El duro enfrentamiento del Gobierno con el grupo Techint dejó un mensaje claro y contundente: la apertura de la economía no tiene marcha atrás y no es negociable. Aunque hay fuertes evidencias sobre la sobreoferta de acero a nivel internacional y las presiones chinas para sacarse de encima parte del stock sobrante a cualquier costo, la posibilidad de abrir una causa por dumping es virtualmente nula.

Techint perdió una licitación por ofertar 40% más caro la fabricación de tubos de acero para un gasoducto clave para la exportación de Gas Natural Licuado. Luego empató la propuesta ganadora en una segunda instancia. Esto fue inicialmente aceptado por YPF y Pampa Energía, pero el resto de las empresas del consorcio Southern Energy se negó. Harbour Energy, Golar y Pan American Energy optaron por hacer cumplir la propuesta ganadora en primera instancia.

La empresa que preside Paolo Rocca tendrá revancha, porque en tres meses habrá una compulsa por otro gasoducto y por un monto que podría quintuplicar el de la licitación polémica. Se trata de un nuevo megaproyecto, firmado el año pasado entre YPF y la italiana ENI, en el que también participa ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.

No solo un gigante como Techint ahora se verá sometido a una gran competencia internacional. Todas las empresas que producen bienes transables atraviesan un proceso similar. Los autos chinos representan una porción creciente del mercado de cero kilómetro y la compra de indumentaria, calzado y electrónica por plataformas internacionales ya es moneda corriente.

La apertura económica de Argentina era imprescindible, luego de décadas de fuertes controles y todo tipo de dificultades para importar y acceder a divisas. Esas restricciones llegaron a niveles extremos durante el gobierno de Alberto Fernández, dando lugar a un esquema de elevado nivel de corrupción. Los importadores relatan que debían pagar coima dos veces: para el otorgamiento de las SIRA (permiso para importar) y luego para que les autoricen a girar los dólares.

La apertura, sin embargo, pasa factura. La industria manufacturera, por ejemplo, está 12% debajo de los niveles de producción del año pasado y sigue casi 6% debajo de los niveles de noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno. La construcción también está bien por debajo de los niveles previos a la llegada de Milei.

Tanto la industria como la construcción son mano de obra intensiva, por lo que los niveles de empleo de la economía se ven resentidos. Otro de los segmentos de la actividad que explica buena parte del empleo blanco es el comercio mayorista y minorista. La caída se mantiene en este caso también en niveles de 6% respecto a un año atrás.

El impacto sobre los márgenes de rentabilidad es sustancial y afecta prácticamente a todos los rubros. Algunas empresas directamente pasaron a mostrar números rojos. Y otras apenas logran mantenerse a flote.

Por un lado, tuvieron que adaptarse a una mayor competencia: la apertura de la economía las obliga a vender más barato. Esto resultó especialmente notorio en rubros como indumentaria y electrodomésticos. En línea blanca, por ejemplo, los precios cayeron hasta 25% en pesos de un año a otro.

El consumo presenta también realidades dispares. La venta de autos, motos o línea blanca voló el año pasado por la caída de precios y la financiación. Pero el consumo masivo, por ejemplo en supermercados, sigue de capa caída y sin señales de recuperación de corto plazo.

En este caso es la caída de salarios reales la que pasa factura Si bien aumentaron en dólares, la evolución de la inflación sigue por encima de la suba de ingresos. El índice de precios de enero será menor al de diciembre 2025, pero se mantendrá cómodamente arriba del 2 por ciento. La pregunta ahora es cuándo se volverá a perforar ese nivel. No es seguro que sea en febrero.

En un blog divulgado ayer, Domingo Cavallo consideró que el Gobierno va por el buen camino, aún en medio de las dificultades para que la recuperación se sienta en la calle: “La remonetización de la economía vía compra de reservas es la mejor opción para reactivar la economía”, aseguró.

“Lo mejor que podría hacer el Gobierno es acumular reservas y seguir avanzando en el levantamiento del cepo, con garantías de que no será reintroducido bajo ninguna circunstancia. Esto incluye declarar al dólar como moneda de curso legal”, explicó el ex ministro de Economía.

La renovada apreciación cambiaria y las tasas de interés altas al menos a principio de año también implican un escollo para las empresas en un contexto de márgenes cada vez más bajos.

