ECONOMIA
Cuáles son las 4 condiciones para que se multipliquen las inversiones, las exportaciones y el empleo minero
Un exhaustivo informe enfatizó la “oportunidad histórica” que la minería presenta para Argentina, aunque advirtió la necesidad de lograr y mantener estabilidad macroeconómica e introducir mejoras legales, entre las cuales incluyó la aprobación del proyecto oficial de adecuación de la “Ley de Glaciares”, para basarla en “criterios científicos” y “verificación en el terreno”, fortaleciendo a la vez el rol de las provincias en el control y evaluación del impacto ambiental.
Según el estudio, realizado por la consultora Invecq, “la minería argentina atraviesa una etapa clave, con avances concretos y un potencial de crecimiento que podría ubicar al sector entre los principales motores de exportaciones, empleo y desarrollo regional del país”. Si bien en los últimos años la minería alcanzó récords históricos en exportaciones y consolidó su rol en economías regionales, dice el estudio, “el nivel de desarrollo sigue siendo bajo en relación con el potencial geológico del país”.
La brecha entre recursos y producción, subraya el estudio privado, “posiciona a la Argentina frente a una oportunidad estratégica, pero también frente al riesgo de no capitalizarla si no se generan condiciones adecuadas”.
En los últimos años la minería ganó prominencia a nivel mundial a medida que ganó impulso la llamada “transición energética”, muy demandante de una amplia gama de “minerales críticos”. Esa prominencia se acentuó debido a la concentración de la producción y procesamiento de varios de esos minerales en China y la competencia estratégica que se intensificó bajo la segunda administración de Donald Trump, por el acceso a los mismos.
La minería ganó prominencia a nivel mundial a medida que ganó impulso la llamada “transición energética”, muy demandante de una amplia gama de “minerales críticos”
Incluso el Papa León XIII recibió el fin de semana pasado a ejecutivos de grandes empresas de energía y minería mundiales, convocatoria que abarcó empresarios de la Argentina, para impulsar la protección de los derechos humanos y el ambiente ante la presión que ejerce la creciente demanda mundial.
El estudio de Invecq destaca algunas cifras básicas de la minería argentina, como que en 2025 se superaron los USD 6.000 millones de exportación, el nivel más alto de la historia y 70% por encima de los valores alcanzados en 2015.
Aun así, la minería sigue representando menos del 1% del PBI argentino “a pesar de que el país concentra una porción relevante de los recursos minerales globales. De hecho, precisa el estudio, Argentina cuenta con 310 proyectos mineros metalíferos, pero solo 26 están en producción. Y si se consideran los cuatro minerales principales –litio, cobre, oro y plata-, solo el 11% de los proyectos está en fases avanzadas, “lo que evidencia una amplia brecha entre el potencial geológico y su desarrollo efectivo”.
Un pasaje del estudio precisa las reservas en cada uno de esos minerales: en litio, la medida es de 197,9 millones de toneladas métricas, medida que estaría entre 12 y 22% de las reservas mundiales, en cobre las reservas identificadas son 17,1 millones de toneladas (1,5 a 2,5 de las reservas mundiales), en oro se trata de 33,6 millones de onzas y en plata de 493 millones, equivalentes respectivamente a entre 4 y 7% y entre 2 y 3% de las reservas mundiales. Los “recursos son mucho más considerables, pero económicamente más inciertos.
Fuente: Invecq
En cuanto a inversiones, Invecq destaca que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ya muestra impactos concretos: los proyectos aprobados bajo ese esquema ya suman USD 16.722 millones, de los cuales más de USD 6.000 millones corresponden a iniciativas mineras. Además, hay 5 proyectos mineros en etapa de evaluación.
Prospectivamente, la Secretaría de Minería estimó que los gastos de capital estimados para cumplir las proyecciones de exportaciones superan los USD 32.000 M en el período 2025-2033. Poco más de USD 22.000 millones corresponden al cobre, USD 9.000 millones al litio, 940 millones al oro y 540 millones a la plata
El estudio resalta también el “significativo” impacto provincial de los proyectos mineros, con provincias como Santa Curz y San Juan, que en 2025 concentraron cerca del 70% de las exportaciones mineras argentinas y el inmenso potencial y “salto pendiente” del cobre.
“Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir de este mineral –dice al respecto- Argentina quedó prácticamente fuera de ese mercado, con producción marginal y sin capacidad de aprovechar una demanda global en fuerte expansión asociada a la electrificación, las energías renovables y la movilidad eléctrica.
Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir del cobre, Argentina quedó prácticamente fuera de ese mercado, con producción marginal (Invecq)
Se trata de dos países en que las exportaciones mineras representan entre 17% y 18% del PBI, contra menos del 1% en el caso argentino. Para Invecq, en un escenario de mayor previsibilidad regulatoria y reglas de largo plazo, las exportaciones mineras argentinas podrían más que duplicarse hacia 2030, superando los USD 15.000 millones anuales, acercarse a los 18.000/19.000 millones de dólares hacia 2035 e incluso rozar los USD 25.000 millones en un “escenario favorable”.
Entre empleos directos e indirectos, calculó el estudio, la minería ya genera más de 120.000 puestos de trabajo, con niveles de informalidad “prácticamente inexistentes” y salarios casi cuatro veces superiores al promedio del empleo privado formal. Sin embargo, destaca, la expansión del empleo asociada al cobre está “virtualmente congelada, debido a que los proyectos de mayor escala no pueden avanzar bajo el marco legal actual”.
Por otra parte, las regiones donde se desarrollarían estos proyectos –la Cordillera, la Puna y la Meseta Patagónica– “son de baja densidad poblacional y escasas alternativas económicas” por lo que allí la minería no compite con otras actividades, sino que –por el contrario- permite generar proveedores locales, infraestructura, capacitación técnica y arraigo territorial.
El estudio de Invecq lista cuatro factores que reduzcan la incertidumbre, viabilicen las inversiones en gran escala y permitan concretar todo o buena parte de ese potencial, a saber:
- Estabilidad macroeconómica: Es el “primer pilar” pues la minería requiere inversiones intensivas en capital y horizontes de recuperación que superan los diez o quince años. En ese contexto, “la previsibilidad en variables como inflación, tipo de cambio, acceso a divisas y equilibrio fiscal resulta indispensable para atraer nuevos proyectos y avanzar en los que hoy se encuentran en etapas tempranas.
- Reglas claras y continuidad del RIGI: En coincidencia con la importancia de garantizar reglas de juego estables, el trabajo alerta que la no modificación de las condiciones de ese esquema “es clave para sostener la confianza de los inversores y evitar cambios que alteren la ecuación económica de los proyectos ya anunciados o en evaluación”.
- Rol de las provincias y federalismo productivo: ”La minería es una actividad eminentemente territorial”, dice el informe. Y por eso considera “fundamental” que las jurisdicciones definan sus estrategias, condiciones y marcos regulatorios “para viabilizar proyectos, fortalecer la licencia social y maximizar el impacto en el desarrollo local”.
- Marco legal y Ley de Glaciares: Argentina ya cuenta con un marco ambiental sólido y con leyes exigentes en cuanto a la protección de los recursos naturales, pero en algunos casos la aplicación de las normas no fue adecuada y generó incertidumbre al desarrollo de proyectos. Un particular punto crítico, dice, es la definición imprecisa del área periglaciar, “discusión que permanece sin resolución desde hace más de 15 años, a lo que se suma la falta de verificación en el terreno de las condiciones reales de algunas zonas declaradas como protegidas”. Esa situación, afirma Invecq, “derivó en superposiciones normativas, judicialización y demoras en las inversiones”.
Si bien el informe es auspicioso sobre las posibilidades económicas y sociales que brinda la actividad minera, también advierte sobre el ritmo lento de sus procesos.
Entre exploración y estudios, permisología, aprobación de estudios de factibilidad y de impacto ambiental y construcción, los tiempos promedio en el mundo son de 17 años en el caso del cobre, de 16,6 años en el del litio y 16,1 en el caso de los yacimientos de oro y plata. Los horizontes de producción, luego, se miden en décadas y varían en función de los precios internacionales, la “ley” de los yacimientos y las tecnologías y costos disponibles.
