Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 de septiembre tras haber alcanzado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones.

“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.

El titular de CRA reconoció las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.

“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.

Por su lado, el segundo de CRA, José Colombatto, destacó el compromiso del campo con el desarrollo productivo del país y remarcó la necesidad de avanzar hacia una eliminación “definitiva” de las retenciones.

“Fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”, sostuvo Colombatto durante la Exposición Rural de Concepción del Uruguay.

El vicepresidente indicó que la mayoría de los productores “no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”, dejando en evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”, haciendo referencia a las cerealeras.

“No se puede jugar con la democracia ni hay lugar para los oportunismos de la política de cuarta. Necesitamos dirigentes que construyan acuerdos y trabajen para que la Argentina recupere la senda del desarrollo”, concluyó Colombatto.

La reacción de CRA se sumó a una similar de la Sociedad Rural de Rosario (SRR) desde donde también se pidió la reducción inmediata y significativa de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industrial. La entidad insiste en la necesidad de avanzar con reformas tributarias y laborales que permitan reactivar la economía.

“La Sociedad Rural de Rosario reclama con firmeza, históricamente y ahora, la baja inmediata y sustancial de los derechos de exportación, tanto para la producción primaria como para la industria y dar inicio a las Reformas Tributaria y Laboral, para reactivar el país”, aseguró en un comunicado.

“La Argentina no puede seguir castigando al único sector que garantiza producción, trabajo y crecimiento. Exigimos que equiparen las alícuotas y que, de manera inmediata, se inicie un proceso de reducción real y sostenida de estos impuestos”, manifestó la SRR.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia: reglas claras, competitivas y equitativas. El campo y la agroindustria ya demostraron de sobra su capacidad de generar riqueza; ahora le corresponde al Estado dar un paso al frente y liberar a la producción de un peso que la ahoga. No hay futuro con retenciones. Hay presente de estancamiento y riesgo de desaparición de productores. El campo ya eligió crecer: ahora es el turno del Gobierno y todo el abanico político”, concluyó.

El Gobierno había dispuesto retenciones en 0% para los principales granos y subproductos durante un período transitorio: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que las ventas al exterior alcanzaran los USD 7.000 millones, según ocurriera primero. La meta de ventas se alcanzó en solo 72 horas.Con información de NA

El Gobierno Nacional le confirmó a la Mesa de Enlace que ya está en marcha la obra de la Cuenca del Río Salado Bonaerense. Se trata de una inversión en infraestructura clave para el agro de Buenos Aires, principal provincia productora de Argentina. Según le explicó Juan Pazo, titular de ARCA y principal gestor de políticas públicas para el sector productivo del Gobierno Nacional, a los dirigentes ruralistas, la obra llevará un año de trabajo, y busca evitar inundaciones en campos y comunidades linderas al curso de agua.

Actualmente, buena parte de la zona central de la provincia se encuentra bajo agua, y las recurrentes lluvias no hacen más que empeorar el panorama, ya que el agua no baja por no tener donde escurrir, producto de las obras inconclusas. Según Carbap, la asociación de productores de Buenos Aires y La Pampa, hay entre 2 y 3 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones.

De acuerdo a esta entidad, que realizó conteo mediante imágenes satelitales, hay graves inconvenientes en 2 millones de hectáreas, mientras que en el territorio restante las limitantes tienen que ver con caminos cortados por el agua, o campos vecinos anegados. Distritos como 9 de Julio, Lincoln, Bolívar, Carlos Casares y 25 de Mayo concentran las mayores superficies afectadas.

Es por esto que atendiendo a un reclamo histórico del ruralismo bonaerense, el gobierno nacional decidió reactivar la obra pública para llevar soluciones, o un atisbo de ello, a los habitantes de los partidos afectados.

El Gobierno anuncia la obra pública en la Provincia de Buenos Aires

El Gobierno Nacional informó a las entidades del agro que comenzó a realizar obras de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirán prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción.

De acuerdo a lo que explicaron las autoridades, la primera etapa de esta obra comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, ubicada en el Partido de 25 de Mayo. «Se trata de la respuesta a un reclamo histórico del agro por la continuidad de las obras, lo que permitirá evitar anegamientos, inundaciones y pérdidas millonarias», dijo el gobierno en un comunicado de prensa.

La obra de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado tiene una extensión de 760 km y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires. «Las obras de infraestructura generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción», aseguraron los directivos en plena reunión con los ruralistas.

El proyecto incluye movimientos de suelo por más de 19 millones de m³, que permitirán prevenir inundaciones que históricamente afectaron a municipios y áreas productivas, recuperando unas 5 millones de hectáreas cultivables.

Falta de obras y aportes en la Provincia

La falta de obras de infraestructura para prevenir las inundaciones en la provincia de Buenos Aires es menos un problema técnico y más el resultado de un fracaso político, sistémico y prolongado. Lejos de ser una fatalidad climática, el agua que anega los campos bonaerenses fluye por los cauces de la parálisis estatal, las disputas jurisdiccionales y una crónica inestabilidad en la inversión pública.

Uno de los elementos centrales del problema es el constante traspaso de responsabilidades entre el gobierno nacional y el provincial. Históricamente, sin importar el color político de las administraciones de turno, la ejecución de obras hídricas de envergadura ha sido un campo de batalla para la disputa de poder y recursos.

El ejemplo más reciente es el enfrentamiento entre el gobierno nacional de Javier Milei y el provincial de Axel Kicillof. Desde la provincia se acusa a la Nación de aplicar un drástico recorte en la obra pública como parte de su política de «déficit cero«, paralizando proyectos clave y reteniendo fondos legalmente correspondientes a la provincia, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a emergencias.