En este contexto todavía complicado para la economía real, los empresarios tienen grandes expectativas en la reforma laboral que se discutirá en el Congreso a lo largo de febrero y que incluye también un capítulo impositivo.

Como repiten en la UIA, se trata de “nivelar la cancha” para poder competir con las importaciones de países que llegan con impuestos muchos más bajos y con esquemas laborales sustancialmente más flexibles y menos onerosos.

Las encargados de transmitir de los beneficios de la reforma laboral tanto al mundo político como en los medios son Patricia Bullrich (ahora como senadora) y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el encargado de negociar con los gobernadores para obtener los votos en la Cámara Alta.

Pero aún en el caso que la reforma laboral consiga avanzar exitosamente, incluso con algunas concesiones, el tema que más inquieta al mundo empresario es otro: la industria del juicio.

Aunque la reforma es clara al introducir un esquema mucho más rígido para el rol de los abogados laboralistas y particularmente de los jueces, la realidad del mercado es cada vez más preocupante: récord de juicios por accidentes laborales, millonarios fallos por lesiones menores o inexistentes, proliferación de licencias de seis meses o un año por stress laboral.

El Mercer CFA Institute Global Pension Index 2025 situó a los Países Bajos, Islandia, Dinamarca, Singapur e Israel como líderes en el ranking sistemas de jubilación a escala mundial.

Este índice, que compara 52 países y abarca aproximadamente el 65% de la población global, dejó a Argentina en el puesto 51, solo por delante de India.

De acuerdo con el informe, los Países Bajos encabezan la lista con una calificación general de 85,4 puntos sobre 100, clasificándose en la categoría A.

Islandia siguió con 84 puntos y Dinamarca con 82,3, ambos también en la máxima categoría. Singapur, como el primer país asiático en alcanzar la calificación A, y Israel completaron el grupo de los cinco primeros con 80,8 y 80,3 puntos, respectivamente. Todos presentan sistemas de pensiones con prestaciones adecuadas, sostenibilidad financiera a largo plazo y altos niveles de integridad regulatoria.

Estos países se destacan por brindar beneficios sólidos y mecanismos que aseguran ingresos estables durante la jubilación. Además, cuentan con regulaciones estrictas y una gobernanza eficiente, lo que, según el informe, fortalece la confianza en sus respectivos sistemas previsionales.

Dentro de América Latina, Chile, Uruguay y México lograron posicionarse por encima de la media regional: Chile obtuvo 76,6 puntos, Uruguay alcanzó 71,1 y México, 69,3. El documento señala que estos sistemas sobresalen por su adecuación, sostenibilidad e integridad, mientras que Argentina quedó rezagada con solo 45,9 puntos.

Para Argentina, el índice asignó una calificación D, con puntajes de 60,8 en “adecuación” (ingresos aceptables), apenas 31,3 en “sostenibilidad” (viabilidad financiera) y 42,4 en “integridad” (calidad regulatoria y transparencia).

Por contraste, los países mejor evaluados superan los 80 puntos y logran un equilibrio en las tres dimensiones.

El análisis advierte que el sistema argentino se encuentra entre los más débiles del mundo. El mayor déficit está en la sostenibilidad: hay un aportante por cada 1,7 jubilados cuando el estándar recomendado es de tres.

Esto se suma a un alto nivel de informalidad y una dependencia significativa de recursos fiscales, lo que agrava los desequilibrios financieros. También se subraya que las sucesivas moratorias y la complejidad institucional aumentan la fragilidad del sistema.

A nivel internacional, el índice pondera más de 50 indicadores agrupados en tres subíndices: “adecuación” (40% de la calificación), “sostenibilidad” (35%) e “integridad” (25%).

Cada dimensión evalúa aspectos como el monto de las prestaciones, cobertura, regulación, transparencia, gobernanza y viabilidad financiera.

El puntaje final surge de la combinación de estos subíndices y permite comparar sistemas de características muy diversas en cuanto a su capacidad para atender las necesidades actuales y futuras de los jubilados.

El propio informe destaca que no existe un modelo único recomendado, sino que cada país debe adaptar las reformas previdenciales a su contexto. Incluso en los sistemas mejor evaluados, se detectan áreas de mejora, como la ampliación de la cobertura, la transición acelerada hacia sistemas más sostenibles y la protección de los derechos de los jubilados.

