El presidente Javier Milei deberá afrontar el cuarto paro general que la CGT determina en los dos años y dos meses desde que asumió su gobierno. Se trata de una protesta clave: será el día en que se trate en Diputados la reforma laboral, que puede ser este jueves 19 o el miércoles 25 de febrero y será una protesta para volver a expresar su rechazo frente a cambios que consideran contrarios a los derechos de los trabajadores.

«Están dadas las condiciones y se vienen generando consensos colectivos hacia una huelga nacional», afirmó Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), quien asumió la conducción de la central el año pasado junto a Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros).

El sindicalista también alertó que el proyecto de la reforma laboral busca debilitar el rol del sindicalismo al promover «la ruptura de la estructura representativa de los trabajadores con el objetivo posterior de avanzar sobre derechos y conquistas históricas». En términos históricos, evaluó que la reforma representa «la más regresiva y perjudicial de las últimas décadas» y advirtió que podría profundizar la destrucción del entramado productivo si no se modifica su orientación. 

La UTA, La Fraternidad y los pilotos de avión confirmaron que van a acatar «plenamente» el paro general nacional, de manera que no habrá transporte.  

Paro general: una de las últimas cartas de la CGT contra la reforma

Se trata de una jugada en la que la CGT se juega su última carta contra la reforma laboral. La conducción definió que la huelga se realizará sin movilización a la calle, una decisión con peso político tras lo ocurrido frente al Congreso durante el debate en el Senado, cuando la protesta quedó opacada por incidentes entre las fuerzas de seguridad y columnas de izquierda.

En el seno de la central obrera admiten que el escenario social no es el más propicio para una demostración masiva. También deslizan que la discusión sobre eventuales cambios en el régimen de empleo es inevitable.

Ante la ausencia de una gran marcha, la estrategia apunta a mostrar fuerza paralizando el transporte, históricamente el termómetro de los paros generales. En Azopardo descuentan que habrá «adhesión total» de los gremios del sector, con un rol central de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que nuclea a los colectiveros.

La convocatoria de la cúpula cegetista fue definida de urgencia luego de que los gremios más duros se adelantaran con anuncios de protestas, lo que aceleró los tiempos internos. En la central obrera sostienen que el Gobierno, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, impulsa un tratamiento exprés del proyecto en el Congreso, pese a que todavía existen puntos controvertidos del texto que obtuvo media sanción en el Senado.

Entre los aspectos pendientes figura el esquema de remuneraciones por licencias médicas, uno de los capítulos que genera mayor resistencia sindical. En este contexto, la CGT busca mostrarse cohesionada frente a sus bases y enviar una señal política clara ante el avance de la reforma laboral.

La central sindical endureció su postura en las últimas horas, tras la presión del Frente de Sindicatos Unidos, integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que ya habían anunciado una medida de fuerza con movilización al Congreso para la fecha en que Diputados trate la iniciativa.

Sin embargo, la cúpula oficialista en la Cámara de Diputados busca acelerar las negociaciones para convertir en ley el proyecto de reforma laboral antes de fin de mes. La intención es clara: sesionar este jueves y avanzar sin dilaciones, pero evitando una derrota en el recinto. 

Los tres paros generales que enfrentó hasta ahora el Gobierno de Javier Milei

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, la Confederación General del Trabajo activó rápidamente su estrategia de confrontación. El primer paro general se realizó el 24 de enero de 2024, a poco más de un mes de iniciada la gestión libertaria.

Fue una señal política fuerte: nunca en democracia un presidente había enfrentado una huelga nacional tan temprano en su mandato. La protesta estuvo dirigida contra el DNU de desregulación económica y laboral, y buscó marcar un límite frente a los cambios estructurales impulsados por el Gobierno.

Aquella primera medida tuvo alto impacto en el transporte y en la administración pública, pero mostró una adhesión heterogénea en el sector privado. En varias provincias la actividad comercial se mantuvo parcialmente activa y el movimiento en calles y centros urbanos fue menor al esperado por la conducción sindical. Desde el oficialismo interpretaron ese escenario como una señal de respaldo social a las reformas en marcha.