De los más de 310 proyectos metalíferos existentes en el país, los más avanzados (esto es, en estado prefactibilidad, factibilidad, construcción o producción) son 48, de los cuales más de la mitad ya está en producción. Invecq hizo foco en cuatro minerales: oro, plata, litio y cobre, que suman 228 proyectos. De ellos, hay 24 en producción, 5 en construcción, 9 en factibilidad y candidatos a construcción y 6 en prefactibilidad.
Los 5 en construcción son Josemaría-Filo del Sol en cobre, Hombre Muerto Oeste, Sal de Vida y Salar del Rincon en litio y Calcatreu en oro.
La gran mayoría de las zonas donde hay depósitos minerales metálicos y se desarrolló o puede desarrollar la minera son áreas de poca población, lejanas a grandes centros urbanos y, en la mayoría de los casos, de poca diversidad productiva
El estudio resalta que la gran mayoría de las zonas donde hay depósitos minerales metálicos y se desarrolló o puede desarrollar la minera son áreas de poca población, lejanas a grandes centros urbanos y, en la mayoría de los casos, de poca diversidad productiva. E identifica 3 regiones claras:
- La estepa patagónica, con concentración en particular en el macizo del deseado: Santa Cruz, Chubut, Rio Negro
- Cuyo – Cordillera central: San Juan, Mendoza, San Luis
- NOA– Cordillera Norte y Puna: La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy
Más diversificado es el origen de sus inversiones, que actualmente proviene de 17 países, aunque la mayor parte del capital se concentra en un grupo reducido que encabezan Canadá, China, Australia y Estados Unidos. La inversión en exploración creció en los años recientes, hasta llegar a USD 500 millones en 2024, concentrada en cobre (41%), seguido de Oro (27%) y Litio (26 por ciento).
El estudio apunta también a los impactos sociales de la actividad, como el aumento del empleo minero, de 22.400 puestos directos en 2009 a 37.000 en 2025 (promedio a abril de ese año). Si bien, se reconoce, la minería genera apenas 0,6% del empleo privado registrado (apenas 0,6% en 2025, genera empleo “de calidad”.
La tasa de informalidad es muy baja (1,3%, contra 42% en el conjunto de la economía) y el salario minero metalífero es 3,7 veces (esto es, 270% más alto) que el salario promedio de los asalariados privados registrados y 1,8 veces (esto es, 80% más alto) que en la minería de roca, más localizada en provincias como Córdoba y Buenos Aires. “En términos de evolución, mientras el salario promedio del empleo privado registrado permanece prácticamente estancado desde hace varios años, los salarios mineros exhiben una tendencia creciente”, dice un pasaje del estudio.
La cadena de valor minera no se limita a la extracción, pues también impacta la construcción y varios sectores industriales. El estudio precisa que el Registro Federal de Proveedores Mineros lista 1.947 empresas y refleja que los proyectos demandan servicios de casi 30 rubros distintos.
“Al agrupar los proveedores en grandes categorías, se observa que la mayor parte corresponde a servicios no mineros, un conjunto amplio que incluye actividades como software y telecomunicaciones, servicios empresariales y profesionales, metalmecánica, gastronomía, hotelería, mantenimiento automotor, salud y servicios médicos, seguridad, comunicación y marketing, gestión ambiental, limpieza, energía, RR.HH., entre otros”, dice un pasaje el estudio de Invecq.
“La cadena minera tiene eslabones de 3.410 empresas industriales concentradas en 9 subcapítulos que explican el 64% de los productos vendidos a la minería. Entre esos, concentran la mayor parte de la oferta la venta de Reactores, Calderas y Aparatos Mecánicos y Material Eléctrico, seguido por productos químicos y plástico”, especifica otro.
La cadena minera tiene eslabones de 3.410 empresas industriales concentradas en 9 subcapítulos que explican el 64% de los productos vendidos a la minería (Invecq)
La conjunción de generación de crecimiento, empleo, infraestructura y aumento de la recaudación fiscal (regalías, ingresos brutos, tributos sobre el consumo y los salarios) en las provincias, subraya también el estudio, también muestra que la minería puede generar progreso o desarrollo, un concepto más amplio que el aumento temporal o permanente del PBI. Asi sucedió en otros países, como Canadá y Australia “que se han convertido en desarrollados en parte por el aporte de la minería”.
