ECONOMIA
Crisis en la Agencia Nacional de Seguridad Vial impide a particulares homologar autos importados: qué cambios se esperan

El Ministerio de Economía publicó este viernes en el Boletín Oficial la decisión de restituir a sus tareas a los empleados de planta permanente que habían sido puestas a disponibilidad ante la decisión de disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) el pasado 21 de agosto.
Esta decisión, publicada en la Resolución 1343/2025, confirma que desde hace 15 días no había equipo ni gestión del organismo, que además de tener la responsabilidad de regular procesos y operativos referidos al tránsito en el ámbito nacional, tiene delegada la responsabilidad de homologar los autos importados por parte de personas particulares que no tuvieran una certificación internacional admisible para poder ser patentados para su uso en el territorio argentino.
Lo curioso del caso es que el pasado 10 de septiembre, dos días atrás, dentro del proceso de restablecimiento de la ANSV generado por el rechazo del Congreso al decreto presidencial de disolución de varios organismos, se desigó oficialmente por medio del decreto 641/2025 a Nicolás Dapena Fernández como nuevo director de la agencia.
Sin embargo, el mismo funcionario renunció apenas 24 horas más tarde, argumentando en su perfil de Linkedin “problemas de incompatibilidad” para ejercer el cargo. Así, mientras este viernes se restituyó a todo el personal de planta permanente, la ANSV todavía sigue sin un director que retome las actividades pendientes.

Como quedó establecido en la reforma de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 de este año, la importación de autos por parte de personas físicas está habilitada y, dependiendo del vehículo que sea, tiene dos ámbitos diferentes para poder homologarlos y que, consecuentemente, puedan utilizarse en la vía pública.
Homologar un auto es necesario para poder patentarlo. Y esa homologación se certifica con una Licencia de Configuración de Modelo (LCM), algo que anteriormente tramitaban las terminales automotrices e importadores oficiales, pero que a partir de la mencionada desregulación, ahora pueden tramitar también tanto una empresa como una persona física que no tenga la representación oficial de una marca.
Cuando un vehículo ya tenga vigente una LCM tramitada por una automotriz o importador, las personas particulares pueden hacer uso libre de esa certificación para el registro de un vehículo por año. Pero cuando esa LCM no exista, la pueden tramitar independientemente si acceden a la documentación oficial del fabricante.
Sin embargo, como ese trámite es muy costoso, pero especialmente es muy difícil de realizar porque requiere acceder a documentación oficial “confidencial” de las fábricas de automóviles, lo que se habilitó también fue una manera alternativa de homologar un automóvil a través de una profunda verificación técnica a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y que se amolda a las posibilidades y necesidades de un particular que quiere patentar una unidad para su uso particular. Ese documento habilitante es el Certificado de Seguridad Vial (CSV).

Desde que se desreguló todo este procedimiento, sólo se estableció una reglamentación para homologar automóviles con motores de combustión interna, pero no así autos híbridos y eléctricos, que todavía no pueden realizar esta verificación que les permita circular en la vía pública.
“Fue una etapa de muchos cambios y algunas cosas quedaron pendientes. Lamentablemente se desarmó gran parte de la estructura técnica que daba soporte a estas reformas, y algunas quedaron a mitad de camino. Se habilitó a los particulares a importar un auto por sus propios medios, pero si ese auto es híbrido o eléctrico, no hay modo de hacer el Certificado de Seguridad Vial (CSV) porque no está reglamentado”, confirmaron fuentes del sector.
En paralelo, el mismo 10 de septiembre en el que se designó el director de la ANSV, se oficializó también la renuncia de Daniel Afione como titular del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), nombrando en el cargo a Miguel Ángel Romero.
Así, tanto el organismo que otorga las LCM como el que extiende los CSV, se encuentran en pleno proceso de cambio, lo que puede limitar los trámites de homologación de nuevos modelos, justo en el momento en que empiezan a llegar los autos del cupo habilitado por el mismo Gobierno para poder importarse sin arancel de importación extra zona.
ECONOMIA
El Gobierno busca recaudar USD 2.000 millones con las privatizaciones y suma un nuevo bono en dólares para pagar deuda

