La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte alcanzaron un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los choferes de colectivos de corta y media distancia del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El entendimiento contempla una suba del 11,5% que se aplicará en forma escalonada entre julio y noviembre de 2025, en el marco del convenio colectivo de trabajo 460/73.

La negociación estuvo atravesada por múltiples factores. Entre ellos, el esquema de subsidios estatales que condiciona la estructura de costos del sector y una interna sindical que históricamente genera tensiones dentro de la UTA. Sin embargo, la firma del acuerdo entre la conducción gremial y las cinco cámaras empresarias del transporte permitió desactivar, al menos por el momento, la posibilidad de medidas de fuerza.

Como ocurre en otras ramas sensibles al impacto social, el proceso de negociación salarial contó con la intermediación del Gobierno nacional. La audiencia clave fue convocada por el Ministerio de Capital Humano y se llevó a cabo de forma virtual. Participaron funcionarios del área, encabezados por el secretario de Conciliación, Guido Arocco.

El entendimiento, una vez cerrado entre las partes, quedó supeditado a la homologación por parte del Ministerio de Economía. Si bien el titular de esa cartera, Luis Caputo, está enfocado en temas cambiarios y financieros, su equipo técnico interviene en la validación de los acuerdos sectoriales, en línea con los lineamientos del plan económico del Gobierno.

Una de las variables de control del programa económico es la evolución del salario. Según fuentes oficiales, se estableció un techo de incrementos del 1% mensual, aunque con excepciones. En algunos casos, las negociaciones incluyen sumas no remunerativas que luego se integran al salario básico. También hay sectores, como el bancario, donde los haberes se ajustan mensualmente por el índice de inflación. En otros casos, como el de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Poder Ejecutivo decidió no homologar lo acordado entre el gremio y las empresas.

Sueldo de choferes de colectivos: participación de las cámaras y el sindicato

En representación del sector empresarial participaron las principales cámaras del transporte automotor urbano: la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

Por parte del sindicato, asistieron el secretario General de la UTA, Roberto Fernández, y el secretario Adjunto, Jorge Kiener. Según voceros gremiales, el acuerdo alcanzado permite «sostener el poder adquisitivo de los salarios» y, al mismo tiempo, «otorga previsibilidad a los empresarios del sector».

Escala salarial: cómo evolucionarán los sueldos los choferes de colectivos

El incremento pactado se implementará en tramos mensuales, lo que implica una progresión en los haberes básicos sin contemplar adicionales como presentismo o antigüedad. Las cifras fijadas para el salario básico de los choferes entre julio y noviembre de 2025 son las siguientes:

• Julio: $1.588.000
• Agosto: $1.600.000
• Octubre: $1.612.000
• Noviembre: $1.682.000

Este esquema se da en un contexto de alta volatilidad económica y busca establecer un sendero previsible tanto para los trabajadores como para las empresas del sector. Las cámaras empresarias valoraron que el acuerdo se haya alcanzado en un marco institucional y con participación del Estado como garante de cumplimiento.

Condiciones del acuerdo y perspectivas

El convenio tiene validez únicamente para los choferes que prestan servicios en el AMBA, donde rige un esquema de subsidios que difiere del aplicado en otras regiones del país. Esta diferencia suele generar tensiones en el sector, especialmente cuando se negocian aumentos en jurisdicciones con menor financiamiento estatal.

Desde el gremio indicaron que el nuevo entendimiento no solo contempla una mejora nominal de los salarios, sino que permite anticipar posibles discusiones futuras, al establecer un esquema de actualización por varios meses. Además, señalaron que el acuerdo quedó sujeto a que las empresas abonen los aumentos en tiempo y forma, condición considerada clave para evitar eventuales medidas de fuerza.

Repercusiones en el sector y rol del Estado

El acuerdo alcanzado con la UTA se enmarca dentro de una serie de negociaciones que el Gobierno nacional sigue con atención. La participación estatal busca evitar interrupciones en un servicio esencial como el transporte urbano de pasajeros, que tiene un impacto directo sobre la movilidad diaria de millones de personas en el AMBA.

El papel del Estado como mediador en las paritarias del sector transporte se ha intensificado en el actual escenario económico. Si bien se promueve una política de moderación salarial en línea con los objetivos del programa económico, en sectores sensibles como el transporte público se habilitan excepciones para asegurar la prestación del servicio.

En este contexto, la homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Economía aparece como un paso formal necesario para su aplicación efectiva. Una vez ratificado, el aumento será de cumplimiento obligatorio para las empresas incluidas en el convenio colectivo correspondiente.

La falta de pesos en el mercado financiero vuelve a sentirse. La escasez empuja nuevamente al alza las tasas de interés, lo que ayuda a contener el precio del dólar e incentiva el carry trade. De este modo, se acentúa el efecto de la política monetaria contractiva que impulsó recientemente el Banco Central para absorber sobrantes de pesos que se iban al dólar y sumaban tensiones cambiarias.