La actividad minera, agrega, “también ha colaborado a la mejora económica de países de nuestra región, como Chile y Perú, que con economías más chicas y menos complejas que la Argentina, pero con buenos recursos y políticas estables se han transformado en potencias mineras. La cadena de transmisión que arranca en un hallazgo geológico y michos años después llega a la extracción de un mineral, abarca inversiones, estudios científicos, empleos, construcción, demandas industriales, capacitaciones, educación por demanda de mano de obra calificada, profesional y también en oficios”, dice el estudio.
Y observa: “Argentina quedó notablemente rezagada en el desarrollo de sus exportaciones mineras.
Mientras Chile, Perú y Australia tienen exportaciones mineras que representan entre 10% y 18% del PBI—, en Argentina representan menos del 1% del producto. Si bien hoy, los esfuerzos de exploración están concentrados en el cobre, Argentina quedó prácticamente fuera del mapa en su producción en los últimos años. Mientras Chile y Perú consolidaron un sendero de crecimiento sostenido, en Argentina las ventas externas de cobre se desplomaron a niveles casi nulos tras el cierre de Bajo La Alumbrera en 2018”.
Las historias de Canadá y Australia son aún más instructivas. Canadá desde el Siglo XVIII y Australia desde el XIX, cuando aún eran colonias”, dice el estudio, fueron creciendo en número de grandes empresas mineras, que a su vez creó un ecosistema de proveedores surgido del propio desarrollo del negocio e iniciativa privada y está hoy internacionalizados.
El desarrollo de la minería y de las empresas mineras lleva mucho tiempo, pero genera resultados
Las lecciones al respecto son claras, concluye Invecq: el desarrollo de la minería y de las empresas mineras lleva mucho tiempo, pero genera resultados.
Las exportaciones mineras de Canadá suman hoy unos USD 160.000 millones anuales, explican el 7% del PBI y sostienen 700.000 empleos totales. Australia exporta poco más de USD 200.000 millones anuales de minería, equivalente al 11,4% de su PBI y el sector genera en total 1,3 millones de empleos . “Ambos países -subraya el estudio- son potencias mineras y tienen empresas globales”.
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ECONOMIA
Entre Ríos regresa al mercado internacional tras casi diez años con la colocación de bono por USD 300 millones
La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
Según el gobierno provincial, esta transacción financiera tiene como propósitos principales la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.
De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.
El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales:
- Un primer pago del 33,33% en el año 2031.
- Un segundo pago del 33,33% en el año 2032.
- Un pago final del 33,34% en el año 2033.
En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar. Esta cifra representa una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) en comparación con el margen convalidado por el mercado en la última emisión internacional de la provincia, realizada en el año 2017.
La colocación no funciona de forma aislada, sino que forma parte de un proceso de administración de pasivos que incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado definitivo de esta propuesta de canje se dará a conocer el próximo 27 de febrero.
Desde el punto de vista técnico, la emisión internacional apunta a reemplazar el título actual por uno con plazos más extensos. Paralelamente, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar obligaciones denominadas en pesos. Estos pasivos en moneda nacional se caracterizan por tener un costo financiero más alto y cronogramas de vencimiento de corto plazo, lo que generaba una presión constante sobre la caja provincial.
La implementación de esta estrategia financiera modifica el perfil de vencimientos globales de Entre Ríos. Al sustituir deuda de corto plazo y alto costo por un instrumento a largo plazo en dólares con tasas fijas, se busca una estructura de pagos más equilibrada en el tiempo.
El reordenamiento de estos compromisos financieros tiene como fin directo liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración busca reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.
Con esta colocación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones subnacionales que han buscado aprovechar las condiciones del mercado financiero para reprogramar sus pasivos y aliviar la carga sobre sus tesorerías, en un contexto donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se mantiene como el eje de la política económica provincial.
