ECONOMIA
Dato clave detonó diálogo con CGT: obras sociales sindicales perderán $90.000 M por reforma laboral
Entre los múltiples conflictos laborales que plantea, el gobierno de Javier Milei introdujo en la reforma laboral que envió al Senado un compendio de «bombas molotov» contra las obras sociales, los jubilados y el propio fisco, cuyos cálculos están haciendo en este momento en la CGT, todas las centrales obreras y en la bancada de Unión por la Patria, como para juntar aliados en contra de le iniciativa.
Según confiaron a iProfesional altas fuentes de la CGT que dirigen Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, la reducción de 6 a 5% en los aportes patronales de los empleadores a las obras sociales implica una quita de $90.000 millones al sistema de salud sindical.
«Ese es un ataque directo a las obras sociales sindicales», confió a iProfesional uno de los popes de la CGT. «Con esto quieren desfinanciarlas para luego intervenirlas», señaló uno de los senadores de Unión por la Patria. En esta ley, la motosierra se aplicaría sobre la salud de trabajadores.
De todos modos, en el bloque peronista señalan que aún están haciendo los números para afinarlos mejor porque las primeras aproximaciones pueden ser imprecisas. Pero no dudan de que serán números astronómicos.
Reforma laboral: el impacto en las obras sociales
Otras fuentes sindicales dieron más precisiones. «La baja de 1 punto en las contribuciones patronales equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (para enfermedades complejas de alto costo) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las Obras Sociales, calculado sobre datos de Agosto», señaló el Secretario de Acción Social de CGT, José Luis Lingeri.
«Para compensar al sistema (solo compensar al sistema) habría que aumentar el monotributo en unos 50.000 pesos (o sea llevarlo de 19.500 a 70.000 el mínimo), y el sistema estaría en el mismo punto desastroso que esta hoy en día», agregó Lingieri a iProfesional.
Los puntos más importantes de la reforma laboral
Este punto en especial detonó los puentes del Gobierno con la CGT, pese a la frágil tregua que existía entre la Casa Rosada y la central obrera que mantenía un perfil bajo pese a la seguidilla de cierres de empresas y despidos.
La central obrera, las dos CTA y las 62 Organizaciones le declararon la guerra al proyecto y convocaron a una marcha masiva a la Plaza de Mayo para el próximo jueves 18 de diciembre. El proyecto tambien compromete seriamente la cuota solidaria del 2/3% de los salarios pagan los trabajadores en forma obligatoria aun sin estar sindicalizados y engrosa la caja de los sindicatos.
Si bien el Gobierno no eliminó del todo la cuota solidaria del proyecto final, le impuso fuertes requisitos sin obligación del empleador de retener esos aportes. «En los hechos la cuota solidaria quedaría en la nada», dijo una fuente sindical.
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), otro foco de conflicto
Otro de los puntos que rompió todos los puentes con el sindicalismo y con el peronismo consiste en el nuevo aporte del 3% de los empleadores al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que administrará el Estado para pagar las futuras indemnizaciones por despidos.
Con ese 3% se recaudarán unos u$s2500 millones, unos 3,65 billones de pesos. Pero como contracara de ello los empleadores dejarán de pagar 3% del sueldo a los aportes previsionales, al sistema de contribución de las jubilaciones de la Anses, con lo cual la caja jubilatoria se resentirá en la misma medida que crecerá el FAL del 3%. Esta sería una segunda motosierra para las jubilaciones.
«Es decir los jubilados van a financiar con 2500 millones de dólares a los futuros despidos de los empresarios y éstos no tendrán que esforzarse por los despidos», dicen en la CGT.
En el bloque de senadores del peronismo, el senador Jorge Capitanich hizo otros números que preocupan sobremanera a los peronistas y a los sindicalistas y aún está estudiando en profundidad las implicancias del proyecto. Pero en principió el proyecto de ley eliminará impuestos internos y ello tendrá un impacto fiscal, negativo, de u$s548 millones, unos 800.000 millones de pesos. Se eximirá de impuestos internas asi a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios y los vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves.
