En marzo de 2026, el mercado argentino de motovehículos alcanzó un nuevo récord histórico para un solo período en el patentamiento de unidades 0 km, dando continuidad a una tendencia apreciada en febrero, cuando se había registrado el mejor resultado para ese mes desde que se miden los patentamientos de motocicletas, hace más de 20 años.

La cifra de marzo fue mejor aún, alcanzando las 79.115 motos 0 km, según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), publicados este miércoles.

Este resultado, en efecto, es el mejor mes de la historia para el sector de motovehículos en Argentina, y superó ampliamente el registro más alto anterior que correspondía a menos de 75.000 unidades y requiere retroceder hasta 2017 para encontrar un desempeño similar.

En el informe que se elaboró con datos provistos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), se refleja un crecimiento interanual de 54,8% frente a marzo de 2025, cuando se habían registrado 51.117 vehículos. Si la comparación es con el mes anterior, la suba fue de 11,6% sobre los datos de febrero 2026.

Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que “acabamos de finalizar el mes de mayor registro de patentamientos de motovehículos de la historia por un amplio margen”. El directivo remarcó que el segmento de motos de baja cilindrada tiene una participación cada vez mayor, impulsado en parte por quienes buscan alternativas de movilidad para el trabajo autónomo.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, se registraron 218.772 motovehículos, lo que implica un alza de 44,4% respecto al mismo período de 2025, cuando se habían patentado 151.456 unidades. Este crecimiento se mantiene firme en todas las categorías principales, aunque el mayor impulso provino de las motocicletas tradicionales, que totalizaron 77.264 unidades en marzo, con un incremento del 55,4% interanual. Los scooters también mostraron un avance, con 1.695 unidades y una suba de 30,7% respecto a marzo del año anterior.

Marcas y modelos

El ranking de marcas mostró que Honda mantuvo el primer puesto con 14.754 unidades patentadas y una cuota de mercado de 18,6%. En segundo lugar se ubicó Motomel (9.776 unidades), que desplazó a Gilera al tercer escalón (9.331). Keller ocupó el cuarto lugar con 8.458 y Corven completó el top cinco con 7.081. Entre las marcas fuera del top cinco, Zanella, Mondial, Bajaj y Siam también registraron aumentos significativos en sus volúmenes respecto a 2025.

Dentro del segmento de modelos, la Honda Wave 110S se consolidó como la moto más patentada del país, con 7.533 unidades y un crecimiento interanual de 97,8%. El segundo puesto fue para la Keller KN 110-8 (7.266 unidades), seguida por la Gilera Smash (6.705). Los modelos Motomel B110 y Corven Energy 110 completaron las primeras cinco posiciones, confirmando la preferencia del público por motos de baja cilindrada. En el top ten también se destacaron la Mondial LD 110 Max, la Motomel S2 150, la Honda GLH 150 y la Motomel CX 150.

El informe elaborado por ACARA destaca que la demanda se mantiene sólida gracias a la función que cumplen las motos como herramienta de trabajo y medio de movilidad económica. El crecimiento de los segmentos más accesibles y la aparición de marcas con fuerte penetración en el interior del país refuerzan esa tendencia.

La evolución del mercado en 2026 confirma un escenario de recuperación, con cifras que superan ampliamente los registros previos a la pandemia. La consolidación de la moto como vehículo elegido para la movilidad urbana y laboral se refleja no solo en los volúmenes sino también en la diversificación de marcas y modelos presentes en el país.

La escalada de las tensiones en el estrecho de Ormuz impulsó la cotización del barril de crudo Brent por encima de la barrera de los u$s100 durante la última semana de marzo. Ante este escenario de volatilidad global, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía coordinaron una serie de medidas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, orientadas a mitigar el traslado de esos costos internacionales al precio de venta al público en las estaciones de servicio.

La principal herramienta fiscal utilizada fue el Decreto 217/2026, que dispuso una nueva postergación en la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC). La normativa sustituyó las fechas de aplicación previstas en decretos anteriores, trasladando el incremento que debía regir desde hoy hacia el 1° de mayo de 2026. Esta decisión administrativa permite congelar durante 30 días adicionales un componente que, por ley, debía ajustarse según la inflación del último trimestre.

El diferimiento impositivo funciona como un colchón para las empresas refinadoras, que enfrentan una presión creciente por el costo del crudo local, el cual se rige por la paridad de exportación menos retenciones. Al retirar la carga tributaria del esquema de costos de abril, el Gobierno Nacional busca que el ajuste en surtidores tenga una presión inflacionaria significativamente menor al que requeriría la dinámica del mercado internacional, priorizando la estabilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según datos de la consultora Economía & Energía (EyE), esta postergación no es gratuita para las arcas públicas, y solo en marzo la decisión de no aplicar la alícuota plena significó una pérdida de recaudación estimada en u$s147 millones, acumulando unos u$s429 millones en lo que va del primer trimestre del año.

El ajuste en biocombustibles

En forma complementaria, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 81/2026, firmada por la secretaria María Tettamanti, que establece los nuevos valores para el mercado de los biocombustibles. La norma fijó en $1.808.690 por tonelada el precio de adquisición del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil. Este valor representa una baja nominal del 1,85% respecto a los niveles de marzo, cuando el precio regulado se ubicaba en $1.842.796 por tonelada.