Desde el inicio de gestión del gobierno de Milei, ya colocaron deuda en los mercados internacionales Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De hecho, el martes pasado ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central un total de USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y elimina un incentivo salarial clave para los trabajadores estatales. El impacto en los ingresos de bolsillo
26/02/2026 – 18:11hs
El escenario laboral en el sector público nacional atraviesa una transformación estructural profunda bajo la actual administración. En las últimas horas, una nueva disposición oficial generó revuelo en las dependencias estatales al modificar directamente la composición de los haberes que perciben miles de trabajadores. Esta decisión se enmarca en un plan de racionalización del gasto y de reconfiguración de las normativas que rigen el empleo público en Argentina con la quita del plus por presentismo.
La medida, que ya fue formalizada a través de los canales institucionales, apunta a desarticular una estructura de beneficios que se consideraba consolidada. Para los empleados, esto no representa solo un cambio administrativo, sino una reducción directa en el poder adquisitivo, ya que el componente eliminado funcionaba como un refuerzo mensual que premiaba la asistencia perfecta y que en algunos casa trepaba a $150.000.
A quiénes afecta la eliminación del plus por presentismo
La medida que decidió el Gobierno luego del vencimiento de la prórroga del Premio Estímulo a la Asistencia, aplica solo sobre los empleados pertenecientes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).:
Casa Rosada y ministerios nacionales
Organismos descentralizados
Dependencias de la Administración Central
Qué implica la eliminación del presentismo para el empleado estatal
La decisión del Ejecutivo consiste en la quita del ítem correspondiente al presentismo en las liquidaciones de sueldo de la administración pública. Históricamente, este suplemento funcionaba como un incentivo monetario para aquellos trabajadores que no registraban inasistencias a lo largo del mes. Al desaparecer este concepto, el salario neto de los trabajadores sufrirá una merma que, dependiendo de la categoría y el convenio, puede tener un peso significativo en el total percibido a fin de mes.
Desde el sector oficial argumentan que esta modificación busca simplificar el sistema de liquidación y optimizar los recursos del Estado. Sin embargo, para los trabajadores, el presentismo no era percibido como un premio, sino como una parte fundamental de su sustento diario para hacer frente a la inflación. La quita de este ítem se suma a otras medidas previas que limitaron las contrataciones, consolidando una política de ajuste sobre la planta estatal que no parece tener marcha atrás en el corto plazo.
La resolución impacta de forma dispar según el escalafón, pero la preocupación es unánime: la pérdida de un ítem fijo en un momento donde las paritarias del sector público corren detrás de los aumentos de precios. Además, la medida elimina el carácter disuasorio que tenía el presentismo sobre el ausentismo, planteando un nuevo interrogante sobre cómo se controlará la asistencia y el cumplimiento de tareas de ahora en adelante sin este incentivo económico de por medio.
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ECONOMIA
Monotributo: paso a paso, qué tienen que hacer los contribuyentes si ARCA los recategoriza de forma automática
La recategorización de oficio que realizó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre contribuyentes inscriptos en el Monotributo en las últimas horas generó inquietudes en quienes reciben una notificación inesperada en su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE). Ante este escenario, es fundamental conocer cómo y cuándo deben actuar los contribuyentes que desean impugnar esa decisión del organismo.
Por el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Administrativo existen pasos específicos para quienes buscan apelar la recategorización en el Régimen de Pequeños Contribuyentes. Los especialistas en materia tributaria consultados por Infobae coinciden en que el proceso debe comenzar de inmediato tras la recepción de la notificación, ya que existe un tiempo límite en que se puede llevar a cabo.
Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, precisó que el monotributista que no esté de acuerdo con la recategorización puede interponer un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles administrativos desde que se notifica en el DFE. El trámite se realiza exclusivamente a través del servicio “Presentaciones Digitales”, con la opción “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”.
En este procedimiento, el contribuyente debe exponer los motivos de su descargo y adjuntar documentación respaldatoria que acredite su postura. En palabras de Girardi, la carga de la prueba recae sobre el contribuyente, quien debe demostrar que ciertos movimientos no constituyen ingresos alcanzados por el régimen, aunque el fisco nacional puede requerir información adicional para evaluar el caso.
Un punto central es el análisis de los movimientos en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Girardi remarcó que no todos los importes acreditados son ingresos generados por la actividad económica. Pueden existir transferencias entre familiares o amigos, reintegros de gastos o préstamos personales que no deberían computarse como facturación para el régimen simplificado.