En este caso, la motosierra la sufrirá la recaudación tributaria y beneficiará a sectores de alto poder contributivo que engrosarían el gasto tributario, el sistema de exenciones impositivas discrecionales y a veces no justificadas que representa un 4,7% del PBI, que totaliza unos 28.300 millones de dólares que hoy superan los 40 billones de pesos. Entre esos sectores emblemáticos están las promociones a Tierra del Fuego, la minería, la economía del conocimiento, los empleados judiciales y otros 50 casos.
La estrategia del peronismo en el Senado para frenar la reforma laboral
En el bloque del peronismo quieren afinar los números para salir muy fuerte con una estrategia comunicacional para explicar a todos los sectores de la economía y tratar de convencer a senadores dudosos y gobernadores aliados al gobierno de Javier Milei para frenar el proyecto en el Senado.
El martes próximo a las 11 habrá una reunión de Labor Parlamentaria y el peronismo intentará dividir la parte laboral de la ley de la parte fiscal, con derogación de impuestos y esta última debería tratarse en una ley aparte en Diputados.
El peronismo tiene 28 senadores y apuestan a unir fuerzas con los cinco senadores del bloque de los peronistas no kirchneristas Alejandra Vigo y Carlos «Camau» Espinola, mientras que la CGT tratará de negociar y convencer a los gobernadores cercanos al peronismo, pero aliados a Milei, como Rolando Figueroa, de Neuquén; Gustavo Saenz, de Salta, y Claudio Vidal, de Santa Cruz. El encargado de esa gestión es Gerardo Martinez, dirigente de la construcción.
Según el peronismo, el proyecto de reforma laboral profundiza el camino iniciado por el DNU 70/23 y por la ley Bases, y fortalece la posición de los empleadores por sobre los trabajadores. Según ellos, no facilitarán la creación de empleo y la registración de los puestos de trabajo como dice Milei.
Aseguraron que luego de la sanción de la ley Bases creció el desempleo, la ocupación por cuenta propia y la tasa de asalariados no registrados.
Tambien la CGT y las dos CTA reclaman que se apuntará a debilitar la acción colectiva de los trabajadores con cambios en la regulación del derecho a huelga, la negociación colectiva y las asociaciones sindicales, además de fortalecer la disciplina laboral en los lugares de trabajo, con cambios profundos en la ley de contrato de trabajo
«Las indemnizaciones por despido pasarán a ser abonadas íntegramente con recursos que dejará de recibir la ANSES, afectando su capacidad para mejorar las prestaciones que otorga (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, etc)», señaló un comunicado del Instituto de Estudios Formación del CTA que hizo un detallado análisis del proyecto.
«El proyecto también incluye una reducción del aporte patronal a las obras sociales (pasa del 6% al 5%), por lo que de un día a otro cambiarán de manos 4 puntos de la masa salarial total», agregó ese estudio.
«Las estimaciones de estas iniciativas sobre los fondos de la ANSES y de las obras sociales todavía deben ser analizadas en detalle, pero una primera aproximación señala que se trataría de entre 2000 y 2500 millones de dólares al año que los trabajadores les transfieren a los empleadores», señaló.
Los recursos del Fondo de Asistencia Laboral podrán ser administrados por privados que cobrarán una comisión que será determinada por la reglamentación.
Las centrales obreras aseguran que el proyecto prohíbe el derecho de huelga, los convenios colectivos quedan a tiro de una resolución del Ministerio de Capital Humano y se impulsa la descentralización de la estructura sindical.
Los límites a los sindicatos y el derecho a huelga
En el derecho de huelga el proyecto insiste con el texto del DNU 70/23 y reglamenta los servicios esenciales de manera dificulta hasta lo imposible hacer una huelga.
Casi todas las actividades son consideradas servicios esenciales o de importancia trascendental, lo que implica que, durante una huelga, los trabajadores tengan que garantizar un servicio mínimo de entre el 50% y el 75% del que corresponda para un día normal.