El repunte de tasas de interés que se registró ayer, iniciado por las cauciones bursátiles y extendido en el resto de los instrumentos financieros en moneda doméstica, captó la atención del mercado. Muchos aprovecharon los rendimientos de hasta 50% nominal anual, lo que nuevamente ayudó a contener a las cotizaciones del dólar, que retrocedieron por quinta jornada consecutiva.

La Tasa Nominal Anual (TNA) de las cauciones bursátiles trepó hasta 44% en un lapso de la jornada, aunque al cierre quedó en 35%. De acuerdo con los operadores, esto contribuyó al incremento del resto de los rendimientos en pesos. En el caso de las Lecap, por ejemplo, las de vencimientos más cortos operaron con tasas de hasta 4,1% efectiva mensual.

Si bien aún no son tasas extremadamente elevadas, como las que llegó a tocar el mes pasado (hasta 77% de TNA en las cauciones), no dejan de ser rendimientos muy altos, significativamente por encima de la inflación y de las proyecciones del mercado para el tipo de cambio, en un contexto de bandas cambiarias en el que el BCRA no permitiría que avance por encima del límite superior.

Este escenario incentiva (aún más) las estrategias de carry trade, maniobra en la que los inversores o ahorristas venden divisas para apostar por instrumentos financieros en pesos, con la expectativa de que el tipo de cambio avanzará menos que las tasas de interés (o, menor aún, caerá) y, de esta manera, en determinado momento desarmar la posición para recomprar más dólares.

Por qué suben las tasas de interés en pesos

El economista Gustavo Ber afirma que el repunte de las tasas de interés viene de la mano de las necesidades de liquidez, en un mercado con escasez de pesos tras el aumento de los encajes bancarios (la porción de los depósitos privados que los bancos no pueden utilizar) que dispuso el BCRA. El repunte de los rendimientos de las cauciones, afirma, «desplaza hacia arriba toda la curva de los instrumentos en pesos».

«El Central volvió a sacarle las rueditas a la bicicleta. Ahora, dejó de ofrecer pases para que los bancos se arreglen solos. Es el tercer intento en esto. Por esto, aumentaron los rendimientos de las cauciones e impactó al alza en las tasas de interés de todos los instrumentos en pesos», afirma el analista Martín Genero en diálogo con iProfesional.

De acuerdo con Genero, el BCRA, al ofrecer a los bancos herramientas de liquidez, define las tasas y marca una pauta para el resto del mercado. Con la no participación, como hizo en los últimos días, los bancos tienen que prestarse fondos entre ellos con las tasas que surjan a partir de la oferta y demanda. Ante la alta demanda por necesidad de liquidez, repuntan las tasas de interés.

Los analistas coinciden en que, si bien este escenario incentiva la demanda de estos papeles, contiene al tipo de cambio y agrega atractivo a estrategias de carry trade, el movimiento alcista de las tasas de interés sería transitorio y pronto deberían estabilizarse en niveles más bajos para que sean sostenibles y consistentes con la necesidad de no afectar tanto a la actividad económica.

Más incentivo al carry trade

«La calma cambiaria de estos días y las suculentas tasas de interés en términos reales (en un contexto sin crisis de crédito) motivaron la rotación de carteras hacia las curvas de instrumentos en pesos, dejando rezagadas a las estrategias en dólares en lo que va del mes», resalta el equipo de research de Portfolio Personal Inversiones.

En ese sentido, precisa que en el acumulado de los primeros días de agosto los bonos en pesos ganaron hasta 5%, lo que contrasta con el leve avance de hasta 1% de sus pares soberanos en dólares. En estos niveles de tasa real, cercanos al 13,5%, y con un tipo de cambio real comparable con el de abril del año pasado, remarca, los inversores encuentran atractivo en demandar tasas en pesos.

«En nuestra cartera sugerida para agosto, aumentamos la ponderación de instrumentos en pesos dentro del posicionamiento de perfiles de inversión agresivos (revirtiendo la baja de fines de junio). En esta oportunidad, aplicamos 25% en la Lecap ‘S15G5’ (a la espera de algún premio en la licitación de deuda del Tesoro), 50% en la ‘T13F6’ y 25% en el ‘TZXD7’», detalla el bróker de bolsa.

Esta semana, JP Morgan recomendó nuevamente demandar títulos de deuda argentina en pesos para estrategias de carry trade. El banco estadounidense, que a finales de junio había recomendado a sus clientes desarmar posiciones en pesos argentinos tras cerrar su propio carry trade, en el último informe privado del martes pasado sugirió comprar bonos duales (Botam) que vencen a finales del próximo año.

El «efecto motosierra» se hizo sentir en julio, cuando el gobierno logró revertir el deterioro fiscal que había sufrido el mes previo. Así lo señala el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), donde se registra un superávit primario de $3 billones y también un superávit financiero -es decir, contando el pago de intereses de la deuda- por $2,8 billones.

En cambio, en junio había dado un saldo en rojo, por el efecto de una caída en los ingresos que superó a la de los gastos. Como aplican diferentes metodologías de medición y, además, la OPC sólo mide las cuentas de la administración central, hubo en junio una divergencia con el resultado que informó la secretaría de Hacienda, que arrojó un superávit.

