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ECONOMIA

Cuáles son las cinco provincias más endeudadas de Argentina, con rojos que alcanzan los $18 billones

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En los últimos años, las deudas que cada provincia decide tomar parece ser cada vez mayor y, entre cambios de gestión y elecciones, las precisiones parecieran disiparse. Los datos disponibles, actualizados en términos absolutos, revelan que Buenos Aires lidera el ranking de las provincias más endeudadas con una suma cercana a los $18 billones, y proyectada a unos $20 billones en este 2025. ¿Cuál fue la explicación del mandatario de Unión por la Patria? Y, ¿por qué otras provincias decidieron endeudarse más que en otros años?

Primero, Salta acumula una deuda de, al menos, $484.500 millones hasta el año anterior. Bajo la administración de Gustavo Sáenz, la provincia logró restructurar u$s350 millones ($444.500 millones al dólar actual) en bonos al 9,125% para reestablecer la sostenibilidad tras el paso del covid-19. En 2024, el gobernador tomó un crédito de $40.000 millones con el Fondo del Bicentenario y DDFP para poder «atender a todos los sectores donde Nación se retiró: comedores escolares, salitas, remedios oncológicos, y un conjunto de cuestiones que requieren atención», según precisó el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur.

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Buenos Aires es la provincia más endeudada del país

Chaco, un caso particular

Descendentemente, le sigue Chaco que acumuló una deuda de $313.000 millones hasta 2023, incluyendo u$s250 millones ($317.500 millones, al dólar de $1270) emitidos en 2016 bajo el mandato del peronista Domingo Peppo con bonistas internacionales (Grupo Ad Hoc de Bonistas, VR Advisory Services). Esta suma, asumida en dólares, se tomó para abonar gastos corrientes como sueldos y el mantenimiento del gobierno provincial.

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Y en 2024, bajo el mando del radical Leandro Zdero, se volvió a recurrir a financiamiento externo a través del BID para, según detallaron desde su administración, mejorar la educación. Aunque, tras ello, se destinaron unos u$s80 millones a pagar las obligaciones anteriores.

«En los años siguientes tendremos que seguir pagando los vencimientos de esta deuda millonaria en dólares que fue asumida irresponsablemente en su momento y que ha comprometido el futuro de todos los chaqueños sin que las gestiones anteriores hayan pagado un solo peso», aseveró Zdero a la hora de rendir cuentas.

La situación de esta provincia en particular es frágil debido a que ingresó en default en 2020, durante el gobierno de Jorge «Coqui» Capitanich, quien no logró cumplir con los pagos de deuda en dólares, los que, probablemente, también incluyan los que se tomaron en 2016. Ambos hechos, la devaluación de peso (que terminó elevando el valor de la deuda en dólares) y la inflación, se convirtió en un problema financiero máximo para la provincia.

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Es decir, de nuevo, considerando que se abonaron u$s80 millones de «la deuda desencadenante de todos los males», como lo llama la oposición chaqueña, y que se tomó otra deuda con el BID, la cuenta en negativo total de Chaco podría superar los 313.000 millones de pesos.

Luego, Tucumán reportó una deuda de $72 millones en 2023 donde el gobernador Osvaldo Jaldo tomó bonos en el mercado local para garantizar el desarrollo económico, con el foco en el turismo. «Cuando yo empecé la gestión me dejaron $35.000 millones de deuda. Eso se actualiza por el índice CER que es casi el de la inflación. Hoy Tucumán debe 72.000 millones«, admitió Jaldo criticando a su excompañero de fórmula, exgobernador y exministro de Alberto Fernández, Juan Manzur.

En un nivel superior, Córdoba acumula un stock estimado en $1,5 billones para 2025, tras emitir u$s725 millones en bonos este año. Bajo el mandato del exmandatario y excandidato a presidente Juan Schiaretti, Martín Llaryora, los bonos a una tasa del 9,75% tomada en el mercado internacional fue duramente criticada, puesto que marcó el regreso al financiamiento externo luego de ocho años. Pero, también se consideró un hito porque abrió nuevamente el acceso al mercado de deuda global, el cual se vence en 2032.

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«Esta emisión forma parte de una estrategia financiera integral que busca fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones, sin resignar el financiamiento de obras claves para la provincia», explicaron desde el Ejecutivo provincial a finales del mes anterior, y tras la vuelta de Llaryora a la provincia.

Finalmente, provincia de Buenos Aires lidera el ranking con $17,8 billones en 2023, proyectados a$20 billones este año tras un aumento del 12,2% en 2024. El mandatario bonaerense Axel Kicillof emitió bonos en dólares en 2024 y contrajo deuda (vía Nación) con el FMI, BID y Banco Mundial para mantener los subsidios en el transporte, invertir en seguridad e infraestructura, y abonar responsabilidades que dejó la exgobernadora María Eugenia Vidal, según sus ministros.

