A pocas horas de la presentación de ofertas para ver quién se queda con la concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía, una inesperada polémica quedó planteada entre la dirigencia del campo, las exportadoras de granos y las operadoras de los puertos privados.

Mientras el denominado «Círculo Rojo» de la Hidrovía -que integran la Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC), Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas—volvió a apoyar el proceso licitatorio; el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda, salió a exponer las dudas y cuestionamientos que tiene el sector rural sobre el alcance y el impacto en materia productiva que generará la privatización de la vía navegable troncal (VNT) que lleva adelante la gestión libertaria.

Hidrovía: el campo, puertos y exportadoras, en guerra por la privatización

El bloque que agrupa las aceiteras, exportadores, navieras y terminales portuarias reafirmó su disposición «a seguir colaborando» con la administración de Javier Milei y destacó que la recepción de ofertas prevista para el viernes «marca el inicio de una nueva etapa crucial para la logística del comercio exterior argentino».

Las entidades encabezadas por la Bolsa de Comercio rosarina indicaron que «la vía navegable troncal constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo productivo del país, por donde se canaliza la mayor parte del comercio exterior argentino y su adecuado funcionamiento impacta de manera directa en la competitividad sistémica, los costos logísticos y la inserción internacional de la Argentina».

Agregaron que «durante 2025 se desarrolló un proceso de trabajo técnico y participativo a través de mesas convocadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) con representación del sector público y privado, y convocatoria formal de consulta de pliegos que permitieron abordar aspectos vinculados a las condiciones técnicas, ambientales, económicas y regulatorias del nuevo esquema concesional».

Tras ponderar el «acompañamiento técnico de la UNCTAD de Naciones Unidas que aportó estándares y buenas prácticas internacionales para la confección de los pliegos de licitación»; las cámaras resaltaron «el inicio del proceso de conformación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal que deberá asegurar transparencia, monitoreo permanente y diálogo público-privado en la nueva etapa que se abre con la concesión de la Hidrovía».

Casi al mismo tiempo en que se dio a conocer ese respaldo institucional a la licitación, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda puso sobre el tapete los puntos más críticos que el sector agropecuario venía planteando en off sobre el traspaso del dragado y balizamiento a manos privadas.

Las 7 objeciones de un referente del campo: tarifa e impacto productivo

Por medio de una nota de opinión publicada en La Nación, Pereda planteó siete objeciones claves al esquema licitatorio que diseñaron los funcionarios mileístas:

1. Los gobiernos, en ocasiones, no parecen advertir que somos los productores agropecuarios quienes pagaremos las ineficiencias con menores ingresos durante los próximos 30 años.
2. Si por errores en los pliegos se genera un sobrecosto mínimo de entre 2 y 3 dólares por tonelada (cifra que algunos analistas elevan al doble), estaríamos hablando de un impacto de entre u$s 6 y u$s 36 por hectárea, ya sea para rendimientos de 3 toneladas en trigo y soja o de 12 en maíz. Con un nivel promedio de exportaciones de 130 millones de toneladas anuales, este sobrecosto para el sector representaría entre u$s 260 y u$s 390 millones de dólares por año.
3. Resulta fundamental que los pliegos promuevan una competencia real, donde el precio y la eficiencia surjan del juego transparente entre oferentes, y no de condiciones predefinidas que puedan limitar ese proceso.  
4. En una licitación que tiene como objetivo bajar costos, llama la atención que no sólo la tarifa haya sido definida por el concedente —que es el Estado Argentino–, sino también que se haya fijado un valor mínimo a cotizar (4,39 u$s/TRN) mucho mayor el valor pagado hasta 2023 (3,09 u$s/TRN) y el actual (4,30 u$s/TRN) que puede llegar hasta los u$s 6 /TRN a medida que se avance con la profundización del dragado. 
5. La licitación suma, además, actividades no vinculadas al fin específico que sobrecargan los costos en un 22%, creando un fondo de u$s 900 millones sin un control claro de objetivos. A esto se añade un cargo en el peaje para el pago de una deuda de u$s 90 millones que ya fue solventada por los productores en exportaciones pasadas.
6. Como bien resume el consultor Alejandro Bustamante, «las metas de profundización y el rango de tarifas de peaje admisibles propuestas en el pliego perjudicarán la competitividad del comercio exterior de la Cuenca del Plata por los próximos 30 años».
7. Corrigiendo el tratamiento impositivo, subsanando omisiones del modelo económico-financiero y estableciendo un marco para una licitación genuinamente competitiva, sería factible obtener una tarifa de peaje inferior a los 3 u$s/TRN. Esto permitiría alcanzar una profundidad de 39 pies en los canales del Río de la Plata y de 40 pies en el río Paraná, devolviéndole al campo argentino el oxígeno que necesita para seguir produciendo cada vez más.

