ECONOMIA
Cuidado si usás dólares del colchón sin control de ARCA: el riesgo tribunal y penal que podés enfrentar

El Gobierno impulsa un ambicioso plan para «remonetizar» la economía con el uso de los «dólares del colchón», pero expertos advierten que eventuales modificaciones legales antes del período de prescripción de 5 años, ante un cambio de signo político del Gobierno, dejarán desprotegidos a los contribuyentes ante la Ley Penal Tributaria.
El propio presidente Javier Milei ha salido a respaldar esta iniciativa con declaraciones que buscan generar confianza: «No son delincuentes», repite, en referencia a quienes conservan sus ahorros en divisas no declaradas fuera del sistema financiero formal.
El ministro Luis Caputo, por su parte, asegura que no habrá persecuciones ni fiscalizaciones por el uso de estos dólares. Incluso, desde el Gobierno se deja trascender que el monto que se podrá usar sin consecuencias por no haberlos declarado rondará los u$s150.000.
«Un planteo pragmático, sin duda, que incluso prevé un aumento de la recaudación de u$s2.000 millones solo este año, como efecto indirecto de esta amnistía implícita», opina Gilberto Santamaría, del Estudio Santamaría & Asoc.
¿Qué pasa con un blanqueo administrativo y la Ley Penal?
Ahora bien, ¿es jurídicamente viable este camino? ¿Se puede usar libremente dinero no declarado sin una ley de blanqueo? La respuesta, desde un punto de vista normativo, es clara: no, afirma Santamaría, y explica:
Por más voluntarismo político o pragmatismo recaudatorio que se quiera imponer, la única vía legal y válida para habilitar el uso de dinero no declarado sin consecuencias fiscales o penales es a través de una ley de blanqueo aprobada por el Congreso de la Nación.
Ninguna resolución administrativa, ni decreto del Poder Ejecutivo, puede sortear los límites impuestos por la Ley de Procedimiento Fiscal ni por Régimen Penal Tributario.
El período de prescripción fiscal es de 5 años. Esto significa que, aunque hoy se dicten instrucciones internas para que ARCA no investigue consumos en dólares por debajo de ciertos umbrales, nada impide que un gobierno futuro reabra esos movimientos e inicie ajustes impositivos o denuncias penales cambiando las reglas de juego, como ya pasó con el blanqueo de Mauricio Macri durante el gobierno de Alberto Fernández.
Qué ocurre con los fiscales, la UIF y el lavado de dinero
Además, ¿qué ocurre si un tercero —vecino, conocido, ex-empleado— presenta una denuncia ante la Justicia Federal por una compra notoria realizada con dólares no declarados?, se pregunta Santamaría, y responde:
El Código Procesal Penal de la Nación y el régimen penal tributario imponen la obligación al Fiscal Federal de dar trámite a esa denuncia, y correr vista a ARCA para verificar la verosimilitud de los hechos, realizar el análisis fiscal correspondiente y, de encontrar diferencias relevantes, promover el ajuste impositivo y la imputación penal.
Así, aunque el Poder Ejecutivo dicte una instrucción interna a ARCA, eso no impide que un fiscal actúe ante una denuncia particular. Si se acredita que se utilizaron fondos no declarados y hay una omisión tributaria superior al umbral legal, podría iniciarse sin más un proceso penal tributario. Y eso, sin ley de blanqueo, no tiene cobertura jurídica alguna.
A esto se suma un punto esencial: ni la UIF ni el Banco Central están sujetos a directivas políticas de carácter temporal. La normativa que los regula sigue vigente, y los sujetos obligados —bancos, escribanos, contadores, inmobiliarias, desarrolladores— tienen la obligación legal de reportar operaciones sospechosas, especialmente cuando involucran sumas importantes de origen no justificado.
Cuál es el riesgo de un blanqueo sin ley del Congreso
¿El resultado? El riesgo jurídico de usar dólares no declarados es alto, advierte Santamaría, y sostiene:
Más allá de la intención declarativa del Gobierno, estamos frente a una situación donde se alienta informalmente el uso de dinero sin origen declarado, sin brindar una verdadera seguridad jurídica.
En algún momento, y dentro del plazo de prescripción, ARCA podría indagar sobre el origen de esos fondos, y si no se puede justificar, aplicar ajustes por evasión simple o agravada.
Un simple cálculo nos ilustra este riesgo:
- u$s100.000 equivalen hoy a unos $100 millones.
- El IVA de esa operación sería $21 millones (21%)
- Si se presume omisión en Ganancias, el ajuste sería de $30 millones (30%).