El segundo paro general llegó el 9 de mayo de 2024. La CGT amplió el reclamo y apuntó no solo contra la reforma laboral, sino también contra el ajuste fiscal, la caída del poder adquisitivo y el rumbo económico en general. Nuevamente, el transporte fue clave para medir el impacto: con trenes y subtes paralizados, la circulación se redujo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Sin embargo, al igual que en enero, la adhesión fue desigual. Mientras gremios industriales y estatales mostraron acatamiento elevado, en amplios sectores del comercio y los servicios la actividad continuó, aunque con menor intensidad.

El tercer paro general, realizado el 10 de abril de 2025, volvió a evidenciar ese patrón. La medida tuvo presencia sindical y actos de protesta, pero el funcionamiento parcial del transporte en algunas jurisdicciones y la apertura de comercios en distintos distritos diluyeron el alcance nacional que la CGT buscaba exhibir. Incluso dentro del movimiento obrero surgieron matices respecto de la estrategia a seguir frente a un Gobierno que mantiene firme su programa de reformas.

Ese antecedente de adhesión es el telón de fondo del nuevo paro convocado en medio del debate por la reforma laboral. Para la CGT, la discusión parlamentaria representa un punto de inflexión. Para el oficialismo, en cambio, el historial de huelgas con efecto limitado refuerza la apuesta por avanzar con su agenda en el Congreso.

En una entrevista exclusiva en Infobae en vivo, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, defendió con firmeza la postura del sector ante las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo. “El sector, particularmente el G6, ha sido enfático defendiendo no solamente la aprobación de la ley, sino en el Consejo de Mayo”, aseguró Weiss, al referirse al tratamiento parlamentario de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Durante su participación en el ciclo Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz y el staff integrado por Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Weiss subrayó el acompañamiento del empresariado a la media sanción obtenida en el Senado: “Fuimos proactivos en el tratamiento de la ley, hicimos una serie de sugerencias y apoyamos desde siempre la ley”. En ese sentido, aclaró que aunque “puede ser que no hayamos dicho específicamente sobre la reducción de las cargas patronales para los primeros empleos”, desde la Cámara “apoyamos fervientemente la reforma laboral”.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos de Caputo, Weiss remarcó: “El ministro lo que dice es que no pusimos especial énfasis en la reducción de las cargas patronales para los primeros empleos. Bueno, puede ser que haya habido omisiones en ese sentido. No, no digo que no, pero me refiero que el empresariado, muy mayoritariamente, apoyó la sanción de la ley, la media sanción de la ley. Y seguiremos apoyando en Diputados, sin duda”.

Weiss, quien representa a uno de los sectores más afectados por la recesión y el ajuste fiscal, explicó el contexto en el que la Cámara sostiene su postura: “El Gobierno ha privilegiado el ajuste fiscal, el déficit cero por encima de otras erogaciones, y una de las que ha sufrido ha sido la inversión en infraestructura pública”.

El presidente de la entidad también hizo foco en el impacto de la coyuntura para el empleo: “Caímos 25% entre mediados del 23 a mediados del 24, casi exactamente lo que decías. Perdimos 120 mil puestos de trabajo en ese período”.

Durante el intercambio, el staff de Infobae al Regreso introdujo el debate sobre las licencias médicas y el ausentismo laboral en la construcción. Weiss sostuvo: “Creo que es un tema que por supuesto hay que discutir y analizar. La sensibilidad social hace que hay que respetar a quienes realmente tienen la enfermedad y no pueden quedar desprotegidos respecto a cobrar la totalidad del sueldo”.

No obstante, advirtió sobre los abusos: “Hay muchos abusos en los certificados médicos. Me parece que es un tema que hay que analizar profundamente, pero partiendo de la base que hay que respetar a todos aquellos que realmente tienen la enfermedad”. Y detalló: “No sé si los certificados médicos son totalmente apócrifos o muchos médicos tienden a ser complacientes ante determinadas declaraciones de enfermedad”, ejemplificando con casos de dolencias psiquiátricas o contracturas.

Weiss diferenció entre los problemas de ausencias injustificadas y las licencias que requieren certificación médica: “Un tema es una licencia médica que requiere un certificado médico y atrás hay una enfermedad, sea esta estrictamente cierta o no tanto, eso es un tema. Otro tema son ausencias, llegadas tarde”.