Qué empresas podrán hacer una oferta

El tramo de la VNT en juego se extiende desde el km. 1.238 del Río Paraná (Confluencia) hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata exterior, en el km. 239,1 del canal Punta Indio.

El esquema licitatorio está basado en una «concesión de obra pública con cobro de peaje, sin aval del Estado, a riesgo empresario y por un período de 25 años, prorrogable por hasta cinco años más».

Las ofertas para quedarse con el negocio de «las obras de modernización, ampliación, operación y mantenimiento del dragado y señalamiento de la hidrovía» deberán presentarse segmentadas en tres sobres: antecedentes económicos, técnicos y garantías; planes de trabajo y propuesta económica.

Los oferentes deberán acreditar un patrimonio neto superior a u$s 300 millones, una facturación anual de al menos u$s 450 millones y un promedio de obras de dragado por encima de u$s 300 millones en los últimos tres ejercicios. Por el lado técnico, tendrán que demostrar la disponibilidad de seis dragas de succión, un volumen de obra no menor a 15 millones de m³ en puertos y canales, y un nivel mensual mínimo de 500.000 m³ de dragado.

En los dos primeros años, el nuevo operador tendrá que llevar el calado de la VNT de 34 a 40 pies. Antes de que expire el quinto año del contrato, el concesionario deberá presentar los estudios de factibilidad para profundizar el dragado a 42 y 44 pies desde la zona del Gran Rosario hasta la salida oceánica.

Al igual que en la anterior licitación fallida de principios de 2025, el Gobierno le puso semáforo rojo a las empresas dragadoras que «sean controladas, directa o indirectamente, por Estados soberanos o agencias estatales». Tampoco podrán ofertar las «empresas que se encuentren incluidas en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los EE.UU.»

Las restricciones también alcanzan a las empresas que «hayan cesado como concesionarios de cualquier otro ente estatal por una causa que le sean imputables y que tengan sanciones judiciales o administrativas por abuso de posición dominante, dumping y competencia desleal». A ellas se agregan las empresas condenadas en el extranjero por prácticas de soborno o cohecho transnacional y las incluidas en las listas de inhabilitadas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La empresa que se adjudique la concesión tendrá que hacer frente a un pago inicial de u$s 35 millones que se usará para cancelar las deudas pendientes de la ANPYN con los actuales subcontratistas de los trabajos de dragado y balizamiento.

Por otro lado, una vez que empiece a cobrar peaje deberá depositar el 2% de sus ingresos para tareas de «fiscalización y control»; otro 2,5% a un fondo destinado a «obras de seguridad» que administrará la ANPYN y 1,5% a otro fondo para mejoras adicionales en la VNT no previstas en la concesión.

La división en el movimiento obrero organizado quedó plasmada con las decisiones que tomaron la Confederación General del Trabajo (CGT) y el flamante Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) de cara al rechazo de la Ley de Modernización Laboral que será tratada este viernes en el Senado para su aprobación.

Por el momento nadie quiere hablar de quiebre, pero las declaraciones de los dirigentes de los gremios combativos auguran tiempos donde la unidad parece cada día más endeble. Las diferencias comenzaron a verse hace un par de semanas y se profundizaron el viernes último, cuando desde el FreSU anunciaron que le iban a reclamar al triunvirato cegetista un paro con movilización que fue desoído desde Azopardo.

El Gobierno, en tanto, desplegará el viernes el protocolo antipiquete en la zona del Congreso para garantizar el normal funcionamiento de la Cámara Alta. Desde el ministerio de Seguridad revelaron que se reforzarán los controles teniendo en cuenta que en las últimas dos concentraciones se registraron incidentes.