- Pero el umbral de punibilidad penal tributaria es de hasta $15 millones, para evasión simple; por encima de ese umbral, evasión agravada, con penas privativas de la libertad desde 2 a 9 años.
Esto significa que, si el fisco lo considera necesario, una compra hecha con dólares no declarados podría derivar en una causa penal por evasión agravada.
Cuál es la responsabilidad penal de los funcionarios
La responsabilidad de los funcionarios que impulsan este esquema informal, si desde el Poder Ejecutivo se instrumenta mediante normas o resoluciones el uso de moneda extranjera no declarada sin exigencias mínimas de origen lícito, estamos ante una cuestión de eventual reproche institucional y penal, asegura Santamaría, y señala:
Los funcionarios públicos tienen el deber de velar por el cumplimiento de la legislación vigente. Si un ministro, secretario o autoridad de ejecución dicta normas o aplica políticas sabiendo que habilitan el uso de fondos que podrían provenir de evasión tributaria, lavado de activos, trata de personas, narcotráfico o contrabando, no solo estaría vulnerando principios básicos de legalidad, sino que podría estar facilitando indirectamente delitos económicos o complejos.
¿Podría esto configurar un delito? Sí, si se comprueba que el funcionario ha actuado con dolo o conocimiento cierto del carácter ilegal del origen de los fondos, podría incurrir en incumplimiento de deberes de funcionario público o incluso en encubrimiento agravado, al omitir actuar ante un hecho ilícito o generar condiciones para su continuidad.
Asimismo, si se dictara una norma con conciencia de que permite u omite controles sobre activos de origen ilícito, podría haber responsabilidad penal directa o derivada.
Finalmente, la apología del delito, si bien de aplicación más restrictiva, no puede descartarse si se llegara a promover públicamente el uso de dinero que, por presunción, puede provenir de actividades criminales.
El mensaje es claro: ni el voluntarismo político, ni la necesidad fiscal, ni el oportunismo económico pueden justificar el diseño de mecanismos de «blanqueo informal» al margen del Congreso, concluye Santamaría.
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ECONOMIA
El Gobierno ratifica que la reforma laboral incluirá «salarios dinámicos» y paritarias por empresas

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este miércoles por la mañana el debate del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en su capítulo laboral, con la participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien expuso los principales lineamientos de la futura reforma laboral que el Gobierno busca implementar en la segunda mitad del mandato de Javier Milei.
Durante la reunión, Cordero respondió a las críticas de la oposición sobre el aumento de la informalidad, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, y remarcó que «hace dos meses que estamos trabajando en una reforma laboral junto a los que firmaron el Pacto de Mayo».
Reforma laboral: paritarias, salarios dinámicos y convenios por empresas
El funcionario negó demoras en la homologación de paritarias y defendió el accionar de su secretaría: «Hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira», afirmó. En ese sentido, destacó que «hay un diálogo permanente, esta es una secretaría de puertas abiertas donde buscamos un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios».
El secretario de Trabajo Julio Cordero habló sobre la reforma laboral
Respecto de los incrementos salariales de apenas 1% acordados en algunas actividades, explicó que «al modificarse la matriz económica que permite que los argentinos cuenten con una moneda estable, que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación».
Cordero enfatizó que el Gobierno trabaja en una reforma profunda que modificará el esquema actual de negociación colectiva: «Estamos trabajando en los convenios por empresa, que permitirían una situación distinta porque podrían negociar con el sindicato si la paritaria nacional quedó muy por encima», adelantó. Según explicó, ese nuevo sistema «genera un diferencial salarial siempre hacia arriba».
En la misma línea, el secretario sostuvo: «Tenemos un plan de incremento salarial dinámico. Estamos trabajando hace dos meses. Eso es lo que marca la diferencia entre los salarios de convenio y los salarios reales, que estos últimos son muy superiores y deben serlo». Y añadió: «Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo».
El esquema que impulsa el oficialismo, apoyado por el PRO y la UCR, busca introducir el concepto de salario dinámico, un modelo que vincula la remuneración con la productividad individual y no con los convenios colectivos. De esa manera, se reducirían los pisos salariales básicos y cada empresa podría negociar directamente con su representación sindical interna.
Cordero defendió también la eliminación de las multas a empresas por incumplimientos laborales que dispuso la Ley Bases. «Las personas siempre tienen sus derechos laborales, las multas iban para el Estado, no para el trabajador», sostuvo. Y agregó: «Haber eliminado multas apunta a un desarrollo que lleve a la conclusión de la informalidad. Por supuesto que falta, pero lo que se hizo fue el comienzo, es una base».
