ECONOMIA
«Crisis industrial masiva»: alarmante informe de la UBA se mete en la pelea de Milei con la UIA

Luego de que el presidente Javier Milei dejara planteada con total claridad su pelea con los empresarios argentinos, con un discurso que alertó principalmente a la Unión Industrial Argentina (UIA), la UBA difundió un informe que recarga esa tensión al advertir sobre una «crisis industrial masiva» que incluye la pérdida de «160 empleos por día» y una caída del peso que tiene ese sector en la economía a cifras que «se remontan a antes de la Segunda Guerra Mundial».
El encono de Milei con el empresariado fue escalando desde que llamó «Don Chatarrín de los caños caros» al titular de Techint, Paolo Rocca, y «Gomita» al dueño de Fate y Aluar, Javier Madanes Quintanilla, hasta el discurso que dio el pasado domingo en la inauguración de sesiones del Congreso, donde defendió la apertura de importaciones y cuestionó lo que llamó el «fetiche industrialista».
Algunas horas después, la UIA y la Asociación Empresaria Argentina (AEA) -donde tiene peso Rocca- reclamaron «respeto» y «diálogo constructivo», entre advertencias sobre la crisis del sector y la caída del empleo. Sin embargo, la tensión sigue allí y una reciente investigación de la Facultad de Ciencias Económicas arrojó resultados que agregan nuevos puntos al estado de alerta del sector frente a la postura que exhibe el Presidente.
El documento elaborado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la casa de altos estudios indicó que la industria argentina «cayó 8,3% durante el actual Gobierno, mientras que su capacidad ociosa ascendió al 40%», entre otros datos.
Qué dice el informe de la UBA sobre la crisis industrial en plena pelea entre Javier Milei y la UIA
En un fenómeno que calificó como «crisis industrial masiva», al estudio señaló que «22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina cayeron en su valor agregado» entre mediados de 2023 y de 2025.
Los más golpeados, con pérdidas de 20% al 25%, «fueron la metalurgia, calzado, curtiembres y la industria vinculada a la construcción», mientras que la industria alimenticia (que cayó pero en menor medida), tabacaleras y la industria del transporte fueron «los más resilientes», según consignó el informe.
En ese contexto, desde noviembre de 2023 (días antes de la asunción de Milei) hasta la fecha «se perdieron 100 mil puestos de trabajo» en el sector industrial, a razón de «160 empleos por día», de acuerdo al documento difundido por la UBA que calificó esto como una «destrucción de empleo industrial».
Uno de los puntos más impactantes del informe señala que del estudio que realizó la Facultad de Ciencias Económicas «se desprende que el peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025», con lo que «el sector industrial fue el que más perdió participación de todos», y agrega: «Tal nivel de peso industrial se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial (casi 90 años)».
Industria manufacturera, bienes de capital e importaciones: los números que cuestionan el plan de Milei
El estudio se metió de lleno en la polémica que se desató entre el Gobierno y la UIA al señalar que existe un «desfinanciamiento público del sector», dado que «en el Presupuesto 2026 la industria sufrió un recorte del 40% en sus recursos otorgados y exenciones» mientras que «el apoyo se concentró en el RIGI (el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones creado por la Ley Bases) al gran capital extranjero para la energía, minería y siderurgia».
Respecto de la industria manufacturera, el documento elaborado por la UBA explicó que en el primer semestre de 2025 «registró una recuperación del 6,1% respecto del mismo período de 2024″, aunque «el nivel de actividad se mantuvo un 10,2% por debajo del alcanzado en la primera mitad de 2023».
Sin embargo, aclaró que «en un marco de tensiones cambiarias y reservas declinantes, a mediados de 2025 cesó la recuperación industrial que llevaba nueve meses» y «en el tercer trimestre de 2025, la actividad industrial volvió a contraerse en términos interanuales un 2,4%, retomando la dinámica negativa del bienio 2023-2024″.
A su vez, indicó que las «MOI» (exportaciones industriales de mayor valor agregado, contenido tecnológico y empleo) cayeron «al 28% del total exportado por el sector, cuando en 2011 eran pico histórico al 35%». En ese sentido, señaló que «la industria también se primariza en su canasta exportadora (alimentos y commodities)».