En 2023, Kicillof pidió u$s150 millones argumentando que «desde el regreso de la democracia, el Estado provincial contó con ingresos totales por habitante un 43% inferior al promedio del resto de las jurisdicciones». Así, 75,6% de la deuda provincial consolidada es en bonos, 18,4% con organismos internacionales, 6% con el gobierno nacional y 2,7% con bancos.

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Complicaciones a la hora de pagar

Ante este panorama, la Fundación Libertad y Progreso analizó el total de las deudas de todas las provincias y revelaron que, sumado Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el monto asciende a u$s23.000 millones. Agravando la situación, según el economista Eugenio Marí, la eliminación del Impuesto a las Ganancias redujo los ingresos coparticipables, forzando ajustes, defaults o más impuestos, en un intento de compensar las balanzas.

El dilema es claro: piden más deuda para suplir viejas deudas y avanzan con reducciones impositivas que favorecen a gran parte de la ciudadanía, pero obliga a las provincias a recurrir a financiación externa u otros impuestos.

Casos como el de Salta, donde la provincia reclama una deuda de casi 245 mil millones de pesos a Nación exponen otra problemática en la imposibilidad de pagar las deudas que es la falta de compromiso de pagos incluso interno. En tanto, Chaco y Tucumán someten al Estado provincial a varios ajustes, que golpean de lleno al mantenimiento de rutas, hospitales y escuelas, entre otros, para poder pagar sus deudas.

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ECONOMIA

El Gobierno retrasó la licitación de las represas del Comahue por pedido de las empresas y en medio de la tensión con el dólar

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Hidroeléctricas del Comahue

El ministro de Economía, Luis Caputo, resolvió posponer la apertura de sobres de la licitación para reprivatizar las cuatro represas del Comahue —El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados— por los próximos treinta años. El acto, originalmente previsto para este jueves a las 17, fue aplazado luego de que varias empresas del sector transmitieran a funcionarios del Palacio de Hacienda su preocupación por llevar adelante el proceso tres días antes de las elecciones legislativas clave para el Gobierno de Javier Milei, en un contexto marcado por la volatilidad financiera y cambiaria.

La Resolución 1649/2025 del Ministerio de Economía, publicada hoy en un suplemento del Boletín Oficial, estableció como nueva fecha límite para recibir ofertas el 7 de noviembre. Además, se prorrogó hasta el 27 de octubre el plazo para que los interesados efectúen consultas al pliego de bases y condiciones.

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Según la norma, el objetivo es “promover una mayor participación de oferentes en el procedimiento licitatorio y garantizar la obtención de propuestas más convenientes para maximizar los ingresos del Estado Nacional”. También justificó la extensión del período de consultas para permitir un análisis más profundo por parte de los interesados.

Caputo había anticipado que esperaba
Caputo había anticipado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos hidroeléctricos (Reuters)

La apertura de sobres estaba fijada de manera virtual a través de la plataforma Contrat.Ar, apenas tres días antes de una elección de medio término central para la gestión libertaria. La combinación de energía dolarizada y la incertidumbre sobre el respaldo electoral del Gobierno encendió alertas entre inversores.

Caputo había anticipado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos hidroeléctricos, que generan el 14% de la energía eléctrica de Argentina. No obstante, fuentes del sector comunicaron a Infobae que la suma podría elevarse a entre USD 700 y USD 800 millones. En despachos oficiales confían en que esos fondos ingresarán al Tesoro antes de fin de año y potenciarán la oferta de divisas, en un escenario de restricciones.

La supervisión directa del proceso está en manos de Caputo y de Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encargado de valorizar los activos estatales para volverlos atractivos a los inversores. Las represas forman parte de los activos de Enarsa y el proceso de reprivatización se desplegará por etapas.

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Desde la privatización en los años noventa, Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila fueron operadas por AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente. En agosto, el Gobierno extendió sus concesiones, vencidas desde agosto de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta la transferencia a nuevos adjudicatarios.

De acuerdo con un relevamiento del portal especializado Econojournal, las empresas que confirmaron su interés en las represas hasta el martes por la noche son Central Puerto, Enel y AES —actuales operadores—, junto a Pampa Energía y Edison Energía. Este último grupo incluye a empresarios como Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, y los hermanos Patricio y Juan Neuss. También se analiza la eventual participación de Genneia, liderada por Jorge Brito, y Aluar, a cargo de la represa Futaleufú. Ambas firmas aún no confirmaron su intervención.