El proyecto expresa que lo mismo aplica en caso de una huelga nacional. La realización de asambleas o congresos de delegados también queda bajo amenaza. Será necesario contar con autorización del empleador y se deja claro que durante su realización no se devengan salarios, ni siquiera cuando son la reacción a un incumplimiento patronal.
Por el lado de la negociación colectiva, el proyecto otorga primacía al convenio por empresa o región, por sobre el convenio por actividad o nacional; habilita la negociación a la baja; debilita la ultraactividad; y abre un procedimiento que amenaza a todos los convenios vigentes en la actualidad.
El proyecto pone en peligro los aportes obligatorios de los trabajadores no afiliados que según los sindicatos se benefician por los resultados de cada convenio. Estos aportes, para hacerse efectivos, requerirán la conformidad previa de cada trabajador, algo que difícilmente suceda en la práctica, y que según los sindicatos tiene el objetivo de desfinanciar las organizaciones sindicales.
La reforma promueve la formación de sindicatos de empresa y en muchos casos habilita a que las comisiones internas negocien a la baja cuestiones como la jornada reducida. Se trata de un impulso a la descentralización de sindicatos.
La reforma se mete de lleno con la Ley de Contrato de Trabajo y deroga 9 artículos y modifica otros 55. En todos los casos se busca fortalecer la posición de los empleadores en el día a día de la relación laboral, ahorrar costos laborales y limitar la posterior capacidad de reclamo. El proyecto busca individualizar los vínculos laborales.
Por ejemplo, se habilita a establecer bancos de horas u otras modalidades de jornada laboral flexibles, el fraccionamiento de las vacaciones y su otorgamiento en cualquier momento del año por acuerdo individual, sin ningún tipo de intervención sindical.
Genera también facilidades para la tercerización, prohíbe que los trabajadores eventuales sean electos delegados sindicales, habilita la reducción salarial de los trabajadores que se reincorporan luego de una enfermedad o un accidente inculpable, reduce la indemnización por despido, y limita la promoción de acciones judiciales fundadas en el derecho común.
Estos cambios además implican un ahorro patronal en el pago de horas extras, indemnizaciones u otras cargas que surjan de una acción judicial por parte del trabajador. Por el lado de los trabajadores de plataformas, la ley les dedica un capítulo entero para garantizar que nada cambie. Siguen sin ser reconocidos como trabajadores y no les otorga más derechos de los que hoy en la práctica pueden ejercer.
Asimismo, el proyecto elimina el Estatuto del Periodista, la ley de viajantes, la ley de teletrabajo, lo que dificultará mucho el ejercicio de derechos vinculados a estos sectores o para quienes realizan sus tareas de manera remota.
Finalmente, el Gobierno no eliminó las cuotas solidarias de los salarios, pero las restringió al máximo y puso como requisito que cada trabajador tiene que dar su consentimiento. La eliminación de esas cuotas del 2/3% eran promovidas por el ala dura, compuesta por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la senadora Patricia Bullrich, en favor de quitar esas cuotas para dar un golpe en la recaudación de los sindicatos.
Mientras que el asesor en propaganda Santiago Caputo y los operadores de Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo «Lule» Menem, querían dejar la cuoata que beneficiaba a los sindicatos.
También se les quitó a los empresarios la facultad de ser agentes de retención. La ley actual dice que «los empleadores estarán obligados a actuar como agente de retención» de esos aportes. El proyecto de reforma consigna que «los empleadores podrán actuar como agentes de retención» pero «siempre que medie conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes».
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La Corte Suprema de Estados Unidos concluyó que los aranceles-Trump son ilegales, en concordancia con decisiones anteriores adoptadas por jueces en casos específicos.