Finalmente, el funcionario destacó que desde su cartera trabajan con las cámaras empresariales «para que no trasladen a precios esos aumentos y que los trabajadores puedan contar con este diferencial».
Alerta en los gremios y cómo puede impactar en paritarias
Las organizaciones sindicales y los especialistas en derecho laboral observan con preocupación la propuesta de los «salarios dinámicos», ya que consideran que podría derivar en una flexibilización encubierta de las condiciones laborales.
Según fuentes gremiales, el sistema «nivela hacia abajo los derechos y salarios de millones de trabajadores», ya que transformaría los pisos convencionales en techos de negociación individual, debilitando la fuerza de los convenios colectivos.
El esquema recuerda a los modelos de pago por rendimiento, utilizados históricamente para disciplinar o sobreexigir a los empleados más que para incentivar su productividad. Además, al desvincular el salario de la inflación, se corre el riesgo de que el poder adquisitivo se deteriore aún más en un contexto de precios en alza.
«Con este modelo, el riesgo económico se traslada del empleador al empleado», advirtieron fuentes sindicales. Si el proyecto avanza, las paritarias podrían cambiar de forma sustancial. En lugar de negociar aumentos generales por rama o sector, los ajustes salariales se definirían según el rendimiento o la productividad individual.
Esto, según los gremios, debilitaría la negociación colectiva y aumentaría la desigualdad entre trabajadores dentro de una misma empresa, al depender de evaluaciones subjetivas o criterios empresariales.
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ECONOMIA
Ricardo Arriazu: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de EEUU y el dólar se va a cualquier nivel”

El economista Ricardo Arriazu, considerado una de las voces más influyentes para el presidente Javier Milei, aunque él aclara que no mantiene trato personal con el mandatario; planteó tres posibles escenarios post elecciones, en medio de la incertidumbre en los mercados. Además, criticó tanto los pedidos de devaluación como las bandas cambiarias.
Arriazu, de Estudio Arriazu Macroanalistas, disertó en la 2° Cumbre Aseguradora Argentina, que tiene por objetivo debatir, analizar y proyectar el futuro de esa industria en el país. El evento tomó lugar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y fue organizada por el Comité Asegurador Argentino, integrado por ADEAA, ADIRA, AACS, AVIRA y UART.
“La economía tiene equilibrio macroeconómico, pero hay una gran pulseada con respecto al dólar. ¿Cuáles son los escenarios? En primer lugar, con las elecciones en tres días, no hay duda de que el gobierno va a hacer lo imposible para que el tipo de cambio no se mueva, porque esa es la clave del programa económico», comenzó Arriazu.

“Después de las elecciones pueden darse dos escenarios. En el primero, el Gobierno obtiene al menos un tercio de los escaños en alguna de las cámaras, lo que le permitiría evitar un juicio político y sostener sus vetos. Con ese respaldo y el apoyo de Estados Unidos —que merece una mención especial—, la economía cambia de la noche a la mañana», consideró.
En el segundo escenario, si el oficialismo no alcanza ese tercio y el Congreso impulsa tanto el equilibrio fiscal como un eventual juicio político, es probable que Washington retire su respaldo. Ese apoyo, aclaró, no está destinado a financiar el gasto, sino a facilitar la resolución de los compromisos de deuda de corto plazo.
En tanto, Arriazu mencionó y respondió las preguntas que tiene el mercado. “¿Puede aguantar una corrida? Sí, con recursos propios. Obviamente, con la ayuda de Estados Unidos es un paseo. ¿Pueden pagar los vencimientos de deuda? Tenemos una de las deudas de mercado más bajas del mundo, el 19% del PBI. Pero como somos estafadores seriales, todo el mundo quiere que le mostremos la plata. No le piden eso a ningún otro país. A nosotros sí por ser estafadores».
Asimismo, consideró: “¿Qué pasaría si el oficialismo no logra su objetivo? Bueno, lo dejo en manos de ustedes pensarlo. ¿Vale la pena ganar la pulseada? Con recursos propios, sería muy dolorosa. Pero mi respuesta es, definitivamente, sí. De los últimos 44 años, 20 tuvimos crecimiento negativo. Cada año con crecimiento negativo fue por una corrida cambiaria, por gente queriendo cambiar pesos a dólares porque no confía en el peso. Y siempre la ganaron. Alguna vez hay que ganársela, para que la gente dude antes de comenzar una corrida».
