Este aumento incluye sumas fijas no remunerativas de $40.000 y $60.000, que dejarán de abonarse desde abril, cuando los básicos se integrarán plenamente

26/02/2026 – 20:27hs

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) confirmó los incrementos de sueldo que fueron oficializados entre diciembre de 2025 y abril 2026, para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Según la circular oficial de la Secretaría de Asuntos Laborales de FAECYS, los componentes que integran el sueldo bruto de los empleados en marzo de 2026 son:

• Básico de convenio: Una cifra remunerativa que se mantiene estable desde finales de 2025.
• Aumento No Remunerativo (Acuerdo 06/2025): una suma fija de $40.000 que continúa vigente para todas las categorías.
• Aumento No Remunerativo (Acuerdo 12/2025): una suma fija adicional de $60.000, pactada en la última negociación paritaria.

Suma fija y bono de empleados de comercio: cómo impactan en el sueldo mensual

El convenio anterior regía desde julio hasta diciembre 2025 y contemplaba un incremento total del 6%, abonado como una asignación remunerativa y no acumulativa. El aumento se distribuyó en cuotas mensuales del 1% desde julio hasta diciembre.

Ahora, uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que las sumas fijas dejan de ser transitorias. La continuidad del pago de $40.000 hasta marzo y la incorporación de una nueva suma de $60.000 refuerzan el ingreso mensual durante el primer trimestre del año y pasan a formar parte del salario básico desde abril.

En cuanto a la forma de pago, se definió que el monto correspondiente a diciembre deberá abonarse dentro del mismo mes.

Para enero, febrero y marzo, en cambio, las sumas pactadas deberán pagarse entre los días 1 y 10 de cada período. Con este esquema, el sector mercantil ya cuenta con un cronograma salarial definido para el arranque de 2026.

Por lo tanto, se cobrará una suma fija no remunerativa de $60.000 por el último mes del año; mientras que de enero a marzo cobrarán un adicional de $100.000. Y en enero pagarán un bono extraordinario de $170.000, por única vez, que estará destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados.

Cuánto cobran los empleados de comercio en marzo 2026

A continuación, incluimos el sueldo básico que cada categoría cobrará con el incremento otorgado en marzo 2026:

Maestranza

• Categoría A: $1.155.795
• Categoría B: $1.158.852
• Categoría C: $1.169.560

Administrativos

• Categoría A: $1.167.268
• Categoría B: $1.171.860
• Categoría C: $1.176.448
• Categoría D: $1.190.218
• Categoría E: $1.201.690
• Categoría F: $1.218.519

Cajeros

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.176.448
• Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.178.740
• Categoría C: $1.203.985

Auxiliares especializados

• Categoría A: $1.180.274
• Categoría B: $1.194.041

Vendedores

• Categoría A: $1.171.091
• Categoría B: $1.194.044
• Categoría C: $1.201.690
• Categoría D: $1.218.519

El acuerdo también ratifica que la antigüedad seguirá calculándose al 1% por año trabajado sobre todos los conceptos, remunerativos y no remunerativos, mientras que el presentismo continuará aplicándose conforme al artículo 40 del CCT 130/75.

Se aclara que los incrementos del acuerdo en cuestión no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudieran suscribirse en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, sin perjuicio de que las sumas resultantes de los incrementos pactados constituyan el mínimo convencional vigente a partir de la homologación.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se presentó ante la Corte de la jueza Loretta Preska en respaldo de la República Argentina frente al pedido de sanciones y desacato promovido por los demandantes en el marco del juicio por YPF.

En el documento de 29 páginas se afirma que “El litigio en tribunales de los Estados Unidos contra Estados extranjeros puede tener importantes implicancias en materia de política exterior para los Estados Unidos y afectar el trato recíproco que reciba el gobierno estadounidense ante los tribunales de otras naciones”.

La presentación también destacó “los esfuerzos realizados por el país para cumplir con los requerimientos de discovery dirigidos a obtener comunicaciones de altos funcionarios argentinos vinculadas a entidades estatales, requerimientos que, en sí mismos, resultan incompatibles con las consideraciones de cortesía y reciprocidad que surgen en litigios contra Estados soberanos”.

“La moción de los demandantes para que se dicten sanciones de preclusión, inferencias adversas y sanciones pecuniarias por desacato contra la Argentina no se ajusta a los principios de cortesía internacional y reciprocidad ni a la FSIA y debe ser rechazada”, agrega el documento.

En este sentido, agregaron que “durante más de dos años, la Argentina cumplió de buena fe con el proceso de discovery, priorizando el respeto a las órdenes judiciales. En ese período se realizaron entregas periódicas que superaron las 115.000 páginas. Y agregaron: “A pesar del amplio acceso a información, los demandantes no lograron encontrar evidencia que respaldara sus acusaciones.”

La disputa se centra en la etapa de “discovery” o intercambio de pruebas, donde los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital— alegan que la Argentina ha incumplido sistemáticamente con las órdenes de la jueza Loretta Preska. Los demandantes solicitaron que se declare al país en “desacato” (contempt of court) y que se le aplique una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que entregue la información requerida, que incluye comunicaciones privadas de funcionarios y detalles sobre activos soberanos.