En cuanto a la industria de bienes de capital -esto es los bienes durables utilizados en el proceso productivo para la elaboración de otros bienes y servicios- se indicó que entre 2023 y 2025 «la producción local cayó casi 25%, mientras las importaciones se dispararon al 77%».
Otra observación del informe fue sobre la «importación de maquinaria agrícola usada», que tuvo un «incremento exponencial a partir de la implementación del Decreto 273/2025 lo que dio como resultado que, en promedio, entre los meses de mayo a octubre del 2025 se haya multiplicado por ocho». Al respecto, remarcaron que afecta a los fabricantes nacionales del sector.
Sigue la pelea entre el Gobierno y la UIA: la aclaración de Caputo
El informe de la UBA señaló a su vez que se registra un «retroceso de 40 años en el PBI industrial per cápita», un índice que se ubica actualmente en un nivel «similar al de 1985». De esta forma, el resultado del estudio va en línea con las críticas del sector industrial a la política de importaciones de Milei y suma un elemento más a la disputa.
Durante su presentación en el Congreso, el Presidente defendió esa pata de su plan al argumentar que con él «ganan 48 millones de argentinos y pierden unos pocos: los empresarios ineficientes y los políticos corruptos», dado que, según remarcó, los consumidores pueden comprar productos importados a precios más baratos. En su lógica, eso debería obligar a los empresarios locales a adaptarse para competir.
La UIA, presidida por Martín Rappallini, reaccionó a la diatriba con un comunicado titulado «Sin industria no hay Nación», en el que expresó «preocupación por la situación de diversos sectores industriales», señaló que el proceso de adaptación a un nuevo esquema económico «no es homogéneo ni inmediato» y advirtió que para esta etapa «el respeto es condición básica del desarrollo».
Tras reclamar «respeto hacia quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país» y remarcar que ese es «el punto de partida para reconstruir la confianza que la Argentina necesita, tanto puertas adentro como frente al mundo», la entidad industrial también subrayó que «el empresario argentino no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones estructurales acumuladas durante décadas».
Esa respuesta a Milei, a quien evitaron mencionar directamente, tuvo un apoyo más moderado aún de AEA, que destacó «el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social» y apoyó «el proceso de estabilización de la economía», para lugar señalar que «es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado».
Quien por estos días intenta mediar entre Milei y la UIA es el ministro de Economía, Luis Caputo. Durante su participación en el Foro de Inversiones & Negocios realizado en Mendoza, el ministro planteó frente a las críticas que recibe del sector que el del Gobierno es «un modelo de capitalismo de mercado, de la gente» y «no es de ninguna manera antiempresario», pero aclaró que «es con los empresarios que se ganan su mercado, como tiene que ser».
De esta forma, la tensión entre el gobierno de Javier Milei y los empresarios, en particular los del sector industrial, no baja y se prevé que las críticas y advertencias por parte de ese sector -que según remarca la UIA genera el 19% del empleo formal y aporta el 27% de la recaudación fiscal nacional- continuarán. El nuevo informe elaborado por la UBA no hace más que sumar argumentos a esa pulseada.
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ECONOMIA
Cómo funciona la calculadora del BCRA para conocer los intereses de los juicios laborales

A partir de la promulgación de la Ley 27.802, conocida como Ley de Modernización Laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó un sistema de actualización de pasivos laborales a través de una herramienta digital. Esta calculadora online tiene como objetivo principal determinar los intereses que corresponden a los créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo que se encuentran en instancia judicial sin sentencia firme.
El funcionamiento del dispositivo se rige por lo dispuesto en el artículo 55 de la nueva normativa, el cual establece criterios específicos de indexación y topes para los montos reclamados. La herramienta permite a las partes involucradas en un litigio —empleados, empleadores, abogados y magistrados— obtener una cifra actualizada de forma automática, eliminando la discrecionalidad en el cálculo de los intereses moratorios.
La interfaz de la calculadora del BCRA requiere la introducción de datos básicos para iniciar el proceso de actualización. El usuario debe ingresar, en primer lugar, el monto histórico o capital inicial del crédito laboral objeto del reclamo. Posteriormente, es necesario definir el período temporal exacto por el cual se devengan los intereses, marcando la fecha de inicio del conflicto o de la mora y la fecha de corte para el cálculo.