El proceso exige una depuración minuciosa, movimiento por movimiento. La correcta identificación de cada origen de los fondos resulta esencial para que el organismo revise la recategorización. Si el monotributista presenta la apelación con la documentación y argumentos correspondientes, el sistema emite una constancia con número de solicitud. Luego, ARCA puede solicitar datos adicionales antes de resolver.
Pero si el recurso no se interpone dentro del plazo previsto, la recategorización queda firme de manera automática. La nueva categoría tendrá vigencia durante los seis meses siguientes, hasta la próxima recategorización programada por el organismo.
Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, coincidió en los plazos y requisitos del recurso de apelación. En diálogo con Infobae, explicó que desde la fecha de notificación, el contribuyente dispone de 15 días hábiles administrativos para presentar el recurso ante el director general, conforme al artículo 74 del decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Fiscal.
El trámite se gestiona por “Presentaciones Digitales”, en la opción específica para recategorización de oficio del Monotributo. Allí el contribuyente debe aportar toda la prueba que corresponda para indicar por qué ARCA no tiene razón. En el portal web, la persona puede consultar los motivos y los elementos de juicio por los cuales el organismo decidió recategorizarlo.
Domínguez aclaró que si el fisco rechaza el recurso y mantiene al contribuyente en la categoría asignada, el camino administrativo se agota y solo queda la vía judicial para impugnar el acto. Esta instancia suele implicar costos adicionales, por lo que no resulta habitual que los monotributistas avancen por esa vía, salvo que la recategorización implique la exclusión del régimen simplificado y el traspaso a Responsable Inscripto.
No obstante, el experto advirtió que, en caso de exclusión, es probable que el contribuyente opte por la vía judicial, ya que pasa a ser Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias, lo que implica nuevas y mayores obligaciones fiscales. Este cambio afecta la carga administrativa y la estructura de costos de la persona física o el pequeño contribuyente.
El testimonio de los especialistas revela la importancia de observar cada paso del procedimiento oficial. La presentación digital debe ser clara y acompañarse de la documentación respaldatoria pertinente. El análisis de los movimientos bancarios y de billeteras virtuales es una de las variables principales que revisa ARCA para determinar la facturación real de los contribuyentes.
El sistema de recategorización automática utiliza información de acreditaciones bancarias y de billeteras virtuales para identificar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los movimientos detectados. Frente a estas acciones, los contribuyentes tienen la posibilidad de demostrar que ciertos montos no corresponden a ingresos derivados de su actividad económica. Ante las críticas que se generaron al respecto, el Gobierno tuvo que salir a aclarar que se debe a “un procedimiento habitual y previsto por la normativa vigente”.
A través de la Oficina de Respuesta Oficial, la administración libertaria remarcó que la recategorización “puede hacerse de forma voluntaria, eligiendo la categoría que corresponda según la facturación real” y agregó que “si no se realiza, ARCA puede recategorizar de oficio, únicamente en función de la información fiscal disponible”.
“En estos días, circularon versiones que indican que ARCA estaría usando transferencias personales o movimientos familiares de billeteras virtuales para recategorizar monotributistas de manera ‘ilegal’. Esto es categóricamente falso”, ampliaron en un comunicado.
En tal sentido, el texto preciso que el organismo recaudatorio “no utiliza transferencias personales (préstamos, regalos, propinas, dinero propio transferido entre cuentas, etc.) para recategorizar” sino que “lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas”.
“Cuando ARCA detecta que un monotributista cobró por medios electrónicos más de lo que facturó, se envía una notificación y se otorgan 15 días para justificar esos ingresos. Solo si no hay justificación, puede corresponder una recategorización. Además, la información sobre transferencias solo se reporta a partir de montos muy elevados: ARCA no recibe información de transferencias por debajo de 50 millones de pesos mensuales”, concluye el texto oficial.
El debate se genera por las idas y vueltas que tuvo el Gobierno para la presentación del proyecto de Inocencia Fiscal. En un primero incluyó el aumento de los umbrales de los regímenes de información (es decir, el monto a partir del cual los bancos y billeteras virtuales tienen la exigencia de brindarle datos al fisco nacional). Pero al final, la idea de que “no se va a perseguir a ningún contribuyente” solo se aplicará para aquellos que se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
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