Las centrales reúnen una potencia nominal instalada de unos 4.170 megawatts (MW), lo que equivale a entre el 10% y el 15% de la matriz energética nacional. A lo largo del año, comenzarán a vencer las concesiones de otras quince represas, de menor envergadura, que posiblemente sigan un destino similar al de Comahue.

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El acuerdo entre el Gobierno nacional y las provincias de Río Negro y Neuquén prevé una convocatoria nacional e internacional para operar las hidroeléctricas del Comahue por treinta años. El convenio reconoce explícitamente a las provincias como propietarias de los recursos hídricos y responde a demandas históricas para fortalecer su control y acceder a beneficios económicos ampliados por la generación de energía.

El nuevo esquema incrementa las regalías para las provincias e incorpora un canon por el uso del agua y un fondo para obras de protección y seguridad hídrica, administrado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). El precio de la energía que se comercialice a CAMMESA se fijará en dólares y las regalías se calcularán sobre la totalidad de los ingresos, habilitando la percepción en especie para consumo o reventa regional. Por primera vez se establece un canon específico a favor de las provincias por el uso de los recursos hídricos, y los futuros concesionarios deberán costear y facilitar el acceso a información hidrometeorológica de las cuencas.



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ECONOMIA

Camioneros acordó un jugoso plus salarial con OCA: de cuánto es y cómo se paga

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El acuerdo entre el gremio y la empresa consiste en un pago no remunerativo que se liquidará todos los meses. La mejora se suma a la paritaria del sector.

23/10/2025 – 07:26hs

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Después de firmar un aumento salarial del 6,3 por ciento desde septiembre a febrero, más bonos y una suma no remunerativa, el consejo directivo de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, informó que firmó un acuerdo laboral con la empresa OCA LOG S.A. que establece el pago de una suma no remunerativa en concepto de «Complemento de Comida», con vigencia desde el 1 de septiembre hasta el 31 de marzo del año próximo.

El convenio fue firmado entre el titular de la organización gremial, Hugo Moyano y el apoderado de la empresa, Alejandro Drago Gómez, y será presentado ante la secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para su homologación oficial, aunque se descuenta que la empresa lo liquidará sin inconvenientes más allá del aval oficial.

Una ayuda para sostener el poder adquisitivo

Según se detalló, el beneficio para el personal de OCA nucleado en el convenio colectivo de trabajo 40/89 y consiste en un complemento equivalente a 8,15 comidas mensuales, bajo la denominación «Complemento de Comida-Ítem 4.1.12 CCT 40/89». A través de un comunicado interno, los delegados gremiales de OCA celebraron el acuerdo y destacaron la importancia del bono «frente a la actual situación económica».

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Se estima que el plus salarial será de unos 100.000 pesos mensuales, tendrá carácter no remunerativo y se pagará mensualmente a los trabajadores y trabajadoras que cumplan con la asistencia completa, incluyendo puntualidad y presencia. Las partes dejaron en claro que no se descontará el beneficio en casos de vacaciones, licencias especiales contempladas en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo, licencias gremiales o por causas justificadas como nacimientos o fallecimientos.

Los delegados señalaron que «ya está el acuerdo para todos los trabajadores de OCA LOG que consiste en una suma no remunerativa en concepto de complemento de comida, con un valor aproximado de 100.000 pesos» y agregaron que el gremio «nos da la posibilidad de incrementar nuestros salarios en un momento en que el país no está pasando por un buen momento».

De cuánto fue el aumento salarial para Camioneros

Los delegados agradecieron el respaldo de Moyano y de la comisión directiva nacional de la Federación de Camioneros por «mantener el poder adquisitivo de los trabajadores», al tiempo que detallaron que la liquidación correspondiente a septiembre se acreditará en los próximos días y que a partir del mes siguiente el beneficio aparecerá incluido en el recibo de sueldo.

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Hace pocos días, la cartera laboral homologó el acuerdo salarial firmado entre la organización gremial y los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

La misma consiste en un aumento de los haberes del 6,3 por ciento distribuido en seis tramos, más un bono no remunerativo de 25.000 pesos en septiembre y una asignación extraordinaria de 840.000 pesos en cuatro cuotas desde enero.

Los aumentos se dividieron de la siguiente manera:

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  • 1,2% en septiembre.
  • 1,1% en octubre.
  • 1% en noviembre.
  • 1% en diciembre.
  • 1% en enero de 2026.
  • 1% en febrero.