La CGT descartó un cese de tareas con movilización

La mesa chica ampliada de la CGT se reunió ayer en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), donde descartó tanto un nuevo cese de actividades como una manifestación frente a la Plaza de los Dos Congresos. Asimismo, confirmó su estrategia de ir por la vía judicial, donde su cuerpo de abogados ya tiene lista la presentación de las demandas que llevarán el lunes a los Tribunales.

Un integrante del consejo directivo admitió que «si la marcha a Tribunales es igual a la última que hicimos frente al Congreso, no le vamos a mover el amperímetro a los jueces; debe ser una manifestación masiva y contundente con un discurso frente al Palacio… no digo de «meter miedo», pero sí que noten que la CGT está viva».

El cónclave comenzó después de las 14 horas y registró momentos de tensión. Según fuentes gremiales, la dirigencia del transporte exigió que se vuelva a protestar frente al Parlamento, con una huelga por 24 horas para el viernes. La moción fue desestimada, planteando que «no hay clima para otro cese de tareas», sosteniendo que «los gobernadores ignoraron nuestros reclamos al igual que los legisladores, ahora tenemos que ir por los jueces, a quienes también les están recortando funciones y derechos».

Marcha a Tribunales para declarar la ley «inconstitucional»

Al término del encuentro, Jorge Sola -uno de los cotitulares de la CGT-, manifestó que «la decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto».

Recordó que esta estrategia fue utilizada contra el DNU 70/2023 -en el capítulo de reforma laboral- donde se logró un recurso de amparo y la declaración de inconstitucionalidad del decreto. Detalló que el actual proyecto altera tanto la representación gremial como los derechos individuales, configurando «un escenario de regresión laboral sin precedentes».

Solá aprovechó la oportunidad para pasarle factura a la clase política. Informó que desde diciembre mantuvieron reuniones con 16 gobernadores y más de 90 legisladores para advertir sobre los riesgos de la ley, pero que muchos no mantuvieron sus compromisos durante el debate.

El integrante del triunviro, por otra parte, puso la mirada en el contexto económico y social, advirtiendo que «vienen meses muy complicados, donde cada gremio y cada actividad tienen que discutir paritarias», y denunció la caída del salario real, el endeudamiento familiar y la desaparición de pymes. Frente a este panorama adelantó que los sindicatos se encuentran en un estado permanente de «debate, lucha y acción».

Esperan el respaldo de la justicia

Del encuentro participaron los miembros del triunvirato, Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros); el anfitrión Andrés Rodríguez (estatales, UPCN), Héctor Daer (Sanidad), Hugo Moyano (Camioneros), Gerardo Martínez (construcción, UOCRA), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento y CATT), Omar Maturano (La Fraternidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Marina Jaureguiberry (docentes privados SADOP), Pablo Flores (AEFIP), Omar Plaini (Canillitas), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Miguel Angel Paniagua (espectáculos públicos, SUTEP)

El cuerpo de letrados de la CGT tiene prácticamente armado el amparo que será presentado el mismo lunes cuando se movilicen al Palacio de Tribunales en esta Capital. No descartan que algunas organizaciones gremiales presenten sus propias demandas, para que entren por distintos juzgados, repitiendo la modalidad aplicada contra la Ley Bases.

En los pasillos de Azopardo esperan que el malestar que generó en el ámbito judicial la eliminación del fuero nacional laboral y el traspaso a la Ciudad más la colisión entre muchos de los puntos de la reforma con la Constitución Nacional, generen la tormenta perfecta para que la Ley de Modernización Laboral sea rechazada por inconstitucional.

Viernes, jornada de lucha de los combativos: clima de ruptura con la CGT

Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos ratificó que el viernes, a partir de las 12, comenzarán a concentrarse frente al Congreso en tanto que dejaron en libertad de acción para que las organizaciones que la integran decidan la aplicación del paro, que rondará las 24 horas, aunque no afectará ni el servicio de trenes ni de colectivos.

El FreSu está integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), Aceiteros, Personal Aeronáutico, Viales, Marítimos, Portuarios, Jerárquicos de Energía y cerca de 100 organizaciones de distintas centrales obreras.