El Ministerio de Economía proyecta obtener USD 2.000 millones por la venta de activos estatales en 2026, mientras que anunció la emisión de un nuevo bono en dólares, replicando el esquema del BONAR 2027. Esta es una de las fuentes de financiamiento que había anunciado el ministro Luis Caputo para cubrir los vencimientos de capital programados para julio de 2026 y para enero y julio de 2027.
Economía dispondrá de los recursos necesarios para afrontar los próximos compromisos de deuda externa (julio y enero y julio del 2027), al ya tener identificados distintos mecanismo de financiamiento por un total estimado de USD 9.000 millones, de acuerdo a lo que declaró Caputo durante el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Según pudo saber Infobae, las opciones serán comunicadas en las próximas semanas por el titular del Palacio de Hacienda y no serán similares al préstamo con bancos internacionales (repo) que se concretó en enero.
La estrategia del equipo económico también incluye el desarrollo del mercado de capitales local y la privatización y concesión de activos, siendo este último punto central para la estrategia del segundo semestre, de acuerdo con lo que permite la Ley de Bases.
La mayor parte de los ingresos por privatizaciones se espera para el segundo semestre del 2026, vinculados a empresas públicas incluidas en la Ley de Bases. Este proceso está siendo coordinado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP). Desde ATEP confirmaron a este medio, entre las primeras compañías en proceso de transferencia al sector privado figuran Intercargo y AySA. La ley fijó la privatización de Energía Argentina S.A. e Intercargo SAU, y la concesión de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales S.A.
En las próximas horas, el Gobierno dará a conocer las condiciones para la privatización de Intercargo, la empresa de servicios de asistencia en tierra a aeronaves y aerolíneas en aeropuertos del país. La privatización se concretará con la firma en pleno funcionamiento, e implicará la transferencia íntegra de la compañía, la salida total del Estado Nacional de su estructura accionaria y la continuidad de la firma como prestadora de servicios, manteniendo vigentes sus contratos, licencias y actividades en los aeropuertos donde opera.
El plan privatizador fue útil cuando, en los primeros días del año, previos al acuerdo de repo por USD 3.000 millones entre el Banco Central de la República Argentina y bancos internacionales, las concesiones energéticas en la región de Comahue generaron ingresos por USD 700 millones para el Tesoro, fortaleciendo la estrategia de financiamiento alternativo del Ejecutivo.
El plan de pago del Ministerio de Economía combina el uso de la venta de activos y el impulso al mercado de capitales local mediante emisiones como el BONAR 2027, colocado cada 15 días desde febrero. A eso se suma el lanzamiento de un nuevo título en dólares: el AO28, que se licitará el próximo viernes en la subasta de deuda pública.
Desde Economía detallaron que el tope de emisión para el bono AO28 se fijará en USD 2.000 millones, a través de licitaciones sucesivas de USD 150 millones, complementadas por una segunda ronda de hasta USD 100 millones en cada ocasión. Este mecanismo replicará el utilizado previamente para el AO27.
El funcionamiento del mercado de capitales local podría ampliarse en los próximos meses, con la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que está fijado por la Ley 27.802 en junio, mecanismos que permitirían a empresas y particulares acceder a nuevos instrumentos financieros. Persisten dudas sobre el nivel de adhesión, dado el contexto de retracción de la actividad y la cautela del sector privado respecto al uso de dólares en el sistema financiero.
Esta semana, la Secretaría de Finanzas enfrenta el tercer test del BONAR 2027, con el objetivo de captar USD 250 millones adicionales. Las dos primeras licitaciones fueron catalogadas como exitosas por el mercado, ya que se adjudicó el monto máximo permitido con una tasa cercana al 5%, inferior a la tasa esperada del 7 por ciento.
“En algún momento pensamos volver a Wall Street el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos”, señaló Caputo la semana pasada durante el evento organizado por el IAEF, siendo la primera vez que confesó que evaluó esta alternativa. Es que se trataba de un escenario en donde el riesgo país perforó los 600 puntos básicos, momento que, según analistas, representaba una oportunidad para acceder a financiamiento internacional que el equipo económico no aprovechó.
Durante el mismo evento, el ministro de Economía analizó el comportamiento del riesgo país y la influencia sobre la estrategia financiera argentina. Consideró que el nivel actual es “exagerado” y atribuyó esta situación a un desequilibrio entre la oferta y la demanda de títulos. “Debemos seguir estabilizando la economía y pagando, porque contamos con alternativas de financiamiento mejores. Si logramos financiarnos más barato para cancelar deuda más cara, es el escenario ideal”, afirmó.
El Gobierno sostiene que la diversificación de fuentes, a través de privatizaciones y el desarrollo del mercado de capitales local, permite afrontar los vencimientos de deuda más relevantes sin aumentar significativamente el costo del endeudamiento. “Tenés que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos: nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, concluyó Caputo.
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ECONOMIA
El dólar no encuentra piso y en el mercado confirman por qué está a precio de «ganga»

