La guerra en Oriente Medio, con ataques sobre Dubái, y un petróleo que llegó a rondar los 100 dólares, generaba este lunes una creciente prudencia sobre los negocios financieros de Argentina ante la incógnita de una eventual crisis energética global.

La retracción de liquidez y el impacto sobre el riesgo país dominaban la escena, lo que redoblaba la cobertura de inversores en activos sólidos, frente a una semana en la que se conocerán diferentes indicadores de la macroeconomía, coinciden analistas.

Los principales indicadores de Wall Street avanzaban un 1% a las 11 horas, mientras que el panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta un leve 0,2%, en los 2.637.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una baja de 1%, que eleva al riesgo país de Argentina en 22 unidades, en los 600 puntos básicos, su rango más alto desde el 12 de diciembre del año pasado.

“Argentina atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica orientado a reducir la vulnerabilidad externa y reactivar la inversión privada mediante el fortalecimiento del ahorro interno”, sostuvo a Reuters Víctor Cantori, titular de dela sociedad Bursátil X Inversiones.

“Sin embargo, el escenario base podría verse condicionado por factores externos. Una eventual escalada del conflicto en Irán podría impulsar al alza el precio internacional del petróleo, generando presiones inflacionarias globales, mayor volatilidad financiera y potenciales impactos sobre el comercio exterior argentino”, agregó el especialista.

El índice accionario S&P Merval porteño cedió un 4,6% en las anteriores dos ruedas operativas ante un generalizado desarme de carteras.

En otro orden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante un tribunal de Nueva York en respaldo a una moción interpuesta por la Argentina para suspender un proceso de descubrimiento en el caso de nacionalización de la petrolera estatal YPF, según comunicó el sábado 14 la Procuración del Tesoro argentina.

El dólar mayorista continuaba operado debajo de los 1.400 pesos, con la influencia compradora de divisas por parte del Banco Central para reforzar sus reservas internacionales, en línea al compromiso asumido ante el FMI (Fondo Monetario Internacional).

“Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio el peso viene teniendo gran resiliencia, mostrando las bondades del mayor orden macro (…) Hay un superávit primario del 1,7% del PIB”, remarcó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, quien resaltó que “el shock petrolero va pegar más que nada por el lado de la inflación”.

El precio del petróleo crudo se aleja de la barrera de los 100 dólares el barril. La variedad WTI (crudo ligero de Texas) en Nueva York cae 4,6%, a USD 94, mientras que el Brent del mar del Norte cede 2,2%, a 96,70 dólares.

Bank of America (BofA) elevó el lunes su previsión para el crudo Brent en 2026 de 61 dólares a 77,5 dólares por barril, alegando el actual bloqueo que se vive en el Estrecho de Ormuz.

El equipo de análisis de materias primas del banco señaló que las nuevas perspectivas reflejan dos escenarios igualmente probables: una resolución rápida que restablezca los flujos en abril y sitúe el Brent cerca de los 70 dólares, o una interrupción más prolongada que se extienda hasta el segundo trimestre y eleve los precios hacia los 85 dólares.

Un conflicto prolongado hasta la segunda mitad del año podría llevar al Brent a unos “astronómicos” 130 dólares, aunque los analistas lo consideran poco probable.

Una vez que termine la guerra, BofA espera que los mercados petroleros vuelvan a un excedente, lo que empujaría al Brent a 65 dólares en 2027.

La morosidad en edificios alcanzó el 19% debido al aumento del costo de vida. Enterate de cuánto son los intereses y cómo afecta esto a tu consorcio

16/03/2026 – 09:30hs

El escenario económico actual en la Argentina está impactando de manera directa en una de las obligaciones mensuales más sensibles para quienes viven en edificios o complejos cerrados: el pago de las expensas. En los últimos meses, se observó una tendencia creciente en el incumplimiento de estos compromisos, lo que genera una señal de alerta no solo para los administradores, sino también para los propios vecinos que deben sostener el funcionamiento operativo de sus hogares.

Este fenómeno no es aislado y responde a una combinación de factores que incluyen el aumento constante en el costo de vida y la presión que ejercen los incrementos en los servicios públicos y los contratos de alquiler. Como resultado, las familias se ven obligadas a priorizar gastos, y en muchos casos, el pago de los gastos comunes del edificio queda postergado, generando una bola de nieve financiera difícil de frenar.

