La ampliación de los controles al movimiento de los buques extranjeros que depredan el Atlántico Sur parece aún no hacer suficiente mella en la actividad de las flotas ilegales. Por estos días, alrededor de 500 embarcaciones, en un 80% conformada por unidades que operan para China, operan en torno a la milla marítima 200, frente a las costas de Comodoro Rivadavia. Precisamente, en estos días ya se ubicaron sendas situaciones ilícitas de actividad pesquera en aguas nacionales: el buque extranjero Hai Xing 2, de origen chino y bandera de conveniencia de Vanuatu, fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, en inmediaciones del Golfo San Jorge, hace poco más de una semana. En simultáneo, el buque pesquero Bao Feng, también chino y con bandera de Vanuatu, viene de recibir una multa cercana al millón de dólares por efectuar la misma pesca ilegal.

Con relación al Bao Feng, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que, en un trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP), aplicó y cobró a la embarcación un multa de $1.260 millones -algo más de u$s900.000- tras detectar de forma electrónica que la unidad pescaba en la ZEE.

Barcos chinos saquean utilizando banderas de terceros

«El procedimiento se originó el pasado 10 de enero, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu», precisó la dependencia oficial.

«Esta plataforma tecnológica, de vanguardia en la región y desarrollada enteramente por profesionales de la Fuerza, permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca», añadió.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la sanción aplicada al Bao Feng representa un «antecedente histórico» en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque.

En paralelo a esa situación, durante la semana del 20 de este mes el pesquero Hai Xing 2 fue detectado realizando maniobras de captura mediante arrastre muy cerca del Golfo San Jorge. De acuerdo a medios fueguinos, la embarcación también posee bandera de conveniencia de Vanuatu aunque opera para capitales chinos.

«La detección se produjo a partir del monitoreo satelital y análisis de patrones de navegación. El arrastrero fue registrado desplazándose a una velocidad de entre 4,3 y 6 nudos, un comportamiento que, según los nuevos criterios vigentes, constituye un indicio concreto de actividad pesquera», indicaron medios patagónicos.

«Lejos de tratarse de un tránsito inocente, la baja velocidad y las maniobras en zigzag del buque son consideradas la ‘huella’ típica de redes en el agua. Esta evidencia surge de los sistemas tecnológicos implementados recientemente, que permiten identificar con mayor precisión incursiones ilegales sin necesidad de constatación visual directa», agregaron.

Se indicó que el Hai Xing 2 es un pesquero de gran porte construido en astilleros chinos en 2025, y que por su actividad ilegal en aguas nacionales podría recibir una multa del orden de los 4 millones de dólares.

Estados Unidos busca intervenir en el control de la pesca ilegal

La presencia en el Atlántico Sur de una flota de pesca ilegal integrada por al menos 500 embarcaciones también mantiene inquieto a los Estados Unidos, que buscan potenciar su influencia en ese extremo del continente.

De ahí que, siempre con vistas a poner en discusión el posicionamiento de la potencia asiática frente a las costas argentinas, la nación que gobierna Donald Trump busca tomar parte de las acciones de vigilancia e incluso patrullaje en torno a la milla marítima 200.

Ese aspecto quedó sobre la mesa en la reciente visita que integrantes de las Fuerzas Armadas, con Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor del Ejército, a la cabeza, realizaron al Pentágono norteamericano. En concreto, en Estados Unidos se evalúa la posibilidad de comenzar a tener injerencia en las labores de monitoreo en el Atlántico Sur a través de la armada del país del Norte y su Guardia Costera.

La opción de que unidades de Estados Unidos tomen parte del patrullaje en las aguas frente a la Patagonia no es nueva. Ya en enero de 2021, durante el mandato de Alberto Fernández y Cristina Kirchner el frente del Ejecutivo nacional, la US Coast Guard envió a la zona el buque Stone (WSML 758) que, según informó el Departamento de Estado norteamericano en ese momento, se ocupó de «fortalecer la cooperación y reforzar la seguridad en toda la región».

En paralelo, Estados Unidos viene de desplegar en el sur a su buque oceanográfico R/V Roger Revelle, que se hizo con los permisos correspondientes el mes pasado. Según se indicó de forma oficial, la embarcación realiza en el Atlántico Sur sendas «actividades de investigación científica marina en espacios marítimos sujetos a la soberanía y jurisdicción nacionales».