Al mismo tiempo, enfatizó: “Si las elecciones salen mal, se acaba la ayuda de Estados Unidos, ¿y a cuánto se va el dólar? Cualquier nivel. Si las elecciones salen bien y hay ayuda de Estados Unidos, baja, pero ¿a dónde baja? a $1.300-$1.350″.
“Pero la incertidumbre tiene costos. El riesgo país argentino es 10 veces superior al de Uruguay y Paraguay y tenemos números macroeconómicos infinitamente mejores”, añadió.
Desde una perspectiva más general, Arriazo aseguró: “Yo soy enemigo de la banda cambiaria porque Argentina es una economía bimonetaria y una economía bimonetaria funciona totalmente distinto a una economía de una sola moneda. Los pesos en la Argentina se usan exclusivamente para pagar sueldos, pagar impuestos y unos pocos gastos menores, todo el resto es en dólares”. Criticó el declive de la economía luego de la implementación de ese esquema y la no acumulación de reservas.
En paralelo, se opuso a una devaluación: “Cada vez que subió el tipo de cambio real fue por una crisis política o por salida de capitales. En cuanto la situación se normaliza, el tipo de cambio real cae. ¿Qué significa esto? Que el Gobierno no controla el tipo de cambio real, sino el nominal, y por lo tanto no puede fijarlo a voluntad. Además, cada vez que el tipo de cambio subió, la actividad económica cayó“.
A criterio de Arriazu, en relación a la industria del seguro, si se deja de modificar las reglas y de crear nuevos impuestos, se facilita la operatoria y pueden volver los fondos de pensión. Todo eso permitiría generar capital de largo plazo, elevar la tasa de ahorro y, en consecuencia, favorecer el crecimiento de la Argentina.
“El riesgo argentino no es un kuka, el riesgo argentino es un riesgo argentino. Son los argentinos los que pensamos sin sentido común. Yo presenté una charla en Tucumán que se llamaba Soñando con una Argentina posible. Y lo primero que dije, el título no es casualidad”, sostuvo el economista.
“Si miramos largo plazo y miramos energía, minería, industria de conocimiento, agro, todo es lejos de Gran Buenos Aires. La posibilidad de crecimiento es enorme. Fácilmente podemos ir al 5,5% por año. Pero la palabra sueño es porque los argentinos somos campeones en desaprovechar todas las oportunidades”, concluyó Arriazu.
A su turno en la cumbre, Alejandro Simón, presidente del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDES) y CEO de Sancor Seguros, dijo: “Creo que tenemos como sector asegurador una gran oportunidad de transformarnos en uno de los motores principales del crecimiento de la economía argentina. Somos un viabilizador de de la actividad económica, pero también de las inversiones de largo plazo”.
Por otra parte, en relación al futuro, destacó que “la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa es una gran oportunidad y un desafío al mismo tiempo, con un desarrollo exponencial a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con áreas de suscripción, la gestión de siniestros, de prevención de fraude y de personalización de la oferta”.

A su vez, el directivo sostuvo que el avance hacia la computación en la nube obliga a las aseguradoras a reducir el control directo sobre sus propios recursos tecnológicos, lo que plantea nuevos desafíos regulatorios. Señaló que no basta con imitar los modelos de los países más desarrollados, ya que existe un debate internacional sobre cómo abordarlos.
Agregó que la ciberseguridad se volvió un eje crítico: “La inteligencia artificial está disponible tanto para nosotros como para los hackers, que son cada vez más sofisticados”. Por eso, remarcó la necesidad de contar no solo con barreras de protección, sino también con protocolos de acción rápida que minimicen los daños una vez ocurrido un ataque.
En otro tramo, Simón advirtió sobre los cambios demográficos. Indicó que la tasa de natalidad en la Argentina cayó de 2,1 hijos por mujer —nivel de reemplazo poblacional— a 1,4 desde la pandemia, un valor similar al promedio europeo.
Por último, se refirió a la informalidad laboral y a la necesidad de una reforma que reduzca la litigiosidad. Citó el caso de Brasil, donde una modificación legal permitió disminuir en 80% los juicios laborales.
Explicó que el esquema se basó en tres ejes: limitar el financiamiento compulsivo a los sindicatos, dar prioridad a los acuerdos colectivos por sobre leyes generales y establecer que, si un reclamo judicial resulta infundado, el trabajador deba asumir los honorarios antes de presentar una nueva demanda.