Casi dos de cada diez departamentos mantienen deudas de expensas

Un relevamiento reciente realizado por la plataforma ConsorcioAbierto sobre miles de consorcios en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires revela que la morosidad trepó al 19%. Esto significa que, en la práctica, casi dos de cada diez unidades funcionales presentan algún tipo de atraso en sus pagos. Si bien el sistema de consorcios mantuvo durante mucho tiempo niveles estructurales cercanos al 17%, este desplazamiento hacia el 19% marca un cambio de tendencia que los especialistas sugieren seguir con detenimiento.

El informe destaca que no existen diferencias significativas entre la Capital Federal y el territorio bonaerense en cuanto al nivel de incumplimiento, lo que demuestra que se trata de una problemática extendida. El dato coincide además con los registros del Banco Central, que advierten sobre un endeudamiento creciente de las familias y una menor disponibilidad de ingresos, asfixiadas por la suba de los precios generales.

Deudas de expensas: los intereses por mora como mecanismo de defensa

Para intentar desalentar el atraso y evitar que las finanzas de los edificios colapsen, las administraciones aplican tasas de interés que buscan compensar la pérdida de valor del dinero y los costos operativos adicionales. En la Ciudad de Buenos Aires, la tasa promedio de interés por mora se ubicó en torno al 4,8% mensual durante el mes de enero. Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires, el recargo promedio fue superior, alcanzando el 6,1% mensual.

Estos porcentajes tienen como objetivo principal que el consorcio no se convierta en una fuente de financiamiento barata para los propietarios o inquilinos en problemas. Cuando la mora crece de manera sostenida, el edificio comienza a funcionar bajo un esquema de financiamiento interno involuntario: aquellos vecinos que pagan en tiempo y forma terminan sosteniendo temporalmente el mantenimiento de los ascensores, el pago de sueldos del personal y los servicios generales, mientras otros regularizan su situación.

Expensas impagas: gestión y herramientas para evitar el colapso financiero

Desde el sector especializado señalan que la morosidad no responde exclusivamente a la crisis económica, sino que también está estrechamente ligada a la eficiencia de la gestión administrativa. Una administración que cuenta con herramientas modernas para ordenar los cobros y facilitar los canales de pago suele tener un control más riguroso sobre los deudores y logra prevenir que los saldos impagos se vuelvan irrecuperables.

El desafío para este 2026 será encontrar un equilibrio entre la necesidad de los consorcios de recaudar para cubrir sus costos crecientes y la capacidad real de pago de los propietarios. En un contexto donde los gastos de mantenimiento no dan tregua, la transparencia en el uso de los fondos y la búsqueda de planes de pago flexibles aparecen como las únicas vías para evitar que el deterioro de la infraestructura edilicia se convierta en una realidad irreversible producto de las cajas vacías.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, se inscribe en el contexto de la política de reducción del empleo público que impulsa el gobierno de Javier Milei y forma parte de la reorganización estatal que respalda la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda.

La decisión surgió tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias, jurídicas y la adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses N° 305/98 “E”. El objetivo central consiste en disminuir la planta permanente del sector público, optimizando recursos y ajustando la estructura de la entidad encargada de la seguridad social en Argentina.

El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo, que debe formalizarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Este régimen establece una gratificación extraordinaria como incentivo principal, que puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota, dependiendo de los años de servicio y la remuneración mensual habitual del trabajador.

Para acceder al plan, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de dos años de antigüedad y pertenecer a la planta permanente de Anses. La Dirección General de Recursos Humanos del organismo asume la responsabilidad de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

El régimen detalla las exclusiones específicas. No pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, aquellos que enfrenten procedimientos disciplinarios, empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia, personal mayor de 62 años, ni agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de los mismos. Además, los trabajadores que ocupen cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para ser admitidos en el plan.

El plazo para adherirse al régimen vence el 5 de abril. Los empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad pueden postergar la firma del acuerdo hasta el fin de su licencia. La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y el trabajador debe declarar no tener reclamos pendientes contra el organismo, condición indispensable para concretar la desvinculación.