Para reflejar el clima de división en el sindicalismo, el titular de la UOM, Abel Furlán se refirió a la CGT afirmando: «No esperábamos que hagan nada, pero no importa. Nosotros vamos a seguir en la calle y vamos a federalizar el Frente en los próximos días». La intención es llevar las protestas a las provincias cuyos gobernadores apoyaron la reforma laboral oficial, por lo que no se descarta que a partir de la semana próxima se organizen marchas que, además servirán para formatear el FreSU en todo el país.

En su intención de sumar voluntades, dirigentes del espacio ya mantuvieron reuniones tanto con el ferroviario Maturano (uno de los más combativos dentro de la central obrera) como de Pablo Moyano. De hecho, ayer trascendió en las redes una foto del camionero con el secretario general de los Aceiteros, Daniel Yofra. Por ahora estos dos dirigentes siguen alineados en las filas cegetistas, pero la dinámica sindical está tan cargada de incertidumbres como la política.

El jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, también cuestionó a la CGT: «Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno».

Aseguró que la norma «va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una ley que sólo beneficia a los empleadores» y manifestó: «Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad».

El personal de casas particulares recibirá en marzo de 2026 un nuevo incremento salarial, que impacta directamente en los ingresos de quienes se dedican al cuidado de niños y personas. Las cifras actualizadas surgen del acuerdo paritario más reciente, que incluye aumentos escalonados y bonos extraordinarios.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) avaló una suba salarial del 3% para el personal doméstico, distribuida en dos tramos: 1,5% aplicable desde febrero y otro 1,5% desde marzo. Junto a este ajuste, se incorpora un esquema de bonos no remunerativos, cuyo monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas.

La Secretaría de Trabajo confirmó que quienes cumplen menos de 12 horas semanales cobrarán un bono adicional de $8.000. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas semanales, el monto será de $11.500, mientras que quienes superan las 16 horas cobrarán $20.000 extras. Estos montos no remunerativos se suman al salario habitual en ambos meses y no inciden sobre el cálculo de aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

Las remuneraciones varían en función de la tarea desempeñada y el régimen de trabajo. Las categorías oficiales incluyen supervisión, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas, y tareas generales. Cada una cuenta con escalas propias tanto para el pago por hora como para la contratación mensual, diferenciadas según se trate de trabajo con retiro o sin retiro.

Para el mes de marzo de 2026, tras aplicar la suba del 1,5%, los salarios básicos mínimos quedan de la siguiente manera para la categoría de asistencia y cuidado de personas (que abarca a quienes trabajan como niñeras):

• Por hora con retiro: $3.599,86
• Por hora sin retiro: $4.012,14
• Mensual con retiro: $455.160,14
• Mensual sin retiro: $505.578,34

En el caso de tareas generales, la tarifa por hora es de $3.348,37 (con retiro) y $3.599,86 (sin retiro). El salario mensual correspondiente asciende a $410.773,52 y $455.160,14 respectivamente.

A estos valores se añade el bono no remunerativo de marzo, que puede llegar a $20.000 para quienes superan las 16 horas semanales, elevando el salario mensual total de una niñera a $475.160,14 (con retiro) o $525.578,34 (sin retiro).

El esquema salarial contempla también adicionales por antigüedad (1% por cada año trabajado con el mismo empleador) y zona desfavorable (30% extra sobre el sueldo mínimo para quienes trabajan en ciertas provincias y regiones). Ambas sumas se agregan de manera automática si corresponde.

El costo de vida continúa en alza y presiona sobre los ingresos del personal doméstico y de las familias empleadoras. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la Canasta Básica Alimentaria (CBA) alcanzó en enero de 2026 los $623.990 para una familia tipo de cuatro integrantes. Esta cifra representa un aumento del 5,8% en el primer mes del año, superando a la inflación general.

La CBA mide los ingresos mínimos necesarios para cubrir únicamente la alimentación básica y determina el umbral de indigencia. Para hogares de diferente tamaño, los valores varían: una familia de cinco personas necesita $656.301 mensuales, mientras que un hogar de tres integrantes requiere $496.769 para no caer en la indigencia.

El informe también señala que la Canasta Básica Total (CBT), que incluye todos los gastos esenciales, llegó a $1.360.299 en enero, con una suba del 3,9%. Las familias cuyos ingresos no alcanzan ese monto son consideradas pobres según la medición oficial.