El dólar minorista tocó su nivel más bajo de marzo: este miércoles se vendió a $1.400 en el Banco Nación y acumula una baja de 1,4% en el mes. En un contexto en el que la inflación avanza a un ritmo del 3% mensual, en la City empiezan a encenderse alertas por un posible atraso cambiario.
En el mercado explican la caída del tipo de cambio por un mayor ingreso de divisas desde el exterior —vía exportaciones y colocaciones de deuda— y una demanda más débil.
En ese marco, el Banco Central compró este miércoles u$s146 millones y acumula adquisiciones por u$s3.929 millones desde el 5 de enero.
En la última jornada, el dólar minorista cayó $10 y volvió a los $1.400 en el Banco Nación, un nivel que no alcanzaba desde el 24 de febrero.
«Sigue dominando la oferta en el mercado. Puntualmente, este miércoles pudo haberse concentrado algo más de oferta por los feriados del lunes y martes. La demanda no alcanza a compensar los ingresos desde el exterior y, en consecuencia, los precios siguen operando en baja», explicó a iProfesional Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.
En la misma línea, Francisco Díaz Mayer, de ABC Mercado de Cambios, señaló: «Hay más oferentes que demandantes. Los exportadores protestan, los importadores festejan y el Gobierno no va a hacer nada para que el dólar suba. La competitividad no va a venir por el tipo de cambio. Pero hay que tener cuidado: el dólar baja por escalera y sube por ascensor».
La estabilidad cambiaria se apoya en expectativas de mayores ingresos por exportaciones, la recuperación del superávit energético y la inminente liquidación de la cosecha gruesa. A eso se suma el atractivo de las tasas en pesos en un escenario de dólar estable, que impulsa estrategias de carry trade en el corto plazo.
«El escenario actual está condicionado por la liquidez en pesos y la capacidad del Banco Central para acumular reservas«, resumió Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.
En paralelo, las bandas de flotación definidas por el Banco Central —dentro de las cuales no interviene— se ajustan desde enero al ritmo de la inflación de dos meses atrás (t-2) y hoy se ubican entre $848 y $1.646.
Así, el techo de la banda quedó unos $268 (19%) por encima del nivel actual del dólar, la mayor brecha desde julio del año pasado.
En el mercado mayorista, el tipo de cambio se ubica en $1.378,5. En futuros del Matba-Rofex, se negoció este miércoles a $1.383,5 para fin de mes; a $1.412,5 para fines de abril; a $1.442 para mayo; y a $1.685 para diciembre.
¿Dólar a precio de «ganga»?
Con un dólar que retrocede cerca de 2% en marzo y más de 5% en lo que va de 2026, mientras la inflación se mantiene en torno al 3% mensual, crece la preocupación entre economistas por un posible atraso cambiario.
«El tipo de cambio mayorista volvió a niveles comparables con 2017 y se aleja de los $1.636 (a precios actuales) que el FMI definió como piso en el acuerdo de 2022«, señaló la consultora LCG, que estima una apreciación del tipo de cambio real multilateral de 7,7% en lo que va del año.
Para Jorge Colina, economista de Idesa, más allá de la volatilidad, «el problema es que la inflación al 3% mensual va generando atraso cambiario para las actividades urbanas. Es un nivel artificialmente bajo por el cepo y las tasas altas».
En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia la normalización: «Hay que terminar con el cepo y dejar que el tipo de cambio y la tasa de interés se determinen por oferta y demanda».
Como referencia, el dólar blue —históricamente libre de intervención— también sugiere atraso en términos reales. Al inicio del gobierno de Javier Milei, en diciembre de 2023, cotizaba a $1.070 y llegó a $1.255 semanas después. Hoy ronda los $1.420, apenas 14% por encima, frente a una inflación acumulada de 282% en el período.
Incluso, su último pico nominal, en julio de 2024 ($1.500), equivale hoy —ajustado por inflación— a unos $2.350. Es decir, cerca de 64% más que el nivel actual.
Evolución del precio del dólar en términos reales
Dólar: qué dicen los analistas
Entre los economistas relevados, hay consenso en que el tipo de cambio muestra cierto atraso frente al resto de los precios. Sin embargo, también destacan que la dinámica de oferta y demanda contribuye a sostener el nivel actual.
«Decir que el dólar está caro o barato depende de a quién se le pregunte. Para un exportador está atrasado; para un importador, no. Viene subiendo por debajo de la inflación, pero eso responde a una estrategia del Gobierno para no sumar presión inflacionaria. Puede considerarse barato en el largo plazo, pero es funcional en el corto», explicó Andrés Salinas, economista de la Universidad de La Matanza.
El propio Salinas agregó que el nivel actual también puede interpretarse como un nuevo equilibrio de corto plazo: «La caída de la demanda, el ajuste fiscal, la acumulación de reservas y tasas reales positivas quitan presión sobre el dólar. Más que atraso, podría hablarse de un cambio de régimen».
En la misma línea, Fernando Baer, de Quantum, sostuvo: «El dólar está más apreciado que hace cuatro meses, pero menos que en junio del año pasado. Mientras continúe el ingreso de divisas, no hay motivos para esperar un cambio de tendencia».
Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, señaló que existe una apreciación cercana al 20% respecto a los niveles que sugería el FMI, aunque matizó: «Los precios internacionales de las materias primas juegan a favor. Puede haber sectores que pierdan rentabilidad, pero en el agregado el Gobierno va a sumar más divisas».
En síntesis, concluyó, el nivel actual del dólar no representa un riesgo inmediato para el frente externo: «Las exportaciones van a crecer y eso permite sostener, al menos en el corto plazo, un tipo de cambio más apreciado».
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ECONOMIA
Cruce entre Sturzenegger y economistas por la cantidad de empresas que cerraron en los últimos dos años