La compensación extraordinaria establecida equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, con un tope máximo de 24 sueldos. Si la suma total a percibir no supera los $80 millones, el pago se efectúa en una sola cuota. Cuando el monto excede ese límite, la gratificación se abona en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio, garantizando la validez legal del proceso y la transparencia en la extinción laboral. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales, lo que refuerza el marco normativo y administrativo del plan.

La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años. Esta disposición pretende desalentar la utilización del beneficio como mecanismo transitorio y consolidar la reducción de la nómina estatal.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de recortes en organismos públicos. El cronograma oficial ubica al 21 de marzo como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de reducción de cargos, en la que se prevé que al menos 5.000 puestos queden vacantes. Esta política responde a la estrategia integral del gobierno nacional de achicar el gasto público y reorganizar estructuras estatales con énfasis en la eficiencia y el control presupuestario.

El plan de retiros voluntarios fue diseñado tras un análisis conjunto de las áreas técnicas y administrativas de Anses, en consulta con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda. La elaboración del régimen contempló tanto los aspectos presupuestarios como los requerimientos legales, para asegurar su encuadre normativo y la viabilidad operativa.

El proceso de adhesión exige la manifestación expresa de la voluntad de desvinculación por parte del trabajador y la aceptación formal del organismo. Cada acuerdo debe documentarse y firmarse ante la autoridad administrativa laboral, con la intervención obligatoria de un asesor legal, garantizando la protección de los derechos de ambas partes.

Las exclusiones previstas buscan evitar que personas con causas penales, conflictos laborales activos o situaciones incompatibles puedan beneficiarse de la gratificación. La renuncia a la tutela sindical para quienes tengan representación gremial constituye otra condición ineludible, reforzando la intención de evitar privilegios o excepciones en la aplicación del régimen.

La gratificación extraordinaria representa un incentivo económico relevante para quienes opten por la desvinculación, especialmente para los empleados con mayor antigüedad y salarios más altos. El tope de hasta 24 sueldos y la posibilidad de percibir hasta $80 millones en una sola cuota marcan el carácter excepcional del plan dentro del marco de políticas estatales de reducción de personal.

La Dirección General de Recursos Humanos de Anses tiene la facultad de aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y supervisar la correcta ejecución de los trámites. El organismo habilitó la representación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para formalizar los acuerdos y garantizar el cumplimiento de todas las condiciones legales.

El programa excluye a quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio o hayan presentado su renuncia, así como al personal mayor de 62 años. De igual modo, los agentes con litigios laborales pendientes solo pueden acceder si desisten explícitamente de sus reclamos. Estas restricciones buscan acotar el universo de beneficiarios y enfocar el plan en la reducción efectiva de la dotación activa.

La medida se suma a otras iniciativas de transformación y modernización del Estado, impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda intervinieron en la elaboración y supervisión del régimen, asegurando su alineación con los objetivos de racionalización del gasto y eficiencia administrativa.

El control sobre el regreso al sector público nacional durante cinco años se configura como una barrera adicional que distingue este plan de otros esquemas de retiro voluntario implementados previamente en la administración pública argentina. La prohibición de reincorporación alcanza a todas las modalidades de contratación, incluyendo eventuales, temporarias y contratos de locación de servicios.

El plazo de adhesión, que finaliza el 5 de abril, coincide con el calendario de recortes en organismos públicos. El 21 de marzo se presenta como un hito para la implementación de nuevas medidas, incluyendo la reducción estimada de al menos 5.000 puestos en el sector estatal. La estrategia oficial espera que el plan de retiros voluntarios contribuya a la reestructuración y disminución del gasto, manteniendo la cobertura y operatividad de los servicios esenciales.

La documentación que rige el plan detalla que la compensación se calcula sobre los conceptos mensuales habituales del salario bruto y establece el pago en una o dos cuotas, según el monto a percibir. Los acuerdos requieren la homologación ante la autoridad administrativa laboral, lo que otorga seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para el organismo.

El régimen de retiros voluntarios de Anses se inscribe como una herramienta central en la política de ajuste y modernización estatal que lleva adelante el Poder Ejecutivo, dentro de los márgenes legales y con control administrativo reforzado. La posibilidad de acceso al beneficio para el personal de Anses se mantiene restringida a las condiciones definidas en la resolución y su anexo, mientras la administración nacional avanza con su agenda de reorganización y reducción del empleo público.