La reducción del precio del biodiésel es una medida de excepción en un contexto de costos al alza, diseñada para abaratar el componente biológico del corte obligatorio que realizan las petroleras. Al reducir el costo de este insumo, que representa una porción relevante de cada litro de gasoil grado 2 y grado 3, se genera un margen adicional para que las refinadoras absorban parte de la suba del petróleo fósil sin afectar su rentabilidad operativa.

Otro punto destacado de la Resolución 81/2026 es la modificación de los plazos de pago para el sector de los biocombustibles. La normativa estableció que el pago de las operaciones no podrá exceder los siete días corridos desde la fecha de factura. Esta medida busca otorgar previsibilidad financiera a las pequeñas y medianas empresas del sector (pymes), garantizando la fluidez del suministro hacia las plantas de mezclado de las grandes operadoras de refinación.

El despliegue de esta «pinza regulatoria» refleja la preocupación oficial por el impacto de la logística sobre el resto de la cadena de precios. Un salto en los combustibles durante abril pondría en riesgo la tendencia de desinflación que busca consolidar el Palacio de Hacienda. 

Una situación más cómoda

A diferencia de crisis anteriores, donde la falta de producción local obligaba a importar volúmenes masivos de gasoil a precios spot, la actual disponibilidad de crudo y gas permite al sector tener un mayor control sobre los costos de generación y refinación. La estrategia de «Operativo surtidor» del ministro de Economía Luis Caputo se apoya en esta capaciadd productiva para utilizar el biodiésel y los impuestos como herramientas de estabilización macroeconómica frente a los shocks externos.

Desde el sector de las estaciones de servicio y las cámaras de transporte, la medida se recibió como un alivio temporal, aunque persiste la expectativa sobre el comportamiento de la brecha cambiaria y la evolución del Brent en las próximas semanas. El decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Caputo establece que el beneficio impositivo vence al finalizar abril, lo que anticipa un escenario de negociación para mayo.

La baja en el precio del biodiésel también envía una señal al mercado de oleaginosas. Al fijar un valor en pesos con plazos cortos de pago, la Secretaría de Energía intenta desvincular el costo del insumo local de la dinámica exportadora del aceite de soja, garantizando que el mercado interno tenga un abastecimiento seguro y a precios competitivos frente a la alternativa del crudo importado.

En términos de recaudación, el diferimiento de los impuestos ICL e IDC representa una renuncia fiscal transitoria, pero el equipo económico evalúa que el costo de oportunidad de un salto inflacionario derivado del transporte sería superior. La prioridad técnica en este primer trimestre de 2026 fue evitar que la crisis en el mar Rojo y los estrechos globales se tradujera en una pérdida de poder adquisitivo inmediata para el consumidor de la Argentina.

El corte en los combustibles

Para complementar la estrategia de contención de precios, la Secretaría de Energía implementó la semana pasada una flexibilización en los límites de mezcla obligatoria, permitiendo a las empresas refinadoras una mayor integración de biocombustibles en sus cortes finales.

Esta medida faculta a las operadoras a elevar el contenido de bioetanol en las naftas por encima de los mínimos establecidos por la Ley 27.640, bajo un esquema de adhesión voluntaria que busca optimizar la estructura de costos de producción local.

La lógica técnica de esta convergencia regulatoria responde a la brecha de precios existente entre el crudo Brent —presionado por la crisis en el estrecho de Ormuz— y los derivados de origen vegetal producidos en la Argentina. Al incrementar el porcentaje de corte con insumos bio, cuyo valor en pesos fue reducido mediante la Resolución 81/2026, las refinadoras logran promediar un costo de salida de refinería más bajo. 

Al permitir que el biodiésel y el bioetanol asuman una mayor cuota del mercado de combustibles líquidos, se reduce la presión sobre el stock de destilados fósiles y se aprovecha la capacidad instalada de las plantas procesadoras de Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Esta integración más profunda entre el complejo agroindustrial y el sector petrolero se consolida así como el tercer pilar del «operativo surtidor» para transitar el mes de abril.

En medio de la compra de reservas por parte del Banco Central y la calma en el plano cambiario, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra los economistas y la oposición que siguen pidiendo que el Gobierno devalue para que la Argentina sea competitiva.

“Tenemos que terminar de comer el cuento de que para ser competitivos hay que devaluar, encuentro patético a la gente que dice eso. Me parece casi que le están tomando el pelo a la gente, no sé si lo hacen porque les pagan, por desconocimiento. ¿Esa es la propuesta que tienen como economistas? Un país que devaluó en los últimos 25 años de 1 a 1.400, ¿En serio la solución que tienen es devaluar? A los que piden devaluar me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo a todos”, sostuvo durante su participación en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La declaración se da en medio de la compra de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en lo que va del año ya compró más de USD 4.000 millones y superó el 40% de la meta que se fijó para el 2026 de USD 10.000 millones. Aunque gran parte de esas compras no se pudieron acumular ante el pago de vencimientos a organismos internacionales.

Pero el dato está en que, mientras el Central compra reservas, la mayoría de las jornadas, en una proporción mayor al 5% del volumen diario -como tenía permitido-, el dólar se mantiene en relativa calma y no tuvo sobresaltos en los primeros meses del año. Lo que fue destado dias atras por Caputo quien aseguró que sin las intervenciones para compra del Central el dólar estaría en 1.100 pesos.

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