El buque en cuestión, se indicó, es «gemelo» del R/V Atlantis que participó en la búsqueda y detección de los restos del ARA San Juan. Su labor en aguas nacionales está establecida hasta el 30 de este mes.

En una entrevista exclusiva, los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira detallaron en Infobae al Regreso el trasfondo jurídico y las instancias clave por las que la justicia estadounidense anuló una condena millonaria que amenazaba a la Argentina.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, los abogados responsables de la defensa argentina repasaron el recorrido judicial que permitió revertir una sentencia de primera instancia que implicaba una deuda de 16 mil millones de dólares más intereses. “Nos salvamos de un riesgo existencial para el país”, subrayó Comadira, y explicó: “Si se confirmaba el fallo, implicaba la responsabilidad del Estado argentino por casi 18 mil millones de dólares y los intereses que hubieran seguido corriendo. Era realmente una amenaza gravísima”.

La estrategia jurídica que convenció a los jueces estadounidenses

Stampalija precisó el eje argumental de la defensa: “Lo que se estaba discutiendo era si Argentina, al expropiar las acciones de YPF, debía haber hecho una oferta pública a los demás accionistas. Nosotros insistimos en que el remedio propuesto por la jueza de primera instancia no existe en el derecho argentino. Y eso fue lo que dijo finalmente la Cámara: ‘Básicamente se inventó una solución que en el derecho argentino no existe’”. Comadira reforzó: “Esto tenía que resolverse de acuerdo con el derecho argentino, y la solución que había dado Preska no correspondía”.

El equipo legal argentino apostó por una estrategia audaz durante la audiencia de octubre pasado. “Era nuestra única oportunidad para hacerle entender a tres jueces, que no son expertos en derecho argentino, cómo funciona nuestro derecho. Si lográbamos eso, ganábamos”, relató Stampalija. El resultado fue inmediato: “Ese mismo día bajaron abruptamente las acciones de Burford, y en seis meses perdió un 30% de su cotización”.

El peso del contexto y la continuidad estatal en la defensa

Stampalija reconoció que la posición argentina partía de una desventaja reputacional: “Fueron a tribunales donde Argentina tiene un historial negativo. Es mucho más fácil convencer a un juez norteamericano de que el derecho argentino dice A cuando no lo dice, que a un tribunal argentino”. Comadira remarcó que el fallo adverso de primera instancia era “imposible de imaginar en un tribunal argentino”.

La coherencia de la defensa a lo largo de distintos gobiernos fue clave. “No fue igual en todas las etapas ni todos los argumentos, pero algunos se mantuvieron porque eran ciertos y jurídicamente correctos”, sostuvo Stampalija. “El ratio de fallos que revoca la Cámara es del 15%, y aun así logramos revertirlo”, destacó. También subrayó la importancia de cumplir con los procedimientos: “El Gobierno decidió cumplir con el discovery para no ser declarados en desacato, y eso evitó un daño reputacional aún mayor”.

Costos, impacto y el futuro tras el fallo

Consultados sobre los caminos que podría intentar la contraparte, Stampalija detalló: “Pueden pedir un rehearing en banc o ir a la Corte Suprema, pero las chances de éxito son muy bajas. La Corte toma solo entre 100 y 120 casos por año. No veo probable que decidan intervenir en un tema de derecho argentino”.

Respecto al costo para el Estado, Comadira fue claro: “Pagamos cero de la condena, pero tener un juicio ejecutable por 18 mil millones de dólares tiene un impacto en toda la economía, incluso para YPF a la hora de operar en el extranjero”. El cálculo de los costos directos e indirectos, admitieron, aún se está realizando.

El cierre de la entrevista dejó espacio para la emoción y el reconocimiento. Stampalija confesó: “Siento mucha emoción porque pienso en nuestros hijos y en lo que hubiera implicado para el país. Además, fue un trabajo de años y de mucha gente en la Procuración. Litigamos contra los mejores abogados del mundo y logramos que la justicia de Estados Unidos valore la posición argentina”.

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Tras el fallo histórico que revirtió la sentencia en primera instancia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el presidente Javier Milei anunció que el Gobierno envió al Congreso de la Nación un proyecto para modificar la actual ley de expropiaciones, que endurece las condiciones para nacionalizar un bien.