Según la Constitución de Estados Unidos, la autoridad para imponer aranceles reside en el Congreso (Artículo I, Sección 8); sin embargo, desde su sanción en 1787, el Poder Legislativo ha ido delegando en el Presidente ciertos poderes vinculados a políticas comerciales, como la “Trade Promotion Authority”, que faculta al Presidente para negociar tratados comerciales.
Entre muchas otras delegaciones del Congreso se encuentra la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) de 1977, empleada por Trump para justificar los aranceles del “Día de la Liberación”.
Tras el anuncio de la implementación de los aranceles-Trump, empresas nacionales afectadas acudieron a la justicia y los jueces determinaron que los daños ocasionados debían ser reparados
Tras el anuncio de la implementación de los aranceles-Trump, empresas nacionales afectadas acudieron a la justicia y los jueces determinaron que los daños ocasionados debían ser reparados. Finalmente, uno de esos casos llegó a la Corte Suprema (Learning Resources Inc. vs. Trump), que resolvió que la Ieepa no otorga al presidente el tipo de facultades requeridas para aplicar los aranceles-Trump.
Esta legislación establece que el mandato delegado permite “regular el comercio” (“regulate trade”), y de ninguna manera este poder puede utilizarse para imponer aranceles de diferentes valores contra cualquier país en cualquier momento.
La tradición legal sobre poderes delegados indica que, en cuestiones fundamentales, si la transferencia de facultades no es explícita, el poder debe ejercerse con cautela. Si el Congreso hubiera querido transferir al Presidente la capacidad de imponer los aranceles del “Día de la Liberación”, lo habría expresado así.
Este no es el primer caso en el que la Corte Suprema delimita el alcance del poder delegado: por ejemplo, en una de las numerosas causas citadas por el máximo tribunal, el presidente Joe Biden intentó condonar la deuda estudiantil adquirida para financiar estudios, y la Corte sancionó que no existía un poder delegado que habilitara tal política.
En 1977, al momento en que el Congreso sancionó la Ieepa, Estados Unidos y los miembros del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) ya habían participado en siete negociaciones multilaterales, habiéndose reducido notablemente los aranceles respecto de los vigentes al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Además, para ese entonces Estados Unidos y numerosos países contaban ya con diversos instrumentos regulatorios del comercio, como salvaguardias, medidas antidumping y disposiciones recogidas en el Artículo XX del GATT-OMC.
En la página 13 del fallo, la Corte Suprema afirma que el Presidente debe justiciar de manera clara por qué la Ieepa le otorgaría el poder invocado, concluyendo que esto “no puede probarlo” (“He cannot”). A partir de esa conclusión, el tribunal descargó una batería de argumentos legales que demostraron por qué Trump no podía justificar las maniobras y abusos cometidos con los aranceles. Previamente, el expresidente había declarado que una sentencia contraria sería devastadora.
Estados Unidos ahora se encamina a varios años de litigios, involucrando tanto a quienes pagaron aranceles inconstitucionales como a quienes lanzaron proyectos de inversión bajo el estímulo de los aranceles-Trump
Según medios especializados, la decisión representará un fuerte golpe financiero para la Tesorería de Trump. Estados Unidos ahora se encamina a varios años de litigios, involucrando tanto a quienes pagaron aranceles inconstitucionales como a quienes lanzaron proyectos de inversión bajo el estímulo de los aranceles-Trump y a los países que sufrieron daños en sus exportaciones.
Aunque podría pensarse que este fallo histórico de la Corte Suprema conduciría a que la política comercial estadounidense retorne al statu quo anterior al “Día de la Liberación” -es decir, a cumplir las normas comerciales vigentes-, por el momento esto no ocurrirá. Tras descalificar severamente a la Corte Suprema, Donald Trump anunció que, amparado en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, impondrá un arancel del 15% sobre los valores vigentes previos al “Día de la Liberación”.
Por motivos de desequilibrio de la balanza de pagos, y bajo condiciones y obligaciones específicas, esta sección autoriza al presidente a aplicar un arancel de ese porcentaje por un período que no debe superar los 150 días.