En las últimas semanas cobró relevancia un dato que genera preocupación en el ámbito económico: en los primeros dos años de gestión cerraron más de 22.000 empresas en todo el país. El dato, comentado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desató un intenso debate en redes.
Tomando el resultado como disparador, Sturzenegger compartió en su cuenta de X su propio análisis de la situación. “Desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja en el número de empresas. Pedí un doble click y veo esto: que en los últimos dos años el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece”, escribió en una publicación.
En concreto, el funcionario presentó un gráfico de línea que muestra el “índice de la cantidad de empleadores” que hay en el país. La imagen contempla la evolución del número de empresas pequeñas (6 a 25 trabajadores), de firmas medianas (26 a 100 trabajadores) y de grandes (más de 100 empleados), con resultados del -1,9%, -1,4% y -1,1% respectivamente.

La publicación generó numerosas repercusiones y disparó un debate entre economistas. Los argumentos en contra del ministro son dos: por un lado, los analistas económicos destacaron que los valores presentados por Sturzenegger son negativos, por lo que confirman el cierre de empresas; por el otro, subrayaron que el gráfico omite lo que está ocurriendo con las empresas de menor tamaño, aquellas que tiene entre 1 y 5 trabajadores.
Por su parte, el director de CEPA, Hernán Letcher, remarcó que entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron 20.191 empresas de hasta 5 trabajadores, lo que representa una baja del 5,5% de punta a punta. También precisó que cerraron otras 2.417 firmas de mayor tamaño.
Por su parte, Guido Zack, director de Economía de la fundación Fundar, señaló que “tres valores negativos no es algo estable o que crece” y se sumó a las cuestionamientos por la omisión de las empresas de menos de cinco trabajadores.
Por otro lado, Zack remarcó que la caída actual es la peor en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003. “Ni Alberto Fernández con la pandemia tuvo una caída de empresas tan fuerte”, indicó y acompañó el comentario con un gráfico comparativo.
Entre otras opiniones, se destacó también la del analista financiero Christian Buteler, quien respondió a la publicación de Sturzenegger y compartió un cuadro desagregado de la evolución en la cantidad de empresas según su tamaño.
Tras las críticas de los economistas, el ministro de Desregulación volvió a apelar a la misma red social para explicar su punto de vista y precisar el paso a paso de cómo había elucubrado su razonamiento sobre la evolución de los empleadores.

“Para los que hoy se frustraron cuando mostré que en los últimos dos años el número de empresas con más de 5 empleados no disminuyó, y cuestionaron que no incluyera las que contratan 5 personas o menos, va una aclaración que hubiera imaginado innecesaria. Las micro empresas no las tomé, primero, porque aunque son muchas solo emplean al 7% de la gente (con lo cual si la caída está concentrada en ese segmento el impacto, afortunadamente, es limitado)”, indicó.
Y concluyó: “Segundo, porque las formales son una fracción menor de las empresas en ese segmento, que sabemos por los datos laborales que está creciendo fuerte, con lo cual cualquier número no es representativo. Tercero, porque el número de micro empresas viene cayendo desde 2011. En definitiva, si quieren criticar el programa de Javier Milei les sugiero buscar por otro lado. Por el tema del número de empresas no es”.
Según el monitoreo mensual de Fundar, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, desde la asunción de la actual gestión, unas 22.608 empresas dejaron de operar, lo que representa el 4,4% del total.
En diciembre de 2025, cerraron 670 empresas, lo que equivale a una baja mensual del 0,1% frente a noviembre y marca el decimoquinto mes consecutivo de caída. Durante todo 2025, fueron 10.392 las firmas que cesaron sus actividades, sumando así 22 meses de descenso interanual.
Al finalizar 2025, el total de empresas seguía por debajo de los picos registrados entre 2013 y 2015, cuando el país superó las 530.000 firmas. En términos históricos, el valor más bajo se observó tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 compañías. Desde ese momento, el tejido productivo vivió una recuperación prolongada, seguida de una etapa de estancamiento y una nueva fase de caída iniciada en 2018.
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