Al referirse al caso de la petrolera en cadena nacional, Milei planteó que una resolución adversa del juicio le hubiera costado al país 18.000 millones de dólares y “tener que pagarlos habría representado un enorme obstáculo en el camino de nuestra recuperación económica”.

Bajo la perspectiva presidencial, la Argentina en su conjunto pagó un “precio inconmensurable” por la estatización de la compañía en 2012, a la que calificó como una “irresponsabilidad, en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico”.

“Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal. Y quebrar este principio nos costó, aproximadamente, 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso. Es decir, menos empresas menos trabajo más pobreza y más indigencia”, agregó.

Siguiendo esa línea argumental, el mandatario comunicó el envío de un proyecto para modificar la ley de expropiaciones “para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.

Y sumó: “También quisiera aclarar algo, para que no haya lugar a confusiones: el hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera y todo lo sabemos muy bien. La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre, estaremos condenados a repetir los mismos errores”.

La iniciativa apunta a reforzar la protección de la propiedad privada para incentivar la llegada de capitales y favorecer la expansión de la economía. Para ello, la propuesta oficial restringe las expropiaciones a situaciones “estrictamente excepcionales” y establece compensaciones más altas para los damnificados.

Según explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en una columna en Infobae, el proyecto oficial para cambiar la normativa vigente introduce una reforma a la ley 21.499 para definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones, eliminando zonas grises.

En tal sentido, el nuevo esquema fija que el valor de los bienes debe calcularse antes de que ocurra cualquier alteración provocada por la expropiación misma, incorpora el reconocimiento del lucro cesante y restringe la posibilidad de ocupaciones temporales fuera de lo habitual.

En su última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado que la “inseguridad jurídica” fue un factor que, a su juicio, desalentó la llegada de inversiones durante largos períodos. También afirmó que la falta de previsibilidad en la estabilidad de contratos y en la garantía de los derechos de propiedad afectó negativamente la generación de empleo y tuvo consecuencias tanto para propietarios como para inquilinos.

El proyecto para cambiar la ley de expropiaciones

La iniciativa oficial, que ya fue girada al órgano legislativo nacional, establece que la compensación por una expropiación solo cubrirá el valor real de mercado del bien y los daños que ocurran directamente por la expropiación. No se considerarán factores personales, sentimientos, ganancias que podrían haberse obtenido, ni el aumento de valor que pueda traer una obra futura. La indemnización incluirá el ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y los intereses correspondientes, pero no pagará por ganancias no obtenidas.

Además, el valor del bien se calculará según su precio de mercado antes de cualquier anuncio de expropiación, y ese valor se actualizará por inflación hasta el momento del pago usando el IPC. El organismo que expropia tendrá que pedir al menos dos valuaciones independientes y publicar en sitios oficiales tanto el precio como el informe con la metodología de cálculo. En caso de que se expropie una empresa que cotiza en bolsa, se tomará el valor de sus acciones antes de que se conozca la noticia de la expropiación.

Por otra parte, el proyecto de ley del oficialismo contempla que la compensación económica por expropiar un bien se pagará en efectivo, salvo que la persona expropiada acepte recibir otra forma de pago. El traspaso de la propiedad solo se hará cuando se pague la indemnización completa.

El monto a pagar por el Estado se definirá según el valor de la empresa al momento en que el dueño pierde la posesión. Para calcular la pérdida de valor por la inflación, se restará lo ya depositado en el juicio y se actualizará la diferencia hasta que se realice el pago total, según lo indica la ley. En estos casos, los intereses se calcularán al 6% anual, desde que se pierde la posesión hasta que se paga, sobre el valor total o sobre la diferencia, según corresponda.

A la vez, el texto determina que la indemnización que reciba el agente expropiado no estará sujeta a impuestos ni a otras cargas. Respecto a las ocupaciones temporales anormales, solo pueden ser ordenadas por el Poder Ejecutivo y deben ser compensadas por los daños que causen. Además, no pueden durar más de 60 días, ese plazo no puede extenderse ni repetirse.

Esta propuesta legislativa forma parte de un paquete que también incluye modificaciones al procedimiento de desalojo, al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales y el sistema federal de manejo del fuego.