El destino de esta y otras posibles medidas de Trump, así como el desarrollo de los litigios, aún está por verse. Las estimaciones sobre los daños económicos, tanto los ya sufridos como los que puedan producirse, serán publicadas a medida que dispongan de los informes de consultoras internacionales y organismos multilaterales, con el fin de evidenciar la magnitud de los costos ocasionados.
El autor es Miembro Academia Nacional de Ciencias Económicas
edificio. capitolio de los estados unidos en washington
Uno de los mayores logros de este gobierno es dejar atrás un modelo económico cerrado y expulsivo que incentivó durante años la emigración de capital humano: cerca del 5% de la población, es decir, unos dos millones de argentinos, reside hoy en el exterior, en muchos casos atraída por economías con mayores niveles de ingreso y oportunidades, como Irlanda.
El caso irlandés ofrece un punto de comparación útil para pensar los desafíos argentinos.
A comienzos de los años 90, Irlanda era considerada uno de los países más rezagados de Europa Occidental. En 1988, la revista The Economist la describía como el país más pobre entre los ricos: su PBI per cápita era apenas el 60 % del promedio de la entonces Comunidad Económica Europea. Una década después, la misma publicación dedicaría otra portada a la economía irlandesa con el título “La luz que brilla en Europa”.
A comienzos de los años 90, Irlanda era considerada uno de los países más rezagados de Europa Occidental. En 1988, la revista The Economist la describía como el país más pobre entre los ricos: su PBI per cápita era apenas el 60 % del promedio de la entonces Comunidad Económica Europea. Una década después, la misma publicación dedicaría otra portada a la economía irlandesa con el título “La luz que brilla en Europa”.
Irlanda venía de una crisis de deuda masiva en los años 80 debida a políticas fiscales expansivas mal implementadas, con la deuda pública alcanzando un máximo de 115% del PBI en 1987. El desempleo llegó al 17% y la emigración era masiva: la principal exportación de Irlanda era su gente.
Entonces ocurrió el “milagro del tigre celta”. Entre 1995 y 2007, Irlanda pasó de ser uno de los países más pobres y estancados de Europa Occidental a convertirse en uno de los más prósperos del mundo, registrando tasas de crecimiento del PBI que en algunos años superaron el 9 por ciento.
La disciplina fiscal permitió reducir rápidamente el peso de la deuda, que cayó al 75% del PBI en 1995 y descendió por debajo del 40% antes de la crisis financiera global de 2008. A la vez, una combinación de baja carga impositiva, estabilidad macroeconómica y acceso pleno al mercado de la Unión Europea convirtió al país en un polo de atracción para la inversión extranjera directa.
Muchas empresas multinacionales eligieron Irlanda como plataforma para producir y exportar al resto del continente, lo que impulsó el empleo, la productividad y los ingresos. Hoy, el país se ubica entre los de mayor ingreso per cápita del bloque europeo.
La experiencia irlandesa muestra cómo la integración económica, acompañada de estabilidad macroeconómica y reglas pro-inversión, puede transformar la estructura productiva de un país pequeño y abierto. Para Argentina, integrarse a la Unión Europea significaría no solo acceder a un mercado de 700 millones de consumidores, sino también una oportunidad para atraer inversiones, financiamiento y tecnología que refuercen el crecimiento de largo plazo.
La experiencia irlandesa muestra cómo la integración económica, acompañada de estabilidad macroeconómica y reglas pro-inversión, puede transformar la estructura productiva
El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre oportunidades para el agro, la energía y los servicios argentinos
El tratado comercial tendrá un impacto amplio sobre la estructura exportadora argentina, con beneficios que alcanzan desde la producción de alimentos hasta la minería, la industria y los servicios basados en el conocimiento. La reducción de aranceles, el reconocimiento de estándares y una mayor previsibilidad normativa aparecen como los principales mecanismos de impulso.