La entrevista permitió a Weiss profundizar sobre las causas estructurales de la crisis en la construcción: “La ausencia casi absoluta de la inversión pública en infraestructura” y la falta de créditos hipotecarios a largo plazo fueron señalados como los principales factores que explican la caída del sector. “Mientras no haya créditos hipotecarios a largo plazo, 20, 30 años, no va a haber créditos hipotecarios en el volumen suficiente y, en nuestra opinión, la industria de la construcción de viviendas va a seguir ralentizada”.

Consultado sobre los posibles efectos de la nueva ley laboral, Weiss fue categórico: “Esto lo que va a servir es a dos cosas. Por un lado, el enorme mercado informal de trabajo es susceptible de que con esta ley algunos puedan pasar a la formalidad. El segundo punto es que cuando la economía crezca, es la única forma de crear empleo, no es con una ley nueva, sino que la economía crezca”. Desde la Cámara, el compromiso permanece: “Seguiremos apoyando en Diputados, sin duda”.

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La cúpula oficialista en la Cámara de Diputados acelera las negociaciones para convertir en ley el proyecto de reforma laboral antes de fin de mes. La intención es clara: sesionar este jueves y avanzar sin dilaciones, pero evitando una derrota en el recinto. 

El desafío no es menor. Para abrir la sesión, el oficialismo necesita garantizar el quorum y, para ello, requiere del respaldo de bloques aliados como el PRO y la UCR, además de un sector de la oposición dialoguista. Sin esos votos, la convocatoria podría frustrarse. 

La fecha elegida agrega tensión política: de concretarse la sesión, coincidiría con una nueva huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la cuarta medida de fuerza contra la gestión libertaria. 

Licencia por enfermedad o accidentes, el nudo del conflicto 

El punto que traba el acuerdo por la reforma laboral es el artículo 44, incorporado por el Senado en el tramo final del debate. La cláusula, incluida en el título VII del proyecto, introduce modificaciones en el régimen de remuneraciones ante enfermedades o accidentes no vinculados a la actividad laboral. 

El texto aprobado en la Cámara alta establece que el trabajador dejaría de percibir automáticamente el salario completo en esos casos. En su lugar, cobraría el 75% del sueldo ante una enfermedad común y el 50% cuando la situación derivara de una conducta voluntaria. 

La redacción generó fuertes objeciones en distintos bloques opositores de Diputados, que advierten sobre el impacto social y político de reducir ingresos en contextos de enfermedad.

La negociación con los aliados en Diputados por la reforma laboral 

Ante ese escenario, el oficialismo analiza alternativas para evitar que el artículo 44 haga naufragar la votación. La opción que suma más adhesiones por estas horas es aceptar modificaciones en Diputados —tal como exigen el PRO y la UCR— y devolver el texto al Senado para su ratificación definitiva. 

La propuesta en discusión apunta a precisar que el salario se mantendrá al 100% en casos de enfermedades graves, severas, degenerativas o irrecuperables. Esa fue la línea anticipada públicamente por la ministra de Seguridad y jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien sostuvo que se introduciría una aclaración para garantizar la cobertura total en situaciones críticas. 

Dentro del oficialismo también circularon otras alternativas, como incorporar la modificación vía reglamentación del Poder Ejecutivo, impulsar un proyecto correctivo posterior o incluso dictar un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Sin embargo, esas opciones encuentran resistencia entre los aliados. 

Los bloques dialoguistas no están dispuestos a otorgar un margen amplio de discrecionalidad al Ejecutivo en un tema sensible. Tampoco quieren asumir el costo político de votar un artículo cuestionado bajo la promesa de que luego será corregido.

Bullrich anticipó cambios en el régimen de licencias por enfermedad

La senadora oficialista Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno introducirá modificaciones al artículo 44 del proyecto de Reforma Laboral, que establece un nuevo esquema de licencias por enfermedad y reduce el salario de los trabajadores que se ausenten por razones médicas.

El cambio estará enfocado en los casos de enfermedades graves, degenerativas o irrecuperables, que podrán conservar el 100% del sueldo.

En declaraciones al canal TN, Bullrich sostuvo que el objetivo central de la reforma es combatir lo que definió como una «mafia de certificados truchos» que, según dijo, genera altos niveles de ausentismo laboral en el país.

«Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas e irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% del salario, pero solo en casos fehacientemente comprobados», afirmó la senadora.