Una vez procesada esta información, el sistema aplica de forma automática la serie de tasas de interés pasivas que el Banco Central elabora específicamente para este fin. Esta serie estadística se basa en el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras abonan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días. Según los registros de la autoridad monetaria, esta base de datos histórica comenzó a conformarse el 3 de junio de 1993 y se actualiza de manera diaria para reflejar las condiciones vigentes del mercado financiero.
Uno de los aspectos centrales del funcionamiento de la calculadora es la aplicación de los límites máximos y mínimos previstos por la reforma laboral. La herramienta no solo arroja un resultado basado en la tasa pasiva, sino que realiza una comparación simultánea con otros dos indicadores para garantizar que el monto final se ajuste a la legalidad vigente.
- El límite máximo (Inciso B): El sistema calcula el valor que resultaría de aplicar al capital histórico la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) provisto por el INDEC, sumándole una tasa de interés pura del 3% anual. Este resultado actúa como un techo: si el cálculo por tasa pasiva supera este monto, la calculadora señalará que el tope ha sido alcanzado.
- El límite mínimo (Inciso C): La herramienta también determina un piso infranqueable para la actualización. Este valor no puede ser inferior al 67% del cálculo obtenido mediante la fórmula de IPC más el 3% anual.
Para lograr esta precisión, la calculadora utiliza el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), un índice que el propio Banco Central confecciona diariamente y que es el reflejo directo de la inflación medida por el INDEC. De este modo, la plataforma permite visualizar tres escenarios posibles para un mismo crédito laboral, facilitando la transparencia en la liquidación de las deudas.
La operatividad de esta calculadora responde estrictamente al Decreto 137/2026 y a la Ley 27.802. La normativa especifica que estas reglas de cálculo son de orden público. Esto implica que el funcionamiento de la calculadora del BCRA debe ser la referencia obligatoria para los jueces y las autoridades administrativas, quienes pueden aplicar estos criterios de oficio o a pedido de cualquiera de las partes.

La aplicación de estos intereses rige para todos los juicios que se encuentren en trámite y que aún no posean una sentencia definitiva al momento de la entrada en vigencia de la ley. Esto incluye también a los recursos de queja que estén pendientes de resolución en instancias superiores. Incluso en situaciones críticas de la parte deudora, como concursos preventivos o declaraciones de quiebra, la calculadora sigue siendo el instrumento técnico para fijar los intereses correspondientes.
La puesta a disposición de esta serie estadística y su correspondiente calculadora busca unificar los criterios de liquidación en el fuero laboral. Al centralizar la metodología de cálculo en el sitio oficial de la autoridad monetaria, se pretende reducir la litigiosidad técnica sobre el método de actualización a utilizar.
La publicación diaria de las tasas asegura que la información sea actual y refleje la evolución económica real, cumpliendo con la función de otorgar previsibilidad a las transacciones legales derivadas de la Ley de Modernización Laboral. Con la introducción de este sistema, el BCRA provee un soporte técnico que automatiza el cumplimiento del artículo 55, permitiendo una comparación directa entre la tasa pasiva oficial y los mecanismos de ajuste por inflación más el interés adicional del 3%.
En definitiva, el sistema funciona como un verificador técnico de la deuda laboral, donde la tasa pasiva funciona como la referencia principal de actualización, pero siempre contenida dentro de los márgenes que dictan el IPC y el coeficiente de estabilidad, asegurando que el crédito no se licúe por debajo del piso del 67% ni exceda el techo del 100% de la inflación más el interés anual establecido.
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ECONOMIA
Mercados mundiales agitados y una City volátil: así impacta la guerra en Medio Oriente

Los mercados locales y mundiales concluyeron la primera semana de conflicto en Medio Oriente. El precio del petróleo este viernes siguió avanzando, trepó casi 9%, acercándose a los u$s100 y volvió a niveles máximos que no se observaban en casi 4 años.
A ello se suma que las acciones argentinas del índice Merval recuperaron algo de posiciones este viernes, debido a que subió 2% en la última rueda, pero, en el acumulado de marzo, cae un total de 0,6%.
En este marco, se destacaron las alzas de las acciones de Aluar, con un incremento de 6,6%, y de 5,8% de YPF, enmarcada por la suba mundial del precio del crudo.
Asimismo, las acciones argentinas cayeron en Wall Street el viernes hasta 5% en dólares, por el «efecto contagio» de todo el mercado estadounidense, donde los principales índices descendieron hasta 1,7%, como fue el caso del Nasdaq. Y en el acumulado de todo el presente mes, el balance es negativo también para el Dow Jones y el S&P500.