Esto llevó a que se generase una polémica respecto de cómo deben contabilizarse los intereses que se van acumulando pero que no se pagan mes a mes sino que se capitalizan hasta pagarse al momento del vencimiento de las nuevas letras del Tesoro.

Como el reporte aplica el criterio «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, puede haber divergencias con el informe oficial del gobierno, que se dará a conocer en dos semanas. De todas formas, los datos de la OPC suelen considerarse un predictor sobre cambios de tendencia en materia fiscal.

Y es por eso que, justo en un momento en el que el Javier Milei denuncia una serie de amenazas contra su objetivo de superávit fiscal, por el impulso opositor a leyes que incrementan el gasto, los datos de julio ofrecen un respiro.

Los números son contundentes sobre el efecto de la «motosierra» sobre el gasto público: en la comparación interanual, hubo una caída de 10,1%. Los ingresos tributarios, en tanto, ya empiezan a convertirse oficialmente en un motivo de preocupación, con una caída real de 1,5% respecto de hace un año.

Resulta particularmente preocupante la variación negativa del IVA, el impuesto vinculado de manera más directa al nivel de actividad comercial e industrial: tuvo una variación negativa real de 7,5% en el ingreso de la administración.

La motosierra, más afilada

En cambio, el recorte del gasto contrasta con lo que había ocurrido en junio, cuando la variación interanual mostraba una suba de 8,9%. No había sido del todo una sorpresa dado que, por el efecto aguinaldo, suele ser un mes estacionalmente complicado para las arcas públicas.

Pero en julio el panorama cambió, sobre todo por el recorte en los subsidios, un rubro que representa un 10% del presupuesto total. Se hizo sentir en particular el aumento tarifario de la energía, lo cual se reflejó en una caída interanual de 26,5% en el gasto para ese renglón.

Otro descenso marcado fue el de gasto del personal -que también representa un 10% del presupuesto-, donde se verificó una caída de las erogaciones por 9,6%. Es uno de los rubros de mayor sensibilidad política, sobre todo en un contexto electoral, en el que los gremios de empleados públicos exacerban su reclamo por recomposición salarial.

De hecho se acaba de firmar un acuerdo paritario con los sindicatos estatales que implica ajustes salariales que arrancan en un 1,3% retroactivo a junio, hasta llegar a un 1,1% en noviembre. Estos porcentajes serán complementados con el pago de una suma fija hasta fin de año. En todo caso, parece difícil que un recorte de magnitud grande se continúe verificando en este rubro.

También en el centro de la polémica política, las transferencias a universidades explican parte del ahorro en el gasto: el recorte de julio fue de un 7,9% interanual, aunque si se toma el acumulado de siete meses del año, la variación sigue dando positiva en 1,5%.

Siguiendo la tónica de la gestión Milei, una vez más se registró un desplome en el gasto de capital -principalmente la obra pública- que tuvo una variación interanual negativa por 48,9%. Señales políticas como la eliminación por decreto de la Dirección Nacional de Vialidad dan la pauta de que se profundizará en esa línea aunque, claro, esto quedará supeditado a la capacidad de Milei para sostener el veto en el Congreso.

Jubilaciones y AUH, empujando al alza

Y, como ya viene ocurriendo desde hace tiempo, el rubro de jubilaciones y pensiones -por lejos el rubro de mayor incidencia del presupuesto, con un 47% del total- es el que más empuja el gasto. Esto ocurre por efecto de la nueva fórmula de indexación que toma como referencia la inflación pasada.

Es decir, ocurre la situación inversa a la del año pasado, cuando la «licuación» inflacionaria del gasto jubilatorio permitió obtener un rápido superávit fiscal. Aquella situación resultaba insostenible políticamente -hubo meses en que la masa destinada al pago de haberes jubilatorios registró una impactante caída de 38% real interanual-, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional presionó para una recuperación de los haberes.

Ahora está ocurriendo el efecto inverso: en julio, el gasto jubilatorio tuvo un aumento interanual de 12,8%, y si se considera el acumulado de siete meses del año, la suba fue de un 16,2% real.

Con estos números sobre la mesa, queda en claro por qué Milei se fijó como objetivo prioritario impedir que entre en vigencia la reforma previsional que se votó en el Congreso. Este paquete de medidas -que incluye una compensación de 7,2% para todos los haberes, más un incremento del bono extraordinario para la franja mínima y su indexación por el IPC- implicaría, según las estimaciones, un costo fiscal anual de 0,7% del PBI.

Y, una vez más, destaca la excepción de un rubro que nunca ha sufrido recortes: la Asignación Universal por Hijo, que en julio subió un 5,6% y que en el año acumula una mejora de 25,9%, un gasto equivalente a $3,1 billones.

De todas maneras, se trata de un rubro en el que la oposición está denunciando una voluntad de restringir beneficios, dado que en el reciente informe del Fondo Monetario Internacional se sugirió al gobierno hacer una depuración de la lista de beneficiarios para asegurarse de que la asistencia estatal se aplique de manera eficiente y que no vaya a personas que no cumplan con los requerimientos. En definitiva, se espera que para el año próximo comience también un recorte real del gasto en ese rubro.