamos convencidos de que el camino es seguir hablando, seguir representando la voz de nuestros productores”.

La conducción actual rechazó haber violado el estatuto y sostuvo que el nuevo límite de mandatos fijado por la reforma de marzo de 2023 debe contarse desde su registro ante la Inspección General de Justicia, el 20 de julio de ese año. Bajo ese criterio, el período 2024-2026 sería el primero del nuevo esquema. Si vuelve a ser electo, Pino asumiría así su “segundo mandato” bajo la nueva normativa y no un cuarto consecutivo.

La SRA es el principal espacio de representación de los grandes productores y terratenientes del país, con unos 3.900 socios y una historia vinculada a los apellidos emblemáticos del sector: Martínez de Hoz, Anchorena, Miguens, Blaquier, Frers y Etchevehere, entre otros. Fundada en 1866 con el objetivo de “velar por el patrimonio agropecuario del país”, la entidad integra el llamado Grupo de los Seis, el círculo que reúne a los bancos nacionales (Adeba), la industria (UIA), la Bolsa de Comercio porteña (BCBA), la Cámara de la Construcción (Camarco) y el comercio (CAC), referente del poder económico tradicional argentino.

Pino, de 60 años y miembro de la SRA desde hace más de 30, estableció la reforma que hoy es objeto central de la controversia. En tanto, Pereda Born, descendiente de la familia fundadora de Bunge y Born y presidente del Grupo Bermejo, se posiciona como el representante de una línea más combativa, orientada a profundizar la modernización y el perfil crítico frente al Ejecutivo nacional.