El pedido de sanciones por parte de Burford Capital se formalizó a principios de este año, tras denunciar una supuesta conducta de “mala fe” por parte de la defensa argentina. El fondo inglés sostiene que el país no cumplió con la entrega de información “off-channel”, referida a mensajes de WhatsApp y correos de Gmail de exfuncionarios y funcionarios actuales, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el exministro Sergio Massa.

Según los demandantes, la Argentina ha utilizado tácticas dilatorias para evitar que se identifiquen activos embargables que permitan cobrar la sentencia de 16.100 millones de dólares. Además de la multa diaria, Burford solicitó una “orden de preclusión” para que el tribunal asuma como un hecho que entidades como el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF funcionan como un “alter ego” del Estado, lo que facilitaría el embargo de sus activos.

En la visión de los fondos, una multa de un millón de dólares por día —que sumada a los intereses del fallo principal elevaría el costo diario del litigio para el país a unos 4 millones de dólares— es la única herramienta para forzar el cumplimiento de las órdenes judiciales.

Noticia en desarrollo

Tras la salida de la convertibilidad, la Argentina consolidó una estructura social marcada por fuertes contrastes que se mantienen hasta hoy. Las diferencias no sólo se reflejan en la plata que ingresa en cada hogar, sino también en el acceso a oportunidades, educación, empleo y bienes públicos de calidad.

Un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), dependiente de la Universidad Católica Argentina, analiza cómo se distribuyen los hogares a lo largo de la pirámide social y cuáles son los ingresos mínimos necesarios para integrar cada segmento.

Cuánta plata hay que ganar para pertenecer al 10% de la población más rica

En el extremo superior se ubica el 3% de los hogares con mayores recursos. Para integrar este grupo, una familia debe percibir al menos $30 millones mensuales. Se trata de un sector con acceso estable a servicios públicos de calidad, capacidad de ahorro, posibilidad de invertir en educación y capital humano, y redes de contactos que amplían sus oportunidades.

Por debajo aparece el 7% que conforma la clase media alta, con ingresos desde los $15 millones. Luego se encuentra el 20% de los sectores medios integrados, cuyo piso de ingreso se ubica en $5 millones mensuales.

Estos segmentos comparten una característica central: pueden proyectar decisiones económicas a largo plazo, con mayor previsibilidad y menor exposición a la volatilidad.

Familias de clase media y media baja: aspiraciones e incertidumbre

En el tramo intermedio se concentra una franja amplia de clase media y media baja aspiracional. Según el ODSA, está «sostenida por inserciones laborales formales y semi-formales, cuya estabilidad depende críticamente del ciclo económico».

Para formar parte del 20% que compone el estrato medio aspiracional se requieren ingresos de al menos $3.500.000 mensuales. En el segmento medio bajo vulnerable, el umbral desciende a $2 millones.

El informe advierte que este grupo acumula expectativas de movilidad social ascendente, pero convive con frustración e incertidumbre frente a la recurrencia de crisis macroeconómicas, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de bienes públicos clave.

El tercio inferior: informalidad y dependencia estatal

En la base de la pirámide se agrupan los hogares con inserciones laborales informales, inestables o de subsistencia. Se trata de sectores condicionados por baja productividad, menor nivel educativo acumulado y alta fragilidad laboral.

El 20% que integra el segmento bajo no indigente necesita ingresos de al menos $800.000 mensuales. Ese mismo monto marca, al mismo tiempo, el límite superior para el 10% que se encuentra en situación de pobreza extrema.

El ODSA señala que la debilidad de los ingresos laborales dificulta romper el círculo de la pobreza y perpetúa situaciones de exclusión económica, social y territorial.

Estabilización e interrogantes hacia adelante

En relación con el período reciente, el informe sostiene que las medidas de liberalización aplicadas entre 2023 y 2024 profundizaron la crisis heredada. No obstante, hacia el segundo semestre de 2024 la estabilización macroeconómica y cierta recuperación parcial de los ingresos comenzaron a moderar las tasas de pobreza e indigencia.

Según el ODSA, la mejora observada en los indicadores sociales entre 2023 y 2025 se explica principalmente por la desaceleración inflacionaria, más que por una recomposición sostenida del poder de compra o un aumento estructural de la capacidad de consumo.

El documento también evalúa el escenario actual al señalar que el régimen libertario «abre la posibilidad de dinamizar sectores competitivos, atraer inversión y reordenar incentivos» que podrían elevar la productividad y habilitar nuevas trayectorias de movilidad social.

Sin embargo, advierte que la falta de mecanismos de transición inclusivos y la desarticulación del entramado productivo pueden profundizar la informalidad y la pobreza estructural si no se implementa una estrategia orientada a generar empleo formal, fortalecer el tejido pyme y promover políticas activas de integración territorial y desarrollo de capital humano.

De lo contrario, concluye el informe, la estabilización macroeconómica podría derivar en una sociedad más desigual, con menor movilidad ascendente y mayor fragmentación social.