Finalmente, los bonos argentinos en dólares se derrumbaron el último día de la semana hasta 1,5%, como en el caso del emitido al 2041 (AL41), y los que tienen vencimiento en 2035 con legislación de Nueva York (AL35D).
Justamente, esto último tiene estrecha relación con las operaciones en el mercado cambiario, donde el precio del dólar oficial aumentó 10 pesos el viernes, para alcanzar los $1.435 para la venta minorista en Banco Nación, el mismo valor al que había alcanzado el martes pasado.
Es decir, si bien el precio del dólar sube 1% en marzo, venía de caer 3% en febrero y en todo 2026 desciende un acumulado de 3%.
Esto significa que, más allá de la volatilidad, el tipo de cambio se encuentra estable y hoy cotiza 30 pesos menos que hace exactamente un mes atrás. Por lo que el conflicto en Medio Oriente, por el momento, no lo está afectando.
Precio de dólar en la mira
Si bien el precio del dólar en Argentina viene comportándose de manera calma, a nivel mundial está al alza, debido a la guerra en Irán y países aledaños, y el índice DXY se acercó al nivel de 100.
El foco a nivel doméstico es el de la leve suba del viernes, debido a que, desde la City, se alerta que este movimiento se debió a la tensión mundial y, en consecuencia, a algunas posiciones que se dolarizaron y que desarmaron sus tenencias en algunos bonos locales.
«Hay un poco de de salida de capitales, con los bonos para abajo, debido a que tanto riesgo afuera genera una dolarización de carteras. De hecho, el informe de 6 bancos extranjeros, que advirtieron sobre la vulnerabilidad de los bonos argentinos, y recomendaron cerrar posiciones, generaron ventas y caídas en sus precios», afirma Francisco Díaz Mayer, analista de ABC Mercado de Cambios.
De hecho, menciona que esto se evidencia en que este viernes se operó un volumen total de unos u$s425 millones, que fue un nivel superior al promedio de u$s341 millones diarios operados del lunes al jueves.
«Estamos en un escenario de incertidumbre, volatilidad en el plano internacional que se contagió a varios mercados. En el segmento local, el ajuste no fue significativo y, obviamente, responde más a factores exógenos que locales. La evolución de los próximos días tendrá que ver, seguramente, con el devenir del conflicto internacional, pero estructuralmente el mercado local todavía mantiene buenos pronósticos por el flujo de ingresos esperados«, afirma a iProfesional Gustavo Quintana, analista de mercados de PR Cambios.
Respecto a esto último, el Banco Central volvió a comprar dólares el viernes para las reservas, al sumar u$s40 millones. Por lo que, desde el 5 de enero pasado, cuando comenzó con estas adquisiciones de divisas, ya acumula adquisiciones por unos u$s3.003 millones.
«El índice mundial de dólar DXY vino subiendo fuerte estos últimos días, siguiendo un cambio en la toma de riesgos a nivel mundial, producto de la guerra con Irán. De hecho, el dólar en Argentina estuvo bastante quieto dada esta suba, pero en Brasil o en otros países de la región, por ejemplo, el movimiento fue más abrupto», detalla Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la Consultora Quaestus.
A ello agrega Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital: «Este movimiento se produce en un contexto de fortalecimiento del dólar a nivel mundial, impulsado por la incertidumbre que genera el conflicto bélico en Medio Oriente, lo que presiona a las monedas emergentes».
Por lo que Bernues concluye: «Lo más probable es que siga todo bastante tranquilo en Argentina, dado que nos estamos acercando a la cosecha gruesa y no parece haber mucha demanda de dólares. De hecho, el principal comprador en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) es el BCRA que, por ejemplo, el jueves pasado compró el 25% del volumen operado».
Precio de dólar esperado
«Las expectativas de un conflicto prolongado pueden hacer esperar una suba del tipo de cambio», advierte Darío Rossignolo, economista y profesor de Finanzas Públicas en la Facultad Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Por lo pronto, en la actualidad el precio del dólar mayorista se ubica en $1.416, y en el mercado de opciones y futuros del Matba-Rofex (A3) se negoció el viernes para fines de marzo a $1.439,5. Y para fin de diciembre se operó a $1.751.
Es decir, las proyecciones de la City es que en todo el 2026 la devaluación será apenas por encima del 20%.