Además, el gremio siempre tiene abierta la posibilidad de reclamar una reactivación de la paritaria ante una disparada del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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ECONOMIA

Jornada financiera: los bonos en dólares cayeron fuerte y el riesgo país subió a 1.126 puntos

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Solo dos días hábiles separan a un mercado sumido en especulaciones y expectativas de otro que asimilará los datos duros que arrojarán las elecciones legislativas. Con un panorama político despejado, ya definida la composición del Congreso en los próximos dos años de gobierno de Javier Milei, llegarán cambios en el gabinete y probablemente una modificación en los lineamientos económicos.

En este sentido, la operatoria financiera de este miércoles fue atípica si se la compara con las ruedas vertiginosas de septiembre y lo que va de octubre. Las acciones terminaron con ligera tendencia alcista y el dólar operó estable dada la intensa intervención del Tesoro de EEUU; solo las pérdidas para los bonos soberanos evidenciaron cierto nerviosismo por la contienda electoral.

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Bloomberg dio cuenta de ventas de parte del Tesoro de los EEUU entre USD 400 y USD 500 millones de dólares en el mercado spot, efectuadas por intermedio de los bancos Citi y JP Morgan, en base a estimaciones de operadores, dado que no hay información oficial al respecto. “Representa su mayor intervención hasta la fecha”, indicó la agencia especializada.

El mercado seguirá bajo presión porque la oferta de dólares del sector comercial es limitada, ya que los vendedores “esperan el resultado de la elección para ver qué sucede, si todo esto fue solo ruido y se termina, desapareciendo, o qué”, comentó Juan Manuel Truffa, economista de la consultora local Outlier.

El dólar mayorista finalizó negociado a $1.489 para la venta, con baja de 1,50 peso o 0,1%, tras operarse a un mínimo en $1.482 y máximo en $1.491, en este último caso a solo 56 centavos del techo de la banda de flotación cambiaria.

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El volumen operado en el segmento de contado volvió a ser elevado -dada la estacionalidad de las agroexportaciones que se concentran en el segundo trimestre-, por 793,8 millones de dólares.

“La presión compradora volvió a dominar el mercado, con apenas breves momentos de alivio, atribuibles a eventuales intervenciones del Tesoro norteamericano que aportaron algo de oferta temporal, rápidamente absorbida por la demanda.El BCRA, por su parte, continuó ofertando hoy en el techo de la banda con una postura de USD 250 millones”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar al público no registró variantes, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, un precio que, de todos modos, es un máximo nominal. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó a $1.520,90 para la venta (suba de 2,16 pesos o 0,1%) y a $1.468,43 para la compra.

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Todos los contratos de dólar futuro finalizaron en baja en un rango de 0,4% a 1,7%. La postura más negociada, para fin de mes, cedió 6,50 pesos o 0,4%, a $1.494, debajo del techo de las bandas cambiarias, a $1.501 para el cierre de octubre.

Los dólares financieros retrocedieron entre 4 y 12 pesos desde sus precios máximos. El “contado con liquidación” finalizó a $1.1.598,14 (-0,7%), mientras que el MEP terminó a $1.582,24 (-0,3%).

El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.550 para la venta, tras haberse operado al mediodía a $1.555, un récord nominal.

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Las reservas internacionales del Banco Central aumentaron en USD 31 millones, a USD 40.570 millones, sin intervención de la entidad en el mercado.

En un marco de incertidumbre, las acciones y ADR argentinos operados en dólares en Wall Street registraron leves ascensos, encabezados por Banco Macro (+4,3%). Del lado perdedor sobresalió Banco Supervielle (-2,7%).

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ascendió un 0,8% en pesos, en los 2.018.811 puntos.

Diferente fue el panorama para los títulos públicos, que arrojan una pérdida promedio de 1,4% para los bonos Globales -con ley extranjera- en Wall Street, que posicionó al riesgo país de JP Morgan en 1.126 puntos, con una suba del 4,4%. Los Bonares -con ley argentina- cayeron 1,8% en promedio.

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Nicolás Cappella, analista de IEB, subrayó que los “bonos en dólares, marcaron bajas en torno al 2% y al mercado no parece importarle la llegada del JP Morgan a Argentina. ‘Elecciones mata anuncio del anuncio’ y hasta que no haya novedades concretas, no parece que hubiera apetito por la deuda en dólares”.

“Creemos que las bandas podrán mantenerse después de las elecciones solo bajo un resultado electoral neutro o favorable, es decir, si la elección resulta pareja o favorable al oficialismo. En caso de que La Libertad Avanza pierda frente al peronismo por un amplio margen, poniendo en duda la continuidad del gobierno más allá de 2027, las autoridades probablemente deberán revisar el régimen cambiario, pese al compromiso oficial de extender las bandas hasta 2026″, evaluó Max Capital.



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