En la agroindustria –uno de los sectores con efectos más inmediatos– la baja de barreras de acceso mejora la competitividad de los productos argentinos en el mercado europeo:
- La carne vacuna, que hoy enfrenta aranceles de entre 20% y 60%, pasará a tributar entre 0% para cuotas específicas y 7,5% para nuevos cupos.
- En pesca, exportaciones como langostinos, calamar y merluza dejarán de pagar gravámenes que actualmente llegan hasta el 15%. Para La Pampa, es una oportunidad visible para la ganadería, los lácteos y la miel.
- El vino también se verá favorecido por la eliminación de aranceles y el reconocimiento europeo de 96 indicaciones geográficas argentinas, un reclamo histórico del sector para diferenciar calidad y origen.
- A esto se suman las economías regionales –cítricos, peras, arándanos, miel, frutos secos, legumbres, tabaco, yerba mate y té– que ganarán acceso preferencial a un mercado de alto poder adquisitivo.
- En biocombustibles, el biodiesel reducirá progresivamente su arancel de 6,5% hasta alcanzar el 0% en un plazo de diez años.
Más allá del agro, el acuerdo apunta a consolidar a la energía y la minería como motores exportadores de largo plazo. Se prevé un mayor dinamismo en litio y cobre, junto con un impulso a los hidrocarburos, favorecido por la demanda europea y por reglas de juego más estables para la inversión.
La industria manufacturera también podría experimentar un salto relevante. Se estima que las exportaciones industriales crecerían cerca de 30%, especialmente en autopartes, insumos químicos y petroquímicos.
Además, el acceso más barato a maquinaria y bienes de capital europeos permitirá mejorar la productividad local. El sector automotor tendrá una apertura gradual, con plazos de desgravación de hasta 15 años para vehículos convencionales y de hasta 30 años para nuevas tecnologías, como autos eléctricos o a hidrógeno.
El acuerdo también incorpora a los servicios basados en el conocimiento –software, tecnología y servicios profesionales– como un área de alto potencial, al facilitar la inserción de empresas argentinas en el mercado europeo bajo marcos regulatorios más previsibles.
Actualmente, la Unión Europea no es un actor nuevo en la economía local: es la principal fuente de Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina. Con un stock que ronda los USD 75.000 millones, los capitales europeos representan cerca del 40% del total de las inversiones en el país.
El tratado está diseñado para complementarse con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), intensificando los beneficios para las empresas que decidan apostar por proyectos de gran escala en suelo argentino. Se espera que el flujo de capitales se concentre en sectores estratégicos para la transición energética global: minería (especialmente litio y cobre), energía y economía del conocimiento.
Un beneficio adicional: la importación de instituciones. El nuevo marco regulatorio busca otorgar la certidumbre y seguridad jurídica que los operadores económicos demandan para proyectos de largo plazo. El acuerdo funciona como un “anclaje institucional” que alinea a la Argentina con las mejores prácticas internacionales.
El economista Jorge Ávila, profesor de Ucema, afirma que acuerdos como este y el logrado con Estados Unidos traen un beneficio adicional al estrictamente comercial: permiten “importar instituciones”.
Acuerdos como el Mercosur-UE y el logrado con Estados Unidos traen un beneficio adicional al estrictamente comercial: permiten importar instituciones (Ávila)
Según Ávila, la experiencia histórica muestra que países que decidieron incorporarse a un gran club de naciones con reglas estables no solo ampliaron su comercio, sino que también lograron reducir el riesgo país y converger, en términos de ingreso per cápita, hacia los niveles de las economías avanzadas. La pertenencia a ese club implica adoptar marcos institucionales previsibles: protección de la propiedad, apertura económica y reglas claras para la inversión, que funcionan como ancla de credibilidad.
En el caso de Argentina, este fenómeno ya se observó a fines del siglo XIX, cuando el país vivió un crecimiento fenomenal fruto de integrarse al comercio internacional bajo un esquema de libre intercambio, incorporando normas y prácticas que favorecieron la expansión económica de largo plazo.