Disputas similares ocurrieron entre el gobierno de Mauricio Macri y las administraciones peronistas de la provincia, y anteriormente entre el kirchnerismo y gobernadores de distinto signo. La puja por los recursos de la coparticipación y la discrecionalidad en el envío de fondos han sido una constante que impide la planificación a largo plazo.

El Plan Maestro del Salado: símbolo de la inacción

El Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado es el ejemplo más paradigmático de esta parálisis. Diseñado en la década de 1990 con financiación parcial del Banco Mundial, este megaproyecto busca dar una solución estructural a las inundaciones y sequías en una de las zonas más productivas del país. A más de 20 años de su concepción, el plan ha avanzado de manera fragmentada, con etapas que se activan o «neutralizan» según el ciclo político y económico.

Las causas de un campo bajo el agua

En el corazón del problema se encuentra una combinación de factores naturales y acciones humanas. Por un lado, la provincia de Buenos Aires está surcada por una extensa red de cuencas hídricas, entre las que se destacan la del río Salado y la del Luján. Estos sistemas fluviales, de escasa pendiente, son naturalmente propensos a los desbordes durante períodos de lluvias intensas.

A esta condición natural se le suma el impacto del cambio climático. Estudios científicos han demostrado un aumento sostenido de las precipitaciones en la región pampeana en las últimas décadas. A esto se añade la influencia de fenómenos como El Niño, que durante sus fases activas incrementa significativamente la probabilidad de lluvias superiores a las normales, exacerbando el riesgo de inundaciones.

La palabra de los ruralistas

Al finalizar la reunión entre la Mesa de Enlace y el Gobierno Nacional, la presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari manifestó: «Nos informaron que la obra hídrica del Salado empieza su ejecución en el día de hoy, así que esa ha sido una buena noticia después de tanta gestión que hemos hecho, pidiendo que efectivamente esa obra hídrica se finalice, más en un contexto donde la provincia de Buenos Aires está inundada y con muchísima lluvia encima de los campos. Así que para nosotros eso es una noticia que alienta, aunque sabemos que la obra va a demorar aproximadamente un año en ser ejecutada definitivamente».

Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, aseguró: «Nos dieron un escrito con un mensaje que contenía todos los detalles de la obra. Es una buena noticia, es importante, una obra que era esperada y que hacía mucho que esperábamos que se termine ese tramo para que la obra empiece a funcionar».

Argentina fue elegida nuevamente para integrar el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el órgano ejecutivo permanente del organismo, tras obtener 150 votos durante la elección celebrada en el marco de la 42ª Asamblea que se desarrolla en Montreal, Canadá.

De este modo, el país consolida su permanencia ininterrumpida en el Consejo desde la creación misma de la Organización, reafirmando su liderazgo y compromiso con el desarrollo de una aviación civil segura, eficiente y con los más altos estándares internacionales.

La Asamblea de la OACI, que reúne a los 193 Estados miembros y a múltiples organizaciones internacionales, es el máximo órgano deliberativo del organismo y se celebra cada tres años. En ella se definen las políticas globales que orientarán el rumbo de la aviación civil mundial, abordando los programas de trabajo en áreas técnicas, jurídicas, económicas y de cooperación.

“En este contexto, y en consonancia con el mensaje pronunciado por el presidente Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Argentina reafirmó ante la comunidad internacional la necesidad de desburocratizar el funcionamiento de la OACI”, indicaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación.

En su intervención en la Asamblea, Argentina subrayó la importancia de avanzar hacia procesos de gobernanza global más modernos, eficientes y transparentes, capaces de acompañar la evolución del sistema aeronáutico internacional y fortalecer el rol de la Organización.

La elección de la Argentina se produjo en el marco de la votación del Grupo II del Consejo, en la que nuestro país superó la cantidad de votos obtenidos respecto de la Asamblea anterior.

El 30 de septiembre se completará el proceso electoral con la votación del Grupo III, que definirá la composición total del Consejo encargado de implementar, durante los próximos tres años, las políticas acordadas por la Asamblea.

A su vez, Argentina fue designada para ocupar la Vicepresidencia del Comité Legal de la OACI, uno de los espacios técnicos más relevantes del organismo, desde donde se abordan las discusiones normativas y jurídicas que sustentan el marco regulatorio global de la aviación civil.

Durante la primera semana del encuentro —que se extenderá hasta el 3 de octubre— Argentina presentó importantes notas de estudio, entre las que se destacan la propuesta de evaluación de modificación del Convenio de Chicago y la iniciativa sobre Cielos Únicos.

Asimismo, recibió un amplio respaldo regional a su política de Cielos Abiertos y al proceso de modernización normativa que impulsa la figura de la autoridad delegada, dos ejes estratégicos de la política aerocomercial argentina.

En paralelo a su participación en el plenario, la delegación nacional mantuvo reuniones bilaterales con Qatar, Bulgaria y Singapur. Con estos dos últimos países se suscribieron Memorandos de Entendimiento orientados a fortalecer la cooperación en materia aeronáutica, y con Singapur se firmó, además, un Acuerdo de Cielos Abiertos que amplía las oportunidades de conectividad aérea entre ambas naciones.

Además, se llevaron adelante encuentros de trabajo con empresas del sector y la República Federativa de Brasil, con el propósito de avanzar en la negociación de un nuevo Acuerdo de Servicios Aéreos y profundizar la colaboración técnica mediante un Memorando en materia de seguridad operacional, que permitirá implementar acciones conjuntas de doble vigilancia sobre las aeronaves registradas en ambos Estados.