El índice busca fomentar el debate y la mejora continua de los sistemas previsionales, impulsando el acceso a ingresos dignos y una mayor estabilidad financiera para los jubilados en todo el mundo.

El frigorífico General Pico, ubicado en la localidad pampeana de Trenel, suspendió a sus 450 trabajadores. La firma, propiedad del empresario Ernesto “Tito” Lowenstein, atraviesa una delicada situación financiera, con una deuda que supera los $30.000 millones.

La crisis de la planta está estrechamente vinculada a la retracción del negocio exportador de carne durante 2025. De acuerdo con datos del Indec, las exportaciones cárnicas argentinas cayeron 7,3% en volumen el año pasado, con una contracción aún más marcada en los envíos a China, principal destino del sector.

El gigante asiático redujo sus importaciones un 12,3% interanual, al pasar de 569.000 toneladas en 2024 a unas 498.000 toneladas en 2025. De esta manera, su participación dentro del total exportado cayó del 74% al 70%. Además, el precio promedio de la carne enviada a ese mercado se ubicó cerca de los USD 3.800 por tonelada, sensiblemente inferior al que pagan otros destinos.

La caída en los volúmenes exportados contrastó, sin embargo, con una mejora significativa en los precios internacionales. Aunque en 2025 la Argentina exportó menos toneladas de carne vacuna que el año anterior, la facturación total del sector creció 28,5%. Mercados como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea pagaron entre un 20% y un 30% más que en 2024 por la carne argentina.

Aun así, ese mayor ingreso de dólares no alcanzó para compensar el impacto negativo en frigoríficos con una alta dependencia del mercado chino. En plantas orientadas al comercio exterior y con estructuras diseñadas para grandes volúmenes de faena, la reducción de la demanda golpeó de lleno sobre la rentabilidad y la continuidad operativa.

En General Pico, el impacto fue inmediato. La planta pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado por día a poco más de 50, una caída que volvió inviable su funcionamiento y derivó en la suspensión total del personal.

Desde Paty aclararon que Lowenstein fue uno de los accionistas de la firma Quickfood en 1960, el frigorífico creador de la marca de hamburguesas nacional. “Dicha marca actualmente es propiedad exclusiva de la compañía de origen brasileño MBRF, que continúa liderando el mercado y operando con total normalidad. Destacando que el Frigorífico Pico nunca tuvo ningún tipo de relación con la marca”, sumaron.

A las dificultades en el frente externo se sumó un consumo interno estancado en mínimos históricos y el freno de la faena kosher, un segmento clave para la exportación. En los últimos meses, los equipos especializados fueron retirados de las plantas pampeanas, lo que implicó el cierre de los envíos a Israel y la pérdida de uno de los pocos flujos de dólares que sostenían la operatoria, en un contexto de liquidez cada vez más ajustado.

Ernesto “Tito” Lowenstein es uno de los empresarios más reconocidos del entramado agroindustrial y alimenticio argentino. Nacido en Entre Ríos e ingeniero industrial de profesión, fue pionero en la industrialización de la carne vacuna y en el desarrollo de productos de valor agregado en un sector históricamente concentrado en la exportación de cortes sin procesar.

A comienzos de los años 80 impulsó la creación de Paty, la marca que transformó la hamburguesa en un producto de consumo masivo en la Argentina. Ese negocio se consolidó a través de Quickfood, la empresa que Lowenstein fundó y desde la cual expandió la producción, el procesamiento y la comercialización de alimentos congelados, con fuerte foco tanto en el mercado interno como en la exportación.

Con el correr de los años, Quickfood se convirtió en uno de los jugadores más relevantes del sector cárnico y alimenticio. En 2009, Lowenstein vendió la compañía —junto con la marca Paty— al grupo brasileño Marfrig, uno de los mayores conglomerados de proteína animal del mundo. Desde entonces, Paty continúa operando bajo control extranjero, mientras que Quickfood quedó integrada al holding regional.

En paralelo a su actividad en la industria alimenticia, Lowenstein participó en el desarrollo del centro de esquí Las Leñas, en Mendoza, uno de los principales complejos turísticos del país.