El autor es economista, diputado por La Pampa y presidente de La Libertad Avanza La Pampa; la autora es economista y asesora en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
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El patrón de las exportaciones argentinas es de base primaria, lo que las ubica en el espacio de las llamadas “estrellas menguantes”, en la aproximación que hace Cepal (productos con mercados estancados o en descenso, donde el país mejora su competitividad, pero enfrenta un escenario mundial poco favorable).
Por el contrario, las exportaciones de bienes de base tecnológica, con mayor valor agregado, son más dinámicas. Turismo y servicios basados en el conocimiento (que incluyen servicios informáticos, software y productos audiovisuales, entre otros) constituyen el núcleo de la cuenta corriente en el ítem servicios reales.
La geografía y la complementariedad sectorial condicionan los flujos de comercio exterior, siendo Brasil nuestro principal comprador:
- América Latina supone el 40% de lo exportado por el país y el resto de las ventas al exterior está diversificado en muchos mercados.
- China dentro de poco será el principal cliente del país. La marca país actualmente no es relevante y son importantes los esfuerzos para disponer de productos más diferenciados. Argentina debería triplicar de aquí a 20 años la participación a nivel mundial con el objetivo de llegar al 1% del total mundial exportado.
- Irlanda, por ejemplo, multiplicó por 6 su cociente de exportaciones sobre PBI.
Un punto relevante en la actualidad sobre es tas cuestiones es la próxima realización de una alianza del Mercosur con la Unión Europea bajo la forma de una zona de libre comercio. Es un área total de 730 millones de personas, con 31 países que suman un PBI de USD 24 billones, es decir, 20% del total mundial.
La negociación ha sido muy larga, con ciclos de parálisis y relanzamientos. Algunas voces críticas del medio local plantean que no hubo consultas al sector empresarial y que estaríamos resignando soberanía en las negociaciones.
Son perdedores aparentemente sectores industriales que enfrentarán competencia directa como el metalúrgico, el textil y la industria automotriz con la eliminación gradual del 35% del arancel a los autos europeos. Es importante ver la incidencia en cuanto a pobreza y distribución del ingreso de este proceso de integración.
Los supuestos ganadores del lado argentino con la integración con la UE son el sector agroindustrial y la industria de base más tecnológica
No se pudo concretar el ALCA en su momento, a pesar de la convicción estadounidense que pretendía ser un área de libre comercio para todo el continente. Pero sí nos integraremos a Europa. Supone una conquista diplomática.
En el acumulado de 20 años, el saldo de la balanza comercial con la Unión Europea es cercano a cero. Por otra parte, se espera que crezca el monto total de exportaciones argentinas, que fueron muy dinámicas en la década de 1990 con una expansión promedio anual del 9%. En lo que va del siglo XXI, por el contrario, crecieron a una tasa promedio muy baja, inferior al 1 por ciento.
En la estimación de sectores con mayor relevancia de aquí al 2030 se espera que la agroindustria y el agro alcancen los USD 65.000 millones de exportación; petróleo y gas, USD 30.000 millones; industria automotriz, USD 20.000 millones. El sector químico y de plásticos contribuiría con USD 6.000 millones, metales con USD 3.500 millones y metalmecánico con USD 2.500 millones.
El Mercosur se verá fortalecido con el acuerdo con la UE, que lo reposicionará después de muchos años de desempeño mediocre
En servicios, se especula con USD 10.000 millones para turismo receptivo y USD 13.000 millones para los llamados servicios basados en el conocimiento.
En cuanto a las firmas, las de mayor protagonismo serán las grandes: las pymes son solo 8.000 firmas del panel exportador. En nuestro país el denominado costo argentino supone un sesgo antiinversión y antiexportación.
Para las exportaciones no se dispone de un sistema eficiente de financiación. Por todo ello, habrá que seguir la letra chica del acuerdo para posicionar a cada empresa en lo que la alianza pueda afectarle.
El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de enero del IAE, Escuela de Negocios de Universidad Austral
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