Claro, todo dependerá que el conflicto en Medio Oriente no se profundice, que el precio del petróleo frene su escalada, algo que podría empezar a afectar la inflación mundial y, por ende, una suba en la cotización del dólar.–
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ECONOMIA
Juicio por YPF: en su primera medida como Procurador, Amerio pidió frenar las investigaciones hasta que se defina la apelación de fondo

La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a través del estudio neoyorquino que lo representa, presentó una moción de emergencia ante la Cámara de Apelaciones para suspender el intrusivo proceso de “Discovery” exigido por los demandantes a quienes acusa de convertir el proceso “en un circo”.
Se trata de la primera medida de Sebastián Amerio como Procurador del Tesoro –su designación fue confirmada ayer–, en el mayor juicio que tiene este organismo, el cuerpo de abogados del Estado.
La demanda, que ya lleva más de una década cursándose en la corte de Loretta Preska, en Nueva York, tuvo una fallo adverso en primera instancia, en 2023, pro el cual se condenó al Estado a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Cifra que con intereses, recuerda el documento presentado, ya supera los USD 18.000 millones.

Ese fallo fue apelado y, en paralelo y mientras la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York decida, algo que se cree que podría pasar en los próximos meses, Burford Capital, el principal beneficiario, lanzó una serie de intentos para acelerar el pago. Pidió turnover de acciones, declarar al Estado en desacato, tratar de demostrar el alter ego (que el Estado y la empresa son “lo mismo”, etc.
Todas estas acciones derivaron en presentaciones, decisiones de Preska y apelaciones puntuales. Ese proceso enmarañado es el que ahora, de manera urgente, el Estado Argentino pide frenar hasta que se defina la apelación de fondo: si el fallo de Preska de primera instancia es válido o no.
En concreto, la PTN exigió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia mientras se resuelve la apelación de fondo.
“En la presentación se solicita la paralización de la etapa de exhibición y producción de documentos (discovery), del requerimiento de aplicación de sanciones y de la audiencia probatoria fijada para los días 21 al 23 de abril de 2026″, detalló el organismo y remarcó que el 26 de febrero, el Departamento de Justicia de EEUU presentó un escrito en respaldo de la posición argentina, señalando que el discovery resulta excesivamente intrusivo, que puede afectar principios de reciprocidad internacional y que plantea preocupaciones en materia de política exterior. Además, el Departamento de Justicia solicitó participar oralmente en la audiencia del 16 de abril relativa a la apelación de la orden de entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF.

“En su escrito, la República sostiene que la suspensión se encuentra plenamente justificada, ya que existen fundamentos sólidos para revertir la decisión apelada, entre ellos la incorrecta aplicación del derecho argentino y el forum non conveniens. Asimismo, advierte que la continuidad del discovery ocasiona un perjuicio irreparable para la soberanía nacional y puede impactar en la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras. También destaca que el interés público aconseja evitar impactos en las relaciones exteriores y posibles ineficiencias procesales si la decisión de fondo torna abstractas las controversias vinculadas a la ejecución”, destacó el ente ahora comandado por Amerio.
La PTN detalló que Argentina ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso, produciendo más de 115.000 páginas de documentación y facilitando aproximadamente 37 horas de testimonio de siete funcionarios de alto rango. “Además, en cumplimiento de la orden emitida respecto de dispositivos personales, se entregaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Pese a ello, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, aseguraron.
El documento presentado ante la Cámara de Apelaciones afirma que la suspensión (stay) de discovery es lo que corresponde en esta etapa del proceso judicial, que Argentina prevalecerá en base a los méritos del caso, que sería “irreparablemente dañada” si la Cámara no lo suspende, que los demandantes no sufrirán ningún daño por la suspensión y que el “interés público” incide fuertemente en favor de la suspensión.

“Desde entonces, mientras se espera la decisión sobre el fondo de este Tribunal, los demandantes han convertido la producción de pruebas relacionada con la ejecución en un circo”, detalló el documento.
Luego de los cambios en el ministerio de Justicia, ayer se oficializó la designación de Sebastián Amerio en la PTN.
Además, se informó que Santiago María Castro Videla, hasta ahora al frente del organismo, pasaba a ser subprocurador y se suma a los otros dos cargos similares ya existentes, a cargo de por Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.
Corporate Events,South America / Central America
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