ECONOMIA
Reforma laboral: sueldo dinámico, indemnización por despido y otros cambios clave que quiere Milei

El Gobierno avanza en una reforma laboral que busca modificar de manera profunda el esquema actual de negociación colectiva y la estructura del sueldo. El objetivo central es vincular la remuneración con la productividad individual y no exclusivamente con los convenios colectivos.
Se sabe que la reforma laboral es una de las principales metas del gobierno de Javier Milei. Así lo planteo desde sus inicios el Presidente. A mitad de este año, se realizó la primera reunión del Consejo de Mayo, el órgano multisectorial que creó para consensuar este tipo de proyectos que apuntan a grandes cambios estructurales.
Hoy fue el turno de Diputados, que tuvo una nueva jornada de debate del proyecto de Presupuesto para el año 2026 en la Comisión de Presupuesto que encabeza Alberto Bertie Benegas Lynch y en donde participó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para exponer los principales lineamientos de la futura reforma laboral que el Gobierno busca implementar en la segunda mitad del mandato de Javier Milei.
Durante la reunión, Cordero respondió a las críticas de la oposición sobre el aumento de la informalidad, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo, y remarcó que «hace dos meses que estamos trabajando en una reforma laboral junto a los que firmaron el Pacto de Mayo».
Reforma laboral: qué pasará con el sueldo
El nuevo modelo, impulsado con el respaldo del PRO y la UCR, incorpora el concepto de «salario dinámico«, un sistema que permitiría a cada empresa negociar directamente con su representación sindical interna. De este modo, los acuerdos podrían adaptarse a la realidad de cada sector o firma, reduciendo los pisos salariales básicos y promoviendo una mayor diferenciación según desempeño y mérito.
En paralelo, desde la Secretaría de Trabajo aseguran que el país atraviesa una nueva etapa en materia de paritarias, marcada por la estabilidad monetaria y la menor incidencia de la inflación. «Al modificarse la matriz económica, la negociación ya no se trata de correr detrás de los precios», sostienen en el área laboral, donde remarcan que los acuerdos por incrementos mínimos responden a esa nueva dinámica.
El Gobierno también impulsa un plan de incremento salarial «dinámico», que busca acortar la brecha entre los salarios de convenio y los salarios reales. La meta, explican, es que los sueldos recompensen la productividad y el mérito, fomentando una estructura más competitiva.
Otro punto clave de la reforma es la eliminación de las multas laborales que habían sido dispuestas en la anterior normativa. Según explican desde la cartera laboral, esas sanciones no beneficiaban directamente al trabajador, sino al Estado. La nueva orientación apunta a incentivar la formalización y el crecimiento del empleo privado.
Asimismo, se trabaja junto a las cámaras empresariales para evitar que los incrementos salariales se trasladen a precios, buscando preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.
En palabras de Cordero, «hay que proteger al sector privado, porque si no se lo protege, se retira».
Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei avanza con indemnización y despido
Un tema clave con el que más se está avanzando es con el de indemnizaciones y despidos.
A finales de junio, la Comisión Nacional de Valores (CNV) reglamentó el nuevo Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al tradicional esquema de indemnización por despido. Este instrumento refleja el direccionamiento que el Gobierno le quiere dar al mercado laboral.
El sistema permite a los empleadores y trabajadores sustituir la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, así como otros rubros indemnizatorios. Se establecerá por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos («FCI») o Fideicomisos Financieros («FF»).
La modalidad que busca impulsar Milei consiste en una suerte de seguro de despido o desempleo. Este esquema impactaría en los empleados que fueron contratados luego de la aprobación de la reforma laboral en julio del año pasado. En este cambio se toma como modelo el fondo de cese laboral de la industria de la construcción, donde el porcentaje del aporte llega al 12% del salario bruto del trabajador durante el primer año de duración del contrato y es del 8% a partir del segundo.
Este sistema supone que el empleador debe contribuir con una suma adicional acordada en una negociación entre la empresa y los sindicatos. El monto, plazos y modalidades de las indemnizaciones por despido dependerán de lo que se acuerde en este nuevo sistema.
Además, los trabajadores podrán realizar aportes adicionales en el Sistema de Cese Laboral. No hay ninguna garantía mínima respecto del monto de la indemnización por despido.
El Sistema de Fondo de Cese se establecerá por medio del Convenio Colectivo de Trabajo y deberá administrarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros.
En el texto se establece la suscripción de cuotapartes provendrá exclusivamente de aportes de empleadores y/o trabajadores. Además, se limitará la concentración de inversiones por industria a un máximo del 30% del patrimonio neto del fondo, y no se permitirá invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes.
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